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¿Cómo tributan los premios de SELAE?

Tribunal Supremo. Sentencia del 13 de octubre de 2022

La LGT establece un sistema de recargos por presentación extemporánea de declaraciones. Estos recargos se reducen en un 25% si, una vez liquidados, se pagan en plazo y no se recurren.

En el caso analizado, el contribuyente presentó declaración complementaria e ingresó la deuda tributariam, pero, posteriormente, se liquidó el recargo, del que pagó un 25%, solicitando aplazamiento por el 75% restante con un aval bancario. 

El Tribunal Supremo concluye que, si se ingresa toda la deuda resultante de la autoliquidación extemporánea, la reducción del 25% sobre el recargo es aplicable, aunque parte del pago de dicho recargo se aplace o fraccione con garantía suficiente (siempre que este aplazamiento o fraccionamiento se solicite en plazo y cumpliendo los requisitos legales establecidos). Lo contrario va contra el principio de buena administración y hace de peor condición a quien ingresa la deuda tributaria autoliquidada fuera d eplazo y aplaza o fracciona el recargo, frente a quien procede a la inversa, es decir, al que aplaza o fracciona la deuda principal e ingresa en plazo el recargo.

El TJUE responde a una cuestión prejudicial planteada por un juzgado de lo social catalán en relación a la negativa del INSS a reconocer la compatibilidad de dos pensiones de incapacidad permanente total causadas en el mismo régimen de Seguridad Social sobre la base de períodos de cotización y de lesiones diferentes.

La actora del litigio principal fue declarada en situación de IPT derivada de enfermedad común para su profesión habitual de auxiliar administrativa en 1999.

En 2018, el INSS dicta nueva Resolución por la que le reconoce una pensión de IPT derivada de accidente no laboral para su nueva profesión de subalterna, aunque considera que esta pensión es incompatible con la que ya tenía reconocida (LGSS art. 163).

Disconforme con esta resolución, la actora interpone reclamación previa y posterior demanda en la que solicita la declaración de compatibilidad de ambas pensiones. El juzgado considera la normativa española que impide la acumulación de dos pensiones en el RGSS, aunque sí la permite en regímenes diferentes -normalmente RGSS y RETA- no es aplicable porque genera una discriminación indirecta por razón de sexo contraria al Derecho de la UE. Por ello, interpone una petición de decisión prejudicial ante el TJUE que tiene por objeto la interpretación de a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social (Dir 79/7/CEE art. 4.1)

El TJUE  considera que la regulación contenida en la LGSS art, 163 no implica una discriminación directa, ya que se aplica indistintamente a los trabajadores y a las trabajadoras afiliados a los diferentes regímenes españoles de Seguridad Social y que, en principio, cumplan los requisitos para la concesión de, al menos, dos pensiones de IPT. Pero el Derecho europeo sí se opone a una norma que impide acumular dos pensiones de IPT cuando corresponden al mismo régimen de la Seguridad Social, mientras que lo permite cuando corresponden a distintos regímenes, si ello genera una desventaja al permitir que disfruten de esta acumulación una proporción significativamente mayor de trabajadores que de trabajadoras.

El TJUE deja en manos del juez que presenta la consulta la evaluación sobre si existe discriminación indirecta por sexo, para lo que habría que constatar si el porcentaje de hombres que pueden acumular pensiones es muy superior al de mujeres que pueden acceder a esta acumulación, teniendo en cuenta que la proporción de hombres afiliados al RETA es claramente superior a la de las mujeres.

Si efectivamente la norma supone una desventaja mayor para las mujeres, sería contraria al Derecho de la UE, por suponer una discriminación indirecta por razón de sexo, a menos que estuviese justificada por factores objetivos y ajenos a cualquier discriminación por sexo.

Respecto a la necesidad de asegurar una financiación sostenible de las pensiones, el TJUE considera que las consecuencias presupuestarias de acumular varias pensiones de incapacidad no pueden ser muy diferentes en función de si se conceden en virtud del mismo régimen o de regímenes distintos, sobre todo cuando ambas se han causado en virtud de distintos períodos de cotización.

Esta Orden tiene por objeto aprobar y dar publicidad al procedimiento de valoración de los puestos de trabajo con perspectiva de género previsto en el Real Decreto 902/2020, de 13 de Octubre, de igualdad retributiva entre hombres y mujeres, a los efectos de garantizar la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación entre mujeres y hombres en materia retributiva.

La utilización de este procedimiento y no de otro, por parte de las empresas, tendrá carácter voluntario y se llevará a cabo a través de la herramienta elaborada al efecto para evaluar la contribución de cada puesto de trabajo al conjunto de la organización, y la citada herramienta se publica en las páginas web del Ministerio de Trabajo y de Economía Social y del Instituo de las Mujeres. 

La Orden se compone de dos artículos, tres disposiciones adicionales y dos disposiciones finales y entró en vigor el 4 de noviembre.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Ministerio de Igualdad, a través del Instituto de Mujeres, realizarán, junto con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, el seguimiento de la implementación de la herramienta de valoración de los puestos de trabajo, así como de la herramienta de igualdad retributiva desarrollada conforme a lo dispuesto en el artículo 5.5 del Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre.

Esta herramienta, como decimos, incorpora un modelo voluntario de procedimiento de valoración de puestos de trabajo, que posibilita que cada empresa pueda evaluar de forma efectiva el valor que realmente aporta cada puesto de trabajo al conjunto de la organización. 

Además, el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Instituto de las Mujeres han publicado una Guía de uso de la herramienta de valoración de puestos de trabajo. 

Desde el 14 de abril de 2021 está en vigor el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres.

Este Real Decreto se carazterica por: 

• introducir el principio de transparencia retributiva
• regular los registros retributivos
• regular las auditorías salariales

Obtener información suficiente y significativa sobre el valor que se le atribuye a la retribución de las personas trabajadoras.

Identificación de discriminaciones, en su caso, tanto directas como indirectas, particularmente las debidas a incorrectas valoraciones de puestos de trabajo.

Los registros retributivos:

Recogen los valores medios de salarios, complementos salariales y las percepciones extrasalariales de la plantilla, desagregados por sexo y distribuidos por grupos profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo iguales o de igual valor. Realiza la media aritmética y la mediana de lo realmente percibido, especificando de modo diferenciado cada percepción y usando como periodo temporal de referencia, el año natural.

La auditoría retributiva:

Las empresas que elaboren un plan de igualdad deberán incluir en el mismo una auditoría retributiva, precedida de una valoración de puestos de trabajo, que tiene por objeto:

Obtener la información necesaria para comprobar si el sistema retributivo de la empresa cumple con la aplicación efectiva del principio de igualdad entre mujeres y hombres.

Definir las necesidades para evitar, corregir y prevenir los obstáculos y dificultades en aras a garantizar la igualdad retributiva.

Por último, debemos hacer mención al derecho de información de las personas trabajadoras:

En caso de contar con representación legal, el acceso será al contenido íntegro de la información con acceso a los datos promediados.

En caso de no contar con representación legal, el acceso será a las diferencias porcentuales que existieran en las retribuciones promediadas de hombre y mujeres.

Supuesto. Pongamos por ejemplo que usted es propietario de una vivienda que alquila desde el pasado 1 de septiembre de 2021 con una renta de 1.000 euros mensuales. A principios de octubre usted podría haber actualizado la renta con el porcentaje de variación anual del IPC que constaba publicado a fecha de 1 de septiembre (IPC julio 2021- IPC julio 2022), situado en el 10,8%. ¡Atención!  Sin embargo, debido a la nueva normativa extraordinaria, sólo actualizó el 2%. El resultado es que este año el importe de renta actualizada es de 1.020 euros (aplicando la limitación del 2%), y no de 1.108 euros (que resultaría de aplicar la subida del 10,8% experimentada por el IPC).

Duda. Una vez transcurrido el plazo de esta limitación extraordinaria (pues sólo afecta a los contratos cuya actualización deba hacerse entre el mes de marzo y el 31 de diciembre de 2022), cuando llegue el momento de actualizar de nuevo la renta en el futuro, ¿cuál será la base que deberá tener en cuenta para el cálculo de la actualización? Apunte.  Siguiendo con el supuesto anterior, si en octubre de 2023 la variación de IPC se situara en un 5%, por ejemplo, la duda consistiría en si la renta actualizada a octubre de 2023 sería de 1.071,00 euros (5% de 1.020) o de 1.163,40 euros (5% de 1.108):

• Pues bien, aunque la ley no lo especifica, lo lógico es que tome como base la renta actualizada que hubiese resultado de aplicar la variación interanual de IPC sin la limitación del 2%.
• Hay que tener en cuenta que la finalidad de dicha limitación es ofrecer una solución económica temporal para que los arrendatarios puedan amortiguar el duro impacto de la alta inflación, pero que perjudica claramente a los propietarios que también la sufren, sin que se hayan habilitado mecanismos compensatorios para éstos. Apunte.  Además, aplicando la ley, en caso de no actualizar la renta durante un tiempo, es posible hacerlo después incluyendo la variación acumulada durante dicho período (si no han transcurrido cinco años).

Conclusión. Finalizada la limitación del aumento de la renta de alquiler de viviendas, usted podrá actualizar la renta aplicando el IPC sobre el importe de renta actualizada que hubiera resultado de aplicar la variación porcentual de IPC del año anterior sin la limitación del 2%.

Límites sobre pagos en efectivo

Límites. Actualmente están prohibidos los pagos en efectivo (en metálico, cheque bancario al portador o cualquier otro medio de pago al portador) iguales o superiores a los siguientes importes:

• 1.000 euros en caso de operaciones en las que una de las partes actúe como empresario o como profesional.
• 10.000 euros en caso de operaciones en las que el vendedor sea un empresario y el pagador sea un particular no residente en España.

Sanción. La multa por incumplir esta prohibición es del 25% del importe pagado en efectivo, y Hacienda puede exigirla tanto a quien paga como a quien cobra. No obstante, con el fin de disuadir de posibles incumplimientos, se ha establecido que el pagador o el cobrador que denuncie la realización del pago en efectivo por encima del límite puede evitar la sanción. Si ambos presentan la denuncia, sólo quedará sin sanción el primero que la presente. Apunte.  Aunque esta norma parece sencilla, suele generar numerosas dudas entre los contribuyentes. Vea algunas de ellas y cómo actuar en cada caso.

Dudas habituales

Importe. En primer lugar, tenga en cuenta que el límite de los 1.000 euros se refiere a la cuantía total de la operación que origina el pago (o pagos), con independencia de su cuantía de éste. Apunte.  Por ejemplo, si uno de sus clientes es propietario de una tienda de electrodomésticos y vende a un particular un televisor de última generación por 1.500 euros, aunque reciba sólo 900 euros en metálico y el resto mediante tarjeta de crédito, estará incumpliendo la prohibición. Hacienda podrá imponerle una sanción de 225 euros (el 25% sobre los 900 euros pagados en efectivo).

Permuta. Sin embargo, en una permuta de bienes cuyo valor supera el límite de los pagos en efectivo no hay sanción si hay una parte que se paga en efectivo por importe inferior al límite. Apunte.  Así, si se permuta un vehículo de 4.000 euros por una motocicleta valorada en 3.500 y se compensa la diferencia de 500 euros en efectivo, no se incumple la prohibición.

Facturas con varios servicios. Si en una misma factura se documentan varias entregas de bienes o servicios independientes unos de otros, la limitación se aplica también de forma independiente para cada uno de ellos, de manera que sólo afecta a las operaciones a partir de 1.000 euros. Así, si una factura de 1.600 euros documenta dos entregas independientes de 800 euros cada una, dicha factura puede satisfacerse en efectivo. ¡Atención!  Por el contrario, si una operación única se desglosa en dos facturas diferentes, la limitación debe aplicarse sobre el importe total a pagar.

Tracto sucesivo. En operaciones de tracto sucesivo (alquileres, contratos de suministro, cuotas de asesoría, etc.) debe atenderse al momento en el que son exigibles los pagos según el contrato, así como a su importe. Apunte.  En estos casos, si el pago exigible en cada cuota (por ejemplo, la mensualidad del alquiler) es menor a 1.000 euros, puede pagarse en efectivo.

Ingreso en cuenta. Por último, el ingreso del importe recibido en metálico en una cuenta bancaria del vendedor –identificando la operación o el número de factura y la persona que realiza el desembolso– no se considera un pago en efectivo a efectos de la limitación.

(DGT, de 01-07-2022, V1601/2022)

Un contribuyente adquirió y transmitió una vivienda, cuyo importe de adquisición e importe de transmisión son inferiores al valor de referencia que se establece en el TR Ley ITP y AJD. Para la determinación del valor de adquisición hay que partir del importe real por el que la adquisición se hubiera efectuado.

De igual forma, para determinar el valor de transmisión se parte del importe real por el que la enajenación se hubiese realizado, tomándose como tal el efectivamente satisfecho, siempre que no resulte inferior al normal de mercado, en cuyo caso prevalecerá éste. Por tanto, será esta la forma de determinación de los valores de adquisición y transmisión del inmueble transmitido a los efectos del cálculo de la ganancia o pérdida patrimonial en el IRPF, con independencia de la determinación de la base imponible que proceda en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD).

Asimismo, se puede apreciar el mismo criterio seguido por la DGT en la consulta V1607/2022, de 04 de julio de 2022.

Un juzgado de Madrid ha condenado a la aerolínea Iberia a pagar 17.500 euros a un pasajero por haber perdido su maleta de mano. A pesar de que su equipaje era de mano, la aerolínea le obligó a facturarlo porque no había espacio suficiente en el avión

Se trata de la compensación económica más elevada de España otorgada a un pasajero por pérdida de equipaje en los vuelos. Esta sentencia resulta pionera, pues obliga a las aerolíneas a pagar indemnizaciones acordes con el daño que sufren los pasajeros, sin limitarlo a la cuantía que establece el Convenio de Montreal, que establece que “en el transporte de equipaje, la responsabilidad del transportista en caso de destrucción, pérdida, avería o retraso se limita a 1.000 derechos especiales de giro por pasajero”.

Indicar que en ocasiones anteriores desde nuestro despacho se han llevado asuntos de similar naturaleza, así como de importantes retrasos en los vuelos, en tales casos les aconsejamos que, si tienen cualquier problema, es de vital importancia que no salgan del aeropuerto sin haber realizado la oportuna reclamación, aunque estén en un viaje organizado, ya que de conformidad con la legislación internacional vigente perderían todo derecho a realizar cualquier ulterior reclamación.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 25 de octubre el Real Decreto 907/2022, de 25 de octubre, por el que se modifican las cuantías de determinadas tablas del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. Dicha norma procede a actualizar la mayor parte de los importes indemnizatorios de los accidentes de tráfico, y aumenta el importe de las indemnizaciones especialmente de los lesionados más graves, así como los importes que percibirían tanto las personas que dependen económicamente de la víctima, en caso de fallecimiento (cónyuge, hijos, padre, hermanos, abuelos, nietos y allegados), como las que recibiría el propio lesionado si el accidente le causara incapacidad permanente

La LGT establece que si un sujeto pasivo es sancionado por la comisión de una infracción, la Administración Tributaria puede aplicar la agravante de reincidencia durante los cuatro años siguientes a la firmeza de dicha sanción. Si bien la dicción literal de la norma puede ser clara, sin embargo, se producía un problema práctico los TEAR (órganos administrativos) en ocasiones tardan años en resolver si una sanción es o no conforme a derecho, y en ocasiones lo que sucedía era que sanciones de más de 10 años de antigüedad atascadas en los TEAR servían de base para aplicar la agravante de reincidencia, pues al fin y al cabo no eran firmes.

El pasado mes de octubre el Tribunal Supremo por Sentencia 1237/2022 ha puesto fin a dicha controversia al establecer de modo definitivo que en caso de demora en la contestación del órgano administrativo, se había de tomar como fecha de la firmeza de la sanción, la del silencio administrativo (que es como máximo de un año), de esta manera se reducen ostensiblemente los plazos de aplicación del instituto de la reincidencia, con una sentencia justa, que no hace sino evitar que la demora administrativa (imputable sólo a ésta) sirva para perjudicar al ciudadano, en este sentido el Tribunal Supremo viene a sostener que el incumplimiento por la Administración de su obligación de resolver en el plazo legalmente previsto revela una quiebra del principio de buena administración -y la buena fe-, que no puede traducirse en una ventaja para la Administración; debiéndose garantizar el derecho del contribuyente a una buena Administración, evitando que el dictado de las resoluciones de los tribunales económico-administrativos se retrase excesivamente en el tiempo.

Solo será nulo si existe algún dato específico que así lo justifique (vulneración de un derecho fundamental, elusión de las normas procedimentales sobre despido colectivo, concurrencia de una circunstancia subjetiva generadora de especial tutela).

TS 19-10-22, Rec 2206/21

El trabajador venía prestando servicios mediante un contrato de trabajo en prácticas con una duración máxima hasta el 31-1-21. El 15-5-20 se le notifica su despido por causas organizativas. La empresa alega reducción de actividad en la cooperativa debido a la paralización de los proyectos que tenía asignados y la falta de trabajo, consecuencia de la declaración del estado de alarma. El trabajador interpone demanda de despido y el juzgado de lo social califica la extinción como despido improcedente. Considera que no se acredita la causa de despido, debiendo ser calificado como improcedente y no como nulo puesto que, entre otras razones, el RDL 9/2020 no incorpora una prohibición. El trabajador recurre en suplicación y el TSJ País Vasco estima el recurso y califica el despido como nulo, por fraude de ley. La empresa presenta recurso para la unificación de doctrina ante el TS.

Se plantea cómo debe interpretarse la conocida como “prohibición de despedir”. En concreto, el problema surge porque la normativa de urgencia para la pandemia, apostando por el ERTE como solución a los problemas empresariales asociados, dispone que la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido.

El TS recuerda que el despido fraudulento solo es nulo si lo ha previsto el legislador laboral y, a partir de la Ley de Bases de Procedimiento Laboral de 1989, no existe la figura del despido nulo por fraude de ley.

El legislador ha querido que las dificultades empresariales generadoras de causas ETOP o de fuerza mayor asociadas a la pandemia por COVID-19 se encaucen por la vía suspensiva -ERTE- y no por la extintiva. Del tenor literal del precepto se desprende que el legislador no especifica la calificación que merece el despido objetivo (o colectivo) que contradiga tal norma. Sin embargo, el alcance de la norma no es una prohibición de despedir, sino que lo que contiene es una des tipificación, una neutralización de causas extintivas.

El TS concluye que el despido ETOP sin causa válida durante la pandemia no debe calificarse como nulo, salvo que exista algún dato específico que así lo justifique (vulneración de un derecho fundamental, elusión de las normas procedimentales sobre despido colectivo, concurrencia de una circunstancia subjetiva generadora de especial tutela). Se argumenta a tal efecto lo siguiente: 

1. La norma no contiene una verdadera prohibición y las consecuencias de que haya un despido fraudulento no comportan su nulidad, salvo que exista previsión normativa expresa (como sucede en el caso de elusión del mecanismo del despido colectivo).

Del mismo modo, tampoco aparece como una verdadera obligación acudir al ERTE. 

2. La calificación del despido como nulo se descarta porque las previsiones sobre el tema, en ET y LRJS, ignoran el supuesto de fraude (salvo en despidos «por goteo» que eluden el procedimiento de la extinción colectiva). 

3. Cuando se trate de una extinción del contrato de trabajo acordada por la empresa y carezca de causa válida hay que calificarla con arreglo a la legislación laboral vigente. 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 22-9-22, C-120/21

Tras la extinción de su relación laboral, un trabajador reclama una compensación económica por los 101 días de vacaciones anuales retribuidas acumuladas en los 5 años anteriores que no había podido disfrutar. El tribunal de apelación alemán reconoció el derecho reclamado al considerar que ni estaba extinguido ni prescrito, pues el empleador no había contribuido a que el trabajador pudiera disfrutar de sus vacaciones.

Recurrida la sentencia en casación, el TS de lo laboral alemán presenta ante el TJUE cuestión prejudicial planteando la cuestión relativa a si es contraria al derecho de la UE la prescripción del derecho a las vacaciones anuales retribuidas por el transcurso del plazo de 3 años previsto en la legislación alemana, cuando el empresario no ha posibilitado al trabajador ejercer tal derecho de forma efectiva.

Como el TJUE ya se ha señalado con anterioridad, una normativa nacional puede disponer la pérdida del derecho a las vacaciones anuales retribuidas al término del período de devengo o del período de prórroga, siempre que el trabajador haya tenido la efectivamente la posibilidad de ejercer el derecho. Sin embargo, velar por el ejercicio efectivo del derecho no debe recaer exclusivamente en el trabajador, permitiendo al empresario liberarse de cumplir sus propias obligaciones alegando la falta de solicitud por parte del trabajador. Admitir, que el empresario pueda invocar la prescripción de los derechos del trabajador sin haberle dado la posibilidad de ejercerlos de manera efectiva, implicaría validar un comportamiento que daría lugar a un enriquecimiento injusto del empresario.

Por ello, el TJUE declara contrario al derecho de la UE una normativa nacional con arreglo a la cual el derecho a vacaciones anuales retribuidas prescribe al término de un plazo cuando el empresario no ha posibilitado ejercer tal derecho de forma efectiva.

TS 22-7-22, EDJ 675702

La empresa dedicada a la actividad de comercio de productos cárnicos, comunica a dos de los tres representantes de los trabajadores su intención de iniciar un despido colectivo  de toda la plantilla (31 trabajadores). El periodo de consultas se celebra también con solo dos de los tres representantes al no citar al tercero. La empresa cierra el periodo de consultas sin acuerdo y sin comunicar a los representantes su decisión final. 

Se impugna el despido colectivo por los tres delegados de personal solicitando que se declare nulo o subsidiariamente no ajustado a Derecho. El TSJ estima la demanda y lo declara nulo al no haberse comunicado el inicio del periodo de consultas a los tres delegados de personal, no haberse constituido válidamente la comisión negociadora, ni haber comunicado a aquellos por parte de la empresa su decisión final de extinguir los contratos. Contra dicha resolución recurre en casación la empresa.

El TS desestima el recurso en base a lo siguiente:

1. La empresa cuenta con menos de 50 trabajadores y más de 30, habiendo sido elegidos tres delegados de personal que ejercen mancomunadamente ante el empresario la representación para la que fueron elegidos, debían ser convocados los tres para la válida constitución de la comisión negociadora (ET art. 41) 

2. La omisión de la exigencia de comunicar a los representantes de los trabajadores la decisión del despido colectivo, no es un mero incumplimiento de un deber informativo, sino un requisito esencial para la efectividad primero del despido colectivo y después de los despidos individuales, dotando a la regulación procesal del despido colectivo, en cuanto al ejercicio de dichas acciones, tanto para los trabajadores como para la empresa, de la necesaria seguridad jurídica.

El pasado jueves, 29 de septiembre, la Ministra de Hacienda Mª Jesús Montero, acompañada del Secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, comparecieron en rueda de prensa para informar sobre las medidas fiscales que entrarán en vigor en los próximos dos años.

Aunque todavía no se han hecho públicos los textos que las regulan, se anunciaron las siguientes medidas:

IMPUESTO A LAS GRANDES FORTUNAS

Creación de un nuevo Impuesto de solidaridad de las grandes fortunas. El impuesto se establece con carácter temporal para los ejercicios 2023 y 2024 y afectará a patrimonios superiores a 3 millones de euros. Para corregir la doble imposición, la cuota abonada pr el Impuesto sobre el Patrimonio será deducible de este nuevo impuesto.

MEDIDAS QUE AFECTAN AL IRPF

• Aumenta un punto, hasta el 27%, el gravamen en las rentas del capital entre 200.000 euros y 300.000 euros.

• Para rentas del capital superiores a 300.000 euros el tipo se eleva en dos puntos, hasta el 28%.

• Aumento de la reducción por rendimientos del trabajo de 18.000 a 21.000 euros.

• El mínimo de tributación sube de 14.000 a 15.000 euros.

• Rebaja adicional del 5% en el rendimiento neto de módulos para los autónomos.

• Se eleva del 5% al 7% la reducción para gastos deducibles de difícil justificación en la tributación en régimen de estimación directa simplificada de los autónomos.

MEDIDAS QUE AFECTAN AL IS

• Rebaja del tipo nominal del impuesto del 25% al 23% para las pequeñas empresas con cifra de negocios inferior a 1 millón de euros.

• Con carácter temporal, limitación en un 50% la posibilidad de compensar las pérdidas de las filiales en los grupos consolidados. Esta medida afectará a grandes empresas.

Empresas y autónomos deben dar acceso a los programas necesarios para permitir a los destinatarios de las facturas que las puedan leer, copiar, descargar e imprimir, de forma gratuita y sin necesidad de acudir a otras fuentes o proveedores para ello.

Se incorporan incentivos para la reducción de los períodos medios de pago, tanto a través de su valoración en el acceso a las subvenciones públicas, como mediante el refuerzo de la normativa de contratación pública para garantizar que los adjudicatarios abonen en tiempo el precio pactado con los subcontratistas.

MEJORA DE LA REGULACIÓN Y ELIMINACIÓN DE OBSTÁCULOS A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Se profundiza en la cooperación y confianza mutua entre las diferentes Administraciones públicas y se refuerza las ventanillas en las que las empresas pueden reclamar cuando consideran que las Administraciones no cumplen los principios de buena regulación económica.

Se amplía el catálogo de actividades económicas exentas de licencia, incorporándose al listado estatal las actividades que se hayan considerado inocuas por al menos una Comunidad Autónoma.

ENTRADA EN VIGOR

Respecto a su entrada en vigor, se establecen distintas fechas:

Con carácter general, la ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir el 18 de octubre de 2022.

El capítulo V, relativo al régimen jurídico de las plataformas de financiación participativa, entrará en vigor a partir del 10 de noviembre de 2022.

El artículo 12 de la ley, relativo a la facturación electrónica entre empresarios y profesionales, que producirá efectos, para los empresarios y profesionales cuya facturación anual sea superior a ocho millones de euros, al año de aprobarse el desarrollo reglamentario. Para el resto de los empresarios y profesionales, este artículo producirá efectos a los dos años de aprobarse el desarrollo reglamentario.

En octubre de 2021, el Real decreto 19/2021, de 5 de octubre, introdujo en la Ley de IRPF tres nuevas deducciones en la cuota sobre las cantidades invertidas en obras de mejora de eficiencia energética en las viviendas.

Se trata de deducciones temporales que pretenden incentivar la rehabilitación de edificios, necesarios para alcanzar los retos marcados en materia de energía y clima, y como parte del desarrollo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.

Pueden beneficiarse de estas deducciones los contribuyentes que lleven a cabo este tipo de mejoras en su vivienda habitual o en viviendas arrendadas para uso como vivienda (según la LAU).

De forma muy resumida, exponemos, a continuación, en qué consisten estos incentivos.

1.- Deducción por obras de mejora para la reducción de la demanda de calefacción y refrigeración.

La deducción es del 20% de las cantidades satisfechas por las obras de mejora realizadas en la vivienda habitual o vivienda que se encuentre arrendada para uso como vivienda o en expectativas de alquiler (siempre que se alquile antes del 31 de diciembre de 2023). Se exige que se reduzca al menos un 7 por ciento en la demanda de calefacción y refrigeración, aspecto que debe acreditarse con certificados de eficiencia energética expedidos antes y después de las obras.

La base máxima de deducción será de 5.000€. Las obras que dan derecho a la deducción son las realizadas entre el 6 de octubre de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2022 y por las cantidades satisfechas también en ese periodo.

Únicamente podrán aplicar esta deducción los contribuyentes que ostenten el título de propietarios de la vivienda objeto de tales obras, quedando excluidos los nudos propietarios, usufructuarios y arrendatarios.

A título de ejemplo, pueden beneficiarse de esta deducción las obras de sustitución de ventanas para lograr un mayor aislamiento de la vivienda o el cambio de caldera por una de biomasa.

2.- Deducción por obras de mejora que reduzcan el consumo de energía primaria no renovable.

La deducción es del 40% de las cantidades satisfechas por las obras realizadas en la vivienda habitual o vivienda que se encuentre arrendada para uso como vivienda o en expectativas de alquiler (siempre que se alquile antes del 31 de diciembre de 2023) que supongan una reducción en al menos un 30 por 100 el indicador de consumo de energía primaria no renovable, o mejoren la calificación energética de la vivienda para obtener una clase energética «A» o «B». Para acreditar lo anterior se exige certificados de eficiencia energética expedidos antes y después de las obras.

La base máxima de deducción será de 7.500€. Las obras que dan derecho a la deducción son las realizadas entre el 6 de octubre de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2022 y por las cantidades satisfechas también en ese periodo.

A título de ejemplo, pueden beneficiarse de esta deducción las obras consistentes en la instalación de paneles aislantes (trasdosados) en las paredes y de aislamiento térmico en los falsos techos, así como la instalación de sistemas de calefacción y de aire acondicionado por aerotermia en la vivienda.

3. Deducción por obras de rehabilitación energética de edificios de uso predominante residencial

Deducción del 60% de as cantidades satisfechas por obras de rehabilitación que mejoren la eficiencia energética en edificios de uso predominante residencial donde esté ubicada la vivienda o viviendas propiedad del contribuyente. A estos efectos, se entiende que la obra produce una mejora de la eficiencia energética cuando:

• Se reduzca el consumo de energía primaria no renovable en al menos un 30 por ciento o bien,

• Se mejore la calificación energética del edificio para obtener una clase energética «A» o «B».

Para acreditar lo anterior se exige certificados de eficiencia energética expedidos antes y después de las obras.

A diferencia de las anteriores deducciones, esta deducción se aplica en cualquier tipo de viviendas, tanto vivienda habitual, como segundas residencias o viviendas arrendadas y las obras han de realizarse sobre el conjunto del edificio (vivienda unifamiliar) o sobre un bloque completo (edificio plurifamiliar).

También es mas amplio el periodo al que hace referencia esta deducción, puesto que se aplicará por obras realizadas entre el 6 de octubre de 2021 y el 31 de diciembre de 2023 y por las cantidades satisfechas en dicho periodo.

La base máxima de deducción es de 5.000 euros anuales. Las cantidades no deducidas por superar dicho límite podrán deducirse, con el mismo límite, en los cuatro ejercicios siguientes, sin que en ningún caso la base acumulada de la deducción pueda exceder de 15.000 euros (límite máximo plurianual).

En caso de obras llevadas a cabo en Comunidades de propietarios, la cuantía susceptible de formar la base de la deducción de cada contribuyente vendrá determinada por el resultado de aplicar a las cantidades satisfechas por la comunidad de propietarios, el coeficiente de participación que tuviese en la misma.

A título de ejemplo, pueden beneficiarse de esta deducción las obras consistentes en mejoras en el aislamiento de las fachadas, mejoras en la envolvente térmica, cubiertas y en la rotura de los puentes térmicos, así como la integración en el edificio de sistemas o instalaciones de energías renovables.

En las tres modalidades de deducción se exige que el pago se realice con tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuentas en entidades de crédito. Es decir, no dan derecho a deducción las cantidades satisfechas en efectivo.

Al margen de estas deducciones estatales, algunas comunidades autónomas, haciendo uso de sus competencias normativas, han regulado deducciones para incentivar la eficiencia energética en las viviendas.

En el siguiente cuadro se recogen las deducciones autonómicas que se encuentran actualmente vigentes.

La reciente resolución del TEAC de fecha 20 de julio de 2022, RG 234/2021, ha vuelto a asumir el criterio fijado por el Tribunal Supremo que considera que el mecanismo de la compensación de bases imponibles negativas en el Impuesto sobre Sociedades constituye un derecho del contribuyente y no una opción tributaria.

No es la primera vez que el TEAC se pronuncia en este sentido, pues ya lo hizo anteriormente en resolución de 25 de febrero de 2022, RG 8725/2021, reconociendo el derecho a la compensación de BINs en supuestos de presentación extemporánea de la declaración del IS.  Lo novedoso ahora es la extensión de este criterio a los supuestos de no declarantes.

En este sentido, el Tribunal administrativo reproduce los fundamentos jurídicos cuarto y quinto de la STS de 30 de noviembre de 2021 -también referida a un supuesto de presentación extemporánea de la declaración-, en los que se reconoce que compensar o no las BINs es un derecho del contribuyente y no una opción tributaria del art. 119.3 de la LGT y que el mismo debe entenderse ejercitado también con la presentación de una autoliquidación extemporánea. Es decir, no puede impedirse el ejercicio del derecho por el mero hecho de haberse presentado la declaración del IS de forma extemporánea, pues, únicamente, puede limitarse por las causas taxativamente previstas en la Ley.

Pues bien, entiende el TEAC que dicha doctrina es también aplicable (o, si se quiere, extensible) a supuestos, como el planteado en esta resolución, en los que el contribuyente no había presentado declaración del IS y, en el marco de un procedimiento de comprobación y ante la regularización practicada por la AEAT, solicita aplicar las BINs pendientes de compensación de ejercicios anteriores.

El pasado miércoles, 21 de septiembre, se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 17/2022, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la energía, en la aplicación del régimen retributivo a las instalaciones de cogeneración y se reduce temporalmente el tipo del Impuesto sobre el Valor Añadido aplicable a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de determinados combustibles.

Destacan las siguientes medidas:

• Reducción del 21 al 5 por ciento del tipo de IVA que recae sobre todos los componentes de la factura de las entregas de gas natural.  Esta medida se adopta con carácter excepcional y transitorio para responder al incremento de precios en el mercado energético.

• Se establece también de forma excepcional y transitoria una reducción desde el 21 al 5 por ciento, en el tipo impositivo del IVA que recae sobre las entregas de briquetas y pellets procedentes de la biomasa y a la madera para leña utilizados en sistemas de calefacción. Se pretende con ello favorecer el desarrollo y la utilización de combustibles menos contaminantes en sistemas de calefacción y fomentar la suficiencia energética

Estas medidas serán de aplicación desde el 1 de octubre de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2022.

En relación con esta cuestión debemos señalar que este Real Decreto Ley 17/2022 no ha regulado qué tipo de recargo de equivalencia debe aplicarse en estas operaciones, cuestión, que deberá ser aclarada con celeridad  por la Administración tributaria.

Mediante Ley de presupuestos generales para el 2018, se reformó parcialmente la Ley del IRPF para dar cabida a una nueva deducción de hasta 1.000 euros al año de los gastos de guardería o de centros de educación infantil autorizados.

A pesar de que el tenor de la Ley permitía deducirse alternativamente “los gastos de guarderías o centros de educación infantil autorizados.”, la Agencia Tributaria interpretaba que se trataba de dos requisitos cumulativos, es decir que sólo las guarderías o los centros de educación autorizados por la administración educativa competente podían disfrutar de la exención.

Esto planteaba un problema en Comunidades Autónomas como las de Cantabria, en donde dicha autorización no era necesaria, y en las que la AEAT ha iniciado un buen número de procedimientos de comprobación limitada en relación a dicha deducción con la finalidad de “corregir” las declaraciones del IRPF de los contribuyentes.

Aunque dicho criterio había sido confirmado por el Tribunal Económico-Administrativo Central (uno de los máximos órganos administrativos en materia de revisión tributaria), dicho criterio nunca fue admitido por nuestro despacho. Varios de nuestros clientes confiando en nuestro criterio han continuado con nosotros hasta el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, el cual este mismo mes ha estimado nuestros recursos, habiendo dictado ya su segunda sentencia en el mismo sentido (lo que permite hasta cierto punto considerarse doctrina, que estamos consiguiendo instaurar en Cantabria) entendiendo que efectivamente nuestras defendidas que llevan a sus hijos a guarderías tienen el mismo derecho que el resto a deducirse esos mil euros anuales, no procediendo corrección alguna de sus IRPF ordenando a la administración a proceder a la “devolución de los ingresos indebidos”, e imponiéndole las costas.

Si bien el la AEAT ha recurrido con la finalidad probablemente de evitar que la doctrina sea firme, se anima a todas aquellas madres que se encuentren en esta situación que se apliquen la deducción. No es la primera vez que la AEAT es corregida por los Tribunales cuando intenta realizar interpretaciones que no se cohonestan con el tenor literal de la Ley en materia de deducciones del IRPF, literalmente y según señalará en otra sentencia relativa a deducciones procedentes de actividades económicas en el IRPF, la AEAT: “…so pretexto de abordar una labor de interpretación de las normas tributarias integradora y coherente, además de olvidar la máxima "in claris non fit interpretatio" viene a efectuar una aplicación analógica, técnica completamente proscrita en el ámbito tributario, introduciendo un condicionamiento de carácter objetivo para la aplicación de beneficios fiscales que la normativa reguladora del Impuesto no contempla directa o indirectamente”.

Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación

Esta nueva norma toma como referencia el artículo 14 de la Constitución y, junto a los seis motivos de discriminación recogidos en la normativa comunitaria (sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, religión o creencias y orientación sexual), incorpora expresamente, entre otros, los de enfermedad o condición de salud, estado serológico y/o predisposición genética a sufrir patologías y trastornos.

Concretamente, el art. 2.1 establece:

“Nadie podrá ser discriminado por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad o condición de salud, estado serológico y/o predisposición genética a sufrir patologías y trastornos, lengua, situación socioeconómica, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”

Asimismo, el art. 2.3 dispone que:

“La enfermedad no podrá amparar diferencias de trato distintas de las que deriven del propio proceso de tratamiento de la misma, de las limitaciones objetivas que imponga para el ejercicio de determinadas actividades o de las exigidas por razones de salud pública”.

Por otro lado, el art. 30 recoge lo siguiente:

“Cuando la parte actora o el interesado alegue discriminación y aporte indicios fundados sobre su existencia, corresponderá a la parte demandada o a quien se impute la situación discriminatoria la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad”.

En consecuencia, parece que se podría abrir un nuevo escenario para la declaración de nulidad del despido en determinados supuestos, así como posibles indemnizaciones por daños morales.

El Tribunal Supremo ha establecido que para calcular el salario diario a efectos indemnizatorios hay que excluir el periodo del ERTE.

Según los magistrados, el promedio de los ingresos que haya podido percibir el trabajador en el año anterior hay que calcularlo antes de la suspensión del contrato, sobre los salarios percibidos en los días realmente trabajados, sin tomar en consideración el tiempo en el que el contrato ha estado suspendido.

El alto tribunal unifica doctrina, en esta reciente sentencia, en la que da la razón al trabajador y le reconoce una indemnización de algo más de 96.000 euros.

“No es posible tomar como parámetro temporal para obtener un promedio de retribución irregular espacios en los que el contrato estaba suspendido, en los que los ingresos del trabajador se han visto afectados”, dice la sentencia.

Según recoge el fallo, el trabajador entró a la compañía en 2005 y fue despedido en 2020. Sin embargo, en abril de 2020, su organización le incluyó en un ERTE, situación en la que se mantuvo hasta que le expulsaron.

La sentencia hace referencia al artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores, que recoge la indemnización en los supuestos de despido improcedente. Según los magistrados, el empresario, en el plazo de cinco días, “podrá optar entre la readmisión del trabajador o el abono de una indemnización equivalente a treinta y tres días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de 24 mensualidades”.

“El TS establece ahora que el cálculo del promedio de los ingresos irregulares percibidos en el año anterior hay que realizarlo sin tener en cuenta el periodo en el que el trabajador ha estado sin actividad y sin retribución. Ese paréntesis no debe computarse”.

La reforma de la Ley Concursal 2022 (BOE 06/09/2022), regula la capitalización de la prestación por desempleo para la transformación de una empresa en concurso en una sociedad laboral o cooperativa

Entre las modificaciones impulsadas por la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, encontramos la posibilidad de que los trabajadores de una empresa en concurso capitalicen su prestación por desempleo para transformar la empresa en la que prestan servicios, cuando esta se encuentre en concurso, en una sociedad laboral o cooperativa.

Con efectos de 26/09/2022, se introduce un nuevo artículo 10 bis a la Ley 5/2011, de Economía Social, denominado «capitalización de la prestación por desempleo para la adquisición de la condición de sociedad laboral o transformación en cooperativa por sociedades mercantiles en concurso». Este nuevo artículo, se une a la posibilidad ya existente (y que no ha experimentado cambios) de capitalizar la prestación por desempleo para incorporarse como socios trabajadores o de trabajo en Cooperativas o en Sociedades Laborales.

Esta nueva modalidad de pago único se rige por los siguientes extremos:

a) Requisitos generales de la persona solicitante

- Reunir todos los requisitos para ser beneficiarios de la prestación contributiva por desempleo, salvo el de estar en situación legal de desempleo

- Adquirir acciones o participaciones sociales de una sociedad en la que prestan servicios retribuidos como personas trabajadoras con contrato de trabajo por tiempo indefinido.

- Con la adquisición individual (o junto a otras realizadas por personas trabajadoras o no de la sociedad) deben reunirse las condiciones legalmente necesarias para que la empresa en concurso adquiera la condición de sociedad laboral o se transforme en cooperativa.

Como peculiaridad la norma concreta que «(...) la solicitud de la prestación y de la capitalización será simultánea y la fecha de la misma se asimilará, a efectos de reconocimiento y cálculo de la prestación, a la fecha de la situación legal de desempleo».

b) Requisitos generales de la empresa

El abono de la prestación capitalizada requerirá que la empresa se haya declarado en concurso y que el juez de lo mercantil haya acordado la transformación de la sociedad en una sociedad cooperativa o sociedad laboral en el marco de lo dispuesto en los artículos 219 o 224 bis y artículos concordantes del texto refundido de la Ley Concursal.

Mediante futuro desarrollo reglamentario se precisará el procedimiento mediante el cual la entidad gestora acreditará ante el juez del concurso que en caso de ser autorizado por este se autorizarán las capitalizaciones de las prestaciones por desempleo que posibilitarán la transformación de la sociedad en sociedad cooperativa o sociedad laboral.