El Pleno ha rechazado las enmiendas a la totalidad al Proyecto de Ley por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, con 143 votos a favor, 183 en contra y 5 abstenciones, en el caso de las de devolució; y con 116 votos a favor, 188 en contra y 27 abstenciones, la de texto alternativo. La petición del elevar este proyecto a Pleno también se rechazó con 144 votos a favor, 182 en contra y 5 abstenciones, con lo que una vez aprobado en Comisión pasará directamente al Senado.

El Proyecto de Ley, por el que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, ha sido presentado por ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.

El ministro ha defendido estas medidas en el ámbito tributario ya que son necesarias para la consolidación de las finanzas públicas y para la corrección de los principales desequilibrios que afectan a la economía española, principalmente la reducción del déficit público. Todo ello con el fin garantizar la estabilidad presupuestaria y el de fomento de la competitividad.

Pese a que ya se han tomado otras medidas en esta legislatura en está dirección, el Gobierno  insiste en que la evolución de los ingresos públicos sigue requiriendo la adopción de medidas adicionales que, reforzando y complementando las anteriores, permitan fijar las bases de una recuperación económica estable y duradera.

Por su parte, las enmiendas a la totalidad presentadas por el Grupo Socialista, CiU y el BNG, así como el texto alternativo de Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA, CHA), coinciden en el rechazo al considerarlas insuficientes para reducción del déficit publico e ineficaces para el crecimiento económico.

El Grupo Socialista considera que hay otras maneras de ajustar el gasto menos dañinas para las personas con menor capacidad económica y, sobre todo, que existe una alternativa más sólida para elevar los ingresos frente a la distribución profundamente injusta que está llevando a cabo el Gobierno.

Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA, CHA) además de rechazar las medidas del Gobierno propone un texto alternativo basado en que, pese que hay que reforzar la recaudación, hay que hacerlo con criterios de equidad y progresividad, de modo que las medidas tributarias graviten sobre los contribuyentes de mayor capacidad económica.

El Grupo de CiU defiende que las medidas adoptadas en este Proyecto de Ley tienen un afán meramente recaudatorio y no que sirven para reactivar la actividad económica ni el empleo, ya que reducirán el consumo y el crecimiento. El BNG rechaza estas medidas al considerarlas insuficientes, ya que cree que es necesaria una reforma fiscal integral que impulse los principios de equidad, justicia y progresividad en el conjunto del sistema fiscal.

Resolución de 29 de octubre de 2012, de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos, por la que se corrigen errores en la de 26 de octubre de 2012, por la que se publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del Monopolio.

Real Decreto 1484/2012, de 29 de octubre, sobre las aportaciones económicas a realizar por las empresas con beneficios que realicen despidos colectivos que afecten a trabajadores de cincuenta o más años.

Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.

Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada.

ORDEN HAC/892/2012, de 3 de octubre, por la que se modifica el Anexo de la Orden PAT/136/2005, de 18 de enero, por la que se crea el registro telemático de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y se establecen criterios generales para la presentación telemática de escritos, solicitudes y comunicaciones de determinados procedimientos administrativos.

DECRETO-LEY 2/2012, de 25 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes en materia Sanitaria.

Proyecto de Ley de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. Enmiendas e índice de enmiendas al articulado.

Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2012

Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2013

Presidencia
CREADA UNA COMISIÓN PARA LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se crea una Comisión para la reforma de las Administraciones Públicas.
Dentro del Programa de Reformas del Gobierno una parte esencial se refiere a la reforma de las Administraciones Públicas. España necesita una Administración Pública austera y eficiente que sea un valor competitivo para nuestro país. Es necesario, en consecuencia, racionalizar estructuras, procedimientos y recursos. A esta voluntad responde la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que constituye un hito en la gestión de los recursos públicos al establecer objetivos concretos de gasto y endeudamiento para todas las Administraciones, así como la obligación de presentar planes dirigidos a su cumplimiento y los correlativos mecanismos para asegurar su consecución.
Además de la necesidad de abordar el estudio integral de la reforma administrativa, es necesario dar cumplimiento a dos mandatos:
• La última Conferencia de Presidentes de las Comunidades Autónomas acordó la creación de un Grupo de Trabajo, en el seno de la Conferencia Sectorial correspondiente, que elabore un programa de racionalización administrativa, a fin de eliminar trabas burocráticas, simplificar normativa y procedimientos y evitar duplicidades.
• En el Programa para la Aplicación del Fondo de Liquidez para las Comunidades Autónomas se ha previsto la creación, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, de un grupo de trabajo para acordar un código de buenas prácticas para racionalizar el gasto e incrementar el ahorro.
Se hace necesario, por tanto, hacer un estudio integral que dote a ambos Grupos de trabajo de propuestas concretas y en el que se aborde de forma integral toda la reforma de las Administraciones Públicas.
Adscripción, composición y funcionamiento
La Comisión se adscribe al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. Estará presidida por el subsecretario de la Presidencia y corresponderá la vicepresidencia a la subsecretaria de Hacienda y Administraciones Publicas, mientras que la secretaría será desempeñada por el director general de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.
Serán miembros de la Comisión las siguientes personas:
• Un representante de cada uno de los departamentos ministeriales, con rango mínimo de Director General.
• Un representante de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno.
• Un representante del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.
• Un representante del Gabinete de la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia.
Cuando así lo aconseje la naturaleza de los asuntos a tratar, y por invitación del presidente de la Comisión, podrán asistir a las reuniones, con voz pero sin voto, titulares de otros órganos o entidades de la Administración General del Estado.
Subcomisiones
En el seno de la Comisión se crearán las Subcomisiones que se consideren convenientes, según decida la propia Comisión, con la composición y funciones que ésta determine. En todo caso, se crearán las siguientes Subcomisiones:
• Duplicidades administrativas. Tiene por objeto identificar y eliminar duplicidades y reforzar los mecanismos de cooperación, de modo que se abarate el coste de la actividad administrativa. En la medida en que las competencias atribuidas a la Administración Local están ya siendo objeto de reforma en un proyecto de modificación de su Ley de Bases, las duplicidades a identificar en este estudio son las que se producen entre la Administración General del Estado y las Autonómicas.
• Simplificación administrativa. Revisará las trabas burocráticas que dificultan la tramitación de los procedimientos administrativos con el fin de conseguir una mayor simplificación que redunde en beneficio de los ciudadanos. En particular, se solicitará información sobre los procedimientos cuya finalidad requiere, para ser efectiva, la participación de otras Administraciones Públicas, como la creación de empresas. Se integran aquí los proyectos en curso en la Dirección General de Modernización Administrativa.
• Gestión de servicios y medios comunes. Tiene por objeto centralizar actividades de gestión que, por ser similares o de la misma naturaleza, puedan desempeñarse de forma unificada o coordinada, aprovechando así en mayor medida los medios públicos. En este grupo es fundamental estudiar modelos de éxito implantados en grupos empresariales españoles, de los que se obtendrá información y colaboración.
• Administración institucional. Se analizará la distinta tipología de entes que la componen, se revisará el marco normativo y los modelos que en él se identifican como óptimos. Se plantearán las modificaciones que convengan en la lista de entidades existentes, para lo cual los Departamentos ministeriales deberán presentar información y las propuestas oportunas.
Las subcomisiones realizarán el trabajo de forma permanente y pueden convocar a otros cargos de la Administración y representantes del sector privado. Informarán periódicamente al pleno de la Comisión del avance de los trabajos.
Finalizado el trabajo, el Pleno de la Comisión trasladará las propuestas correspondientes al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su elevación al Consejo de Ministros y traslado a los grupos previstos en los acuerdos de la Conferencia de Presidentes. El plazo para que la Comisión concluya sus trabajos será el 30 de junio de 2013.
Empleo y Seguridad Social
APROBADO EL REGLAMENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE DESPIDO COLECTIVO, SUSPENSIÓN DE CONTRATOS Y REDUCCIÓN DE JORNADA
• La norma, que desarrolla lo establecido en la Ley de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, garantiza la seguridad jurídica y el respeto a los derechos de los trabajadores.
El Consejo de Ministros ha aprobado el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada.
La norma desarrolla lo establecido en la Ley del 6 de julio de 2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, con especial atención a los aspectos relativos al período de consultas, la información a facilitar a los representantes de los trabajadores en el mismo, las actuaciones de la autoridad laboral para velar por su efectividad, así como los planes de recolocación y las medidas de acompañamiento social asumidas por el empresario.
Este Reglamento desarrolla los procedimientos que las empresas deben seguir para efectuar despidos colectivos, suspensiones de contratos y reducciones de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o causa de fuerza mayor.
La norma aprobada hoy es plenamente respetuosa con lo establecido en la Directiva comunitaria, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de despidos colectivos.
Principales aspectos del Real Decreto
• Se regula el nuevo papel de la autoridad laboral y sus funciones de vigilancia y control del desarrollo del período de consultas, y también ayuda a las partes para buscar soluciones a los problemas derivados de las medidas laborales a adoptar.
• Regula las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a quien le corresponde la emisión de informe preceptivo.
• Delimita de modo más objetivo las causas económicas, técnicas, organizativas o productivas que justifican la adopción de las medidas de reestructuración, suprimiéndose otras referencias normativas que han venido introduciendo elementos de incertidumbre.
• Regula de manera detallada el período de consultas con los representantes de los trabajadores, con el objetivo de las partes lleguen a un acuerdo para tratar de evitar o reducir los despidos colectivos y de atenuar sus consecuencias, mediante el recurso a medidas sociales destinadas, en especial, a la readaptación o a la reconversión de los trabajadores despedidos.
• Concreta toda la información que el empresario debe aportar a los representantes de los trabajadores para garantizar que éstos sean suficientemente informados sobre la situación de la empresa y las circunstancias de las medidas previstas.
• Además de la obligación de negociar medidas sociales que acompañen a la decisión de reestructuración empresarial, para los supuestos de despido c olectivo que afecten a más de cincuenta trabajadores, se establece la obligación de elaborar un plan de recolocación externa. Este plan está destinado a permitir una transición rápida y adecuada a un nuevo empleo para los trabajadores afectados, de modo que se mantengan en el mercado de trabajo el mayor tiempo posible. Existe, además, la obligación de negociar medidas sociales que acompañen a la decisión de restructuración empresarial.
• Por lo que respecta a la regulación de los procedimientos de extinción y suspensión de relaciones de trabajo y reducción de jornada motivados por fuerza mayor, continúa exigiendo la constatación previa por parte de la autoridad laboral del suceso que motiva dicha fuerza mayor.
Sector público
Por otro lado, se desarrolla la Disposición Adicional vigésima del Estatuto de los Trabajadores, que se incorporó con la reforma laboral y que sólo afectará al personal laboral del sector público. En ningún caso afectará a los funcionarios, que tienen un régimen jurídico distinto.
En el caso de las empresas del sector público, entidades o sociedades mercantiles en cuyo capital participe mayoritariamente el Estado, se aplicarán las mismas causas y procedimientos que den lugar a despidos colectivos previstos con carácter general para las empresas del sector privado.
En el caso de las Administraciones Públicas, se regula un procedimiento específico con tres garantías reforzadas en relación al sector privado:
• Será necesario un informe previo y vinculante del órgano competente en materia de función pública aplicable a las Administraciones Públicas en las que estuviera legalmente previsto. En todo caso, además de la autoridad laboral y la participación de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, deberá intervenir, cuando se trate de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas, la autoridad administrativa.
• Se refuerzan los requerimientos de documentación justificativa, ya que el procedimiento se iniciará por escrito y deberá acompañarse de documentación justificativa exhaustiva sobre las causas que lo motivan.
• Cuando se trate de causas económicas, la documentación exigida también es muy rigurosa. Se deben añadir, entre otros, los presupuestos del organismo o entidad y la certificación del responsable de la oficina presupuestaria u órgano contable.

REGULADAS LAS APORTACIONES ECONÓMICAS DE LAS EMPRESAS CON BENEFICIOS QUE REALICEN DESPIDOS COLECTIVOS A TRABAJADORES DE 50 O MÁS AÑOS
• Las arcas públicas asumirán el mínimo coste posible en las prejubilaciones que hagan las empresas con más de cien trabajadores.
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto sobre las aportaciones económicas a realizar por las empresas con beneficios que realicen despidos colectivos que afecten a trabajadores de cincuenta o más años.
La norma se aplicará a las empresas de más de cien trabajadores, o que formen parte de grupos de empresas que empleen a ese número de trabajadores, que hayan tenido beneficios los dos últimos ejercicios, que realicen despidos colectivos de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores y que estos incluyan a trabajadores de 50 o más años de edad.
El objetivo de la nueva normativa es regular el procedimiento para la liquidación y el pago de las aportaciones, incorporando aspectos instrumentales y cuestiones técnicas necesarias, para que los órganos competentes puedan liquidar y recaudar el pago de las mismas.
La aplicación de este reglamento permite que las empresas de un determinado tamaño que tengan beneficios durante los dos años anteriores y realicen despidos colectivos que incluyan trabajadores de cincuenta o más años efectúen una aportación económica al Estado que compense el impacto que supone sobre el sistema de protección por desempleo.
El nuevo texto persigue lograr un efecto disuasorio que desincentive el despido de los trabajadores por razón de su edad, promueva la recolocación de aquellos que tengan más edad y contribuya a la valoración de sus capacidades laborales.
El reglamento contiene el desarrollo y procedimiento necesario para que la Administración pueda exigir el pago de las aportaciones económicas establecidas en la Ley de actualización, adecuación y modernización del Sistema de Seguridad Social, de 1 de agosto de 2011, cuyos elementos esenciales han sido regulados por el Real Decreto Ley de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral y por la ley del mismo nombre.
Principales aspectos
El Real Decreto recoge el sistema de cálculo de la aportación económica establecido en la citada Ley de 2011, que se realizará a través de liquidaciones anuales.
Dado que el Servicio Público de Empleo es el responsable del pago de las prestaciones, será el encargado de realizar el procedimiento de liquidación de la aportación.
El procedimiento de liquidación se iniciará con la notificación en cada ejercicio por el Servicio Público de Empleo de una propuesta a las empresas, que tendrán quince días para formular alegaciones. Durante el trámite de alegaciones las empresas pueden acreditar que se ha producido la recolocación de los trabajadores afectados y, en ese caso, no tendrán que abonar aportaciones.
Asimismo, el reglamento desarrolla la posibilidad de que se adopten medidas cautelares para asegurar el cobro de la deuda.
El ingreso de las aportaciones se hará en el plazo de treinta días desde la notificación y la gestión recaudatoria corresponde a las delegaciones de Economía y Hacienda.

ENVÍO AL PACTO DE TOLEDO DE UN INFORME SOBRE LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES
• Se centra en la situación de la jubilación anticipada y la jubilación parcial.
• Se trata de dar cumplimiento a las recomendaciones del Pacto de Toledo, combatir la discriminación por edad en nuestro mercado laboral y desincentivar el abandono prematuro de la vida laboral.
• Aborda propuestas para facilitar la compatibilización de la de  la vida laboral activa con la percepción  de una pensíón de jubilación.
El Consejo de Ministros ha acordado remitir a la Comisión parlamentaria de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo un informe sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones y la prolongación voluntaria de la vida laboral.
Este informe contiene, asimismo, un análisis sobre la situación de la jubilación anticipada con coeficiente reductor y de la jubilación parcial, así como un informe sobre la compatibilidad entre la percepción de la pensión de jubilación y la realización de una actividad por cuenta ajena o cuenta propia.
Datos actuales
La pensión de jubilación media del total del Sistema ha pasado de 591,82 euros al mes en 2002 a 923,06 euros al mes en 2011, lo que supone un incremento de más del 60 por 100. El importe medio mensual de las pensiones de jubilación desde el año 2002 al 2012 prácticamente se ha duplicado.
Asimismo, la edad media real de jubilación de los españoles se sitúa en los 63,6 años, frente a los 65 años, que es la edad que establece la Ley en la actualidad.
En este sentido, el documento constata que la jubilación anticipada, que permite al trabajador abandonar de forma prematura el mercado de trabajo, ya sea de manera forzosa (a los 61 años) o voluntaria (a los 63 años), se ha convertido en una fórmula de regulación de empleo, tal y como ya advierte el Pacto de Toledo, reclamando la modificación de esta situación.
Actualmente, una de cada dos personas que se jubilan lo hacen anticipadamente, con una pensión media que supera en 110 euros al media del resto del pensionistas (1.344 euros al mes frente a 1.234 euros mensuales). Las altas anuales de jubilaciones anticipadas se han incrementado un 31 por 100 desde el comienzo de la crisis en 2007.
Todo ello se produce pese a que la Recomendación 12 del Pacto de Toledo plantea que se debe combatir la discriminación por edad en nuestro mercado laboral, restringiendo al máximo el abandono prematuro de la vida laboral, como orientación de futuro en las políticas de igualdad, de acuerdo con las iniciativas de la Unión Europea.
Por otro lado, con la jubilación parcial se puede abandonar prematuramente el mercado laboral, permitiendo al trabajador reducir su jornada y salario proporcionalmente, mientras se le completa el porcentaje restante con la pensión. A partir de los 65 años se cobra la pensión completa sin que se le aplique ningún coeficiente reductor, como sí ocurre con la jubilación anticipada.
Para armonizar el sistema con las últimas reformas tendentes a elevar la edad de jubilación y para atajar los desequilibrios y las singularidades descritas, el informe incluye propuestas de alternativas de reforma que se remitirán al Pacto de Toledo para su debate, que operan sobre diversos ámbitos.
Jubilación anticipada
En materia de jubilación anticipada, el informe se centra en:
• La edad de acceso anticipado a la jubilación en línea con las variaciones en la edad de acceso ordinario a la pensión. Hoy se sitúa en 61 años.
• El período mínimo de cotización. Hoy situado en 33 años.
• Coeficientes reductores en base a la edad legal de jubilación.
Jubilación parcial
En materia de jubilación parcial, el informe incluye alternativas de reforma del sistema que operan sobre:
• La edad de acceso anticipado a la jubilación. Hoy en 61 años.
• La jornada laboral compatible con la percepción de la pensión. En la actualidad el mínimo se sitúa en el 25 por 100.
• La duración de los contratos de relevo para evitar abusos.
• El período mínimo de cotización. Hoy 30 años.
• Coeficientes reductores. Hoy no hay coeficiente reductor.
Compatibilidad de pensión con una actividad
Por último, se aboga por ampliar las posibilidades de compatibilizar una pensión de jubilación y la realización de una actividad con una serie de propuestas y bajo unas determinadas condiciones:
• El nuevo régimen de compatibilidad entre pensión y salario podría exigir que el acceso a la misma fuese a la edad ordinaria y una vez acreditado un periodo de cotización que implique el 100 por 100 de la base reguladora.
• Durante el tiempo en que se simultanease la pensión y la realización de la actividad se podría garantizar el cobro de un porcentaje de pensión que incremente el atractivo de la prolongación de la vida laboral activa..
• El nuevo esquema de compatibilidad entre la pensión de jubilación y el salario se podría aplicar a todos los Regímenes de la Seguridad Social y a cualquier actividad por cuenta ajena o por cuenta propia.
• Una vez el interesado cesara en la prestación laboral, se repondría el percibo íntegro de la pensión de jubilación.

LEY 6/2012, de 24 de octubre, de la Generalitat, de Medidas Urgentes para el Impulso de la Actividad Comercial y la Eliminación de Cargas administrativas

Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 Enmiendas.

Ley 7/2012, de 4 de octubre, de medidas extraordinarias en el sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón para garantizar la estabilidad presupuestaria

Proyecto de Ley de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios (procedente del Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo). Informe de la Ponencia.

Proyecto de Ley de reestructuración y resolución de entidades de crédito (procedente del Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto). Enmiendas e índice de enmiendas al articulado.

DECRETO-LEY 3/2012, de 19 de octubre, de estímulo de la actividad
comercial. (2012DE0004)

Encuesta de población activa. EPAEPA. Tercer trimestre 2012. La ocupación desciende en 96.900 personas en el tercer trimestre de 2012, hasta un total de 17.320.300. La tasa intertrimestral de variación del empleo se sitúa en el -0,56%.

El Congreso de los Diputados ha rechazado las once enmiendas a la totalidad presentadas al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013, que ahora continúa su tramitación parlamentaria.

Durante el debate de totalidad, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas ha destacado que los Presupuestos Generales del Estado para 2013 ponen los medios para contribuir a mejorar las condiciones de financiación y a que sea el último de la recesión y el primero que abra la puerta del crecimiento y por lo tanto de la salida de la crisis.

Montoro ha sido tajante al afirmar que este año vamos a cumplir con el objetivo de déficit previsto y el que viene también. “Los datos revelan que estamos cumpliendo los objetivos de déficit marcados, que los esfuerzos no están siendo baldíos y que vamos a cumplir, porque podemos y debemos hacerlo”, según el ministro que, además, ha adelantado que el déficit del Estado en términos homogéneos hasta finales de septiembre se fijó en 41.321 millones de euros, lo que equivale al 3,93% del PIB, un dato coherente que viene a garantizar el compromiso de consolidación fiscal.

 
El Congreso da vía libre a la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2013
24/10/2012. El presidente del Gobierno ha asistido al pleno del Congreso de los Diputados donde se han rechazado las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado. De esta forma, el proyecto sigue su tramitación parlamentaria.
Las once enmiendas de devolución de las cuentas públicas han sido rechazadas por 179 votos, a favor ha habido 148 votos y se ha registrado una abstención. Durante los dos días que ha durado el debate, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha pedido a los grupos que retiren sus enmiendas porque "es el momento de la unidad" para luchar contra la crisis económica.
Los Presupuestos Generales de 2013 continuarán así su trámite parlamentario en el Congreso con la presentación de enmiendas parciales, cuyo plazo concluye el próximo 26 de octubre. La ponencia elaborará su informe antes del día 31 y, a continuación, la Comisión de Presupuestos se reunirá para analizar y votar las enmiendas. El 8 de noviembre presentará su dictamen, que será elevado a Pleno del 13 al 15 de noviembre.

Una vez aprobado el texto por el Congreso de los Diputados, se remitirá al Senado. En caso de que la Cámara Alta no introduzca enmiendas ni vete el proyecto, los Presupuestos quedarán definitivamente aprobados.
Si de su paso por el Senado resulta un veto o alguna modificación del proyecto, éste habrá de volver al Congreso, que podrá ratificar o rechazar las enmiendas y, en su caso, levantar el veto. La aprobación definitiva proyecto de Ley de Presupuestos está prevista entre el 18 y el 20 de diciembre.

ORDEN de 18 de octubre de 2012, por la que se determina el procedimiento para la valoración y calificación del grado de  discapacidad de las personas en el ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma de Canarias.

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Mercado de valores
Acuerdo de 18 de octubre de 2012, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por el que se prorroga la prohibición cautelar de realizar operaciones sobre valores e instrumentos financieros que supongan la constitución o incremento de posiciones cortas netas sobre acciones españolas y por el que se inician los trámites para notificar a ESMA la intención de imponer restricciones sobre las ventas en corto y operaciones similares en atención a las circunstancias excepcionales concurrentes.

El ICEX integrará los servicios de España Expansión Exterior y CECO
23 de octubre de 2012 ICEX España Exportación e Inversiones integrará la sociedad estatal España Expansión Exterior y la Fundación pública CECO (Centro de Estudios Económicos y Comerciales), adscritas ambas a la Secretaría de Estado de Comercio, para convertirse en la agencia de la internacionalización contemplada en el plan de medidas de reformas estructurales del próximo semestre. El proceso de integración, que supondrá un ahorro estimado del 20 por ciento del presupuesto destinado a estos organismos, comenzará en enero de 2013.

Debate de totalidad en el Congreso de los Diputados
Montoro: "Estos Presupuestos austeros son la llave de salida de la crisis y permitirán que 2013 sea el último año de recesión en España"
martes, 23 de octubre de 2012

Los Presupuestos Generales del Estado para 2013 ponen los medios para contribuir a mejorar las condiciones de financiación y a que ese año sea el último de la recesión y el primero que abra la puerta del crecimiento y por lo tanto de la salida de la crisis.
Así lo ha afirmado el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro en el debate de totalidad de los Presupuestos Generales del Estado para 2013 en el Congreso de los Diputados.
Señaló que los presupuestos del próximo año suponen un paso más en la senda de la reducción del déficit público, y son como una prolongación de los buenos resultados que se van a conseguir este año 2012. Montoro fue tajante al afirmar que este año vamos a cumplir con el objetivo de déficit previsto y el que viene también. "Los datos revelan que estamos cumpliendo los objetivos de déficit marcados, que los esfuerzos no están siendo baldíos y que vamos a cumplir, porque podemos y debemos hacerlo", afirmó el ministro.
De hecho, adelantó el déficit del Estado en términos homogéneos hasta finales de septiembre se fijó en 41.321 millones de euros, lo que equivale al 3,93% del PIB, un dato coherente que viene a garantizar el compromiso de consolidación fiscal.
A lo largo de su intervención en el Congreso, el ministro destacó que la reducción del déficit público estructural es vital para atajar cuanto antes el crecimiento de la deuda pública, ante el convencimiento de que no se pueden financiar con deuda pública los servicios, ni mucho menos, gastar más de los que ingresamos.
De esta forma cuando termine 2013, los Presupuestos del Estado habrán conseguido reducir a la mitad el déficit público que escaló hasta el 11% del PIB en las anteriores legislaturas, con lo que en 2014 se podrá culminar la senda propuesta en el Pacto Fiscal Europeo.
Reformas estructurales
Las cuentas de 2013 no irán solas, están acompañadas de un ambicioso programa de reformas estructurales tendentes a facilitar la actividad económica de las empresas y las familias, así como a aumentar y mejorar los recursos financieros y los recursos humanos, reforzándose la competitividad, al tiempo que se avanza en la reforma de las Administraciones y demás organizaciones y empresas del sector público.
Aquí destaca la aprobación y puesta en práctica este año de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que se ha hecho extensible tanto a Comunidades Autónomas como Corporaciones Locales. Otras son la Reforma Laboral, el saneamiento del sector financiero o todas aquellas medidas que tiene como fin fundamental un incremento de la competitividad.
A la vista de los últimos datos conocidos, la balanza de pagos está próxima al equilibrio fruto de un proceso de desapalancamiento y gracias a las reformas estructurales.
En este contexto, el ministro señaló que los Presupuestos del Estado para 2013 son austeros, para que el ahorro presupuestario que supone la reducción del déficit, además de elevar la confianza de los agentes económicos, sirva para ampliar el cauce de la financiación de las empresas y se convierta en un factor más de crecimiento y de creación de empleo.
De esta forma la austeridad presupuestaria, junto a la mejora de la financiación pública y privada, el superávit de la balanza de pagos y las reformas estructurales marcarán el próximo año el camino de la salida de la crisis de forma que 2013 sea el último ejercicio de recesión en España.
Presupuestos sociales
Los Presupuestos del Estado para 2013 concentran la mayor parte de sus recursos en financiar la sanidad, la educación, las pensiones, la ayuda a los parados, los servicios sociales y el pago de los intereses de la deuda, lo que supone que más del 60% del conjunto del gasto público se destine a cubrir fines de carácter social, en concreto el 63,6%.
Las cuentas del próximo año contemplan que el gasto del Estado se reduzca el 7,3% frente a 2012, hasta un total de 80.317 millones de euros, que excluidos un conjunto de necesidades de carácter ineludible como es el gasto de las pensiones de Clases Pasivas y las transferencias a la Unión Europea y otra serie de obligaciones y las aportaciones al Servicio Público de Empleo Estatal que en 2013 alcanzan los 10.341 millones de euros, dejan el gasto estrictamente para los distintos Ministerios en 39.722 millones de euros, el 8,9% menos que un año antes.
El Estado y las CCAA cumplen
Los Presupuestos para 2013 contienen el firme compromiso de reducir el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas hasta el 4,5% del PIB, frente al 6,3% previsto para el cierre de 2012 al que hay que sumarle la ayuda al sector financiero. La Administración Central y la Seguridad Social reducirán su déficit hasta el 3,8% y a las Comunidades Autónomas le corresponderá fijar su déficit en el 0,7%, mientras que las Corporaciones Locales cerrarán 2013 con déficit cero.
Los datos que conocemos hasta ahora confirman el cumplimiento de los objetivos de 2012, que va a ser el primer año desde el inicio de la crisis en que se cumplan las previsiones presupuestarias de ingresos y gastos. Este cumplimiento también supone el mejor punto de partida para que el próximo año alcancemos los objetivos marcados en los Presupuestos.
En septiembre los ingresos del Estado crecieron el 15,7% sobre el mismo mes del año anterior, lo que viene a demostrar que el sacrificio de todos los españoles está dando sus frutos.
Por figuras tributarias, con datos homogéneos, la recaudación acumulada desde enero hasta septiembre por el Impuesto de Sociedades se incrementó el 4,1%, mientras que por IRPF el incremento fue del 2,9%.
La Agencia Tributaria está realizando un gran esfuerzo en la lucha contra el fraude y la economía sumergida, esfuerzo que se verá potenciado por los proyectos normativos que están en trámite parlamentario (reforma del Código Penal y leyes antifraude fiscal y laboral). Fruto de este esfuerzo son los buenos resultados obtenidos por la Agencia Tributaria en lo que llevamos de año.
Las CCAA también están cumpliendo con sus objetivos de consolidación, ya que presentaban hasta junio un déficit de 8.063 millones de euros (el -0,77% del PIB). En términos homogéneos, el déficit de las CCAA sería de -9.823 millones de euros (0,93% del PIB), en línea con el objetivo previsto de -1,5% para 2012. En comparación con el año anterior, en las mismas fechas, las CCAA presentaban un déficit de 17.414 millones de euros (el -1,64% del PIB), un 53,70% superior que en al año 2012.
En 2102 el déficit estructural se reduce 3,5 puntos de PIB
En definitiva, este año 2012 vamos a cumplir el objetivo de déficit público que está previsto. La consolidación fiscal prevista supone un ajuste estructural primario, es decir, descontando el impacto del ciclo y la carga de los intereses de 3,5 puntos porcentuales de PIB.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas destacó la extrema dificultad que supone dar un paso tan grande en la consolidación fiscal en este año 2012, un año de recesión, en el que, además, hemos tenido que soportar la dura herencia de millones de parados, de una deuda externa inabarcable, con las arcas públicas vacías de dinero y de credibilidad.
Subrayó que la reducción del déficit público estructural es vital para atajar cuanto antes el crecimiento de la deuda pública. "No podemos financiar con deuda pública los servicios públicos, ni, en general, gastar más de lo que ingresamos", dijo Montoro.
Este año 2012 el Gobierno ha pedido a los españoles un considerable esfuerzo, que está mereciendo la pena, y nos estamos acercando a la salida de la crisis gracias a estos esfuerzos de todos.
Suben un 1% las pensiones
El gasto en pensiones aumenta el 4,9% frente a 2012 hasta un total de 121.557 millones de euros, incluido un incremento del 1% de todas las pensiones. Las aportaciones del Estado para la financiación de las prestaciones no contributivas alcanza los 6.662 millones de euros.
Los gastos de personal activo del Estado se reducen en un 3,9% hasta los 15.615 millones de euros como consecuencia de la congelación de retribuciones de los empleados públicos y la restricción de oferta de empleo público, salvo sectores sensibles como personal de hospitales, docentes de educación, Seguridad, lucha contra el fraude y extinción de incendios, que tendrán una tasa de reposición del 10%. Los investigadores y la promoción de la internacionalización también tendrán una tasa de reposición del 10%.
Se garantiza que los trabajadores públicos tendrán en 2013 dos pagas extras.
Partidas de gasto
Por lo que respecta a las principales partidas de gasto, la prioritaria para el desarrollo económico que no experimenta variación respecto a 2012 es la de I+D civil, que mantiene un presupuesto de 5.563 millones de euros.
Se vuelven a recortar subvenciones a sindicatos, partidos políticos y organizaciones empresariales, que caen un 20%, al tiempo que otras políticas prioritarias como la seguridad ciudadana e Instituciones Penitenciarias, que se reducen el 5,4% hasta los 7.903 millones de euros y Justicia que se recortará el 4,3% hasta los 1.543 millones de euros, contribuyendo así al proceso de estabilidad presupuestaria.
Las dotaciones para aquellas becas más representativas tanto universitarias como no universitarias, junto con la compensación a Universidades, alcanzan los 1.163 millones de euros, 23 millones de euros más que en 2012, lo que supone un incremento del 2,4%.
Los créditos para infraestructuras disminuyen en 934 millones de euros, un 13,5%. Se mantiene la política de ahorro en transferencias de capital a empresas públicas. En el caso de la Corporación RTVE, se reduce un 15% la aportación del Estado, lo que supone 50 millones. En conjunto entre 2012 y 2013, respecto a RTVE, se ha producido un ahorro en la aportación del Estado de 254 millones de euros.
Ingresos
El total de los ingresos no financieros para 2013 después de la cesión a Entes Territoriales llegarán a los 124.044 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 4% frente al Presupuesto de 2012.
Los ingresos impositivos antes de la cesión a Entes Territoriales alcanzarán los 174.099 millones de euros, un 3,8% más que en el Presupuesto de 2012. La recaudación por IRPF crecerá el 1,5% hasta 74.215 millones de euros, mientras que la generada por el Impuesto de Sociedades se reducirá un 2,8% hasta alcanzar los 19.012 millones de euros.
Los ingresos por IVA se incrementarán el 14,6% como consecuencia de las medidas puestas en marcha por el Gobierno, hasta alcanzar los 54.657 millones de euros, mientras que los ingresos por Impuestos Especiales subirán el 8,3% hasta los 19.956 millones de euros.

Debate de totalidad Presupuestos Generales del Estado 2013 en el Congreso 

23-10-2012.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha afirmado que “estos Presupuestos austeros son la llave de salida de la crisis y permitirán que 2013 sea el último año de recesión en España”.
Los Presupuestos Generales del Estado para 2013 ponen los medios para contribuir a mejorar las condiciones de financiación y a que sea el último de la recesión y el primero que abra la puerta del crecimiento y por lo tanto de la salida de la crisis. Así lo ha afirmado el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro en el debate de totalidad de los Presupuestos Generales del Estado para 2013 en el Congreso de los Diputados.
Montoro ha sido tajante al afirmar que este año vamos a cumplir con el objetivo de déficit previsto y el que viene también. “Los datos revelan que estamos cumpliendo los objetivos de déficit marcados, que los esfuerzos no están siendo baldíos y que vamos a cumplir, porque podemos y debemos hacerlo”, según el ministro que, además, ha adelantado que el déficit del Estado en términos homogéneos hasta finales de septiembre se fijó en 41.321 millones de euros, lo que equivale al 3,93% del PIB, un dato coherente que viene a garantizar el compromiso de consolidación fiscal.

Impuesto sobre el Valor Añadido
Orden HAP/2259/2012, de 22 de octubre, por la que se modifican los módulos del régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido aprobados por la Orden EHA/3257/2011, de 21 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2012 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Recurso de inconstitucionalidad n.º 5491-2012, contra el artículo 114 de la Ley 9/2011, de 29 de diciembre, de promoción de la actividad económica de Cataluña, por el que se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 9 del Decreto-Ley 1/2009, de 22 de diciembre, de ordenación de equipamientos comerciales de Cataluña.

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució EMO/1506/2012, de 9 de juliol, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió de l'IPC per a l'any 2011 del Conveni col•lectiu de treball per al sector d'oficines i despatxos (codi de conveni núm. 79000375011994) (DOGC núm. 6180, pàg. 38229, de 27.7.2012

Departament d'Empresa i Ocupació
RESOLUCIÓ EMO/2168/2012, de 4 d'octubre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de modificació del text articulat del VI Conveni col•lectiu únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya per al període 2004-2008 (codi de conveni núm. 79000692011994

Decreto Foral 53/2012, del Consejo de Diputados de 16 de octubre, que modifica el Decreto Foral 60/2002, de 10 de diciembre, que aprobó el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.