STJUE de 1 de octubre de 2015, as. C201/14. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. Obligación de las Administraciones nacionales de comunicar a los interesados la transmisión de sus datos personales a otras Administraciones públicas. Esa comunicación debe contener la información relativa a la identidad del responsable del tratamiento, los fines de ese tratamiento y cualquier otra información necesaria para garantizar un tratamiento leal de los datos. En el supuesto enjuiciado, se ha producido una vulneración del derecho de la Unión, al transmitir la Agencia tributaria de un Estado miembro los datos de las personas que obtienen ingresos de actividades por cuenta propia a la Administración competente en materia de seguros de enfermedad para que pudieran reclamar los pagos de los atrasos de las cotizaciones a dicho sistema.

STJUE de 17 de marzo de 2016, as. C-40/2015. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Exenciones. Servicios de tramitación y liquidación de siniestros prestados por una entidad en nombre y por cuenta de una empresa de seguros. Interpretación de la Directiva 2006/112/CE «Directiva IVA». Interpretación del artículo 135.1 a) de la Directiva en el sentido de que las prestaciones de servicios como en este caso, efectuadas por un tercero para una empresa de seguros en nombre y por cuenta de ésta sin que dicho tercer tenga relación jurídica alguna con el asegurado, no entran dentro del ámbito de aplicación de la exención prevista en dicha disposición.

RTEAC de 17 de marzo de 2016, rec. 3868/2013. IVA. Resolución de contrato. Rectificación. Art 89.Cinco, letra b) LIVA. No consideración de ingreso indebido. Plazo de prescripción para la rectificación. Tras sentencia del Tribunal Supremo en la que se confirma la resolución de un contrato de compraventa, la entidad interesada solicita la rectificación de la autoliquidación y la Administración la deniega por considerar que ha prescrito el derecho a obtener la devolución de ingresos indebidos (4 años desde la fecha límite de la autoliquidación) . No puede ser así en cuanto el derecho a la rectificación surge con la circunstancia que determina la modificación de la base imponible, sin que pueda considerarse que el plazo de rectificación en los casos del artículo surja desde el momento del devengo inicial de la operación que posteriormente se modifica. La minoración de las cuotas repercutidas no da lugar a un ingreso indebido (no tiene esa consideración) cuando procede de una modificación sobrevenida de la base imponible (resolución de contrato en este caso). La devolución procedente es la derivada de la normativa del tributo, no de un ingreso indebido. Por otro lado, la ausencia de calificación correcta por parte de la Administración tributaria y la dicción del Art. 89.Cinco, impiden trasladar a la entidad los efectos perniciosos que ello conllevaría, y dado que ha existido controversia sobre la forma de proceder a rectificar, la entidad tendrá derecho a efectuarla emitiendo factura rectificativa a partir del momento en que la resolución del TEAC sea firme.

STS de 17 de febrero de 2016, rec. 1170/2014. IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES. Supuestos de no sujeción. Cambio de criterio. Actividades de generación y comercialización de energía eléctrica. Autorización administrativa concedida a una mercantil para instalaciones de generación de energía eólica. Determinación de si se está ante un servicio público sujeto a relación y control administrativo que daba ser equiparado a una concesión administrativa a efectos de sujeción del impuesto. Examen de la figura controvertida, así como de la trascendencia social y económica del suministro eléctrico, que justifica una intensa intervención administrativa, pero que no permite por sí mismo la existencia de un derecho originario de titularidad pública que es transmitido o cedido a un particular; no se otorgan a la entidad prestadora del servicio facultades de gestión de servicio público ni se origina un desplazamiento patrimonial a favor de la empresa autorizada para la actividad de generación de energía eléctrica, lo que supone que NO se da el hecho imponible del ITP. Cambio de criterio respecto del mantenido en SSTS 7 Feb. y 23 Sep. 2013.

STSJ de Madrid de 18 de diciembre de 2015, rec. 949/2013. Procedimiento económico-administrativo. Ejecución de la resolución. La resolución del TEAR a ejecutar, tras resolver sobre el fondo, anulaba la sanción con devolución del expediente al órgano de Inspección, para que proceda practicar una nueva liquidación de la sanción por no haber discriminado en la graduación de las infracción tipificada en el artículo 191.1, por un lado, la parte de la base de la sanción correspondiente a la infracción calificada como muy grave, al utilizar medios fraudulentos -facturas falsas-, y, por otro lado, la parte correspondiente a los restantes motivos de regularización en los que no concurre la circunstancia agravante. Por lo tanto no se inicia un nuevo procedimiento sancionador sino que se ejecuta la decisión del TEAR al amparo del artículo 66 citado pues anula parcialmente el acto impugnado y con ello se conservan los actos y trámites no afectados por la causa de anulación, con mantenimiento íntegro de su contenido lo que impide atender el computo de plazos que se realiza en demanda. La anulación de la resolución en su día recurrida lo es por no haber discriminado en la graduación de las infracción tipificada en el artículo 191.1, por un lado, la parte de la base de la sanción correspondiente a la infracción calificada como muy grave, al utilizar medios fraudulentos - facturas falsas-, y, por otro lado, la parte correspondiente a los restantes motivos de regularización en los que no concurre la circunstancia agravante. Estamos pues ante efectos formales o procedimentales por lo que procede la retroacción de actuaciones, prevista cuando se produzca el presupuesto legal relativo a defecto formal con disminución de las posibilidades de defensa del reclamante.

SAN de 15 de febrero de 2016, rec. 221/2014. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Deducciones y devoluciones. Cuando el plazo para poder optar por la aplicación de la prorrata especial obliga a optar sin conocer todos los datos, su incumplimiento supone para que el sujeto pasivo que se vea privado del derecho a la devolución, lo que vulnera el principio de neutralidad impositiva del IVA al verse reducido de manera sustantiva el derecho sustantivo a la deducción por el mero incumplimiento formal de un plazo. La Audiencia Nacional estima recurso contencioso-administrativo interpuesto contra resolución del TEAC, anulando la liquidación girada por el concepto del IVA y reconociendo el derecho del interesado a la rectificación de la autoliquidación girada en relación con el IVA.

RTEAC de 2 de marzo de 2016, rec. 7498/2015. Impuesto sobre Sociedades. Obligaciones formales. Cómputo del plazo establecido para presentar declaraciones. Período impositivo quebrado. Cuando el período impositivo del Impuesto sobre Sociedades concluya el 30 de junio, el plazo de 6 meses se computa de fecha a fecha y, por tanto, concluye el 30 de diciembre siguiente. En consecuencia, los 25 días para presentar la declaración empiezan a computar el 31 de diciembre y concluyen el día 24 de enero siguiente. La misma regla deberá regir siempre que el período impositivo termine el último día de un mes que no tenga 31 días.

RTEAC de 2 de marzo de 2016, rec. 02976/2015. IRPF.  Ganancias o pérdidas patrimoniales. Alteración patrimonial. Transmisión lucrativa por causa de muerte. Derecho Civil Gallego. Institución de la APARTACIÓN. A la alteración patrimonial puesta de manifiesto con ocasión de  las transmisiones realizadas mediante la institución de la apartación regulada en la Ley 2/2006, de 14 de junio de Derecho Civil de Galicia le resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 33.3.b) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por lo que se estima que en dichos supuestos no existe ganancia o pérdida patrimonial sujeta al IRPF, por cuanto las características propias de este pacto sucesorio del derecho civil gallego permiten concluir que nos encontramos ante una adquisición mortis causa.

STS de 23 de noviembre de 2015, rec. 4091/2013. TASAS MUNICIPALES. GESTIÓN PRIVADA. Impugnación del Acuerdo del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma por la que se aprueba la modificación de la Ordenanza reguladora de la prestación del servicio de suministro de agua para 2012. Naturaleza de la contraprestación económica que los usuarios deben abonar por recibir el servicio municipal de abastecimiento domiciliario de agua potable cuando de la prestación se encarga una entidad privada, adjudicataria de la concesión del servicio. Modificación introducida por la Ley 2/2011, de Economía Sostenible. Las contraprestaciones que satisface el usuario del servicio de suministro de agua potable prestado mediante concesión deben ser calificadas como tasas, con independencia de la modalidad de gestión empleada. Incluso en los casos en que el servicio es gestionado por un ente público que actúa en régimen de Derecho privado, a través de sociedades municipales o por un concesionario, lo exigido a los ciudadanos tiene la calificación de tasa, no de precio privado o tarifa. La forma de gestión del servicio no afecta a la naturaleza de la prestación, siempre que su titularidad siga siendo pública. VOTO PARTICULAR.

STSJ de Cataluña de 10 de diciembre de 2015, rec. 543/2012. IRPF. Exención por trabajos realizados en el extranjero. Del análisis del certificado expedido por el propio recurrente en su condición de Director de Recursos Humanos, se aprecia que muchos de los desplazamientos obedecieron a su participación en reuniones de los órganos de dirección del grupo. Es decir, son actividades subsumibles en aquéllas que se realizan por un miembro del grupo debido a sus intereses en uno o varios de los restantes integrantes y que, por tanto, no justificarían una retribución a cargo de las sociedades que se beneficien de las mismas, por lo no cabe considerar que se ha prestado un servicio intragrupo que pudiere beneficiarse de la exención cuestionada. Ningún dato adicional se ha aportado que permita concluir que tales actividades supusieron un ventaja o utilidad para las filiales que incidieron directamente en su funcionamiento y en la obtención de resultados de cada una de las sociedades.