STC de 8 de junio de 2017, recurso de inconstitucionalidad 3856-2012. Declaración Tributaria Especial (DTE). Declaración de inconstitucionalidad. Inconstitucional y nulidad de la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público. Considera el Tribunal que la disposición impugnada ha afectado a la esencia del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que enuncia el art. 31.1 CE, alterando sustancialmente el modo de reparto de la carga tributaria que debe levantar la generalidad de los contribuyentes en nuestro sistema tributario según los criterios de capacidad económica, igualdad y progresividad. Al haberlo hecho así, es evidente que no puede introducirse en el ordenamiento jurídico mediante el instrumento normativo excepcional previsto en el art. 86.1 CE; esto conduce necesariamente a declarar la disposición impugnada inconstitucional y nula, por contradecir la prohibición prevista en este precepto constitucional.

SAN de 13 de marzo de 2017, rec. 218/2014. IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES. Devengo. Herencia de una residente en Reino Unido en la que se nombran fideicomisarios: "trustees" y "executors". El valor de los bienes integrantes de la herencia es el que tuvieran en el momento del fallecimiento del causante. Entender lo contrario, supondría vulnerar la seguridad jurídica de los herederos, pues se estaría dejando el devengo del impuesto en manos de los trustees al decidir éstos el momento en decidieran hacer efectiva la venta de los bienes. Estimación del recurso en lo relativo a la aplicación de la doctrina contenida en la STJUE de 3 Sep. 2014, en virtud de la cual se modificó la normativa para permitir a los no residentes la aplicación de la normativa autonómica en donde se encuentre el mayor valor de los bienes.

STJUE de 11 de mayo de 2017, as. C-36/2016. DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Cesión de la propiedad de un bien inmueble en compensación de deuda tributaria de un empresario. La entrega de un bien por un sujeto pasivo del IVA, a favor de la Hacienda Pública de un Estado miembro o de una entidad territorial de ese Estado por impuestos impagados, no puede considerarse una operación a título oneroso, a efectos del artículo 2, apartado 1, letra a), de la Directiva IVA, y por tanto no está sujeta al IVA.

STS de 31 de enero de 2017, rec. 2300/2015. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Regímenes especiales. Fusiones. Cálculo de la diferencia de fusión. Reparto de dividendo a cargo de las reservas, asiento posteriormente anulado tras la fusión. Examen de la retroacción contable, a efectos de imputar el resultado a la adquirente. Aplicación del art. 89.3 del TRLIS. Fecha de valoración de los bienes que van a integrarse. En la fusión impropia la absorbente posee la totalidad del capital de la absorbida, y con la fusión se va a producir la formalización contable de una unidad preexistente a la fusión que integrará el patrimonio de la absorbida con su disolución sin liquidación. Si bien los efectos jurídicos se van a producir en el momento de la inscripción registral, para la formalización de la fusión la fecha a la que debe venir referido el valor de lo que va a integrarse, (anterior a la inscripción) la determinará el último balance aprobado antes de la efectiva integración; sirviendo de referencia para determinar la diferencia de fusión, debe coincidir, por remisión normativa expresa, dicha determinación a efectos contables y fiscales. SANCIÓN TRIBUTARIA. Culpabilidad de la sociedad insuficientemente motivada.

STS de 4 de mayo de 2017, rec. 1343/2016. SANCIÓN TRIBUTARIA. Declaración e ingreso de un IVA devengado en el tercer trimestre del año 2003 en el cuarto trimestre de 2003, sin mediar requerimiento previo de la AEAT ni cumplimentar la correspondiente declaración o autoliquidación extemporánea. Diferimiento consciente del IVA repercutido. Las autoliquidaciones extemporáneas deben identificar expresamente el periodo impositivo de liquidación al que se refieren y contener únicamente los datos relativos a dicho periodo. Imposición de recargo procedente. Caducidad del plazo para incoar el procedimiento sancionador.

STC  de 11 de mayo de 2017, rec. 4864/2016. CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS. Nulidad parcial del art. 107 LRHL impugnado y del 110.4 LRHL por conexión con el anterior, únicamente en la medida en que someten a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica e impiden a los sujetos pasivos poder acreditar esta circunstancia. CAPACIDAD ECONÓMICA. El principio constitucional no autoriza al legislador a gravar riquezas ficticias e inexpresivas de capacidad económica. Los preceptos cuestionados fingen, sin admitir prueba en contrario, que por el solo hecho de haber sido titular de un terreno de naturaleza urbana durante un determinado período temporal -entre uno y veinte años-, se revela un incremento de valor y una capacidad económica susceptible de imposición, impidiendo al ciudadano cumplir con su obligación de contribuir, no de cualquier manera, sino exclusivamente de acuerdo con su capacidad económica.

STS de 20 Abr. 2017, Rec. 1172/2016. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Regularización e imposición de sanción por el ejercicio 2006. Valoración errónea de operación social vinculada con el único socio, actor profesional. Falta del mínimo rigor exigible por parte de la entidad y del socio a la hora de determinar el valor de las operaciones vinculadas. Liquidación y sanción procedentes. RECURSO DE CASACIÓN PARA LA UNIFICACIÓN DE DOCTRINA. La pretensión de alterar la apreciación que la Sala a quo realiza del aspecto subjetivo de la culpabilidad, tratando de reproducir el debate sobre la concurrencia de la negligencia determinante de toda sanción tributaria o sobre la existencia de una interpretación razonable de la norma excede del ámbito permitido al recurso extraordinario.

STJUE de 5 de abril de 2017, as. C-217/2015. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Impago del tributo. Sanción administrativa y sanción penal por los mismos hechos. Interpretación del principio ne bis in idem del art. 50 de la Carta de Derechos Humanos de la Unión Europea. La aplicación del principio garantizado requiere que la persona que es objeto de las sanciones y de las actuaciones penales sea la misma. Falta de identidad de la persona encausada. En el caso, la normativa nacional controvertida que permite incoar un procedimiento penal por no haberse abonado el IVA, con posterioridad a la imposición de una sanción tributaria definitiva por los mismos hechos, no se opone al art. 50 de la CEDH, si dicha sanción se ha impuesto a una sociedad dotada de personalidad jurídica y el procedimiento penal se ha incoado contra una persona física.

STS de 4 de marzo de 2017, rec. 834/2016. INTERESES DE DEMORA TRIBUTARIOS. Liquidación de intereses derivados de la suspensión de la sanción tributaria. La cuestión principal se centra en dilucidar si los herederos deben hacer frente a los intereses derivados de la suspensión de la sanción tributaria en vía administrativa, y la respuesta debe ser negativa, pues en aplicación del principio de personalidad de la pena, no siendo transmisible al heredero la sanción, tampoco lo son los intereses derivados de la suspensión de la misma.

STJUE de 26 de abril de 2017, as. C-564/2015. DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Inversión del sujeto pasivo y facturación errónea. El adquirente de un bien puede verse privado del derecho a la deducción del IVA indebidamente abonado al vendedor conforme a una factura expedida según las normas del régimen ordinario del impuesto, mientras que a la operación pertinente le era aplicable el mecanismo de inversión del sujeto pasivo, aun cuando el vendedor ingresó dicho impuesto en la Hacienda Pública. Sin embargo principios de neutralidad fiscal, de efectividad y de proporcionalidad y la propia Directiva 2006/112 exigen, en la medida en que el reembolso, por parte del vendedor al adquirente, del IVA indebidamente facturado resulte imposible o excesivamente difícil de recuperar que el adquirente pueda solicitar la devolución directamente a la autoridad tributaria. SANCIÓN TRIBUTARIA. El pago de una sanción tributaria del 50 % del importe del IVA a la Administración tributaria, aun cuando esta última no ha sufrido una pérdida de ingresos y no existen indicios de fraude fiscal, se opone al citado principio de proporcionalidad.