En una de las últimas reuniones de los lunes barceloneses, el delegado territorial en Barcelona del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat, Sr. Jordi Salleras, tuvo la amabilidad de ofrecernos una conferencia-coloquio sobre uno de los temas candentes de la actualidad tributaria: la aplicación de las bonificaciones del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en las transmisiones de empresas familiares y de vivienda familiar. Como puso de relieve el Sr. Salleras la normativa sobre esta materia ?artículo 20 de la ley del impuesto, en su redacción establecida por el real decreto-ley 7/1996, de 7 de junio, y la ley 14/1996, de 30 de diciembre? esta pidiendo a gritos un desarrollo reglamentario. O tal vez, mejor, una interpretación auténtica del legislador, mediante reforma legal (Pero, por favor, que la redacten otros). Son muy numerosas las dudas que nos asaltan a contribuyentes, asesores y funcionarios. La dirección general de Tributos estatal se lava las manos y las interpretaciones son dispares en las diversas Comunidades Autónomas.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia es una Sala de vanguardia o de arte y ensayo. Con relativa frecuencia, sus sentencias producen, sobre todo entre las filas de la Administración, perplejidades muy acusadas, sorpresas descomunales, a veces, ataques de histeria. Los directores de departamento de la Agencia montan en cólera, los jefes de las dependencias de inspección corren a esconderse debajo de la cama, los simples funcionarios tiemblan como la hoja en el árbol o lloran a escondidas, como unas magdalenas. El secreto de este benemérito Tribunal es el mismo secreto de todas las vanguardias que en el mundo han sido: contemplar el arte y la vida ?en este caso, la vida jurídico-tributaria? con ojos nuevos y libres de prejuicios, como si viviésemos en un país normal, que no hubiese pasado por cuarenta años de dictadura política ni por otros diez o doce años de Terror borrelliano, que nos han deformado la mirada y el modo de ver las cosas. Como si los litigios entre los ciudadanos y la Administración fuesen litigios entre partes iguales ante la Ley.

1. Introducción 2. Regulación hasta el 31.12.96. 3. Normativa vigente desde el 1.01.97 4. Derecho transitorio. Anexos. Abreviaturas.

La disposición citada en el encabezamiento introduce una serie de modificaciones, que el Gobierno ha considerado «de extraordinaria y urgente necesidad» en la legislación del IVA. El presente trabajo tiene la modesta pretensión, más informativa que doctrinal, de darlas a conocer. Seguir en la exposición el orden del articulado nos pondría en riesgo de contagiarnos del hermetismo del legislador. Nos atenemos al orden de la exposición de motivos, bastante más esclarecedora. 1. Criterios de localización de los servicios de telecomunicación Hasta el presente, los servicios de telecomunicación tributaban en el lugar donde radicaba la sede del prestador. Como se expone en la exposición de motivos del real decreto-ley, los avances de la tecnología permiten actualmente prestar estos servicios desde cualquier lugar para cualquier destino. Como consecuencia de ello, se había producido una disminución de la recaudación en la Comunidad Europea, ya que las empresas de telecomunicación tendían a trasladar sus sedes hacia territorios de baja tributación. Por esta razón el Consejo de la Comunidad Europea, con fecha 11 de marzo de 1997, adoptó una decisión por la que autorizaba a los Estados miembros a aplicar una excepción al artículo 9 de la Sexta directiva, en el sentido de que los servicios de telecomunicación se puedan localizar a efectos del IVA en el lugar donde radique la sede o establecimiento del destinatario (obviamente, se entiende el destinatario del servicio, es decir, quien lo requiere, no el destinatario del mensaje transmitido). El real decreto-ley hace uso de esta autorización. La instrumentación técnica de la medida es la siguiente:

La actual fragmentación de la gestión tributaria entre diversas Administraciones Públicas, puede plantear ?y plantea de hecho en la práctica? problemas tales como el de los efectos de una autoliquidación presentada ante Administración incompetente. Dada la complejidad de las normas reguladoras de la competencia para liquidar en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y, en ciertos casos, en el de Sucesiones y Donaciones, la situación se produce con cierta frecuencia entre Comunidades autónomas de régimen común. Un sujeto pasivo autoliquida e ingresa en una comunidad determinada una deuda tributaria que, de acuerdo con los puntos de conexión establecidos por la ley de cesión de tributos, corresponde a otra Comunidad. ¿Qué efectos tiene esta actuación? Pero también puede producirse entre Comunidades autónomas de régimen común y Comunidades de régimen foral, e incluso entre diversas Administraciones de régimen foral. Y ello no sólo en el ámbito de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y sobre Sucesiones y Donaciones sino en el ámbito de la imposición directa.

La interesante sentencia citada en el encabezamiento (ponente Sr. Vives de la Cortada Ferrer-Calbetó), aparece publicada en la revista JT, rª 617. Los hechos, en síntesis, son los siguientes: La Administración tributaria denuncia ante el juez a una determinada persona física —llamémosle H— por posible fraude en la confección y distribución de facturas falsas del IVA. El juez decreta la entrada y registro en el domicilio de H. En el curso del registro es intervenida una importante cantidad de documentación, gran parte de la cual se refiere a la sociedad anónima X, de la cual H, el denunciado, era administrador. El registro ordenado por la autoridad judicial había sido practicado, como es sólito en estos casos, por inspectores de la Agencia Tributaria. Una vez en posesión de la documentación, que, naturalmente, formaba parte del sumario seguido contra H. y debía estar, por lo tanto, a disposición del juez, la Agencia Tributaria dispone de ella con el mayor desparpajo para emprender una actuación investigadora cerca de la sociedad X, actuación que culmina con la extensión de sendas actas de disconformidad.

Una de las cuestiones que vienen suscitando últimamente frecuentes controversias en la práctica administrativa es la del alcance de la conformidad a prestar como condición para gozar del derecho a la reducción de la sanción en un 30%, según la vigente redacción del artículo 82-3 LGT, o en un 50% según la normativa anterior a la vigencia de la ley 25/1995. De acuerdo con el tenor literal del precepto, el objeto de la conformidad que condiciona la reducción es «la propuesta de regularización» que se formule. Está fuera de duda que la propuesta de regularización no comprende sólo los hechos, sino el resultado de aplicar a estos hechos las correspondientes normas jurídicas. Quien reconociese los hechos que se le atribuyen, pero discrepase de las

La rutina suele ser mala con

En nuestro informe 48/95 comentábamos las novedades que se habían producido en el tratamiento de los documentos de giro por el impuesto sobre actos jurídicos documentados, como consecuencia de la publicación del reglamento aprobado por R.D. 828/1995, de 24 de mayo. Nos deteníamos, especialmente, en dos temas: el de los pagarés cambiarios y el de los recibos transmitidos en soporte magnético a través de entidades bancarias. Sobre uno y otro tema se han producido últimamente novedades que pueden ser de interés para los asociados. Sobre el tema pagarés, la sentencia de la Audiencia Nacional de 18 de febrero de 1997, que puede encontrarse parcialmente reproducida en la revista Quincena Fiscal, nº 12; sobre el tema recibos, una interesante resolución de la DGT, de fecha 16 de junio de 1997, en la que, respondiendo a consulta, se declara que la entrega de una relación de créditos comerciales en gestión de cobro, en las condiciones que se especifican en el escrito de consulta, no constituye hecho imponible del impuesto sobre actos jurídicos documentados. 1. Los pagarés sin cláusula «no a la orden», no están sujetos al impuesto (Sentencia de la AN de 18 de febrero de 1997). En nuestro ya citado informe puede encontrar el lector un resumen del estado de la cuestión al tiempo de publicarse el reglamento de 1995. Baste decir aquí que, hasta la entrada en vigor de la ley 19/1985, cambiaria y del cheque, era doctrina pacífica la de que los pagarés sólo tenían la consideración de documentos de giro sujetos al IAJD cuando contuviesen cláusula «a la orden» expresa.

Así como la primera obligación de los pasteleros es ser diabéticos, la primera obligación de los asesores fiscales es pagar la menor cantidad de impuestos que sea posible (pos supuesto, dentro de la ley) aunque sólo sea para dar ejemplo a sus clientes. Como es sabido, la ley 43/1995 estrechó el cerco a que el Ministerio de Hacienda tiene sometidas a las sociedades de profesionales, a las que se niega un derecho indiscutido para las sociedades dedicadas a actividades empresariales: el de limitar la tributación de sus beneficios por la escala progresiva del IRPF a los dividendos que juzguen conveniente repartir, según las necesidades de sus socios. Los beneficios no distribuidos se remansan en reservas, como los indios norteamericanos, y limitan su tributación al tipo proporcional del impuesto sobre sociedades. Pues bien, este tratamiento, que se aplica a todo tipo de sociedades en cualquier tierra de pan, en esta tierra nuestra de garbanzos, les está vedado a las sociedades de profesionales, condenadas a transparencia fiscal obligatoria. Esto constituye una discriminación contraria a la igualdad ante la ley, ya que nada lo justifica. Por ello, la búsqueda de caminos para romper la transparencia fiscal obligatoria dentro de la legalidad no es maniobra censurable, sino legítima defensa.