Determina el Tribunal el incumplimiento por parte del Reino de España de la normativa comunitaria al establecer en su normativa interna-art. 17 del TRLIS- que en los casos de traslado de la residencia de una sociedad a otro estado miembro y en los casos de transferencia de activos de un EP establecido en España a otro estado miembro, las plusvalías no realizadas se integran en la base imponible del ejercicio fiscal, mientras que tales plusvalías no tienen consecuencias fiscales inmediatas si esas operaciones tienen lugar dentro del territorio español.

Incumplimiento de Estado. Directiva 2006/112/CE, artículos 9 y 11. Legislación nacional que permite la inclusión de personas que no son sujetos pasivos en un grupo de personas que pueden ser consideradas como un solo sujeto pasivo del IVA. Determina el Tribunal que el art. 11 de la Directiva IVA no debe interpretarse en el sentido de en el sentido de que no pueden ser incluidas en un grupo IVA personas que no son sujetos pasivos.

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Obligaciones de facturación. Operación consistente en la adquisición de una parcela con la obligación de construir edificaciones, sin que se repercutiera el IVA. Imposibilidad de que la escritura de venta haga las veces de factura. En la instancia se aceptó que el devengo del impuesto se produjo cuando se transmitió el solar, no cuando se entregó la edificación, lo que impide en casación entrar en el análisis de dicha problemática. La posibilidad de sustituir la factura por la escritura se admite de forma solo excepcional y exige la concurrencia en la misma de todos los elementos relevantes (en términos impositivos) para la identificación de la operación que integran el contenido de la factura. En este caso no se expresa ni la sujeción al IVA ni tampoco la base y tipo aplicable.

IVA. Devolución del impuesto pagado, en caso de denegación del derecho a la deducción al destinatario de una operación exenta. El principio de neutralidad del impuesto sobre el valor añadido, tal como lo ha concretado la jurisprudencia relativa al artículo 203 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que, sobre la base de una disposición nacional que tiene por objeto la transposición de dicho artículo, la administración tributaria deniegue al prestador de un servicio exento la devolución del IVA facturado por error a su cliente, basando su negativa en que el prestador del servicio no procedió a rectificar la factura errónea, cuando dicha administración, mediante resolución firme, denegó al cliente el derecho a la deducción del impuesto sobre el valor añadido, y, como consecuencia, ya no resulta de aplicación el régimen de rectificación previsto por la ley nacional.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES. Convenio de Doble Imposición. Dividendos y participaciones en beneficios. Convenio con Reino Unido. Principio de no discriminación. Libre circulación de capitales. No queda acreditado por parte de la entidad actora que esté en una situación idéntica la de las SICAV españolas, ya que ni consta el número de accionistas que la integran, ni el capital social con que cuenta, por lo que resulta imposible establecer que se ha producido discriminación. De las certificaciones aportadas con la demanda se desprende que la entidad es una sociedad de inversiones con sub fondos que por su estructura y forma de actuar está mucho más cerca de los fondos de inversión, sin personalidad jurídica propia, que a las SICAV; de ahí que no pueda considerase que la entidad actora esté en igualdad de condiciones que una SICAV española y que reúna los requisitos exigidos por la legislación española para que pueda tributar al 1 por ciento.

PROCEDIMIENTO ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO. Inadmisión del recurso de alzada interpuesto contra resolución del TEAR. Competencia del TEAC y cuantía del procedimiento. Supuestos en que únicamente se impugna uno de los elementos de la liquidación tributaria - en este caso los intereses de demora a su favor-. La cuantía a tener en cuenta a efectos de determinar la competencia del TEAC será la diferencia entre el importe pretendido por el interesado y el reconocido por la Administración. En este caso la diferencia es menor a 150.000 euros por lo que debe ser el TEAR, y no el TEAC el que debe conocer de la reclamación interpuesta en única instancia, poniendo fin a la vía administrativa.

IRPF. Rendimientos de actividad profesional. Sociedades de profesionales. Sociedades interpuestas. Sociedad de profesionales (abogados) que factura como tal a los clientes. Las tareas concretas de asesoramiento las desarrollan los distintos abogados, socios de la sociedad de profesionales, que, a su vez, facturan a la sociedad de profesionales a través de sociedades constituidas por cada uno de ellos. Se simultanea de esa forma un doble sistema retributivo (por un lado, la retribución del despacho a cada uno de sus socios, abogados y, por otra, la del despacho a cada una de las sociedades titularidad de los socios). Determina el Tribunal que la interposición de una segunda sociedad entre el abogado y la sociedad que factura a los clientes adolece de simulación relativa, ya que pretende básicamente disminuir la retención y la tributación final de los socios, sin que haya quedado acreditado que añada algo al servicio personal de cada abogado.

INTERESES DE DEMORA. A favor del contribuyente. Imposibilidad de abonar intereses sobre intereses, al no existir norma tributaria en que pueda basarse su reconocimiento. No puede darse a los intereses de demora reconocidos el carácter de deuda principal y autónoma en los casos de ingresos indebidos, pues son una prestación accesoria. El anatocismo es una figura excepcional y debe estar prevista expresamente para poder ser aplicada; los intereses vencidos no devengan el interés legal hasta que son judicialmente reclamados.

PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN LIMITADA. Efectos que produce la regularización practicada. Examen del artículo 140 LGT. Una comprobación limitada previa produce efecto preclusivo respecto de lo ya comprobado; el objeto de las actuaciones parciales no puede ya regularizarse en nuevo procedimiento de comprobación salvo que en la nueva actuación concurran nuevas circunstancias. En uno de los ejercicios examinados el procedimiento tuvo como objeto la comprobación de todos los requisitos materiales y formales para ejercitar el derecho a deducir cuotas del IVA soportado, no una mera comprobación formal, por lo que en ese ejercicio concreto e el citado efecto preclusivo. ACTIVIDADES ECONÓMICAS. Según la doctrina del TJUE no constituyen actividades económicas a efectos de la Sexta Directiva IVA la mera venta de acciones y otros valores, como participaciones de fondos de inversión. Determinación de las actividades realizadas por la entidad interesada no quedando acreditado que desarrolle su actividad en los sectores diferenciados señalados por la Inspección, ya que no acredita que las operaciones financieras incluidas en uno de los sectores se desarrollen en el marco de actividad económica alguna, y por lo tanto, no cabe aplicar el régimen de deducciones previsto en estos supuestos. CUOTAS DEDUCIBLES. IVA. Admisión de determinados gastos como deducibles siempre que se demuestre que existe una correlación directa con la promoción comercial del negocio. Debe negarse la deducibilidad de gastos de obsequios a clientes, asalariados o terceros, invitaciones a espectáculos deportivos y regalos de navidad, por su clara exclusión en la Ley.

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Fraude de ley. Régimen consolidado. Cuando todas las operaciones realizadas por la parte recurrente, en su conjunto consideradas, no responden a una lógica empresarial pues la compleja operativa se revela innecesaria y contraria a la eficiencia económica, de modo que no se habría llevado a cabo de no ser por la ventaja fiscal, la finalidad elusoria resulta evidente, pudiendo tenerse por probada la existencia de un propósito elusorio del impuesto que es otro de los requisitos constitutivos del fraude de ley en el art. 24 LGT, que refiere que "cuando se graven hechos, actos o negocios jurídicos realizados con el propósito de eludir el pago del tributo...", que queda acreditado cuando, conforme a lo expuesto, los motivos invocados no son en absoluto convincentes. Todo ello refleja el fraude de ley operado debiendo por tanto confirmar la liquidación practicada.