I.- INTRODUCCIÓN. CONCEPTOS GENERALES DE Dº URBANISTICO. En la actualidad, la carencia de una vivienda accesible al ciudadano, ha devenido en un problema social, por la ausencia de suelo, lo que ha generado, con mayor incidencia, que los sistemas de desarrollo de suelo, se vean potenciados con el objetivo de obtener una mayor oferta en el mercado. El derecho urbanístico español es, sin duda, complejo, por cuanto no solo tenemos la normativa a nivel estatal, sino también la de las diferentes Comunidades Autónomas, con capacidad formativa propia, según ha ratificado entre otros pronunciamientos, la sentencia del Tribunal Constitucional num. 61/1997, que determinó una separación competencial entre el Estado y las CC.AA., al amparo de lo dispuesto en el artículo 148.3 de la Constitución. De esta forma, tenemos que las fuentes del derecho urbanístico español, básicamente está formada por: a) Los artículos no derogados (STC 61/1997) del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, de 26 de junio de 1992, (TRLS-1992). b) La Ley 6/1998 de 13 de abril, sobre el Régimen del Suelo y Valoraciones (LRSV). c) Normativa urbanística de cada Comunidad Autónoma, excepto (Ceuta y Melilla). d) Como derecho supletorio de la legislación autonómica, el RD 1346/1976 de 9de abril, Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, (TRLS-1976).

Cuando se aprueba una Ley, como recientemente se ha aprobado la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria, suelen darse situaciones de derecho transitorio cuyo conocimiento puede ser muy útil e incluso ventajoso para los operadores jurídicos. En el caso de la Ley General Tributaria resulta interesante mencionar tanto su Disposición Transitoria Cuarta, apartado 1º, sobre revisión de sanciones tributarias no firmes y aplicación de la nueva normativa, que ofrece la posibilidad al obligado tributario de manifestar interés por que se aplique la nueva regulación sancionadora si le resulta más favorable, como la Disposición Transitoria Tercera, apartado c), que establece una importante rebaja en la cuantía de las sanciones en caso de desistimiento, antes del 31 de diciembre de 2004, de los procedimientos, económico-administrativos o contencioso-administrativos que estuvieren pendientes. En cuanto a la primera cuestión, basta recordar que la Constitución sólo prevé la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, pero las disposiciones sancionadoras posteriores que sean favorables al sujeto infractor pueden aplicarse, rompiendo el principio general de aplicación temporal de las normas, a hechos que tuvieron lugar con anterioridad a la vigencia de la norma en cuestión. De ahí que la nueva Ley haya establecido la obligatoriedad de su aplicación a las infracciones cometidas con anterioridad a su entrada en vigor, siempre que su aplicación resulte más favorable para el sujeto infractor y la sanción no haya adquirido firmeza, y de ahí que los tribunales estén ofreciendo a aquéllos que han sido sancionados, un plazo de alegaciones para poner de manifiesto lo que a su derecho convenga con respecto a este asunto. Este ofrecimiento constituye una oportunidad que no debe dejarse pasar, pues aunque ciertamente la nueva Ley contiene un régimen de infracciones y sanciones bastante más gravoso en su conjunto, existen algunos casos en que la nueva Ley resulta más favorable al sujeto pasivo, y no está de más hacer uso de este plazo para decirlo al tribunal.

SUMARIO.I. PRESENTACIÓN. II. DATOS PRINCIPALES DE LA GESTIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO. III. ADMINISTRACIONES QUE HAN INCUMPLIDO LA OBLIGACIÓN DE COLABORAR CON EL DEFENSOR DEL PUEBLO. IV. SUPERVISIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. V. RE

SUMARIO

I. PRESENTACIÓN.

II. DATOS PRINCIPALES DE LA GESTIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO.

III. ADMINISTRACIONES QUE HAN INCUMPLIDO LA OBLIGACIÓN DE COLABORAR CON EL DEFENSOR DEL PUEBLO.

IV. SUPERVISIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

V. RESOLUCIONES FORMULADAS POR EL DEFENSOR DEL PUEBLO.

VI. RELACIONES INSTITUCIONALES.

VII. CONCLUSIONES.

CONCIERTO ECONOMICO

1.- DOMICILIO FISCAL.
Personas físicas.
Personas jurídicas y entidades sujetas al Impuesto sobre Sociedades.
Establecimientos permanentes.
Sociedades civiles y entes sin personalidad jurídica.
Cambios de domicilio fiscal.

2.- IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES E IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.
Puntos de conexión IVA e Impuesto sobre Sociedades.
Puntos de conexión específicos del IVA. Normativa aplicable en el Impuesto sobre Sociedades.

3.- RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA.
Rendimientos del trabajo.
Rendimientos de actividades.
Rendimientos del capital mobiliario.
Ganancias Patrimoniales.
Arrendamiento de inmuebles.

4.- NO RESIDENTES-PERSONAS FISICAS Y ENTIDADES JURIDICAS.
Normativa aplicable.
Exacción del Impuesto.
Pagos fraccionados de establecimientos permanentes.
Retenciones y pagos a cuenta, en general.
Devoluciones.
Impuesto sobre el Patrimonio.
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

5.- IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES Y SOBRE TRANSMISIONES PATRI-MONIALES Y ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS.
Sucesiones y Donaciones.
Transmisiones Patrimoniales Onerosas.
Operaciones societarias.
Actos Jurídicos Documentados.

6.- PRIMAS DE SEGUROS-IMPUESTOS ESPECIALES-TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO.
Prima de seguros.
Impuestos Especiales.
Tasa fiscal sobre el juego.

El tratamiento fiscal de la transmisión de la totalidad o parte de los elementos afectos a una actividad empresarial, y su posible sujeción a IVA o a ITP, siempre había gozado de una estabilidad en su aplicación (traducida en seguridad para el contribuyente), a la luz de la interpretación que la DGT hacía de los artículos 7.1 a) de la Ley del IVA y al 7.5 del Texto Refundido del ITP. Efectivamente, el artículo 7.1ºa) de la ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, establece que “No estarán sujetas al impuesto: 1º Las siguientes transmisiones de bienes y derechos : a) La transmisión de la totalidad del patrimonio empresarial o profesional del sujeto pasivo realizada a favor de un solo adquirente, cuando éste continúe el ejercicio de las mismas actividades empresariales o profesionales del transmitente”. Por otra parte, el artículo 7 del Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, dispone en el Apartado 1, letra A), y 5: “1. Son transmisiones patrimoniales sujetas: A) Las transmisiones onerosas por actos intervivos de toda clase de bienes y derechos que integren el patrimonio de las personas físicas o jurídicas”. “5. No estarán sujetas al concepto de “transmisiones patrimoniales onerosas”, regulado en el presente título, las operaciones enumeradas anteriormente cuando sean realizadas por empresarios o profesionales en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional y, en cualquier caso, cuando constituyan entregas de bienes o prestación de servicios sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido. No obstante , quedarán sujetas a dicho concepto impositivo las entregas o arrendamientos de bienes inmuebles, así como la constitución y transmisión de derechos reales de uso y disfrute que recaigan sobre los mismos, cuando gocen de exención en el Impuesto sobre el Valor Añadido. También quedarán sujetas las entregas de aquellos inmuebles que estén incluidos en la transmisión de la totalidad del patrimonio empresarial, cuando por las circunstancias concurrentes la transmisión de este patrimonio no quede sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido”.

I. INTRODUCCION. Con fecha 1 de Julio de 2.004, se ha producido la entrada en vigor de la Ley 58/2.003, de 17 de Diciembre, General Tributaria (NLGT). Dicha norma, que deroga y sustituye, entre otras, a la anterior Ley 230/1.963 de 28 de Diciembre, General Tributaria y a la Ley 1/1.998, de 26 de Febrero de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, nace con la misión de constituir el corpus normativo general que presida y regule el ejercicio de las potestades tributarias de las Administraciones Públicas, así como los derechos y deberes de los obligados tributarios. Objetivamente la misma será de aplicación a toda clase de tributos y subjetivamente rige en todas las Administraciones Públicas (arts. 1 y 5). De acuerdo con su naturaleza y función normativa, la nueva ley aborda la regulación de las sanciones tributarias y de su procedimiento sancionador (arts. 178 y ss.), sin perjuicio de la remisión que el art. 207 b) efectúa a las normas generales de procedimiento administrativo, en particular a la Ley 30/92 de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC). De la nueva regulación de las sanciones, sin perjuicio de la existencia de otras novedades de gran importancia y calado (nueva clasificación de las infracciones, cuantificación y reducción de las sanciones, entre otras) nos interesa destacar las innovaciones que se introducen en el régimen jurídico de la caducidad del procedimiento administrativo sancionador.

1. Introducción. Hoy en día, los cambios tecnológicos que se están produciendo a una altísima velocidad, provocan un cambio sustancial en la forma entender las relaciones económicas. Y, desde esta perspectiva, las transacciones económicas se han visto particularmente afectadas por el paulatino auge del comercio electrónico. Sin embargo, esta realidad todavía no está perfectamente delimitada, porque la evolución en este campo no cesa, de manera que el comercio electrónico abarca un amplio abanico de actividades de muy diversa naturaleza y de difícil delimitación. Al mismo tiempo, se trata de actividades que se realizan en unas condiciones diversas de aquéllas a las que responde el llamado comercio tradicional, como se ha destacado por la doctrina. Así, se suele hacer referencia a factores como la desmaterialización de los productos digitalizables; servicialización da distancia de la economía; internacionalización de los servicios y deslocalización de los actores1. Esta es, pues, la realidad a la que debe hacer frente el Derecho, y, también el Derecho Tributario, en cuanto en el marco de estas operaciones se están generando unas nuevas rentas que pueden ser objeto de imposición. La necesidad de idear una forma que permita no sólo el gravamen de las operaciones realizadas a través de la Red sino incluso el gravamen en paridad de condiciones con las operaciones económicas tradicionales, es una línea directriz constante en los diversos textos normativos que se han ido aprobando en esta materia. Sin embargo, en todos ellos se han ido manifestando las dificultades de dar respuesta a numerosas cuestiones completamente nuevas; sirva de ejemplo la problemática que supone determinar dónde se ha realizado el servicio a efectos de señalar una jurisdicción tributaria competente para proceder al gravamen de esa renta o consumo.

1. Presentación. Como es sabido, la creación del mercado interior en el seno de la Unión Europea no sólo supone la abolición de las fronteras fiscales y la supresión de los controles en frontera. Implica, asimismo, el establecimiento del principio de tributación en origen en el Impuesto sobre el Valor Añadido (en adelante, IVA) para las operaciones intracomunitarias, aplicándose un tipo unificado en toda la Unión. De esta forma, las transacciones entre empresarios comunitarios deben someterse a gravamen como si de una operación interior se tratara, de forma que la repercusión la efectúe el sujeto que realiza la entrega, que tendría la obligación de ingresarlo en su Estado de residencia. Sin embargo, este objetivo último todavía no se ha logrado, por diversas razones, de entre las que podemos destacar dos1. De un lado, las diferencias, todavía importantes, de tipos impositivos entre los distintos Estados. De otro, las discrepancias en torno al sistema de reparto de las cantidades recaudadas. Por ello, nos encontramos aún en el denominado régimen transitorio, que debería haber finalizado el 31 de diciembre de 1996, pero que en estos momentos tiene una vigencia indefinida. Este régimen transitorio se caracteriza por el gravamen en destino de las entregas intracomunitarias realizadas entre empresarios. Ello implica que en el Estado de origen se aplique una exención –que no excluye ni limita el derecho a la deducción- y en el de destino se considere realizado un hecho imponible con motivo de la adquisición. Este hecho imponible es el que se denomina adquisición intracomunitaria de bienes, cuyo sujeto pasivo es el empresario adquirente, alterando así la regla general del impuesto. Para que la operación reciba el tratamiento descrito es necesario que concurran cuatro requisitos. En primer lugar, que se trate de una entrega de bienes, no de una prestación de servicios. En estas últimas no cabe hablar, en sentido propio, de un tráfico internacional, ya que los servicios se localizan en uno de los dos Estados implicados: el de residencia del prestador o el del receptor. En segundo lugar, que los bienes sean objeto de transporte desde un Estado a otro. En tercer lugar, que la contratación de este último se efectúe por el vendedor, el comprador o por un tercero por cuenta de uno u otro. Por último, que el adquirente sea un empresario o persona jurídica que no actúe como empresario o profesional.

I. El comercio internacional. Una realidad en un mundo globalizado II. Comercio internacional y tributación III. Espacios de integración económica e imposición indirecta. El IVA en la Unión Europea IV. El comercio internacional a efectos del IVA; comercio de bienes y de servicios V. Problemas actuales en el régimen del IVA. V.1. El IVA en la Unión Europea. Situación actual V.2. Las deficiencias del régimen transitorio V.2.1. Seguridad en la prueba de los elementos determinantes de la aplicación de las entregas y adquisiciones intracomunitarias V.3. La exacerbación de las exigencias formales ¿ asalto a la neutralidad ? V.4. Los obstáculos fiscales a la libre circulación de mercancías. El Impuesto español sobre Matriculación V.5. IVA y comercio electrónico internacional