STS de 15 de noviembre de 2017, rec. 2853/2016. RECAUDACIÓN TRIBUTARIA. Irregularidad en la notificación de la liquidación tributaria. Defectos esenciales en la notificación electrónica impeditivos de su correcta lectura: Archivo en formato "PDF" con varias páginas en blanco. Se estima la pretensión del obligado tributario, pues no consta que se haya cumplido el requisito legal impuesto para las notificaciones electrónicas. Anulación de la liquidación practicada. RECURSO DE CASACIÓN. Motivación por remisión o aliunde a la STS 16 nov. 2016. Constan los mismos hechos, salvo que ahora se discute la notificación de la liquidación y antes la providencia de apremio adoptada para ejecutarla, idéntico el debate suscitado (defectuosa notificación electrónica de la liquidación) a través de iguales quejas en casación, y coincidiendo las partes en litigio. 

STS de 5 de octubre de 2017, rec. 3043/2016. ACTUACIONES INSPECTORAS. Ampliación del plazo de actuación inmotivado. No se constata en autos la complejidad material del procedimiento inspector. Acuerdo nulo. La falta de alegaciones del contribuyente a la procedencia de la ampliación del plazo no sana los defectos en que el acuerdo correspondiente pueda incurrir, ni impide al contribuyente alegar en sede judicial cuanto tenga por conveniente sobre la corrección de tal ampliación. La motivación del acuerdo de ampliación debe ponderar las circunstancias del procedimiento en el seno del cual se necesita su adopción, y exige al órgano decisor el deber de acreditar cumplidamente que el plazo inicial era insuficiente.

STS de 31 de octubre de 2017, rec. 572/2017. Procedimientos tributarios. El artículo 66.4 RGRVA debe interpretarse en el sentido de que, anulada en vía económica administrativa una comprobación de valores por falta de motivación y, por ende, la liquidación derivada de la misma, las nuevas actuaciones realizadas no quedan sometidas al plazo de un mes previsto en el artículo 66.2 RGRVA, sino que al ser un procedimiento de gestión se regirá por el artículo 104 LGT. Este artículo se deberá interpretar en el sentido de que la Administración debe tramitar el procedimiento retrotraído y notificar una resolución al interesado en el plazo que reste desde que se realizó la actuación procedimental causante de la indefensión del interesado. Este plazo empieza a contarse desde el día siguiente al que se comunica la resolución anulatoria con retroacción de actuaciones al órgano competente para llevarla a puro y debido efecto. 

STS de 31 de octubre de 2017, rec. 1885/2016. ACTUACIONES INSPECTORAS. Dilaciones y prescripción. Nulidad de liquidación tributaria por prescripción extintiva. Incongruencia extrapetita. No existe. A la concesión en el fallo declarativo de nulidad de una liquidación tributaria indisolublemente le acompaña la de la sanción impuesta por incumplimiento de un deber de declaración e ingreso declarado, improcedente, de forma sobrevenida. Falta de motivación de la sentencia recurrida. La Administración, como demandada en la instancia, no se ha visto privada de respuesta a sus pretensiones, sólo era preciso afrontar el examen particular de dos dilaciones, cuya impertinencia como tales conllevaba la superación del plazo de las actuaciones y, prescindiendo de su efecto interruptivo de la prescripción. Dilaciones no imputables al contribuyente. Buena fe. El interesado aportó precisamente aquello que se le pidió, no lo que pudo interpretar que implícitamente se le pedía también. Confirmación de la sentencia a quo que no aprecia retraso o demora en el curso de la actuación inspectora.

STSJ de Cataluña de 15 de junio de 2017, rec. 50/2014. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Base imponible. Partidas no deducibles. INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS. Actuaciones sancionables. Imputación incorrecta de deducciones, bonificaciones y pagos a cuenta. -- Procedimiento sancionador. Recursos.

Auto del TS de 12 de julio de 2017, rec. RECURSO DE CASACIÓN. Interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia. IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES. Interpretación del beneficio recogido en el art. 20. 2 c) de la LISD en relación con el art. 4 del Impuesto sobre el Patrimonio. La cuestión que se somete a interpretación concierne a aquellas explotaciones económicas cuyo rendimiento se produce avanzado el año, debiendo precisarse qué elementos materiales, temporales y jurídicos deben tomarse en consideración para la aplicación de la mencionada exención, siempre y cuando hayan constituido la principal fuente de renta del causante. 

STSJ de Castilla y León de 15 de septiembre de 2017, rec. 700/2015. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Rendimientos de trabajo personal. Deficiente motivación del acuerdo sancionador que califica de negligente la conducta de la recurrente, que no presenta la declaración del IRPF. La percepción de rendimientos de más de un pagador y la superación del límite de ingresos previsto legalmente exigían tal presentación. No puede prescindirse del hecho de que la recurrente tiene más de 80 años, padece un pluripatología crónica, que se agrava tras el fallecimiento de su marido y que no venía presentando las liquidaciones de ejercicios por no estar obligada a ello. Además, la Administración no ha remitido un borrador que adviertiese de la obligación de liquidar el impuesto.

SAP de Zaragoza de 21 de abril de 2017, rec. 16/2017. ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS. Asesoramiento contable y fiscal. Reclamación de indemnización a la asesoría demandada por daños y perjuicios derivados de la sanción impuesta por la Agencia Tributaria al demandante. Sanción imputable a la actuación profesional negligente de la demandada por infracción de la lex artis ad hoc. Entre sus obligaciones asumidas contractualmente se encontraba la confección y presentación de todas las declaraciones fiscales del demandante, incluyendo las de IRPF. Confeccionó de forma errónea las declaraciones de renta correspondientes a los ejercicios objeto de inspección por la Agencia Tributaria, de los cuales trae causa la sanción. Debió realizar todos los actos necesarios para prestar de forma correcta el asesoramiento fiscal contratado de conformidad con lo previsto en la normativa aplicable, lo que exige el conocimiento de la misma. No puede limitarse a una mera trascripción formal de datos, sino que debe averiguarlos de la documentación que se le presente, consultarlos con su cliente y presentarlos ante el organismo tributario correspondiente en la debida forma legal, por lo que debió verificar los que le suministró su cliente. No procede reducir en un 50% la cuantía indemnizatoria reclamada por no apreciarse la concurrencia de culpas. La asesoría debe conocer la legislación aplicable y cerciorarse del cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias de su cliente.

STS de 17 de octubre de 2017, rec. 1566/2017. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO LEGISLADOR. El TS condena al Estado a indemnizar, en concepto de responsabilidad patrimonial del Estado legislador, a una persona no residente que pagó el Impuesto Sucesiones aplicando una normativa estatal que el Tribunal de Justicia de la UE en Sentencia de 3/9/2014 consideró contraria al Derecho UE (a la libre circulación de capitales, artículo 63 TFUE) porque no permitía que en herencias y donaciones con no residentes se aplicaran los beneficios fiscales aprobados por la Comunidad Autónoma con la que existiera algún punto de conexión. Considera el Tribunal Supremo de forma tajante que existía esa vulneración “suficientemente caracterizada” porque desde muchos años antes de la Sentencia TJUE de 3/9/2014 ya existían numerosas Sentencias del TJUE que “de forma absolutamente clara” señalaban que no se podía discriminar a no residentes con el Impuesto Sucesiones, que eso podía vulnerar la libre circulación de capitales, y que también existían diversas Comunicaciones de la Comisión Europea a España advirtiendo de esa vulneración.

STS de 19 de julio de 2017, rec. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Rendimientos del capital mobiliario. Se impugna la sentencia que rechazó la tributación como ganancia patrimonial de los rendimientos obtenidos por la socia tras la adquisición de acciones propias por la sociedad y su posterior amortización mediante una reducción de capital. La calificación de los rendimientos como capital mobiliario se ajusta a la doctrina del TS que entiende que la finalidad de estas operaciones es devolver a los socios aportaciones y beneficios no distribuidos. No puede entenderse vulnerado el régimen de consulta vinculante, pues los supuestos contemplados en las consultas vinculantes no coinciden con el analizado. RECURSO DE CASACIÓN PARA LA UNIFICACIÓN DE DOCTRINA. Respecto a la alegada prescripción del derecho de la Administración a liquidar la deuda tributaria y su contradicción con la sentencia de contraste, no concurre la identidad exigible entre los dos supuestos, pues en la impugnada la comprobación se refiere a la sociedad y por diferentes impuestos, mientras que en la aportada coincide el sujeto pasivo y el impuesto.