STS de 10 de marzo de 2016, rec. 3528/2014. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Ejercicio 2003. Regímenes especiales. Regularización improcedente por el concepto de Reserva para inversiones en Canarias. Aportación no dineraria de rama de actividad de explotación turística para suscribir una ampliación de capital, con cesión de todos los derechos y obligaciones y posterior baja por la transmitente de la RIC dotada, con traspaso a reservas voluntarias, de libre disposición, antes de haberse cumplido el plazo de cinco años de permanencia en la empresa de la inversión. Correcto reflejo en la contabilidad de la adquirente del resultado de la transmisión y cumplimiento por la adquiriente de los requisitos derivados de los incentivos fiscales de la entidad transmitente referidos a los bienes y derechos controvertidos. REESTRUCTURACIÓN EMPRESARIAL. No puede entenderse que la transmisión suponga un incumplimiento por parte de la entidad aportante, sino al contrario, dado el carácter neutral de la fiscalidad de este tipo de operaciones la entidad adquirente está obligada a continuar con el requisito exigido. Reitera doctrina.

STSJ de Galicia de 13 de abril de 2016, rec. 15504/2015. IRPF. Rendimientos del Trabajo. Dietas exceptuadas de gravamen. Gastos de locomoción, manutención y estancia. Carga de la prueba. Es la entidad pagadora y no el asalariado la que debe acreditar documentalmente la subsunción en el concepto de dietas de los diversos capítulos abonados por este concepto, por lo que no cabe desplazar al recurrente la carga de la prueba que no le corresponde.

STSJ de Madrid de 31 de marzo de 2016, rec. 913/2013. ISD. Comprobación de valores. Dictamen de perito. Comparación de testigos. Falta de motivación. Aplicación de la doctrina sentada en STS de 26 de noviembre de 2015. El inmueble en cuestión no ha sido reconocido personalmente por el perito ni se ha justificado la innecesaridad de dicha visita; no se justifica por el perito el estado de conservación del inmueble ni sus calidades constructivas; no se razonan las circunstancias por las que se consideran semejantes los testigos utilizados ni se aportan tales testigos, ni se precisa si en los testigos se reflejan valores declarados y/o comprobados administrativamente.

Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, número 2, de Jaén, de 10-03-2016, número 212/16, P.A. 660/15. IIVTNU. Transmisión con pérdidas. Cada vez más órganos de nuestra jurisdicción están dictando sentencias favorables al obligado tributario cuando transmite un inmueble con pérdidas, entendiendo que en ese caso no debería exigirse la plusvalía municipal. Pero para ello, es necesario probar que la transmisión por herencia de los inmuebles en cuestión no ha generado ninguna plusvalía. Es decir, hay que probar que se ha producido una reducción del valor del terreno durante el periodo de tenencia, y para ello es necesario el informe técnico de un experto en la materia.

STJUE de 17 de abril de 2016, as. C-522/2014. LIBERTAD DE ESTABLECIMIENTO. CONTROLES FISCALES. Límites al secreto bancario. Normativa de un Estado miembro que impone a las entidades de crédito la obligación de comunicar a la administración tributaria información acerca de los activos de clientes fallecidos, a efectos del Impuesto sobre Sucesiones. Interpretación del artículo 49 TFUE. El precepto aludido no se opone a la aplicación de dicha normativa a las sucursales establecidas en otro Estado miembro, en el cual el secreto bancario prohíbe, en principio, tal comunicación».

STS de 17 de marzo de 2016, rec. 1775/2014. INSPECCIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA. ACTUACIONES INSPECTORAS. Ampliación de plazo de duración de actuaciones injustificada. Prescripción del derecho de la Administración a liquidar. En el caso, la inicial hipotética «complejidad» del expediente motivadora de la duración y ampliación del plazo de las actuaciones quedó desvirtuada por la realidad de los hechos, por existir plazos de inacción prolongada carentes de justificación, y rechazado por los órganos administrativos los datos obtenidos en las actuaciones.

STS de 16 de marzo de 2016, rec. 2243/2014. ACTUACIONES INSPECTORAS. INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN. Interpretación del concepto "dilación imputable al contribuyente". Calificación del periodo de tiempo transcurrido desde que un contribuyente manifiesta a la Inspección que no dispone de la documentación solicitada por la Inspección y acredita que la ha solicitado a un tercero a quien la Inspección se puede dirigir. Interpretación del art. 31 bis.2 RGIT, 1986. DOCTRINA JURISPRUDENCIAL. NO existe dilación imputable al contribuyente, desde que el contribuyente manifiesta a la Inspección que no dispone de la documentación requerida y que dicha documentación ha sido solicitada a la entidad financiera, a quién la Inspección puede dirigirse directamente.

STJUE, de 7 de abril de 2016, as. C-546/2014. DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Empresario en situación de insolvencia. Normativa estatal que posibilita realizar un pago parcial de un crédito de IVA en el marco de un procedimiento de convenio concursal. Interpretación del artículo 4 TUE, apartado 3, y los artículos 2, 250, apartado 1, y 273 de la Directiva 2006/112/CE. La normativa nacional controvertida no es contrario a la obligación de los Estados miembros de garantizar la percepción íntegra del IVA devengado en su territorio y la recaudación eficaz de los recursos propios de la Unión, puesto que no constituye una renuncia general e indiscriminada a la percepción del IVA.

STS de 11 de marzo de 2016, rec. 2209/2013. ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS. Asesoría fiscal. Sanción impuesta al cliente por la AEAT por incumplimiento de los requisitos para el mantenimiento de las deducciones que había disfrutado en el IRPF. Conducta negligente de la asesora fiscal contratada que omitió prestar un asesoramiento específico y esencial para seguir manteniendo los beneficios fiscales obtenidos por el cliente en las sociedades a las que transmitió su patrimonio. Indemnización de los daños y perjuicios causados. Reducción del importe objeto de condena correspondiente a los costes financieros del aval prestado por el cliente en garantía del aplazamiento de los pagos a la Agencia Tributaria, en el sentido de excluir de dicha condena los intereses indebidamente liquidados por la Agencia Tributaria, que deben ser resarcidos por esta. Se trata de un daño imputable a una causa distinta de la conducta negligente de la asesora, por lo no procede la condena a su indemnización.

El Juzgado de Primera Instancia desestimó la demanda de reclamación de cantidad por incumplimiento de contrato de arrendamiento de servicios. La AP Madrid revocó la sentencia y estimó en parte la demanda. El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de casación interpuesto por la demandada y modifica la sentencia recurrida en el sentido de reducir del importe objeto de condena.

STS de 17 de febrero de 2016, rec. 858/2014. APLAZAMIENTO DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS. EMPRESAS CONCURSADAS. Denegación de la solicitud de aplazamiento en el pago del IVA del mes de septiembre de 2011 por la entidad obligada al pago justificada por la AEAT en dificultades de tesorería. Acto administrativo carente de motivación, el dato del montante de las deudas no fue valorado como debía por la Administración al adoptar su decisión, centrándose única y exclusivamente en la declaración en concurso voluntario de acreedores. Confirmación del acto recurrido por los jueces a quo improcedente. La declaración en concurso voluntario de acreedores no es sinónimo de dificultades financieras estructurales ni de que el deudor nunca vaya a poder hacer frente a sus obligaciones. En el caso, el activo de la compañía era superior a su pasivo (incluidas todas las deudas tributarias). Retroacción de las actuaciones para que la Administración se pronuncie motivadamente sobre la solicitud de aplazamiento.