STS de 14 de julio de 2016, rec. 3316/2015. IMPUESTO SOBRE SUCESIONES. Base liquidable. Reducciones. En función de proximidad o lejanía del grado de parentesco. Interpretación del artículo 20.2 apartado III de la LISD, en relación con los sobrinos políticos. Consideraciones sobre la configuración legal del parentesco por afinidad. La relación de parentesco no desaparace cuando el matrimonio se disuelve. Reitera doctrina. A efectos del tributo aunque se de la circunstancia de la premuerte del tío/a carnal, los sobrinos del cónyuge del causante no tienen el carácter de «extraños» de forma que puede aplicarse la reducción prevista en el ISD para los colaterales de segundo y tercer grado.

STS de 13 de julio de 2016, rec. 1670/2015. REQUERIMIENTOS TRIBUTARIOS. DEBER DE INFORMACIÓN Y DERECHO A LA INTIMIDAD. Remisión de información solicitada por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude. OBLIGACIÓN DE COLABORACIÓN. Cumplimiento por el Colegio privado en la que estudiaban los menores recurrentes del requerimiento dirigido, con detalle de fechas de matrícula en el Centro, y copias de recibos de colegio, incluyendo la cantidad mensual abonada por cada alumno por el padre de los menores sujeto de investigación por la Oficina Nacional Inexistencia de vulneración de derechos fundamentales. No todo dato personal es íntimo. La naturaleza de la información recibida por la Administración Tributaria estaba fuera del ámbito de la intimidad reservada al conocimiento propio o familiar y no estaba excluida de la potestad de inspección y comprobación tributaria.

STC de 21 de julio de 2016, rec. 973/2013. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD. TASAS JUDICIALES. Declaración de nulidad parcial del artículo 7 de la Ley 10/2012. Pérdida sobrevenida de objeto respecto a las personas físicas exentas de pago desde la reforma RDL 1/2015. TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y GRATUIDAD DE LA JUSTICIA. Derechos fundamentales no vulnerados; la ley controvertida contempla supuestos de exención y de pago flexible para aquéllas personas jurídicas que acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Atributos de necesidad y proporcionalidad: análisis exhaustivos de las cuotas fijas y variables de las diferentes tasas. La Ley 10/2012 sólo resulta idónea en el sentido de alcanzar el fin constitucionalmente legítimo de mantener un modelo de financiación mixta de la Justicia, y sin embargo no alcanza el fin también legítimo de evitar situaciones de abuso BARRERA ECONÓMICA. Falta de la debida proporcionalidad. Infracción del derecho fundamental de acceso a la jurisdicción y al recurso por lo excesivo de los importes de determinadas tasas de las jurisdicciones civil, contencioso-administrativo y social. Producción de efectos pro futuro de la nulidad declarada.

El TC ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, y declara la inconstitucionalidad y nulidad de las tasas fijadas tanto para el acceso a la jurisdicción como para la interposición de recursos, por consideran que vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva.

STJUE de 30 de junio de 2016, C-123/2015. IMPUESTO SOBRE SUCESIONES. Examen de una normativa nacional que imposibilita la práctica de una reducción en el impuesto cuando los bienes heredados están localizados en otro Estado miembro. Si bien esa diferenciación a la hora de aplicar la ventaja fiscal en función de la localización de la herencia constituye una restricción a la libre circulación de capitales, se justifica por la necesidad de preservar la simetría fiscal. El objetivo de tal medida persigue reducir la carga fiscal que soportan los parientes tras una sucesión, cuando dichos bienes ya había sido objeto de una transmisión mortis causa en los 10 años anteriores. Circunstancia que no concurre cuando el patrimonio no ha sido objeto de gravamen en ese Estado miembro.

RTEAC de 15 de julio de 2016, rec. 5931/2013. Infracciones y sanciones tributarias. Principio de responsabilidad personal de la pena. IVA. Régimen especial de grupo de entidades. Regularización de la situación tributaria de un grupo de entidades que tributa en el régimen especial de IVA. En el caso de declaraciones del Impuesto sobre el Valor Añadido por el Régimen Especial de Grupo de Entidades, únicamente se considera sancionable la conducta consistente en haber deducido improcedentemente cuotas soportadas por parte de una de las entidades dependientes. El procedimiento sancionador se inició con la entidad dominante del grupo y  la sanción se impuso a la misma entidad dominante, por el hecho de ser ella la obligada a presentar las autoliquidaciones agregadas y a efectuar el ingreso de la deuda tributaria resultante o determinar el saldo pendiente de compensación.

Dicho acuerdo sancionador atenta contra el principio de responsabilidad personal que rige en el Derecho sancionador, según el cual, las consecuencias de la infracción y, singularmente, la sanción, no pueden ser exigidas más que a quienes con su comportamiento han causado la lesión constitutiva de la infracción. Este criterio tiene cabida en el artículo 163.nonies LIVA, según el cual, cada entidad integrante del Grupo está obligada a presentar autoliquidaciones periódicas individuales, sin realizar el pago de la deuda tributaria ni solicitar compensación o devolución y la dominante, además, debe presentar las autoliquidaciones periódicas agregadas del grupo,  procediendo, en su caso, al ingreso de la deuda tributaria o a la solicitud de compensación o devolución, pero no tiene obligación de determinar los resultados de las autoliquidaciones individuales, obligación que sí corresponde a cada una de las entidades que integran el grupo.

STS de 29 de junio de 2016, rec. 1013/2015. DEBER DE COLABORACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. HACIENDA FORAL DE BIZKAIA. Requerimiento individualizado de información. Solicitud de información dirigido a la Financiera El Corte Inglés para que la entidad aportara en soporte magnético informático relación con aquellas personas o entidades titulares de "tarjeta de El Corte Inglés" cuyo domicilio registrado en los "datos de contacto" de dichas tarjetas radique en el Territorio Histórico de Bizkaia y que hayan realizado pagos a través de las mismas por importe total anual igual o superior a 30.000 euros entre 2008 y 2011. Controversia suscitada en relación a si un "poder tributario", en este caso, la Diputación Foral de Bizkaia, puede requerir información de manera directa a un ciudadano domiciliado fuera de su territorio, en este caso, en territorio propio de otro «poder tributario». MECANISMO DE AUXILIO ENTRE ADMINISTRACIONES.. la Ley 12/2002,por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco consagra en su artículo 45.2 el mecanismo de auxilio a utilizar cuando se pretende exigir el cumplimiento de requerimiento de información tributaria más allá del ámbito territorial sometido al poder financiero del ente requirente.

RTEAC de 5 de julio de 2016, rec. 622/2016. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Bonificaciones en cuota. Entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas como actividad económica. Determinación de si el concepto de actividad económica al que se refiere el apartado 1 del artículo 53 del TRLIS debe cumplir los requisitos contenidos en el artículo 27.2 de la Ley 35/2006 del IRPF. Examen doctrinal de los cambios legislativos operados en el concepto de actividad económica. CRITERIO UNIFICADO. Para que resulte de aplicación el régimen especial de entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas y, por tanto, la bonificación en cuota prevista en él, deben cumplirse los requisitos del art. 27 Ley 35/2006, LIRPF sobre infraestructuras de medios: un local afecto y una persona contratada con contrato laboral y dedicación completa a esta actividad.

RTEAC de 5 de julio de 2016, rec. 87/2016. GESTIÓN TRIBUTARIA. Utilización indebida del procedimiento de verificación de datos. Causas que justifican su declaración de nulidad: -inicio del procedimiento sin previa declaración o autoliquidación presentada por el obligado tributario,- inclusión dentro del objeto del procedimiento de actuaciones de comprobación de valor, -.inclusión dentro del objeto del procedimiento de aclaraciones o solicitud de justificantes de datos que se refieran al desarrollo de actividades económicas. Fuera de estos casos, en los que se constata desde el inicio del procedimiento un incumplimiento frontal, manifiesto, evidente y ostensible de las normas que regulan el procedimiento de verificación de datos, la utilización indebida, por sobrevenida, del procedimiento de verificación de datos, sólo será merecedora de la sanción de anulabilidad. Derechos y garantías de los obligados tributarios. Es contrario al principio de conservación de actos y trámites del artículo 66 de la LRJPAC y a la interpretación que del mismo hace el Tribunal Supremo, no permitir la incorporación de los datos y documentos obtenidos en el procedimiento de verificación de datos al procedimiento posterior de comprobación limitada o de inspección por el hecho de que aquél hubiera sido declarado radicalmente nulo. FIJA CRITERIO.

SAN de 17 de mayo de 2016, rec. 391/2014. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Deducción del IVA soportado. El sujeto pasivo del impuesto puede deducir las cuotas soportadas en la adquisición de bienes y servicios que afecte al desarrollo de su actividad empresarial o profesional sujeta y no exenta del impuesto, cuando acredite la adquisición y se encuentre en posesión del documento justificativo de su derecho. PARTIDAS NO DEDUCIBLES. En el caso, la reclamante, embotelladora y distribuidora de "The Coca-cola Company" no ha logrado desvirtuar la afirmación de la Administración de que se trata de entregas gratuitas de material de terraza como atenciones para clientes.