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 DGT CV 5-4-17

En una consulta evacuada por la DGT el pasado 3 de octubre de 2016, se admite que una vez desaparecida la vinculación, la pérdida por deterioro es deducible si cumple los requisitos previstos para que así sea: transcurso de más de seis meses desde el vencimiento de la obligación de devolución del préstamo, y que se haya registrado contablemente.

La normativa del Impuesto sobre Sociedades establece ciertos requisitos para la deducibilidad de las pérdidas por deterioro de los créditos derivadas de las posibles insolvencias de los deudores. Así, no se consideran deducibles, entre otras, las pérdidas por deterioro de créditos adeudados por personas o entidades vinculadas, salvo que estén en situación de concurso y se haya producido la apertura de la fase de liquidación por el juez, según prevé la normativa concursal.

Entre los supuestos de vinculación se incluyen dos entidades en las cuales los mismos socios, partícipes o sus cónyuges, o personas unidas por relación de parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado, participen, directa o indirectamente en, al menos, el 25 por 100 del capital social o los fondos propios.

Si prestamista y prestataria son entidades vinculadas, en caso de impago por la prestaría el deterioro del crédito no será fiscalmente deducible. No obstante, una vez que desaparezca la vinculación, si se cumplen los requisitos para la deducibilidad de la pérdida por deterioro, como el transcurso de más de seis meses desde el vencimiento de la obligación de devolver el préstamo, y que se haya registrado contablemente, la pérdida sí que será fiscalmente deducible.

El pasado 26 de enero de 2017 fue publicada por la Dirección General de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria la Resolución que aprueba el Plan General Anual de Control Tributario y Aduanero de 2017.

En 2017 las principales áreas en las que se centrarán las actuaciones de control por parte de la Inspección está previsto que sean las siguientes:

Control de las grandes fortunas: la Administración amplía sus herramientas y desarrolla nuevos instrumentos informáticos para la detección de los siguientes riesgos, entre otros:

Estudio de alteraciones patrimoniales o trasvases de rentas que, difieran o limiten la tributación efectiva de los bienes que integran el patrimonio controlado por las personas físicas.

Utilización de entidades interpuestas para investigar entramados financieros y Societarios y encauzar retribuciones personales con una reducción significativa de los niveles de tributación.

Manifestaciones de capacidad económica inconsistente de las bases imponibles declaradas en el IRPF.

Disponibilidad de activos en el exterior.

Además, a través de la información obtenida en el marco del Acuerdo FATCA de intercambio de información con Estados Unidos y de la Normativa CRS –de intercambio de información tributaria entre los países de la OCDE– Hacienda dispondrá de información adicional a la actual para efectuar comprobaciones.

También pretende el Erario, explotar toda aquella información obtenida en los modelos 720 y 750 relativos a actividades desarrolladas en el extranjero y aquellos que hayan declarado su residencia fiscal en un territorio con baja tributación pero que materialmente residan en España.

Control del IVA y la económica sumergida: Hacienda hará hincapié en la detección de aquellas entregas de bienes o prestaciones de servicios que no realicen una correcta repercusión del IVA, sobretodo, cuando afecte al consumidor final y se utilice el software de doble uso.

También, se intensificarán las actuaciones presenciales en la sede de actividades económicas para el control de ingresos.

Por otro lado, la Administración tras haber realizado procedimientos de comprobación, vigilará los comportamientos posteriores a éstos.

Elusión fiscal de multinacionales: la Agencia Tributaria trabajará en el desarrollo de modelos de análisis de riesgo que permitan optimizar la información recogida por los tax rulings y los informes país por país.

Las prácticas elusivas que serán objeto de mayor atención son:

• Estructuras de planificación agresiva y estructuras híbridas

• Generación artificial de gastos financieros.

• Utilización abusiva de las políticas de precios de transferencia.

• Atribución de beneficios a establecimientos permanentes en España de entidades no residentes.

• Tributación de operaciones realizadas con residentes en paraísos fiscales.

   

  Fraude en la economía digital: además, del control de la elusión por multinacionales, también se ejercerá un mayor control sobre las entidades que operan internacionalmente en el ámbito de la economía digital.

  Se intensificará el control sobre los nuevos medios de pago que ensombrecen ciertas operaciones.

  Se potenciará la colaboración con Administraciones Tributarias de otros países para comprobar los beneficios de las entidades que utilizan Internet para publicitar sus bienes o sus servicios.

  Se difundirá información específica para informar sobre las obligaciones de quienes realicen operaciones de comercio electrónico.

   

  Control de grandes deudores: la Administración Tributaria tiene previsto mejorar la evaluación del riesgo recaudatorio en fase de comprobación y también realizar el control y seguimiento de deudores con elevados importes de deudas, mediante una constante investigación patrimonial. De este modo, ejercerá un mayor seguimiento sobre las insolvencias ficticias, las deudas afectadas a un proceso concursal, y, las deudas suspendidas y paralizadas.

   

  A estas medidas, que son de control por parte de la Inspección, debe añadirse la entrada en vigor en el mes de julio del sistema de Suministro Inmediato de Información del IVA (SII) que comportará a la Administración una información exhaustiva que le permitirá el control de más del 80% de la facturación en España.

Indicamos en este apartado que actualmente la Comunidad Autónoma de Cantabria está realizando controles tributarios a las sociedades que han adquirido vehículos turismo.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en una sentencia de 2 de diciembre de 2016, anula la liquidación provisional objeto de la reclamación económico-administrativa, que excluye los gastos de aprovisionamiento y otros gastos de explotación, respecto de los cuales, no puede inferirse su deducibilidad o no sin examinar la contabilidad aportada, concretamente el libro mayor de las cuentas de los subgrupos 60 y 62 como justificativas de dichos gastos, pues ello no puede verificarse sino en el seno de un procedimiento inspector.  En relación con otros gastos deducibles, entiende la Sala, con coincidencia con el TEAR, que su comprobación no requería el examen de la contabilidad, siendo suficiente la comparación entre la suma de las facturas emitidas que la parte actora pretendía deducirse y el examen de la forma y contenido de los justificantes de los gastos. La Sala comparte el argumento del Abogado del Estado de que hubiera bastado el examen de los justificantes de gastos para determinar si procedía o no su deducción, siendo la referencia que en la liquidación se hace a asientos en el libro mayor simplemente aclaratoria y para facilitar la identificación de conceptos.

La mercantil fue requerida para la aportación de documentación que, sin integrar la contabilidad mercantil, permitiera explicar o justificar el volumen de las ventas y demás operaciones corrientes interiores y exteriores consignadas en la autoliquidación, a fin de poder subsanar la diferencia existente entre ese importe declarado y, el importe que le consta a la Administración por imputaciones de sus clientes.  A dicho requerimiento contestó aportando el libro mayor y una serie de facturas y tickets.

Si la entidad, para justificar las cifras que figuran en su declaración, junto a las facturas y justificantes de los gastos, aporta voluntariamente el libro mayor, la Administración puede hacer referencia a los saldos de las cuentas de mayor como simple confirmación de la información que resulta de las facturas y justificantes aportados, pero no negar la deducibilidad de ciertos gastos por incumplir la regla del art. 19.3 del TR de la Ley IS, que exige para que sean fiscalmente deducibles los gastos que estén registrados contablemente, pues esta consideración requiere el examen de la contabilidad, lo cual está vedado para el órgano de gestión por corresponder en exclusiva a la inspección.

La sentencia cuenta con un voto particular que considera totalmente nula la regularización pues no está de acuerdo con la afirmación de la sentencia de que para excluir ciertos gastos hubiese bastado con el examen de los justificantes o facturas, pues en su opinión el examen de la contabilidad fue relevante para determinar los gastos no deducibles. Basta ver el Libro Mayor que obra en el expediente, (anotaciones, cantidades finales de los apuntes o cuentas a las que se alude en la liquidación), para comprobar que ha sido este elemento y no los justificantes de los gastos, el tenido en cuenta para determinar los que no son deducibles. El órgano de Gestión únicamente debió proceder a sumar los justificantes de los gastos que no consideraba deducibles, pudiendo cotejar aquéllos con el Libro Mayor sin mayores consecuencias, pero no tomar este instrumento para su determinación, incluyendo gastos que no tenían justificante o que teniéndolo era ilegible.

​El 25-10-2016 se firma el convenio colectivo del sector de bebidas envasadas. La Dirección General de Empleo, se remite a la comisión negociadora del convenio colectivo una comunicación solicitando la subsanación de varios de sus preceptos, entre ellos, el que exime a los contratos eventuales por circunstancias de la producción de identificar con precisión y claridad la causa o circunstancia que los justifique, al entender que se vulnera el ET art. 15.1 b.

La DGE interpone demanda de oficio, a la que se opone la Asociación Nacional de Bebidas Envasadas, que defiende la legalidad de estas clausulas, y al considerar que la DGE vulnera la seguridad jurídica, ya éstas que se habían mantenido inalterables desde 2003, y no ha  explicado las razones por las que se ha apartado su anterior criterio, generando  indefensión en la negociación del convenio.

La cuestión objeto de debate consiste en determinar la legalidad de los citados preceptos del convenio, y especialmente este puede sustituir la obligación de identificar las causas de  eventualidad con una mera simple remisión a un precepto del convenio.

La AN recuerda que la  Autoridad Laboral tiene la obligación de  comprobar que un convenio no vulnera la legalidad y no  lesiona gravemente el interés de terceros, y que superado este control de legalidad, la resolución que autoriza  su registro, depósito y publicación produce en el convenio una presunción de legalidad. El que  los convenios anteriores cuya vigencia ha finalizado superaran el control de legalidad de la Autoridad Laboral, esta presunción de legalidad no se extiende a los convenios posteriores y es  legítimo  tras un nuevo examen, pueda iniciar un procedimiento de oficio.

Respecto del contenido del convenio, la sala recuerda que el contrato eventual por circunstancias de la producción es un contrato temporal y causal, cuya finalidad es atender a las circunstancias de mercado, a la acumulación de tareas o al exceso de pedidos de la empresa, pudiendo el convenio modificar su duración máxima, el periodo dentro del cual se puedan realizar, y las actividades en las que puedan contratarse trabajadores eventuales. Uno de los requisitos es que en el contrato se deben identificar con precisión y claridad las causas que lo justifican, y en caso de no hacerlo se consideran celebrados​ en fraude de ley.

Por ello, la AN considera que la regulación establecida en el convenio impugnado, según la cual  para identificar la causa de eventualidad necesaria para la celebración de contrato basta una simple remisión al artículo impugnado, no supera el test de legalidad.  La aplicación de este precepto supondría eximir a la empresa de la obligación de identificar qué acumulación de tareas o qué exceso de pedidos justifica la contratación eventual, lo que es un requisito constitutivo para su validez.

Además esta simple cita al convenio impide a los negociadores examinar las causas concretas que lo justifican y, a los trabajadores comprobar si se les contrata efectivamente para atender a circunstancias concretas del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos.

Por ello la AN estima la demanda y anula el precepto del convenio relativo al contrato eventual.

Mediante carta de despido se comunica a las trabajadoras la extinción de sus contratos de trabajo por causas económicas, así como la situación de falta de liquidez de la empresa lo que le impide abonar simultáneamente la indemnización, aplazando su pago a la fecha de efectos del despido, 15 días más tarde. Para acreditar la situación, la empresa presenta los saldos bancarios que reflejan un saldo positivo de 128 € en una cuenta corriente y unos saldos negativos de 1.608 € en otra cuenta corriente y de 49.999 € en una cuenta de crédito con un límite de -50.000 €.

Las trabajadoras presentan demanda de despido que el juzgado de primera instancia estima declarando la improcedencia del despido por falta de abono simultáneo de la indemnización. El TSJ Madrid confirma la sentencia al considerar que la falta de liquidez no se acredita con la presentación de extractos bancarios referidos exclusivamente al mismo día de la extinción porque se puede burlar la norma sacando todo el dinero unos días antes o eligiendo el día del mes que menos dinero hay. Considera que lo que la empresa debió probar, y no hizo,​ es su falta de capacidad para obtener líquido. La empresa recurre en casación para la unificación de doctrina aportando como sentencia de contraste la dictada por el TSJ Málaga 5-12-13, EDJ 284760, que entendió que conforme al ET art.53.1.b) el empresario puede lícitamente decidir no poner a disposición del trabajador el importe de la indemnización si al tiempo de hacerle entrega de su comunicación extintiva carece de la liquidez precisa para llevarlo a cabo, por causas económicas.

La cuestión que se plantea se contrae a determinar en qué medida la empresa se halla amparada en su decisión por la situación de falta de efectivo acreditada con los saldos bancarios de la fecha de la comunicación del despido.

El TS advierte que, para la aplicación de esta posibilidad empresarial, es necesario que concurran dos circunstancias: que exista una causa económica y que exista un nexo causal entre tal situación y la incapacidad para poner a disposición la indemnización, rechazándose la simple equiparación entre ambas circunstancias.

Conforme a sentada doctrina del TS, la carga de la prueba de la incapacidad para poner a disposición la indemnización, corresponde a la empresa pues es quien tiene a su alcance la pertinente documentación de cuyo examen pueda desprenderse la situación de iliquidez. Esta situación no siempre puede acreditarse a través de una prueba plena, pero sí es posible introducir en el proceso determinados indicios acerca de su realidad. En tal caso, la neutralización de esos indicios corresponde al trabajador.

En el caso analizado, la empresa acredita la falta de liquidez mostrando extractos de cuentas y el endeudamiento derivado de una póliza de crédito lo que refleja la ausencia de disponibilidad en efectivo de una cantidad suficiente para cubrir el montante de las dos indemnizaciones (11.529,60€ y 10.916,92 €). Las trabajadoras no prueban, por el contrario, la circunstancia insinuada por la sentencia recurrida, de que la empresa hubiera actuado fraudulentamente para hacer coincidir el despido con un momento en que las cuentas de la empresa reflejaran una situación económica de iliquidez.

Por ello, el TS estima el recurso de casación para la unificación de doctrina absolviendo a la empresa.

El trabajador que pasa a situación de jubilación parcial suscribe con la empresa un contrato de  trabajo de duración determinada a tiempo parcial del 15% de l​a jornada, con vigencia desde el 1-10-2008 hasta el 1-10-2010 (fecha de jubilación ordinaria). El trabajador concentra y completa  toda su jornada a tiempo parcial entre el 1-11-2008 al 3-2-2009. 

La ITSS impone a la empresa una sanción, que es impugnada ante la jurisdicción social, que desestima la demanda y el posterior recurso de suplicación por entender que esta concentración de jornada equivale a un anticipo de la edad de jubilación y supone la desaparición de la causa de temporalidad del contrato de relevo, que por tanto considera celebrado en fraude de ley. Se interpone recurso de casación para la unificación de doctrina ante el TS.

La cuestión debatida consiste en determinar si, en una jubilación anticipada parcial, es posible acumular la jornada de trabajo del jubilado parcial consistente en el 15% en un solo año, de manera que trabaje todas las jornadas que le corresponderían hasta el fin de la jubilación parcial.

El TS resuelve la cuestión aplicando la doctrina de la sala (TS 19-1-15, EDJ 12136), que establece las siguientes consideraciones:

 - La concentración de jornada del jubilado parcial  no tiene expresa regulación legal, no obstante, esa ausencia de un tratamiento normativo especifico no implica que exista alguna ilegalidad.

- La finalidad perseguida con la celebración de este contrato (mantenimiento del nivel de empleo y protección de las necesidades financieras del sistema) no se ve afectada por la concentración de la jornada, ya que la primera fue atendida por la permanencia del contrato de relevo y la segunda por las cotizaciones correspondientes a los servicios prestados por el relevista y el trabajador relevado.

- Por el contrario, si resulta afectada la finalidad del acceso paulatino a la jubilación pero esto no desvirtúa su naturaleza temporal. Además, no se puede argumentar que se ha producido una jubilación total anticipada y no una jubilación parcial ya que se ha continuado percibiendo la retribución, ha persistido el alta y se han ingresado las cotizaciones correspondientes al periodo que media entre la jubilación parcial y la edad ordinaria de jubilación. 

​- El TS considera que se trata de un supuesto anómalo, pero no invalida el previo contrato de relevo.​

Esta doctrina resulta aplicable al supuesto enjuiciado, por lo que se estima el recurso de casación para la unificación de doctrina, y se declara la validez del contrato de trabajo a tiempo parcial -con el pase a la situación de jubilación parcial- con concentración de la jornada reducida.​

El trabajador que prestaba servicios para una empresa de construcción fallece el 15-02-2013 a consecuencia de un accidente de tráfico. A tal efecto, se desplazaba diariamente desde su domicilio en Linares a su puesto de trabajo en Puente Tablas (Jaén), y durante el trayecto recogía y dejaba habitualmente a un compañero en su domicilio en Mengíbar. El día del accidente trasladaba en su coche a dos de sus compañeros residentes, ambos, en Mengíbar, produciéndose el accidente con posterioridad.

Por parte de la esposa e hija del trabajador se solicitan prestaciones por muerte y supervivencia por AT, que son denegadas por la entidad gestora y la mutua colaboradora. Se interpone demanda de seguridad social, que es desestimada también en suplicación por entender que la muerte del trabajador no es causa de AT al haberse desviado de su trayecto (20Km) y haber transcurrido más de 1 hora desde la salida del trabajo. Se interpone recurso de casación para la unificación de doctrina.

La cuestión a debatir consiste en determinar si debe considerarse accidente laboral "in itinere" el sufrido por trabajador el regresar hacia su domicilio, conduciendo vehículo de su propiedad, pero tras determinado desvío e intervalo de tiempo.

Parta resolver la cuestión el TS acude su doctrina según la cual para calificar el accidente "el itnere" deben concurrir los siguientes elementos:

- teleológico: que la finalidad principal y directa del viaje este determinada por el trabajo;

- geográfico: que se produzca en el trayecto habitual y normal que debe recorrerse desde el domicilio al lugar de trabajo o viceversa;

- cronológico: que el accidente se produzca dentro del tiempo prudencial que normalmente se invierte en el trayecto (elemento cronológico); o, lo que es igual, que el recorrido no se vea alterado por desviaciones o alteraciones temporales que no sean normales y obedezcan a motivos de interés particular de tal índole que rompan el nexo causal con la ida o la vuelta del trabajo;

- idoneidad del medio: que el trayecto se realice con medio normal de transporte.

​En el supuesto enjuiciado, la finalidad principal del viaje durante el cual fallece trabajador tiene claro tinte laboral. Aunque podría haber regresado a su domicilio de manera directa, el desvío a Mengíbar es para dejar en sus respectivos domicilios a dos compañeros de trabajo. Se trata de una alteración habitual y razonable de su trayecto, conocida por el empresario lo que añade un indicio al carácter laboral del desplazamiento (teleológico).

Asimismo, el accidente se produce en un itinerario cuyo trazado no es el más directo para enlazar la población donde se trabaja y el lugar de residencia. Sin embargo, no se ha roto la conexión entre trayecto y trabajo, pues se va al lugar de residencia haciendo un alto para dejar a los compañeros (de viaje y de empresa) (geográfico); y el medio de transporte utilizado  y la calzada elegida parecen adecuados, sin que se haya acreditado una eventual conducción temeraria por parte del fallecido que hubiera podido cuestionar la ​concurrencia de este factor (idoneidad​).

Respecto del factor cronológico, el TS considera que también concurre porque aunque transcurre una hora aproximadamente desde la salida del trabajo hasta el momento del accidente  ese periodo de tiempo siempre ha estado dedicado a volver a casa desde el trabajo, previo traslado de los compañeros hasta su domicilio particular. Aunque empleara algo de tiempo en una despedida o charla con comentarios sobre el trabajo del día al bajar del vehículo los compañeros acompañantes  no rompe la conexión laboral. Ese periodo de tiempo es parte del que corresponde a su propio viaje de vuelta a casa, ocurriendo el fatal accidente en la continuación del desplazamiento que iba a permitir su conclusión, pudiendo calificarse, en consecuencia, como in itinere, por no alterarse el nexo causal.

Por ello, se estima el  recurso de casación para la unificación de doctrina por lo que se casa y anula la sentencia dictada por la sala de lo social del TSJ.

En la firma de su contrato,  el ​trabajador pactó con la empresa una mejora voluntaria compensable y absorbible que se percibió hasta el año 2008 el ​que comienza a aplicarse el Convenio de Oficinas y Despachos. Este convenio establece el respeto como derechos adquiridos, a título personal, de las situaciones que computadas en conjunto y anualmente, resultasen superiores a las establecidas en el mismo.  No obstante, la empresa comenzó a  a compensar la mejora voluntaria con el plus de antigüedad previsto en el convenio.

El trabajador interpone demanda reclamando las cantidades compensadas, que es desestimada tanto en la instancia como en suplicación por el TSJ por considerar ambos, que la mejora pactada no puede ser calificada como condición más beneficiosa adquirida ya que se configuró expresamente como compensable y absorbible, y por considerarla un complemento de persona que resulta homogéneo respecto del complemento de antigüedad. El trabajador interpone recurso de casación para la unificación de doctrina ante el TS.

La cuestión a debatir consiste en determinar si una mejora voluntaria pactada calificada de compensable y absorbible tiene o no el carácter de condición más beneficiosa, y si resulta homogénea respecto del complemento personal de antigüedad establecido por el convenio colectivo pudiendo proceder a su compensación.

Como sentencia de contraste se aporta la TS 19-4-12, EDJ 97529, que había considerado que no podían​ compensarse/absorberse los complementos salariales personales de promoción profesional y antigüedad procedentes de lo establecido en un convenio colectivo con un complemento personal con naturaleza de condición más beneficiosa.  

No obstante, en el supuesto enjuiciado, ha entendido que la naturaleza personal de la mejora pactada comporta suficiente homogeneidad con el complemento personal de antigüedad utilizado como elemento compensador, como para consentir el mecanismo de la absorción/compensación. Considera que el juicio de homogeneidad se refiere a la inclusión de ambos conceptos (compensado y compensador) en el mismo grupo de complementos salariales (condiciones personales; trabajo realizado; situación y resultados de la empresa), de manera que la exigencia de similar causa atributiva se limita a la pertenencia al mismo grupo. Asimismo,  entiende que si se exigiera una mayor identidad entre los complementos  esto supondría en la práctica anular el mecanismo de absorción y compensación previsto legal y contractualmente.

Por ello, desestima el recurso planteado por el trabajador y rectifica el criterio establecido por la sentencia de contraste​  en la que se establecía la inexistencia de homogeneidad entre complementos de la misma naturaleza personal y en especial su afirmación de que un complemento personal convenido con naturaleza de condición más beneficiosa es inmune al juego de la compensación y la absorción.​

Por parte de la representación de la empresa se plantea demanda de conflicto colectivo ante el juzgado solicitando que se declare la nulidad de la practica empresarial según la cual la empresa notifica la distribución irregular de la jornada comunicando el preaviso en el mediante la inserción de anuncio en el tablón de anuncios de la empresa para que asista el turno correspondiente e informando de forma personal únicamente a los que se les exonera. La empresa aplica la distribución irregular a todo al personal de producción, incluyendo a los que tienen reducción de jornada por guarda legal fuera de la concreción horaria.

La cuestión a resolver consiste en determinar por un lado si es válido el preaviso de distribución de jornada realizado colectivamente mediante su inclusión en el tablón de anuncios; y por otra parte si es factible la aplicación de la distribución irregular de la jornada a los trabajadores con concreción horaria tras reducción de jornada por guarda legal.

Respecto de la primera cuestión, el juzgado considera que no cabe una notificación colectiva de la distribución irregular por las siguientes razones:

a) La jornada laboral de un trabajador pertenece a las condiciones contractuales individuales de la relación laboral, por lo que no cabe su fijación al margen del individuo.

b) La carga de la prueba para acreditar la comunicación a un trabajador de un horario distinto al establecido en el calendario corresponde al empresario, y esta no se obtiene colocando una comunicación en el tablón de avisos, que ni tiene que ser analizado diariamente por el trabajador, ni deja constancia del día en que cada trabajador ha sido preavisado.

c) Esta forma d comunicación no prevé los supuestos de los trabajadores que por turnos, licencias, permisos  se incorporan a trabajar en día distinto al de la incorporación de la comunicación en el tablón de anuncios, por lo que no se acredita el respeto al plazo de 5 días de preaviso.

Por ello se declara nula la práctica empresarial de comunicar el preaviso de la distribución irregular de la jornada de forma colectiva a través del tablón de anuncios.

Respecto de  la aplicación de la distribución irregular de la jornada a los trabajadores  con concreción horaria tras reducción de jornada por guarda legal, la respuesta también es negativa por las siguientes razones:

a) La concreción horaria por reducción de jornada es un derecho individual de los trabajadores por lo que no es disponible por parte del empresario.

b) La distribución irregular afecta a la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de los trabajadores, en cuanto que el tiempo no laboral del trabajador queda condicionado mediante un simple preaviso 5 días antes. Por ello, cuando por motivos de guarda legal el trabajador solicita una reducción de jornada, en la que se concreta y se regula la jornada del trabajador, el empresario no puede modificarlo por la vía de la distribución irregular de la jornada, ya que desnaturalizaría esta figura; y conculcaría el derecho a la no discriminación por razón de sexo de las trabajadoras ya que, on carácter general y también en esta empresa este tipo de permisos afectan a trabajadores de sexo femenino.

Por ello, también se declara nula y sin ningún valor  esta práctica empresarial de aplicar la distribución irregular de la jornada a los trabajadores  con concreción horaria tras reducción de jornada por guarda legal.

Se estima la demanda planteada por la representación sindical de los trabajadores.

La empresa tiene como práctica aplicar a los  trabajadores contratados bajo la modalidad de interinidad con las nuevas categorías profesionales previstas en el convenio, sin respetar categoría profesional del trabajador sustituido. La representación sindical interpone demanda de conflicto colectivo ante la sala de lo social del la AN solicitando que los contratos de interinidad sean celebrados con la categoría y retribución del trabajador sustituto y no con las nuevas categorías creadas en el convenio. La AN estima la demanda por lo que la empresa interpone recurso de casación ante el TS.

La cuestión debatida consiste fundamentalmente en determinar cuál es la categoría con la que debe incorporarse el interino a la empresa, en cuanto que de esta deriva el nivel retributivo asignado.

La legislación reguladora del contrato de interinidad establece como un elemento esencial del contrato  la delimitación del puesto de trabajo a desempeñar, que debe ser el del sustituido o, en su caso, el de otro trabajador de la empresa que pasa a ocupar el de aquél. Esto supone, por tanto, que el puesto de trabajo, las funciones, la categoría profesional y por tanto el correspondiente nivel retributivo deben ser los del trabajador sustituido.

Por otra parte, la obligatoria equiparación entre trabajadores temporales e indefinidos exige que el si contenido y naturaleza de las funciones a desarrollar por los trabajadores interinos son las mismas que las que dejan de desempeñar los sustituidos, nada puede justificar un trato salarial desigual que no venga motivado por razones claramente individualizadas, sólo concurrentes en el trabajador sustituido e inexistentes en el  interino. (ET art, 15.6 y Dir.1999/70/CE).

Respecto de la interpretación del convenio, las nuevas categorías de incorporación del personal externo, excluyen su aplicación a las contrataciones de interinidad, por lo que éste guarda respeto con la regulación legal.

Por todo ello, se desestima el recurso de casación planteado por la empresa y se confirma la sentencia de la AN. ​

El convenio colectivo de hostelería de las Palmas recoge el derecho de los trabajadores a licencia retribuida “por enfermedad de carácter grave o intervención quirúrgica que requieran hospitalización, al menos por veinticuatro horas, del cónyuge, hijos o personas a su cargo, 4 días”. Frente a la práctica empresarial de computar los días de permiso como naturales, incluyendo los festivos o descansos semanales, el sindicato CCOO presenta demanda de conflicto colectivo.

Atendiendo a una interpretación finalista del precepto convencional, el Juzgado de lo Social estima la demanda y entiende que los cuatro días reconocidos son laborables y no naturales. La empresa recurre en suplicación.

El TSJ Las Palmas señala que esta licencia es una mejora, en cuanto a su duración, de la licencia recogida en el ET art.37.3.b), pero ninguno de los preceptos, ni el legal ni el convencional, especifica si los días del permiso son hábiles o naturales. En principio, la omisión del convenio colectivo sobre si los días reconocidos son naturales o hábiles, llevaría a la aplicación del cómputo de plazos del CC y, con ello, a considerar que no se excluyen los días naturales. Pero el convenio colectivo está sometido al sistema de fuentes y en este caso especial, al propio ET. Teniendo en cuenta el principio de la norma más favorable del art.3.3 ET, el TSJ considera que la norma del convenio se debe someter a la que resulte del ET art.37.3 que constituye el mínimo de derecho necesario intangible pues es la disposición general que regula todos los permisos de los que disfruta el trabajador y su tiempo mínimo de duración, que solo puede ser mejorado por norma de inferior rango.

También el ET art.37 omite la forma de cómputo de los permisos, salvo en el caso del permiso por matrimonio en que se dice expresamente que los días son naturales. Esto lleva a considerar que en el resto de supuestos, el plazo de duración del permiso retribuido se refiere a días hábiles o laborables. Esta interpretación, es acorde con la finalidad del permiso por hospitalización de persona a cargo que es, que el trabajador pueda atender, de forma remunerada, la situación de necesidad que le impide acudir a su puesto de trabajo para conciliar adecuadamente su vida familiar con la actividad laboral. La necesidad de conciliación no existe en los días de descanso por lo que, no existiendo obligación de acudir al puesto de trabajo, no resulta necesario disfrutar del permiso.

Por ello, se desestima el recurso de suplicación interpuesto por la empresa, confirmando la sentencia de instancia en su integridad. Contra la sentencia cabe recurso de casación para unificación de doctrina