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Donar participaciones de la empresa familiar a los hijos es una operación habitual para preparar el relevo generacional. Si la donación cumple los requisitos de la reducción por empresa familiar del Impuesto sobre Donaciones (artículo 20.6 de su Ley), no se computa ganancia patrimonial en el IRPF de quien dona (artículo 33.3.c de la Ley del IRPF). Pero si no se cumplen, la donación puede generar una ganancia patrimonial para el donante. El Tribunal Económico-administrativo Central (TEAC) ha confirmado un criterio que ya venía manteniendo la Dirección General de Tributos (DGT) y que el propio TEAC había sostenido en una resolución anterior: la aplicación del método FIFO también a las donaciones de participaciones sociales homogéneas.

Donar participaciones de la empresa familiar a los hijos es una operación habitual para preparar el relevo generacional. Si la donación cumple los requisitos de la reducción por empresa familiar del Impuesto sobre Donaciones (artículo 20.6 de su Ley), no se computa ganancia patrimonial en el IRPF de quien dona (artículo 33.3.c de la Ley del IRPF). Pero si no se cumplen, la donación puede generar una ganancia patrimonial para el donante. El Tribunal Económico-administrativo Central (TEAC) ha confirmado un criterio que ya venía manteniendo la Dirección General de Tributos (DGT) y que el propio TEAC había sostenido en una resolución anterior: la aplicación del método FIFO también a las donaciones de participaciones sociales homogéneas.

Esta identificación de valores según el método FIFO, la contempla expresamente la Ley de IRPF, pero en relación con transmisiones onerosas de participaciones. Tratándose de transmisiones lucrativas, la norma nada establece al respecto.

Pues bien, esta es precisamente la controversia que gira en torno a esta cuestión: la extensión de la regla de identificaciones de valores homogéneos también a la donación de participaciones, aún en el caso de que en la escritura se haga constar cuales son las participaciones que se dona.

Argumentos del TEAC:

➠ No hay motivo que justifique tratar de forma distinta la identificación de valores según la transmisión sea onerosa o lucrativa.

➠ El hecho de que en algunos territorios forales haya regulado de forma expresa la aplicación de FIFO a la donación de participaciones es un motivo adicional para aplicar la regla también en territorio común.

➠ Se considera irrelevante que el Legislador no haya modificado la Ley de IRPF para adecuarla a la doctrina de la DGT, pues la inacción del legislador no implica que el precepto deba limitarse a las transmisiones onerosas.

El criterio administrativo tiene un objetivo antielusión evidente.  Si el donante pudiera elegir, donaría los lotes de coste más alto, sin ganancia, y conservaría los de coste bajo. Esa ganancia latente podría no tributar nunca si las participaciones se transmiten después por causa de muerte. Otra cosa es que la literalidad de la norma permita esta interpretación.

Un ejemplo

Ana constituyó una sociedad en 2005 y suscribió 1.000 participaciones por 10.000 euros. En 2018 compró otras 1.000 participaciones a un socio que se retiraba, por 200.000 euros. En 2026 dona 1.000 participaciones a su hija, valoradas en 210.000 euros.

  • Si pudiera elegir las participaciones compradas en 2018, la ganancia sería de 10.000 euros.

  • Con el método FIFO, se entienden donadas las de 2005, y la ganancia asciende a 200.000 euros.

Esa ganancia tributa en la base del ahorro del IRPF de Ana, aunque ella no haya cobrado nada por la donación.

Un matiz importante

En las donaciones de participaciones entre cónyuges u de padres a hijos, por ejemplo, si la sociedad y los socios cumplen los requisitos para aplicar la reducción por donación de empresa familiar en el Impuesto sobre Donaciones, la ganancia patrimonial no tributa en el IRPF del donante. Para que esto sea así, deben cumplirse, escrupulosamente, determinados requisitos, como que la sociedad realice actividad económica, que se cumplan determinados porcentajes de participación, mantenimiento por parte del donatario durante un plazo, etc.

Hay que tener en cuenta que, en este caso, el donatario se subroga en los valores y fechas de adquisición del donante, de forma que la ganancia patrimonial se difiere hasta una próxima transmisión.

Conviene recordar también que, si la donación generase una pérdida, esta no podría compensarse en el IRPF.

Consejos prácticos

➠ Reconstruir la cartera histórica antes de donar. Debe documentarse cada lote de participaciones con su fecha y coste de adquisición: fundación, ampliaciones, compras a otros socios y adquisiciones lucrativas previas.

➠ Calcular la ganancia con FIFO, no con la numeración escriturada. La identificación en escritura sigue siendo necesaria a efectos mercantiles y del ISD, pero no determina el coste fiscal del donante en IRPF.

➠ Revisar la homogeneidad. Conviene comprobar si existen bloques no homogéneos: clases distintas, participaciones privilegiadas o diferente régimen de titularidad, como privativas frente a gananciales. En esos casos FIFO opera dentro de cada bloque.

➠ Antes de firmar una donación de participaciones, consulte con su asesor. Una buena planificación previa puede marcar una diferencia muy importante en el coste fiscal de la operación.

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El Tribunal Supremo ha dado la razón a los progenitores con custodia compartida que, además, pagan una pensión de alimentos a sus hijos fijada por el juez. En su reciente sentencia 1054/2026, de 23 de septiembre (recurso de casación 2595/2025), declara que pueden aplicar en la misma declaración de la renta el mínimo por descendientes y el régimen especial de las anualidades por alimentos.

El Tribunal Supremo ha dado la razón a los progenitores con custodia compartida que, además, pagan una pensión de alimentos a sus hijos fijada por el juez. En su reciente sentencia 1054/2026, de 23 de septiembre (recurso de casación 2595/2025), declara que pueden aplicar en la misma declaración de la renta el mínimo por descendientes y el régimen especial de las anualidades por alimentos.

Hasta ahora, Hacienda solo permitía aplicar el mínimo por descendientes y rechazaba la ventaja fiscal de la pensión. El cambio de criterio puede suponer un ahorro en el IRPF y abre la puerta a reclamar lo pagado de más en ejercicios no prescritos.

Dos ventajas fiscales en juego

La Ley del IRPF tiene en cuenta los gastos que supone mantener a los hijos a través de dos mecanismos distintos:

➠ El mínimo por descendientes. Es una parte de la renta que no tributa por cada hijo menor de 25 años (o con discapacidad) que conviva con el contribuyente: 2.400 euros por el primero, 2.700 por el segundo, 4.000 por el tercero y 4.500 por el cuarto y siguientes, más 2.800 euros si es menor de tres años.

➠ El régimen de las anualidades por alimentos a los hijos. Quien paga una pensión de alimentos fijada judicialmente no puede restarla de su base imponible, pero sí aplica la escala del impuesto por separado: por un lado al importe de la pensión y por otro al resto de su renta. Así, se evita la progresividad del impuesto en dichas cuantías.

El problema surge con la reforma de la Ley 26/2014. Desde 2015, el régimen de anualidades por alimentos solo se aplica a quienes pagan alimentos a sus hijos "sin derecho a la aplicación por estos últimos del mínimo por descendientes". En la custodia exclusiva no hay dudas: quien convive con los hijos aplica el mínimo y quien paga la pensión aplica el régimen de alimentos. Pero en la custodia compartida en los que además se satisface una con pensión, el progenitor que paga convive con sus hijos parte del tiempo y tiene derecho al 50 % del mínimo, ¿pierde por ello la ventaja de la pensión?

El caso y la posición de la Administración

El contribuyente, residente en Alicante, tenía la custodia compartida de su hija por semanas alternas y pagaba una pensión de alimentos fijada en la sentencia de divorcio: 7.800 euros en 2019. En su declaración de ese año aplicó el 50 % del mínimo por descendientes y, además, el régimen especial de las anualidades por alimentos por esos 7.800 euros.

La Agencia Tributaria le abrió una comprobación limitada y eliminó la ventaja de la pensión. Su argumento: con custodia compartida ambos progenitores conviven con la hija, ambos aplican el mínimo al 50 % y ninguno puede aplicar el régimen de alimentos. Este criterio lo respaldaban la Dirección General de Tributos y el Tribunal Económico-Administrativo Central.

Qué dice el Tribunal Supremo

El Supremo desestima el recurso de la Administración y fija esta doctrina:

En los supuestos de custodia compartida los progenitores que paguen anualidades por alimentos en favor de los hijos por decisión judicial podrán aplicar en el mismo período impositivo el mínimo por descendientes y el régimen especial de anualidades por alimentos (aplicación separada de la escala de gravamen), en función del tiempo en que exista una efectiva convivencia entre progenitor y descendiente, de manera que ambos regímenes no se solapan.

Sus razones principales son cuatro:

➠ Los dos beneficios cubren tiempos distintos. El mínimo por descendientes corresponde al tiempo en que el hijo convive con el progenitor; el régimen de alimentos, al tiempo en que no convive con él y le paga la pensión. Por eso no hay una doble ventaja por lo mismo: su aplicación es sucesiva, no simultánea.

➠ Quien tiene custodia compartida no disfruta del mínimo completo. Solo aplica una parte (el 50 %), por lo que no puede considerarse excluido del art. 64. Este precepto debe leerse junto con el art. 61, que regula el prorrateo.

➠ La finalidad de la norma y la protección de la familia. Ambos beneficios buscan aliviar los gastos derivados del deber de asistencia a los hijos. La exposición de motivos de la Ley 26/2014 no dice en ningún momento que quisiera excluir la custodia compartida, una reforma cuyo objetivo era mejorar la fiscalidad de las familias.

➠ La igualdad de trato. Negar la ventaja dejaría al progenitor con custodia compartida que paga alimentos en peor situación que al que paga alimentos sin convivir nunca con sus hijos.

En la práctica, el Supremo confirma la declaración del contribuyente: 50 % del mínimo por descendientes más el régimen especial sobre la totalidad de la pensión pagada.

Recomendaciones

Si tiene la custodia compartida de sus hijos y paga una pensión de alimentos fijada por el juez o en un convenio regulador formalizado, conviene tener en cuenta:

➠ Revisar sus declaraciones no prescritas. Si aplicó solo el mínimo por descendientes en ejercicios aún no prescritos (2022 a 2025, puede reclamar la devolución de lo pagado de más, con intereses.

➠ Aplicar ambos beneficios en sus próximas declaraciones. La parte proporcional del mínimo por descendientes y el régimen especial sobre la pensión pagada.

➠ Hacer valer la doctrina en procedimientos abiertos. Si tiene una comprobación, una reclamación o un recurso en curso sobre este punto, la sentencia es un argumento decisivo. Si la liquidación ya es firme, su revisión es mucho más difícil y debe estudiarse caso a caso.

➠ Conservar la documentación. La sentencia o el convenio que fija la pensión y los justificantes de su pago efectivo (transferencias bancarias). Hacienda puede exigir que acredite que la pensión se ha pagado realmente.

La sentencia no perjudica al otro progenitor, que mantiene su parte del mínimo por descendientes. Supone un alivio fiscal para quien comparte la custodia y además asume una pensión, situación hasta ahora tratada peor que la de quien paga alimentos sin convivir con sus hijos.

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La reorganización de una empresa puede responder a distintas necesidades, como facilitar su gestión, incorporar nuevos socios, separar actividades o planificar su crecimiento. Para favorecer estas operaciones, la normativa del Impuesto sobre Sociedades contempla un régimen fiscal especial que permite aplazar la tributación de determinadas ganancias.

La reorganización de una empresa puede responder a distintas necesidades, como facilitar su gestión, incorporar nuevos socios, separar actividades o planificar su crecimiento. Para favorecer estas operaciones, la normativa del Impuesto sobre Sociedades contempla un régimen fiscal especial que permite aplazar la tributación de determinadas ganancias.

Este régimen, conocido como régimen de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores (FEAC), se regula en los artículos 76 y siguientes de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (LIS). Sin embargo, su aplicación tiene límites. El artículo 89.2 de la LIS establece que este régimen no puede utilizarse cuando la operación tenga como principal objetivo el fraude o la evasión fiscal.

Ahora bien, ¿qué consecuencias tiene que Hacienda considere abusiva una operación de este tipo? Esta es precisamente la cuestión que aborda El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), en su resolución de 8 de octubre de 2026 (RG 417/2023), ha aclarado los límites que debe respetar la Administración al regularizar estas operaciones.

EL CASO ANALIZADO POR EL TEAC

El caso tiene su origen en una operación en la que una persona aportó a una sociedad holding de nueva creación las participaciones que poseía en otras dos empresas. Una de las operaciones se realizó mediante un canje de valores y la otra mediante una aportación no dineraria, ambas acogidas al régimen fiscal especial.

Posteriormente, una de esas empresas repartió dividendos a la holding, que se benefició de la exención prevista en el artículo 21 de la LIS.

Hacienda consideró que las operaciones se habían realizado principalmente para obtener una ventaja fiscal indebida, evitando la tributación que habría correspondido al socio en su IRPF si hubiera recibido directamente esos beneficios. Por ello, rechazó la aplicación del régimen especial y exigió tributar por las ganancias generadas en ambas aportaciones.

Sin embargo, al revisar el caso, el TEAC llegó a conclusiones diferentes respecto de las dos empresas:

  • En la aportación de las participaciones de TW, anuló la regularización porque Hacienda no había identificado suficientemente una ventaja fiscal abusiva que justificara rechazar el régimen especial.

  • En el canje de participaciones de XZ, consideró que sí existía una finalidad fiscal abusiva, relacionada con el posterior reparto de dividendos a la holding. Sin embargo, anuló la liquidación practicada en 2015, ya que la ventaja fiscal abusiva se materializó posteriormente, en 2016 y, en su caso, en 2017, ejercicios a los que debía referirse la regularización.

¿QUÉ HA ESTABLECIDO EL TEAC?

A partir de este caso, el TEAC establece una serie de criterios que delimitan las consecuencias fiscales de aplicar la cláusula antiabuso:

  • Hacienda debe justificar la existencia de una ventaja fiscal abusiva. No basta con que la operación permita pagar menos impuestos, sino que debe acreditarse su finalidad abusiva.

  • La regularización debe ser proporcional. No puede exigirse automáticamente la tributación de toda la ganancia acumulada en las participaciones aportadas.

  • El momento de la regularización es importante. Debe atenderse al ejercicio en el que se materializa la ventaja fiscal abusiva y no necesariamente al año de la operación.

  • No todos los beneficios quedan afectados. La regularización debe distinguir entre los beneficios generados antes y después del canje. También pueden tenerse en cuenta los procedentes de operaciones realizadas antes de la reorganización, aunque todavía no se hubieran contabilizado.

Además, el TEAC aclara que Hacienda no puede eliminar directamente la exención aplicada a los dividendos recibidos por la holding, ya que esta no es un beneficio propio del régimen de reestructuraciones. La regularización debe centrarse, en su caso, en el aplazamiento de la tributación derivado del canje, en la medida necesaria para corregir el abuso.

En definitiva, Hacienda puede corregir una operación de reestructuración abusiva, pero debe identificar la ventaja fiscal obtenida y limitar su actuación a lo necesario para eliminarla.

¿QUÉ CONVIENE TENER EN CUENTA EN UNA REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL?

  • Justificar los motivos de la reorganización. Es importante que la operación responda a necesidades empresariales reales, como mejorar la gestión, separar actividades o facilitar el crecimiento.

  • Documentar adecuadamente la operación. Conviene conservar los acuerdos, informes y demás documentos que permitan acreditar las razones que justificaron la reestructuración.

  • Revisar los beneficios acumulados antes del canje. Su posterior distribución a una sociedad holding puede ser relevante para determinar si existe una ventaja fiscal abusiva.

  • Analizar el destino de los dividendos. Conviene comprobar si los fondos recibidos por la holding se destinan a nuevas actividades empresariales o permanecen en ella como inversiones financieras, ya que esta circunstancia puede ser relevante para apreciar una finalidad abusiva.

  • Comprobar el alcance de cualquier regularización. Si Hacienda cuestiona la operación, es importante verificar que ha identificado correctamente la ventaja fiscal abusiva y que los ajustes se limitan a corregirla.

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Vender nuestra vivienda habitual para comprar otra puede tener importantes consecuencias fiscales. Con carácter general, cuando vendemos un inmueble por un precio superior al que pagamos por él, obtenemos una ganancia patrimonial que debe declararse en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Sin embargo, si destinamos el importe obtenido a adquirir una nueva vivienda habitual, podemos quedar exentos de tributar por esa ganancia, siempre que cumplamos determinados requisitos.

Vender nuestra vivienda habitual para comprar otra puede tener importantes consecuencias fiscales. Con carácter general, cuando vendemos un inmueble por un precio superior al que pagamos por él, obtenemos una ganancia patrimonial que debe declararse en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Sin embargo, si destinamos el importe obtenido a adquirir una nueva vivienda habitual, podemos quedar exentos de tributar por esa ganancia, siempre que cumplamos determinados requisitos.

Esta exención, regulada en el artículo 38 de la Ley del IRPF y en el artículo 41 de su Reglamento, plantea algunas dudas en la práctica. ¿Cuánto tiempo tenemos para comprar la nueva vivienda? ¿Qué ocurre si dejamos de vivir en ella antes de venderla? ¿Y si la compramos junto con nuestro cónyuge?

Además, los últimos pronunciamientos de los tribunales han aclarado algunas cuestiones importantes que conviene conocer. A continuación, repasamos siete aspectos fundamentales para aplicar correctamente este beneficio fiscal.

1. PARA QUE UNA VIVIENDA SEA HABITUAL, NO BASTA CON VIVIR EN ELLA

El primer requisito para aplicar la exención es que tanto la vivienda que vendemos como la que adquirimos tengan la consideración de vivienda habitual.

Como regla general, el artículo 41 bis del Reglamento del IRPF exige haber residido en la vivienda durante un período continuado de, al menos, tres años. No obstante, existen circunstancias que permiten considerar cumplido este requisito, aunque no haya transcurrido dicho plazo, siempre que hagan necesario el cambio de domicilio. Entre ellas se encuentran el matrimonio, la separación matrimonial, el traslado laboral o la obtención del primer empleo, entre otras situaciones justificadas.

Además, la nueva vivienda debe ocuparse de manera efectiva y permanente dentro de los doce meses siguientes a su adquisición o a la finalización de las obras, salvo las excepciones previstas legalmente.

 

2. TIENES DOS AÑOS PARA REINVERTIR, PERO TAMBIÉN PUEDES COMPRAR ANTES DE VENDER

Uno de los requisitos fundamentales para aplicar la exención es respetar el plazo establecido para realizar la reinversión.

La normativa permite destinar el importe obtenido a la adquisición de una nueva vivienda habitual durante los dos años anteriores o posteriores a la venta. Esto significa que no es necesario vender primero y comprar después, sino que también podemos adquirir la nueva vivienda y vender la anterior dentro de los dos años siguientes.

Por ejemplo, si vendemos nuestra vivienda habitual el 15 de octubre de 2026, podremos reinvertir el importe obtenido hasta el 15 de octubre de 2028. Del mismo modo, si hubiéramos adquirido la nueva vivienda en octubre de 2025, también podríamos beneficiarnos de la exención, siempre que cumplamos los restantes requisitos.

Además, cuando la reinversión se realice en ejercicios posteriores al de la venta, debemos comunicar en nuestra declaración de la Renta la intención de reinvertir.

Pero ¿qué ocurre si compramos una vivienda sobre plano y la promotora no nos entrega las llaves dentro de esos dos años?

3. ¿QUÉ OCURRE SI DEJAS TU VIVIENDA HABITUAL POR UN TRASLADO LABORAL?

Cambiar de residencia por motivos laborales puede obligarnos a abandonar nuestra vivienda habitual sin tener previsto venderla inmediatamente. Sin embargo, aunque hayamos vivido en ella durante muchos años, retrasar su venta puede hacernos perder la posibilidad de aplicar la exención por reinversión.

4. EN CASO DE SEPARACIÓN O DIVORCIO, ABANDONAR LA VIVIENDA NO SIEMPRE IMPLICA PERDER LA EXENCIÓN

Una situación diferente se produce cuando uno de los cónyuges abandona la vivienda familiar como consecuencia de una separación o divorcio, mientras que el otro continúa residiendo en ella.

En estos casos, es habitual que la vivienda permanezca durante años en propiedad de ambos, aunque solo uno de ellos siga utilizándola como residencia habitual. Esta circunstancia puede generar dudas cuando finalmente deciden venderla y reinvertir el importe obtenido en otra vivienda.

A diferencia de lo que sucede con los traslados laborales, los tribunales han establecido un criterio más favorable para estas situaciones.

5. SI VENDES UNA VIVIENDA PRIVATIVA Y COMPRAS OTRA EN GANANCIALES, ATENCIÓN A TU PORCENTAJE DE PROPIEDAD

Otra cuestión que puede generar dudas aparece cuando una persona vende una vivienda que le pertenece exclusivamente y utiliza el dinero obtenido para comprar otra junto con su cónyuge.

¿Puede considerar reinvertido todo el dinero de la venta, aunque la nueva vivienda pertenezca a ambos?

La respuesta no depende únicamente de cuánto dinero se haya destinado a la compra, sino también del porcentaje de propiedad que se adquiere en la nueva vivienda.

Por ejemplo: si una persona vende su vivienda privativa y obtiene un importe de 200.000 euros que destina íntegramente a comprar una nueva vivienda ganancial por ese mismo precio, la reinversión computable para aplicar la exención será, en principio, de 100.000 euros, correspondiente al 50 % de la nueva vivienda. En consecuencia, si no existe préstamo pendiente ni otras circunstancias que alteren el cálculo, únicamente quedaría exento el 50 % de la ganancia patrimonial obtenida.

Por ello, antes de adquirir una nueva vivienda junto con nuestro cónyuge, conviene valorar cómo se va a formalizar la titularidad del inmueble, ya que esta circunstancia puede determinar el alcance del beneficio fiscal.

6. NO ES NECESARIO UTILIZAR EXACTAMENTE EL DINERO DE LA VENTA Y LA EXENCIÓN PUEDE SER PARCIAL

Es habitual pensar que, para disfrutar de la exención, debemos utilizar exactamente el dinero recibido por la venta de nuestra antigua vivienda para pagar la nueva. Sin embargo, no es así.

Podemos adquirir la nueva vivienda mediante financiación ajena, por ejemplo, solicitando una hipoteca, sin que ello impida aplicar el beneficio fiscal. Lo importante es que la inversión realizada cumpla los requisitos establecidos por la normativa.

 

Por ejemplo: imaginemos que vendemos nuestra vivienda habitual por 250.000 euros y que, en ese momento, tenemos pendiente una hipoteca de 70.000 euros. Si el valor de transmisión, una vez considerados los gastos y tributos correspondientes, fuera de 240.000 euros, el importe que deberíamos reinvertir para aplicar la exención total sería de 170.000 euros.

¿Y qué ocurre si reinvertimos menos de lo exigido? En ese caso, no perdemos necesariamente todo el beneficio fiscal, sino que la exención se aplica proporcionalmente a la parte de la ganancia correspondiente al importe efectivamente reinvertido.

7. SI OLVIDASTE APLICAR LA EXENCIÓN EN TU DECLARACIÓN DE LA RENTA, TODAVÍA PUEDES ESTAR A TIEMPO

Puede ocurrir que hayamos vendido nuestra vivienda habitual, adquirido otra y presentado la declaración de la Renta sin aplicar la exención, a pesar de cumplir todos los requisitos.

Una de las dudas que se planteaban era si, una vez finalizado el plazo de presentación de la declaración, todavía era posible solicitar la aplicación de este beneficio fiscal.

Esto significa que, si hemos tributado por una ganancia patrimonial que podría haber quedado exenta, podemos solicitar la rectificación de nuestra declaración de la Renta y, en su caso, recuperar las cantidades ingresadas indebidamente.

 

 

 

 

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Un Plan de Retribución Flexible (PRF) es un sistema que permite a los empleados modificar la composición de su paquete retributivo, sustituyendo una parte de su salario en metálico (sueldo bruto) por la entrega de determinados bienes o servicios exentos de tributación en el IRPF.

¿Qué es un Plan de Retribución Flexible y por qué le interesa a tu empresa?

Un Plan de Retribución Flexible (PRF) es un sistema que permite a los empleados modificar la composición de su paquete retributivo, sustituyendo una parte de su salario en metálico (sueldo bruto) por la entrega de determinados bienes o servicios exentos de tributación en el IRPF.

La gran ventaja de este sistema es que no supone un mayor coste salarial para la empresa, pero incrementa el salario neto disponible del trabajador gracias a las exenciones fiscales previstas en la Ley del IRPF. En un entorno donde la atracción y retención del talento es prioritaria, ofrecer una retribución flexible se ha convertido en una herramienta estratégica de política retributiva.

Conviene conocer qué retribuciones pueden quedar exentas y cuales son las reglas de aplicación. Bien aplicada es una ventaja legal; mal aplicada, puede generar regularizaciones.

Cómo funciona y qué límites hay

El trabajador acuerda con la empresa sustituir una parte de su salario en dinero por determinados servicios que la empresa contrata. Hay dos límites laborales que deben respetarse:

➠ El salario en especie no puede superar el 30 % de las percepciones salariales del trabajador.

➠ No puede reducir el salario mínimo interprofesional, que debe cobrarse íntegro en dinero.

Lo que se paga a través del plan no tributa en IRPF hasta el límite de cada exención; el exceso sí tributa como retribución en especie.

Principales productos flexibles con ventajas fiscales en el IRPF

1.- Tarjeta o ticket restaurante: Estarán exentos los entregados para servicios de restauración con un límite legal de 11 euros diarios. Se aplica tanto al trabajo presencial como a los días en que el empleado desarrolle su prestación mediante teletrabajo.

2.- Tarjeta transporte: Solo puede utilizarse para pagar el servicio público de transporte colectivo de viajeros (metro, autobús, tranvía o tren para desplazarse entre la vivienda y el centro de trabajo). No se admiten entregas de dinero en efectivo ni reembolsos al trabajador, debe ser nominativa e intransferible y la empresa debe llevar un registro con las tarjetas entregadas a cada empleado.

3.- Seguro médico: Exención de las primas satisfechas por la empresa para la cobertura de enfermedad del empleado, pudiendo alcanzar también a su cónyuge y descendientes. Limite anual: 500 € al año por persona (1.500 € si tiene discapacidad)

4.- Guardería (primer ciclo de educación infantil): La prestación del servicio de primer ciclo de educación infantil para los hijos de los trabajadores, ya sea mediante guarderías contratadas por la empresa o fórmulas indirectas (cheques guardería), está totalmente exenta sin límite cuantitativo.

5.- Acciones o participaciones de la empresa: Entrega gratuita o a precio rebajado de acciones de la entidad o del grupo, con un límite general de 12.000 euros anuales (que se eleva a 50.000 euros anuales en el caso de startups o empresas emergentes). Se exige:

➠ Oferta igual para toda la plantilla;

➠ participación máxima del 5 %;

➠ mantenerlas al menos 3 años

Un ejemplo para verlo claro

Supongamos una trabajadora con un salario bruto de 35.000 € anuales y un tipo marginal de IRPF del 30 % (es una hipótesis: el tipo real depende de la renta y de la comunidad autónoma). Cada año gasta en comida, transporte y seguro médico, y decide pagarlo a través del plan:

Concepto

Importe anual

Tarjeta restaurante (11 € × 200 días laborables)

2.200 €

Abono de transporte (100 € al mes)

1.200 €

Seguro médico para ella y su cónyuge (500 € por persona)

1.000 €

Total en retribución flexible

4.400 €

Esos 4.400 € (un 12,6 % del salario, por debajo del 30 %) dejan de tributar en el IRPF. Con un tipo marginal del 30 %, el ahorro ronda los 1.320 € al año, por gastos que iba a tener igualmente. La cotización a la Seguridad Social no varía.

 

Lo que conviene tener en cuenta

➠ La Seguridad Social no cambia. La retribución en especie cotiza con carácter general, aunque esté exenta de IRPF.

➠ Sigue siendo salario. La parte en especie forma parte del salario a efectos laborales; no es una paga extra ni un regalo.

➠ Guardería y deducción por maternidad. Los gastos de guardería que ya estén exentos como retribución en especie no pueden usarse además para el incremento de la deducción por maternidad por gastos de custodia.

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La factura electrónica entre empresas ya tiene fecha. Verifactu, en cambio, vuelve a retrasarse.

La factura electrónica entre empresas ya tiene fecha. Verifactu, en cambio, vuelve a retrasarse.

Durante el mes de octubre se han anunciado dos novedades importantes que afectan a la factura electrónica y a Verifactu.

Factura electrónica obligatoria

 Se ha aprobado al la Orden HAC/1028/2026, de 2 de octubre, por la que se regula la solución pública de facturación electrónica (SPFE)

Con ella se completa la normativa iniciada por la Ley Crea y Crece y desarrollada por el Real Decreto 238/2026, y se fija, por fin, el calendario.

La Orden entró en vigor el 6 de octubre de 2026, y desde ese día empiezan a contar los plazos:

  • 6 de octubre de 2027: empresas y profesionales con un volumen de operaciones superior a 8 millones de euros en el año anterior.

Implica obligación de expedir, remitir y recibir factura electrónica, y obligación de informar sobre los estados de la factura y los pagos.

  • 6 de octubre de 2028: el resto de empresas y autónomos, es decir, la gran mayoría de pymes tendrán obligación de expedir, remitir y recibir factura electrónica.

Para las personas jurídicas con volumen inferior o igual a 8 millones de euros: también la obligación de informar sobre los estados de las facturas y pagos.

  • 6 de octubre de 2029: autónomos (personas físicas) y entidades en régimen de atribución de rentas que facturen menos de 8 millones tendrán, además, que empezar a informar del estado de pago de sus facturas.

¿A quien afecta la factura electrónica obligatoria?

Afecta a operaciones comerciales entre empresas y autónomos (B2B) dentro de España. Quedan excluidas las operaciones con consumidores finales (B2C) y aquellas en las que ninguna de las partes tenga sede o establecimiento en España.

Debe concurrir:

➠ Que la operación esté sujeta a la obligación de expedir y entregar factura.

➠ Que se realice en el desarrollo de actividad empresarial o profesional.

➠ Que el destinatario sea una empresario o profesional establecido en España.

Para emitir y recibir estas facturas podrá optar por dos vías:

  • La solución pública y gratuita de la Agencia Tributaria,

  • Una plataforma privada o su programa de facturación, siempre que esté adaptado e interconectado con el sistema público. 

VERI*FACTU

Aunque la normativa se encuentra aun pendiente de aprobación y publicación, el Ministerio de Hacienda ha anunciado que se retrasaran las obligaciones derivadas del Reglamento de sistemas informáticos de facturación (VERI*FACTU) con el objetivo de favorecer la máxima convergencia posible con las obligaciones de factura electrónica.

De este modo, se considera conveniente alinear los calendarios de implantación.

Según la normativa vigente, existen 2 fechas en las que los obligados tributarios deben tener sus sistemas informáticos de facturación (SIF) adaptados:

  • 1 de enero de 2027: Veri*factu obligatorio para las entidades que presenten el Impuesto sobre Sociedade (IS).

  • 1 de julio de 2027: para el resto de empresas y autónomos.

Sin embargo, el Ministerio de Hacienda ha anunciado que retrasará esas obligaciones hasta octubre de 2028, para que coincidan con la llegada de la factura electrónica para pymes y autónomos. El objetivo es que ambos sistemas encajen técnicamente y que las empresas solo tengan que adaptarse una vez.

 

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