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En el BOE de 1 de septiembre de 2017 se ha publicado la RESOLUCIÓN de 25 de agosto de 2017, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la Resolución de 11 de julio de 2014, en la que se recogen las instrucciones para la formalización del documento único administrativo (DUA), como consecuencia de la modernización de la normativa aduanera dirigida a lograr una mayor armonización e interrelación en los procedimientos y en la gestión de las aduanas de todos los Estados miembros, lo que se traduce en cambios significativos en el contenido de las declaraciones aduaneras y, a su vez en nuevos desarrollos informáticos en unos casos y en la adaptación de los existentes en otros.

Los principales cambios que se han efectuado, respecto a este tema, son:

• El nuevo marco legal ha impuesto que el intercambio y almacenamiento de información requerida para las solicitudes y las decisiones estén sujetos a los requisitos comunes de datos, formatos y códigos establecidos en los anexos A del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece el Código Aduanero de la Unión y en el Anexo A del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 2015/2447 de la Comisión. Es especialmente novedoso el sistema informático de solicitud, autorización y control de garantías para obtener el aplazamiento de pago de la deuda aduanera nacida o que pueda nacer.

• Además de actualizar las instrucciones de cómo incluir las garantías en la declaración aduanera se añade un nuevo Apéndice con instrucciones relativas a la solicitud de autorización de garantía global y de aplazamiento de pago.

• En el 2016 se materializó la posibilidad de presentar declaraciones aduaneras antes de la presentación de las mercancías en el marco de la ventanilla única aduanera (VUA) a fin de facilitar el intercambio de información entre la Aduana y los distintos Servicios de Inspección Fronteriza. Con el mismo objetivo de agilizar la tramitación aduanera en los puertos y aeropuertos, se ha dado un paso más en este proceso de facilitación, permitiendo la presentación anticipada de la declaración completa que será admitida automáticamente en el momento de la presentación de la mercancía.

• La nueva regulación de las declaraciones simplificadas por la cual desaparecen las declaraciones incompletas, se modifican los plazos para completar las declaraciones simplificadas y cambian los datos mínimos que deben ser declarados obliga a modificar las instrucciones, aunque debe mantenerse el contenido de las declaraciones hasta la adaptación de los programas informáticos, se incluye un nuevo apéndice para facilitar a los operadores la utilización de este procedimiento.

• El cambio normativo obliga también a eliminar el uso para la introducción y expedición de mercancía comunitaria de la declaración simplificada en documento comercial,  manteniéndose para su uso en Ceuta y Melilla.

• El acuerdo de ventanilla única entre la Administración Estatal y la Administración de la Comunidad Autónoma Canaria (VEXCAN) supuso una importante simplificación en los trámites a realizar. Ahora, también en el marco de la VEXCAN, se avanza en la política de reducción de cargas administrativas: se incrementa de 3000 € a 6.000 € el umbral previsto para acogerse al procedimiento simplificado para los intercambios comerciales nacionales con origen o destino las Islas Canarias y se eliminan los requisitos para ser autorizado a presentar declaraciones de Bajo Valor en las introducciones de mercancías de la Unión en las Islas Canarias.

• Se suprimen las instrucciones para la solicitud beneficio de la restitución a la exportación, que fue eliminado desde el 31 de diciembre de 2016

• Por otra parte se incorporan mejoras técnicas y actualizaciones de códigos.

Publicación del modelo 232 de declaración informativa de operaciones vinculadas y operaciones relacionadas con paraísos fiscales con efectos para períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2016.

En el BOE de 30 de agosto de 2017 y con efectos para las declaraciones correspondientes a los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2016, se ha publicado la ORDEN HFP/816/2017, de 28 de agosto, por la que se aprueba el modelo 232 de declaración informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios calificados como paraísos fiscales, que deberá presentarse cuatro meses después de la fecha de presentación de las declaraciones del Impuesto sobre Sociedades.

En el ámbito de las operaciones vinculadas, la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades presentó novedades en relación con la documentación específica a elaborar por las entidades afectadas, regulando un contenido simplificado para aquellas entidades o grupos de entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios sea inferior a 45 millones de euros, y no siendo necesaria en relación con determinadas operaciones.

El Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, RD 634/2015, incluye un capítulo denominado «Información y documentación sobre entidades y operaciones vinculadas» en el que se introducen las modificaciones en relación con la información y documentación a aportar por las personas y entidades vinculadas, haciéndose eco de las conclusiones que se adoptaron en el denominado Plan de acción «BEPS», esto es, el Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, que se elabora en el ámbito de la OCDE, y en concreto en relación con la Acción 13 relativa a la documentación sobre precios de transferencia.

Para los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2016, se traslada desde el modelo anterior del declaración del Impuesto sobre Sociedades a una nueva declaración informativa en la que se informe expresamente de las operaciones con personas o entidades vinculadas y la relativa a operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios calificados como paraísos fiscales que únicamente tendrán que cumplimentar aquellas entidades afectadas, reduciendo las cargas fiscales indirectas asociadas a la presentación de esta declaración.

Se mantiene la obligación de informar acerca de las operaciones realizadas con la misma persona o entidad vinculada, siempre que el importe de la contraprestación del conjunto de operaciones en el período impositivo supere los 250.000 euros, de acuerdo con el valor de mercado. En cuanto a la obligación de informar sobre determinadas operaciones específicas, la actual orden ministerial obliga a informar sobre este tipo de operaciones, siempre que el importe conjunto de cada tipo de operación en el período impositivo supere los 100.000 euros, independientemente del método de valoración utilizado, debiendo informarse en este supuesto de cada uno de los tipos de operaciones que superen el límite conjunto.

DGT CV 10-4-17

La dirección de la Sociedad Pública Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR) estableció un procedimiento de liquidación de los  gastos por dietas en el que se estipulaba que cuando el personal de lanchas de salvamento embarcase fuera del puerto base, impidiendo la pernoctación en su domicilio particular, les correspondería una dieta por alojamiento (43,98 euros/día), para cuyo abono por la empresa el tripulante debía aportar en su liquidación de gastos la factura correspondiente, abonándose únicamente el importe máximo fijado en convenio

La representación sindical considera que este procedimiento contradice lo establecido en el convenio aplicable (Convenio Colectivo del Personal de Flota) en el que se establece el pago automático de la dieta.  Por el contrario, la empresa considera que el sistema del convenio adolece de errores y que con el nuevo procedimiento establecido únicamente se trata de aplicar el convenio en sintonía con lo dispuesto por la LIRPF.

Por parte de representaciones sindicales se interpone  demanda de conflicto colectivo solicitando que se reconozca el derecho del personal de lanchas de salvamento a percibir la cantidad establecida en concepto de dieta por alojamiento sin necesidad de justificar los gastos establecidas. La AN estima la demanda por lo que la empresa interpone recurso de casación ante el TS.

La cuestión objeto de debate trata de establecer si es lícita la práctica empresarial de exigir en estos supuestos la liquidación del gasto realizado en lugar de proceder al pago automático de la dieta como prevé el convenio colectivo.

EL TS considera adecuada la interpretación del convenio realizada por la AN según la cual la intención de las partes firmantes ​es que baste con la pernocta fuera del domicilio por razón del servicio para justificar el pago la dieta. Además, de forma reiterada la jurisprudencia ha establecido que el  carácter extrasalarial de la dieta no implica que su devengo esté​ siempre supeditado a la justificación del gasto.

En efecto en convenio no incluye ninguna mención a la exigencia de los medios habituales para justificar el pago de los gastos por lo que no cabe entender que incluya un requisito de esta naturaleza. Asimismo, la empresa comunicó y estableció el nuevo procedimiento​ de forma unilateral a pesar de que hasta entonces no había exigido justificación alguna del gasto, tratándose de una nueva práctica establecida sin el consentimiento de los trabajadores.

​​​Por ello, el TS desestima el recurso de la empresa .​​

Durante los últimos años, la empresa con centros de trabajo en varias CCAA, ha venido estableciendo en su calendario laboral una  distribución de la jornada según la cual se producía entre los trabajadores afectados un sobrante anual de horas que históricamente han sido compensadas con descansos alternativos,​ permitiendo su disfrute por días completos. Para el calendario del año siguiente, la empresa comunica a los trabajadores el ajuste de la jor​nada mediante la reducción de 1 hora diaria durante el mes de agosto para reducir el número de días de descanso a compensar.

La representación sindical considera que esta medida es una modificación sustancial de carácter colectivo que contraviene lo dispuesto por el convenio colectivo en materia de calendario laboral. Por el contrario, la empresa considera que no se ha modificado el convenio colectivo, y que no se trata de una modificación sustancial al tratarse de una reducción de 1 hora diaria en el mes de agosto, sin perjuicio para los trabajadores. Por ello, la representación de los trabajadores interpone demanda ante la sala de lo social de la AN solicitando que se declare ilegal la medida por haber sido adoptada sin adoptar el procedimiento adecuado.

La cuestión a debatir consiste en determinar si la empresa puede modificar unilateralmente el calendario laboral para reducir estos excesos de jornada, y si en su caso, se ha producido un incumplimiento de le establecido por el convenio colectivo.

La AN establece que de la interpretación del convenio colectivo se desprende que lo pactado expresamente por las partes es que tras la elaboración del calendario laboral existan sobrantes de jornada, estableciéndose como modo de disfrute de éstos el descanso compensatorio. Asimismo interpreta que, con carácter general, el convenio dispone que la jornada diaria sea de 8 horas y que el calendario sea elaborado antes del 31 de marzo de cada año.

Considera la AN que la modificación en el calendario laboral efectuada por la empresa incide en la jornada diaria- principalmente del mes de agosto- puesto que, aunque con anterioridad la jornada a desempeñar era de 8 horas diarias, lo que la decisión empresarial pretende es reducir esta jornada en 1 hora algunos días. Esta alteración del horario tiene, además, repercusiones sobre el eventual exceso de jornada en cómputo anual, ya que supone la desaparición de los días y/o horas de libranza compensatorios previstos en el convenio. 

Por ello, concluye que la decisión de la empresa contraviene los dispuesto en el convenio colectivo para la jornada laboral y para la elaboración de calendario laboral, y entiende que ha tratado de alterar lo dispuesto en el convenio colectivo, sin acuerdo de las partes, mediante una  decisión unilateral, y ​sin seguir los trámites establecidos para el descuelgue de los convenios (ET art. 82.3).

Por ello, se  estima la demanda y se declara la nulidad del calendario unilateralmente impuesto por la empresa por falta del requisito de negociación previa y por establecer unilateralmente una jornada diaria diferente a la jornada ordinaria establecida en el convenio colectivo como norma general.

En aplicación del plan de igualdad implantado en la empresa, que amplía en una semana el permiso de paternidad sobre el legalmente previsto, los trabajadores disfrutan, hasta el 31-12-2016 de 28 días naturales de permiso. Tras la entrada en vigor, el 1-1-2017 de la L 9/2009, por la que se amplía el período de paternidad a 4 semanas, la empresa entiende que la semana adicional del plan de igualdad se entiende comprendida dentro de las 4 semanas legalmente previstas.

La representación sindical en la empresa presenta demanda de conflicto colectivo solicitando  la nulidad de la decisión de empresarial de conceder las semanas de permiso de paternidad estrictamente legales y que se declare el derecho de los trabajadores a disponer de una semana adicional de permiso de paternidad a lo legalmente previsto. La empresa se opone a la demanda alegando que la semana adicional del permiso de paternidad se estableció en el plan de igualdad con carácter de mejora, teniendo en cuenta que cuando se aprobó, el 26-1-2016, ya estaba en ciernes la reforma legislativa para ampliar la duración del permiso de paternidad a 4 semanas.

Recuerda la AN que para la interpretación de los contratos debe atenderse a los actos de los contratantes, coetáneos y posteriores, y a los términos del contrato, de modo que si estos son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas (CC 1281). En el momento en que se negoció el plan de igualdad, la empresa ya conocía la ampliación del permiso de paternidad a 4 semanas por la L 9/2009, si bien estaba pendiente de entrar en vigor. Por ello, el hecho de que no dejara constancia alguna del carácter transitorio de la ampliación contemplada en el plan de igualdad y que tampoco aportara las actas de negociación para conocer cuál fue la voluntad de​ las partes, no permite sostener que el espíritu de las negociaciones era adelantarse a la aplicación de la norma legal,  y que regiría hasta la fecha de su entrada en vigor, porque nada se hizo constar al respecto en el plan de igualdad.

Por ello, la AN estima la demanda y declara el derecho de los trabajadores a disponer de una semana adicional de permiso de paternidad con efectos retroactivos a a los trabajadores que no hayan podido disfrutarla desde el 1-1-2017.

Por parte de la Federación de CCOO se interpone demanda de conflicto colectivo solicitando que los días de libre disposición establecidos en el I Convenio Colectivo del Sector del Transporte de Enfermos y Accidentados en Ambulancia de Canarias se computen en la empresa  como tiempo de trabajo efectivo, a los efectos del cómputo anual de jornada de 1.800 horas, sin que proceda la realización de jornada a efectos de su recuperación.

Este convenio establece que el trabajador, previo aviso y justificación, puede ausentarse del trabajo y con derecho a remuneración por alguno de los motivos entre los que se menciona el de 2 días anuales de libre disposición para el trabajador en cada año de vigencia del convenio. El sindicato demandante considera que se trata de permisos no recuperables ya que suponen una mejora por parte de los negociadores del convenio, y una interpretación contraria a su carácter no recuperable constituiría una interpretación restrictiva de normas más favorables.

El TSJ desestima la demanda por lo que el sindicato plantea recurso de casación ante el TS.

La cuestión debatida consiste en interpretar el sistema de permisos retribuido, a efectos de determinar si el permiso de libre disposición debe ser recuperado mediante sendas jornadas de 8 horas los días disfrutados.

La jurisprudencia del TS ha establecido como doctrina tradicional que cuando los días de asuntos propios no se integran en  la determinación de la jornada anual no se computan como tiempo de trabajo, aunque el convenio colectivo prevea su carácter retribuido. Es decir, estos días son tiempo de trabajo efectivo cuando hayan sido computados en el cómputo de la jornada anual fijada por el convenio; en caso contrario, ​tienen el carácter de recuperables, incluso aunque en convenio lo califique como días retribuidos.

​En el supuesto enjuiciado  no existe ningún elemento que permita atribuir a los días de permiso por asuntos propios la condición de tiempo de trabajo efectivo y tampoco se contempla ninguna medida de ajuste que facilite apreciar la voluntad negociada de su integración en la jornada establecida, de tal forma que su disfrute no influya en detrimento de cumplir la jornada anual establecida por el convenio colectivo. Si existieran estas previsiones no cabe duda que el carácter del permiso por asuntos propios sería no recuperable, pero en ausencia de ellos se confirma su carácter recuperable y por tanto su no consideración como tiempo de trabajo efectivo.

Por todo ello, se desestima el recurso de casación y se confirma la sentencia de instancia.

El JS nº33 Barcelona planteó al TJUE la cuestión prejudicial relativa a si la situación de IT es equiparable a la de discapacidad a efectos de su protección contra la discriminación. El TJUE resolvió, en sentencia de 1-12-16, asunto Daouidi (C-395/15), que si un accidente acarrea una limitación derivada, en particular de dolencias físicas, mentales o psíquicas que, al interactuar con diversas barreras, puede impedir la participación plena y efectiva de la persona de que se trate en la vida profesional en igualdad de condiciones con los demás trabajadores y si esta limitación es de larga duración, puede estar incluido en el concepto de «discapacidad» en el sentido de la Directiva 2000/78. No obstante señaló que corresponde al órgano jurisdiccional nacional comprobar si concurren estos requisitos.

Se analizan a continuación las sentencias de dos TSJ que analizan la naturaleza duradera o no de las limitaciones y, por lo tanto, la equiparación de la IT con la discapacidad a efectos de la calificación del despido producido durante o con ocasión de la misma. 

TSJ Cataluña 12-6-17, Rec 2310/17

El Sr. Daouidi sufrió un accidente de trabajo que le produjo una dislocación del codo izquierdo, por la que inició una situación de IT. Tras mes y medio de baja, y después de comunicar a su jefe que su situación de IT no sería corta y que su reincorporación no podía ser inmediata, el trabajador recibe carta de despido disciplinario por falta de rendimiento en el desempeño de sus tareas. El Sr. Daouidi presenta demanda solicitando la nulidad del despido que el JS nº33 Barcelona estima teniendo en cuenta la respuesta a la cuestión prejudicial planteada al TJUE. A su juicio, la causa real del despido fue la percepción empresarial, tras la comunicación del trabajador, de que la IT se tornaba en duradera sin una perspectiva bien delimitada en cuanto a su finalización a corto plazo. Por ello, considera la IT equiparable a discapacidad y califica el despido de nulo por discriminatorio por causa de discapacidad.

La empresa presenta recurso de suplicación ante el TSJ Cataluña. Este rechaza que el despido fuera discriminatorio. Considera que en el momento en que fue despedido, único momento que se puede tener en cuenta, el trabajador se encontraba en una situación de incapacidad reversible que no se puede calificar de duradera pues entre el accidente de trabajo y el despido apenas habían pasado 1 mes y 23 días. Aunque es cierto que el trabajador solicitó la incapacidad permanente, ello no es suficiente para considerar que las limitaciones funcionales puedan calificarse de duraderas lo que significa quela situación del trabajador no puede calificarse de incapacidad ni la empresa pudo cometer ningún tipo de discriminación con el despido. Por ello, el TSJ Cataluña estima el recurso de suplicación y declara el despido improcedente.

TSJ Madrid 8-3-17, EDJ 51458

El TSJ Madrid, por el contrario, declara la nulidad del despido de una trabajadora tras ser dada de alta por el transcurso del período máximo de IT. La trabajadora fue diagnosticada de trombocitosis esencial, celia​quía y colitis linfocitaria, patologías por la que causó sucesivas bajas. Tras su alta médica, la trabajadora no acudió al trabajo por razones de salud y posteriormente tomó vacaciones, siendo a su regreso cuando se produce el despido.

Para el TSJ Madrid concurre la circunstancia de una limitación duradera de la capacidad funcional de la trabajadora por enfermedad común (posteriormente calificada como discapacidad)​. Esto hace prácticamente imposible su reincorporación al puesto de trabajo, como se aprecia en sus numerosas altas y bajas, que le impiden realizarlo en condiciones normales de eficacia, rendimiento y continuidad que exige el mercado de trabajo.

​Una trabajadora presta servicios para el Ayuntamiento de Sevilla, en virtud de sucesivos contratos desde el 1-4-1998​ hasta el 25-9-2012. Entre el 1-5-2010 al 18-8-2010, se produce una interrupción de la relación laboral pasando a percibir la prestación por desempleo.

Presenta deman​da de despido que es desestimada por el juzgado de lo social, y estimada parcialmente por el TSJ que declara la improcedencia del despido. No obstante, para el cálculo de la indemnización computa como antigüedad a efectos de indemnización el 19-8-2010, ya que antes de este periodo se produjo un largo y significativo periodo de inactividad que impide apreciar la unidad esencial del vínculo contractual. Entiende que este periodo no coincide ni con vacaciones, enfermedad, maternidad, u otra causa que impida la prestación de servicios. Contra esta sentencia se dicta recurso de casación para la unificación de doctrina ante el TS.

La cuestión a debatir consiste en determinar la antigüedad computable a efectos de indemnización por despido en caso de una interrupción de la unidad esencial del vínculo durante un período de 3 meses y 19 días, en una sucesión de contratos celebrados durante 14 años.

El TS, reiterando doctrina, recuerda que, a efectos del cálculo de la indemnización por despido improcedente,  el tiempo de servicio al que se refiere el ET debe comprender todo el transcurso de la relación contractual de trabajo, siempre que no haya habido una interrupción significativa en el desenvolvimiento de la relación laboral. Con carácter general, la interrupción se ha situado en 20 días (plazo de caducidad de la acción por despido,) No obstante,  en los últimos tiempos se ha ampliado a periodos que carezcan de relevancia en relación con la duración total de los servicios prestados.

En el supuesto enjuiciado, la trabajadora prestó servicios durante 14 años en virtud de una contratación que se considera fraudulenta por parte del Ayuntamiento ya que estaba dirigida a satisfacer una actividad habitual y ordinaria que ni tan siquiera quedó concluida en la fecha del cese de la trabajadora. La concurrencia de fraude hace adoptar al TS un criterio más relajado para valorar el plazo que deba entenderse significativo a efectos de ruptura de la unidad contractual, ya que lo contrario supondría facilitar el éxito de la conducta defraudadora. Por otra parte, la trabajadora ya había adquirido la cualidad de indefinida del Ayuntamiento como consecuencia del encadenamiento de contratos temporales sucesivos (ET art. 15.5).

Para el TS, esta situación ilegal tan prolongada en el tiempo minora la relevancia de una interrupción contractual de menos de 4 meses en 14 años. Por ello, ​estima el recurso de la trabajadora y, revocando la sentencia dictada en suplicación, declara que la indemnización por despido ha de calcularse teniendo en cuenta los servicios prestados desde el 1-4-1998.