INSPECCIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA. Actuaciones inspectoras. Declaración de fraude de ley. Procedimiento. La Sala, al igual que hiciera en su Sentencia de 24 de julio de 2012, invocada por la parte interesada, comparte en su práctica integridad la tesis de la entidad recurrente en relación con la nulidad de los actos recurridos -el acuerdo que declara el fraude de ley, la liquidación que trae causa de él y la resolución del TEAC que respalda todos ellos- por imposibilidad de comprobar y declarar realizadas en fraude de ley unas operaciones realizadas en 1998 y, por tanto, en un ejercicio prescrito. En el ámbito de la comprobación del Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2002 a 2004, como aquí ocurre, no se pueden declarar realizados en fraude de ley una serie de negocios jurídicos realizados en el año 1998, cuyas magnitudes (precio de adquisición y financiación) han adquirido firmeza como consecuencia de la prescripción. Anulación de los actos impugnados.

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Deducción del IVA soportado. Improcedencia. No resulta la doctrina de TSJUE sobre la imposibilidad de eliminar el derecho a la deducción del empresario que, inmerso en un fraude carrusel, no sabía o no podía saber de su realidad, dado que la entidad era conocedora de que indicaba en la factura como proveedora a una empresa sin contenido real, con la que no había contratado por lo que no cabe el derecho a deducir al sujeto pasivo respecto del que queda acreditado que sabía o debía haber sabido que, mediante su adquisición, participaba en una operación que formaba parte de un fraude en el impuesto, aun cuando la operación cumpla con los criterios objetivos en los que se basan los conceptos de entregas de bienes efectuadas por un sujeto pasivo que actúa como tal y de actividad económica. RECURSO DE CASACIÓN. Materia contencioso-administrativa. Sentencias de los TSJ respecto a infracciones del derecho autonómico. Competencia del TS. Tanto la normativa estatal como la foral reguladora del IVA son transposición a los respectivos ordenamientos de la Sexta Directiva, por lo que en la medida en que está en juego la interpretación de disposiciones del derecho de la Unión Europea, el TS no puede quedar al margen.

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA. Naturaleza. Es un acto administrativo formal que no es de mero trámite, con posibilidad de ser reclamable en vía económico-administrativa, lo que exige la constancia de su justificación o de los motivos por los que se emite. TRASCENDENCIA TRIBUTARIA. La tiene la información requerida, relativa a las circunstancias económicas y patrimoniales del prestatario en relación con un préstamo con garantía hipotecaria concedido, así como informe sobre solvencia que realiza la entidad financiera con carácter previo a la concesión del préstamo. PROTECCIÓN DE DATOS. El requerimiento se refiere únicamente a datos económicos, financieros y patrimoniales de la entidad respecto de una concreta operación mercantil, quedando excluidas las informaciones de tipo íntimo o personal sin trascendencia económica. Aún teniendo en su poder la entidad requerida determinados datos personales, éstos son datos pertinentes para la finalidad obtenida, esto es, para la valoración de la situación patrimonial de la prestataria en relación con la obtención de un crédito hipotecario; por ello tienten trascendencia económica y en consecuencia con trascendencia tributaria, no conculcándose como señala la recurrente la inviolabilidad de las comunicaciones.

En caso de que el administrador de una sociedad sea a la vez accionista de ésta, es preciso que se pruebe la prestación de los servicios que se retribuyen, para que no se considere una retribución de fondos propios no deducible de la base imponible del impuesto.

IS. Deducción por reinversión de beneficios extraordinarios. En el caso de autos se niega la aplicación de la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios por considerar que el elemento patrimonial objeto de la reinversión no cumple con el requisito de estar afecto a una actividad de arrendamiento. La sala concluye que el arrendamiento del hotel en que se materializa la reinversión no constituye actividad económica, dado que ni la entidad se encuentra dada de alta en el epígrafe correspondiente ni los dos empleados a los que alude el recurrente realizan para el empresario la actividad dirigida al arrendamiento, ni existe local destinado a tal actividad.

Responsabilidad solidaria en el pago de liquidaciones tributarias. Declaración de responsabilidad solidaria del recurrente al quedar acreditado que el mismo tuvo una intervención directa y necesaria en la comisión de las infracciones de la sociedad, pues a pesar de no ser socio ni ostentar la condición de administrador único de la sociedad, la dirigía de facto en su condición de hombre de confianza del socio mayoritario (99 por 100 del capital social), teniendo además poderes otorgados por el administrador único (con el 1 por 100 del capital social), con amplias facultades para actuar en representación de la sociedad. Voto particular.

IS. Gastos deducibles. La sala confirma la exclusión de determinadas facturas como gastos deducibles por entender que en ellas no se documentan operaciones reales, puesto que, el contribuyente no ha acreditado la efectiva prestación de los servicios que supuestamente se remuneran en las mismas. Procedimiento sancionador. Resulta procedente la imposición de sanción, no pudiéndose apreciar en la actuación del contribuyente ni la diligencia debida ni interpretación razonable de la norma que le exonere de responsabilidad. No obstante lo anterior, se anulan los criterios de graduación aplicados por ocultación y utilización de medios fraudulentos.

Hay que entender que no resulta esencial que aparezca literalmente en la escritura una renuncia expresa del transmitente a la exención del IVA, siendo suficiente la constancia de haberse repercutido el Impuesto en la propia escritura de compraventa, pues de esta forma es incuestionable que adquirente y transmitente manifiestan su intención y conocimiento indubitado de que la operación queda sujeta al IVA. En conclusión, lo que verdaderamente interesa no es la constancia en la escritura del término renuncia sino el dato real del cumplimiento del fin perseguido en la norma que no es otro que el de garantizar la posición del adquirente, frente a repercusiones no queridas, y este fin puede alcanzarse bien mediante la utilización del término renuncia en la escritura a través de cualquier otro del que pueda derivarse que el transmitente renuncia, explícita o implícitamente a la exención, que propicia una opción a favor de la mecánica del tributo y no la exoneración del gravamen.

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Conformidad a derecho de la liquidación practicada. El arrendamiento de inmuebles como actividad económica. SOCIEDADES PATRIMONIALES. No procede calificar a la entidad reclamante como sociedad patrimonial en el ejercicio que se discute. Requisitos para la calificación del arrendamiento o compraventa de inmuebles como actividad económica. Incumplimiento del requisito exigido por el art. 25.2 del RDL 3/2004. El local y empleado exclusivos es un instrumento para calificar como empresarial la actividad, pero no el único, pudiendo llegar a igual calificación por otros medios indiciarios ya que de lo contrario se estaría permitiendo eludir dicha calificación mediante una mínima ocupación del local y/o empleado en otra actividad. No se ha probado que una parte concreta e individualizada del mismo se destine al desarrollo exclusivo de la actividad de compraventa de inmuebles ni que la persona empleada realice gestión alguna relacionada con la compra venta de inmuebles.

Impuesto sobre el Patrimonio.-Acciones no negociadas en mercados organizados.- Valor resultante del último balance aprobado. el debate se centra en determinar cuál es el último balance que ha de adoptarse como norma de valoración para los valores representativos de la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad no negociados en mercados organizados, a efectos tanto de fijación del valor teórico como de capitalización de los beneficios, en orden a la liquidación del Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio del ejercicio 2004 de la recurrente. La Sala determina en tesis divergente de la acordada en la instancia y en aplicación de un criterio favorable al mejor acercamiento a la realidad económica de la base imponible del tributo, consideramos que la expresión "el último balance aprobado" ha de tomar como punto de referencia al aprobado dentro del plazo legal para presentar la oportuna autoliquidación, de modo que si en esta fecha está aprobado el ejercicio que se liquida, aún cuando esto haya acontecido con posterioridad a la fecha del devengo, habrá de ser sin embargo el tenido en cuenta por reflejarse en él con evidente mejor precisión el patrimonio del que es titular el sujeto pasivo en la fecha del devengo, que es el que constituye el objeto específico sobre el que la Ley establecido el gravamen.