La reciente publicación este verano del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades trae como principal novedad la incorporación de modificaciones sustanciales en relación con las obligaciones de información y documentación en entidades y operaciones vinculadas. Dichas modificaciones provienen en su mayor parte de la adopción de las conclusiones alcanzadas en el Plan de acción BEPS y serán exigibles de forma inminente (a partir de 2016), afectando a un amplio colectivo: tanto a entidades medianas y pequeñas (a las que se les simplifica considerablemente sus cargas administrativas) como sobre todo a grandes grupos empresariales (donde se incrementan sus obligaciones informativas y documentales).