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Aparte de las medidas tributarias aprobadas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021, que se publicó en el BOE el 31 de diciembre de 2020, durante el mes de diciembre se han aprobado otras normas que tienen transcendencia en el ámbito fiscal. La más importante es el Real Decreto-Ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria (BOE 23 de diciembre), que incorpora las siguientes medidas:

 

Aparte de las medidas tributarias aprobadas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021, que se publicó en el BOE el 31 de diciembre de 2020, durante el mes de diciembre se han aprobado otras normas que tienen transcendencia en el ámbito fiscal. La más importante es el Real Decreto-Ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria (BOE 23 de diciembre), que incorpora las siguientes medidas:

 

  1. I. Aplazamiento de deudas tributarias (art. 8)

  • Se podrá conceder el aplazamiento del ingreso de la deuda tributaria de declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde el día 1 de abril y hasta el 30 de abril de 2021 (ambos inclusive). Para ello, se deben cumplir los requisitos del art. 82.2.a) de la L.G.T. relativos a la dispensa total o parcial de garantías.

  • Lo anterior se aplicará a los pagos de retenciones o ingresos a cuenta, IVA y pagos fraccionados del IS (letras b), f) y g) del art. 65.2 de la L.G.T.

  • Podrán solicitar el aplazamiento las personas o entidades con un volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 euros en el año 2020.

  • El aplazamiento será por un período de seis meses y no se devengarán intereses en los primeros tres meses de este.

 

  1. II. Reducción en 2020 del rendimiento neto en el régimen de estimación objetiva del IRPF y de la cuota devengada por operaciones corrientes en el régimen simplificado del IVA. (art. 9)

  • Se prevén unas reducciones del 20 o del 35 % en función del tipo de actividad.

 

  1. III. Reducción del número de períodos impositivos afectados por la renuncia al método de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a los ejercicios 2020 y 2021. (art. 10)

Los contribuyentes que determinen su rendimiento neto por estimación directa por haber renunciado en 2020 al método de estimación objetiva del IRPF, podrán volver a determinar su rendimiento neto por estimación objetiva en 2021 y 2022, si cumplen los requisitos para su aplicación y revocan su renuncia en el plazo previsto o el pago fraccionado del primer trimestre de los ejercicios 2021 o 2022.

Los contribuyente del IRPF que calculen su rendimiento neto mediante estimación objetiva y renuncien a su aplicación para 2021, podrá volver a aplicarlo en el ejercicio 2022 si cumplen los requisitos para su aplicación y revocan su renuncia en los plazos establecido o en primer pago fraccionado del primer trimestre de 2022.

Las renuncias y revocaciones anteriores también tendrá efectos en los respectivos regímenes especiales del IVA y del IGIC.

 

  1. IV. Se fijan medidas para paliar la incidencia de los estados de alarma decretados en 2020 en la determinación del rendimiento anual con arreglo al método de estimación objetiva del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el cálculo de la cuota devengada por operaciones corrientes del régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido en dicho período. (art. 11)

  • No se computará, en ningún caso, como período en el que se hubiera ejercido la actividad, los días en que estuvo declarado el estado de alarma en el primer semestre de 2020, así como los días del segundo semestre de 2020 en los que, estando declarado o no el estado de alarma, el ejercicio efectivo de la actividad económica se hubiera visto suspendido como consecuencia de las medidas adoptadas por la autoridad competente para corregir la evolución de la situación epidemiológica derivada del SARS-CoV-2.

  • Para la cuantificación de los módulos «personal asalariado», «personal no asalariado» y «personal empleado», en su caso, no se computarán como horas trabajadas las correspondientes a los días a los que se refiere el párrafo anterior y para la cuantificación de los módulos «distancia recorrida» y «consumo de energía eléctrica» no se computarán los kilómetros recorridos ni los kilovatios/hora que proporcionalmente correspondan a esos días.

  • En el caso de actividades en el Anexo II de la Orden reguladora, para el cálculo de la cantidad a ingresar del pago fraccionado en función de los datos- correspondiente al cuarto trimestre de 2020 del IRPF, no computarán como días de ejercicio de la actividad, en ningún caso, los días naturales en los que el ejercicio efectivo de la actividad económica se hubiera visto suspendido como consecuencia de las medidas adoptadas por la autoridad competente para corregir la evolución de la situación epidemiológica derivada del SARS-CoV-2.

 

  1. V. Renuncias y revocaciones de la estimación objetiva y regímenes especiales simplificado, agricultura, ganadería y pesca del IVA.  (art. 11)

  • El plazo de renuncias y su revocación que tienen que producir efectos en 2021 será desde el día 24 de diciembre de 2020 al 31 de enero de 2021. Las ya realizadas durante el mes de diciembre de 2020 antes del plazo anterior se considerarán realizadas en plazo, aunque se podrá modificar la opción en el plazo indicado en primer lugar.

 

  1. VI. Incentivo fiscal para fomentar la rebaja de la renta arrendaticia (art. 13)

  • Se añade una disposición adicional cuadragésima novena en la Ley del IRPF sobre gastos deducibles de los rendimientos del capital inmobiliario correspondientes a alquileres de locales a determinados empresarios durante el período impositivo 2021.

  • Con determinados requisitos establecidos podrán computar en 2021 para el cálculo del rendimiento del capital inmobiliario como gasto deducible la cuantía de la rebaja en la renta arrendaticia que voluntariamente hubieran acordado a partir de 14 de marzo de 2020 correspondientes a las mensualidades devengadas en los meses de enero, febrero y marzo de 2021. Lo anterior no se aplicará cuando la rebaja en la renta arrendaticia se compense con posterioridad por el arrendatario mediante incrementos en las rentas posteriores u otras prestaciones o cuando los arrendatarios sean una persona o entidad vinculada con el arrendador.

 

  1. VII. Deducibilidad de pérdidas por deterioro de los créditos derivadas de las posibles insolvencias de deudores en empresas de reducida dimensión en los períodos impositivos que se inicien en 2020 y 2021 (art. 14)

  • Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre la Renta de No residentes que obtengan rentas mediante establecimiento permanente situado en territorio español podrán en los períodos impositivos que se inicien en el año 2020 y en el año 2021 deducir, en dichos períodos, las pérdidas por deterioro de los créditos derivadas de las posibles insolvencias de deudores cuando en el momento del devengo del impuesto el plazo que haya transcurrido desde el vencimiento de la obligación a que se refiere la letra a) del apartado 1 del artículo 13 de dicha ley sea de tres meses.

 

  1. VIII. Reducción del plazo para que las cantidades adeudadas por los arrendatarios tengan la consideración de saldo de dudoso cobro (art. 15)

  • Este plazo fijado en el art. 13.e). 2º del RIRPF serán durante los ejercicios 2020 y 2021 de tres meses.

 

  1. IX. Modificación  la letra a) en el apartado 3 del artículo 42 de la Ley del IRPF (disposición final primera)

  • Modificación relativa a la exención de determinados rendimientos de trabajo en especie en relación con las fórmulas indirectas de entregas a los trabajadores en cantinas comedores de empresa y economatos de carácter social.

Se realiza una adaptación a la situación provocada por la pandemia del COVID-19 añadiendo a este apartado lo siguiente, (…) con independencia de que el servicio se preste en el propio local del establecimiento de hostelería o fuera de éste, previa recogida por el empleado o mediante su entrega en su centro de trabajo o en el lugar elegido por aquel para desarrollar su trabajo en los días en que este se realice a distancia o mediante teletrabajo.(…)

 

  1. X. Tipo impositivo aplicable del Impuesto sobre el Valor Añadido a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de determinados bienes y prestaciones de servicios necesarios para combatir los efectos del SARSCoV-2 así como a efectos del régimen especial del recargo de equivalencia. (Disposición final séptima).

  • Se estable la aplicación del tipo 0 en el IVA y en el recargo de equivalencia de las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de determinados bienes, con entrada en vigor desde el 24 de diciembre y hasta el 31 de diciembre de 2022., sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro, vacunas contra el SARS-CoV2 autorizadas por la Comisión Europea, los servicios de transporte, almacenamiento y distribución de los anteriores.

Este tipo de operaciones se documentarán en factura como operaciones exentas.

 

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El Tribunal Supremo se ha pronunciado en dos recientes sentencias de 26 de noviembre -rec. 3873/2019 y rec. 3631/2019- sobre la sujeción o no al ITPyAJD, en la modalidad AJD, de las primeras copias de escrituras que documenten la compraventa de una oficina de farmacia. La segunda sentencia reproduce, en esencia, la primera, por lo que nos referiremos a esta última.

El Tribunal Supremo se ha pronunciado en dos recientes sentencias de 26 de noviembre -rec. 3873/2019 y rec. 3631/2019- sobre la sujeción o no al ITPyAJD, en la modalidad AJD, de las primeras copias de escrituras que documenten la compraventa de una oficina de farmacia. La segunda sentencia reproduce, en esencia, la primera, por lo que nos referiremos a esta última.

En el supuesto planteado en la sentencia la Dirección General de Tributos de la Comunidad de Madrid considera que, en los casos en los que se enajena una oficina de farmacia documentada en escritura pública, se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 31.2 del TRLITPAJD para que la operación quede sujeta a AJD. Es decir, se trata de una primera copia de escritura pública, tiene por objeto cantidad o cosa valuable, contiene un acto o contrato inscribible en el Registro de Bienes Muebles y el acto no está sujeto a ISD o a las modalidades TPO u OS del ITPyAJD.

Por el contrario, el TSJ de la Comunidad de Madrid, consideró que la transmisión de la oficina de farmacia no está sujeta al AJD al entender que, aunque se trate de una escritura que tiene por objeto cosa evaluable económicamente, dicha operación no es inscribible en el Registro de Bienes Muebles, al menos de manera preceptiva, constitutiva o con efectos frente a terceros, por lo que no se cumple con el requisito establecido en el art- 31.2 del TRLITPyAJD.

Pues bien, el TS estima el recurso de casación interpuesto por la Comunidad de Madrid y considera que dicha operación queda sujeta a la modalidad AJD del Impuesto al tratarse de una operación inscribible en el Registro de Bienes Muebles. Así, se fija el siguiente criterio interpretativo en relación con el artículo 31.2 del TRLITPAJD:

“La primera copia de una escritura notarial en la que se documenta la cesión o transmisión de una oficina de farmacia es un acto sujeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 31.2 TRLITPAJD, al impuesto sobre actos jurídicos documentados, al ser inscribible tal título en el Registro de Bienes Muebles creado en la disposición adicional única del Real Decreto 1828/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Condiciones Generales de la Contratación. En particular, la cesión o transmisión de la oficina de farmacia puede encajar en la disposición adicional única del Real Decreto 1828/1999, concretamente, en su núm. 1, Sección 5ª ("Sección de otros bienes muebles registrables"); y no hay ninguna otra norma que impida la inscripción de dicha operación en el Registro de Bienes Muebles, con independencia de cuál sea la eficacia o efectos que se otorgue a la misma.”

A esta conclusión llega el TS partiendo de la doctrina fijada anteriormente en las sentencias de 25 de abril de 2013 (rec. 5699/2010) y de 13 de septiembre de 2013 (rec. 4600/2012), que puede sintetizarse en lo siguiente:

  • A efectos del hecho imponible del AJD, cuota variable, documentos notariales, no es necesario que el acto o negocio se inscriba, basta con que sea inscribible.

  • La inscribilidad debe interpretarse como acceso a los Registros, siendo suficiente con que el documento sea susceptible de inscripción, con independencia de que se lleve a efecto o no o que sea obligatoria o voluntaria.

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Sobre esta cuestión se ha pronunciado la Dirección General de Tributos (en adelante DGT), en una reciente Consulta Vinculante de 6 de noviembre de 2020, V3293-20.

 

Sobre esta cuestión se ha pronunciado la Dirección General de Tributos (en adelante DGT), en una reciente Consulta Vinculante de 6 de noviembre de 2020, V3293-20.

La entidad consultante se dedica principalmente, a la realización de actividades jurídicas, contables, de auditoria y asesoría fiscal, etc., estando sus empleados teletrabajando en sus lugares de residencia.

Según la DGT con carácter general, el lugar de realización de las actividades empresariales será el término municipal en el que el local esté situado, entendiéndose que se ejercen en local las actividades de prestación de servicios, siempre que los mismos se presten efectivamente desde un establecimiento.

Se parte de la base de que la consultante ejerza actividades clasificadas en la sección 84 (servicios prestados a las empresas) entre las que se encuentran las prestaciones de “Servicios jurídicos” en el grupo 841 y las de “Servicios financieros y contables” en el grupo 842, los cuales tienen asignados cuotas mínimas municipales.

Pues bien, bajo esa premisa, el punto de conexión para determinar el lugar de realización de la actividad es el municipio en el que radique el establecimiento desde donde se presta el servicio. Por tanto, el lugar de realización de la actividad será el término municipal en el que se sitúe el establecimiento desde el cual se prestan los servicios. En consecuencia, la entidad deberá figurar de alta y satisfacer la cuota correspondiente en ese domicilio, no estando obligada a estar de alta y satisfacer cuota en los municipios en los que no desponga de local.

En definitiva, considera la DGT que los domicilios de los empleados que están teletrabajando no pueden tener la consideración de “local o establecimiento desde el que se presta el servicio” por lo que la entidad no está obligada a matricularse y tributar en los municipios en los que se encuentren dichos domicilios.

Por otro lado, en lo que respecta a la tasa por recogida de residuos solidos urbanos, cabe señalar que la sociedad consultante no está obligada a satisfacer el tributo en cuestión en aquellos municipios en los que no disponga de establecimiento, aunque en ellos se hallen los domicilios de sus empleados desde los cuales estos trabajan en modo de teletrabajo.

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La Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, introdujo ventajas fiscales para los autónomos permitiendo, a partir del 1 de enero de 2018, la deducibilidad de nuevos gastos en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Concretamente, estas medidas se refieren a los gastos por suministros –para empresarios o profesionales que trabajen desde casa- y a los gastos de manutención.

La Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, introdujo ventajas fiscales para los autónomos permitiendo, a partir del 1 de enero de 2018, la deducibilidad de nuevos gastos en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Concretamente, estas medidas se refieren a los gastos por suministros –para empresarios o profesionales que trabajen desde casa- y a los gastos de manutención.

Así, en lo referente a los gastos por suministros, el artículo 30.2.5º b) de la Ley del IRPF establece, tratándose de contribuyentes que afecten parcialmente su vivienda habitual al desarrollo de la actividad económica, la posibilidad de deducir los gastos por suministros (tales como agua, gas, electricidad, telefónica e internet) en la cuantía que resulte de aplicar el 30 por ciento de la proporción existente entre los metros cuadrados de la vivienda destinados a la actividad respecto a su superficie total, salvo que se pruebe un porcentaje superior o inferior.

Sobre esta cuestión se ha pronunciado la Dirección General de Tributos recientemente, en la consulta vinculante V3461-20, de 30 de noviembre, concluyendo que los autónomos que estén teletrabajando a causa del COVID no podrán deducirse los gastos por suministros. Entiende dicho Centro Directivo que, para que determinados suministros de la vivienda habitual del contribuyente puedan tener la consideración de gastos deducibles de una actividad económica desarrollada por él, es necesario que la vivienda habitual se encuentre parcialmente afecta a la actividad.

Este requisito de la afectación parcial, según la DGT, no concurre cuando el autónomo se encuentre desarrollando el trabajo desde casa por causa del COVID-19, ya que se debe a una circunstancia ocasional y excepcional.

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El TSJ de Valencia acaba de dictar una sentencia de 4 de noviembre de 2020, rec. 61/20, en la que se resuelve un conflicto que, en la práctica, no es poco habitual. Se trata de determinar, en aquellos supuestos en los que la AEAT notifica un mismo acto por medios electrónicos y no electrónicos, en qué fecha se debe entender efectuada dicha notificación.

El TSJ de Valencia acaba de dictar una sentencia de 4 de noviembre de 2020, rec. 61/20, en la que se resuelve un conflicto que, en la práctica, no es poco habitual. Se trata de determinar, en aquellos supuestos en los que la AEAT notifica un mismo acto por medios electrónicos y no electrónicos, en qué fecha se debe entender efectuada dicha notificación.

En el supuesto analizado en la sentencia, el TEAR inadmitió por extemporánea la reclamación presentada por el contribuyente al considerar que había transcurrido el plazo máximo para interponerla. El contribuyente -persona física- había accedido al contenido de la notificación en el buzón de la sede electrónica de la AEAT y, posteriormente, el mismo acto le fue notificado por correo certificado. Alega el recurrente la inexistencia de extemporaneidad, puesto que la notificación debe surtir efectos desde la fecha de la notificación por correo certificado. Por el contrario, según el criterio de la AEAT -respaldado por el TEAR- el computo del plazo para interponer reclamación debe comenzar desde que se accedió al buzón electrónico de la AEAT. A estos efectos, considera la Administración que, aunque se trate de un sujeto no obligado a relacionarse con la Administración por medios electrónicos, en el momento del acceso al buzón electrónico el contribuyente se adhirió voluntariamente al sistema de notificaciones electrónicas. El recurrente sin embargo alega que, en ningún momento ha consentido que se le notificasen por los actos administrativos por medios electrónicos; no ha recibido comunicación por parte de la AEAT sobre la obligatoriedad de comunicarse con ella mediante el correo electrónico; tampoco se le comunicó su inclusión en el sistema de dirección electrofónica habilitada.

Pues bien, el Tribunal estima el recurso planteado por el contribuyente y considera que la notificación practicada por la AEAT no ha cumplido los requisitos y formalidades exigidas por la regulación.

En efecto, el Real Decreto que regula las notificaciones electrónicas en el ámbito de la AEAT establece, en su artículo 5, que la AEAT deberá comunicar a los sujetos su inclusión en el sistema de dirección electrónica habilitada, teniendo que realizarse dicha comunicación por medios no electrónicos y en los lugares y formas previstos en los artículos 109 a 112 de la LGT.

Al no producirse dicha notificación no se han cumplido las formalidades exigidas, no siendo bastante la mera comunicación por medios electrónicos y por tanto se considera al recurrente no ha sido incluido legalmente en el sistema de notificación electrónica, como además se evidencia en que la propia Administración independientemente de remitir al buzón electrónico las notificaciones, también las notificaba mediante correos certificados y además en las resoluciones practicadas por la misma tenía en cuenta que la notificación se había producido desde la recepción de estos últimos. Por ello, no se considera que se cumplan los presupuestos legales para que la notificación electrónica pueda considerarse válida.

A modo de resumen, de la sentencia comentada podemos extraer las siguientes conclusiones:

  • Los supuestos de notificaciones por distintos medios generan, por lo general, situaciones conflictivas que, a juicio de la solución adoptada por el Tribunal, deben resolverse teniendo en cuenta ciertos principios generales -como el principio pro actione-, máxime si, como en el presente caso, está en juego el derecho a la tutela judicial efectiva.

  • Tratándose de sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración, el simple acceso a la notificación electrónica no puede suponer la manifestación por parte del contribuyente de adherirse voluntariamente al sistema de notificación electrónica.

  • La AEAT debe comunicar por medios no electrónicos al sujeto que ha quedado incluido en el sistema de dirección electrónica habilitada.

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Una importante sentencia de la Audiencia de Nacional de 11 de diciembre de 2020, rec. 439/2017, acaba de anular la resolución del TEAC de 4 de abril de 2017, RG. 1510/2013, que, si hacemos memoria, fue la primera resolución en la que el Tribunal se pronunció de forma clara considerando la compensación de BINs como el ejercicio de una “opción tributaria” de las definidas en el art. 119.3 de la Ley General Tributaria. En dicha resolución se distinguieron cuatro posibles escenarios, así como sus efectos y consecuencias y esta doctrina -aunque con alguna matización- es la que ha venido aplicando la Administración Tributaria desde entonces y reiterando el propio TEAC.

 

Una importante sentencia de la Audiencia de Nacional de 11 de diciembre de 2020, rec. 439/2017, acaba de anular la resolución del TEAC de 4 de abril de 2017, RG. 1510/2013, que, si hacemos memoria, fue la primera resolución en la que el Tribunal se pronunció de forma clara considerando la compensación de BINs como el ejercicio de una “opción tributaria” de las definidas en el art. 119.3 de la Ley General Tributaria. En dicha resolución se distinguieron cuatro posibles escenarios, así como sus efectos y consecuencias y esta doctrina -aunque con alguna matización- es la que ha venido aplicando la Administración Tributaria desde entonces y reiterando el propio TEAC.

Pues bien, la Audiencia Nacional da ahora un giro copernicano a esta doctrina y considera que la limitación establecida en el artículo 119.3 de la LGT -que implica que, una vez ejercitada la opción por el contribuyente, éste no podrá modificarla si ya ha transcurrido el periodo voluntario o reglamentario de declaración- no resulta aplicable a la compensación de BINs.

Recordemos que, en el supuesto analizado, el contribuyente solicitó la rectificación de la autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio 2011, dado que había consignado BINS de los ejercicios 2001 y 2002 inferiores a las que tenía derecho a aplicar.

Aunque la sentencia de la Audiencia Nacional no es muy generosa en sus razonamientos jurídicos, estima el recurso planteado por el contribuyente y se manifiesta conforme con los argumentos por éste esgrimidos que los sintetiza en los siguientes:

  • rechazo a que la compensación de BINS constituya una opción tributaria.

  • la compensación constituye un derecho o una facultad del contribuyente, que no es susceptible de ser limitada temporalmente, porque no existe cobertura legal.

  • la limitación impuesta por las resoluciones recurridas es contraria al principio constitucional de capacidad contributiva, al que se refiere el artículo 31 de la Constitución de 1978.

De este modo, la Audiencia Nacional distingue entre el régimen jurídico aplicable a las declaraciones y a las autoliquidaciones. A las primeras les resultará aplicable lo dispuesto en el  artículo 119, y, por ende, la limitación prevista en el artículo 119.3 LGT y a las autoliquidaciones no les resulta aplicable la limitación del artículo 119.3, porque tiene otro régimen jurídico, contemplado en el artículo 120 LGT, en el que se posibilita la rectificación de una autoliquidación cuando un obligado tributario considere que una autoliquidación ha perjudicado de cualquier modo sus intereses legítimos, de acuerdo con el procedimiento que se regule reglamentariamente, en el que no se contempla la limitación temporal prevista en el artículo 119.3 (mencionada).

Por lo anterior, concluye la Sala que “resulta indiferente si la compensación de BINs es o no una opción tributaria, en los términos previstos en el artículo 119.3 de la LGT, porque dicho precepto no se aplica en supuestos, como el analizado, de rectificación de autoliquidaciones”.

En definitiva, no se puede decir que la Audiencia Nacional haya rechazado de plano y en todo caso que la compensación de BINs constituya el ejercicio de una opción tributaria, pero sí considera improcedente aplicar la limitación del articulo 119.3 de la LGT a supuestos en los que el contribuyente solicita la rectificación de su autoliquidación modificando las BINs a compensar. En otras palabras, resulta válido solicitar la rectificación de la autoliquidación del IS para modificar la compensación de BINs inicialmente llevada a cabo, incluso cuando tal rectificación se lleve a cabo transcurrido el plazo reglamentario para presentar la autoliquidación.

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La exención fiscal a las sicavs solo amortiguará parte de la fuga de dinero

 

Se debe aclarar la tributación por los equipos informáticos

Anda el mundo de la gestión de activos en España conteniendo la respiración para que las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista al Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, que recogen aspectos relacionados con las sicavs, salgan adelante. Una vez asumido que es imposible luchar contra el estigma de este tipo de sociedades de inversión, unido al empeño de Unidas Podemos, socios del Gobierno de coalición de Pedro Sánchez, en presentar esta norma como su bandera en la lucha contra las grandes fortunas, la suerte de estos vehículos estaba echada, a pesar de que tributan exactamente igual que los fondos de inversión.

 

El Economista, 27/01/2021


 

Cinco euros más en la letra del coche por el impuesto de matriculación

La producción española de vehículos cayó un 19,4% en 2020 en comparación con el año anterior por la pandemia de coronavirus, hasta 2,26 millones de unidades ensambladas, pese a la subida que registró en diciembre impulsada por la demanda de los mercados europeos, según datos publicados ayer por la patronal de fabricantes, Anfac.

Cinco Días, 26/01/2021


 

El 90% de los españoles son contrarios a armonizar el Impuesto de Sucesiones

 

El 90% de los contribuyentes españoles se muestra contrario a una armonización del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones que impida a las comunidades autónomas disminuirlo cuando lo consideren necesario y no solo aumentarlo para desarrollar sus políticas socioeconómicas. No obstante un 80% se muestra a favor de que se cree mayor uniformidad entre las comunidades autónomas y tan solo un 35,8% se muestra favorable a que las regiones puedan regular el importe a pagar de estos impuestos con la facultad de reducirlos limitada.

El Economista, 26/01/2021


 

La «tasa Google» del Gobierno la pagan ya 9.000 pymes españolas

Pese a que el Gobierno negó que empresas y consumidores fueran a pagar las consecuencias de las llamadas tasas Google y Tobin, la realidad, tozuda, ha terminado por imponerse. Amazon ha comenzado a comunicar a las 9.000 pymes españolas que venden a través de su «marketplace», que la tarifa que cobra por hacer de intermediario subirá un 3% a partir del próximo mes de abril debido a este nuevo impuesto.

ABC, 25/01/2021


 

El Gobierno prepara incentivos fiscales para promover la FP dual en las pymes

El Gobierno quiere incentivar la formación profesional (FP) dual y para lograrlo, baraja introducir en la reforma de la ley de FP incentivos fiscales para las empresas que acepten estudiantes en la modalidad dual, que alterna la docencia en las aulas y las prácticas remuneradas en los centros de trabajo, al estilo alemán, austriaco o suizo. Mariano Carballo, director del gabinete técnico de la secretaria de Formación Profesional del Ejecutivo, ha reconocido que “la FP dual no acaba de arrancar en España” durante su participación en el foro virtual “Formación Profesional en la economía de la información y el conocimiento”, organizado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB).

ABC, 23/01/2021

 

 

Hacienda vigila ya el retiro dorado de los ‘youtubers’ en Andorra

La Agencia Tributaria indaga si la residencia fiscal es real o ficticia y alerta sobre el mensaje que da a los jóvenes la salida de los ‘influencers’

Andorra, el pequeño país de los Pirineos, ha sido refugio tradicional de grandes fortunas españolas que se sienten asfixiadas por el fisco. Artistas (Montserrat Caballé), famosos (Tita Cervera), tenistas (Arantxa Sánchez Vicario) o motoristas (Jorge Lorenzo) trasladaron allí su residencia para pagar menos impuestos. Salvo excepciones, lo hacían con absoluta discreción. Unos vivían realmente allí la mayor parte del año; pero otros no, y ahí estuvo la Agencia Tributaria para descubrirlo.

Hacienda tiene ya bajo la lupa a la nueva hornada de exiliados fiscales: los youtubers. A diferencia de aquella generación que, sin hacer ruido, pretendía salvaguardar el fruto de sus carreras, los youtubers no se esconden. Justifican sin pudor su decisión de irse a Andorra y muestran los chalets que compran o alquilan. En los últimos años, al menos cinco de los diez con más audiencia en esa plataforma se han ido a vivir entre las montañas de un país pegado a Cataluña y a tres horas de coche desde Barcelona.

El País, 25/01/2021

 

Hacienda, obligada a devolver impuestos a fondos de pensiones no europeos

El Tribunal Supremo (TS) ha dado la razón a un fondo de pensiones no comunitario frente a Hacienda, que deberá devolverle las retenciones soportadas por los dividendos de sus inversiones en España. En unas sentencias que afectan al fondo canadiense Teachers, a las que ha tenido acceso EXPANSIÓN, el Alto Tribunal cierra el círculo del conflicto que enfrenta a Hacienda con fondos de inversión y de pensiones de la UE y extracomunitarios y avala por primera vez la devolución de lo indebidamente tributado a un fondo de pensiones de fuera de la UE. Se abre así la vía a reclamaciones similares de cientos de fondos de inversión de EEUU, asiáticos o suizos, entre otros, por los últimos cuatro años no prescritos, más intereses de demora, además de los procedimientos ya abiertos de ejercicios anteriores que penden de tribunales inferiores.

Expansión, 23/01/2021

 

 

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