Inviolabilidad del domicilio. Entrada domiciliaria. Ausencia de proporcionalidad y necesidad. Se presupone que la entidad lleva una contabilidad oculta porque otras empresas del sector lo hacen o que, como tiene muy pocas ventas a través de tarjetas de crédito o porque tiene imputaciones de ventas muy bajas, está ocultando sus reales ingresos a la AEAT. Si eso fuese base suficiente para conceder la autorización de entrada, un gran número de empresas o personas jurídicas de todo tipo en este país podrían estar en la misma situación que la entidad en cuyo domicilio se pretende la entrada por autorización judicial. Lo que debe hacer la AEAT es desarrollar las correspondientes actuaciones de comprobación e investigación con la entidad a fin de acreditar la realidad de sus suposiciones y de establecer una base probatoria consistente en la que centrarse, para llegar a una liquidación tributaria motivada y fundada, sin que, por ello, pueda entenderse que se den este caso las condiciones necesarias de proporcionalidad y necesidad de la autorización de entrada solicitada.

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Deducciones y devoluciones. IVA soportado por la adquisición de servicios de asesoramiento mediante abono. Interpretación de la Directiva 2006/112/CE. Contrato de abono a servicios de asesoramiento. Inclusión en el ámbito de aplicación de la citada Directiva. El concepto de «prestaciones de servicios» comprende los contratos de abono para proporcionar servicios de asesoramiento a una empresa, en especial de índole jurídica, comercial y financiera, como el del caso, con arreglo a los cuales el prestador se pone a disposición del cliente durante el período de vigencia del contrato. Devengo y exigilidad del Impuesto. Prestación efectiva de los servicios. Compromiso de estar permanentemente a disposición del cliente y de no celebrar contratos con sus competidores. Con independencia de si el cliente ha solicitado efectivamente los servicios del prestador y de la frecuencia con que lo haya hecho, el devengo del impuesto y su exigibilidad se producen al término del período estipulado para el pago.

RECURSO DE CASACIÓN. IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. Declaración de nulidad de la Ponencia de Valores en la Instancia cuando sólo se ha impugnado el acto administrativo de valoración catastral de determinados inmuebles y las liquidaciones practicadas al contribuyente. Incongruencia de la sentencia extra petita al dar más de lo pedido. La propia parte recurrida reconoce expresamente que en modo alguno impugnó ni solicitó en la instancia la nulidad de la Ponencia de Valores. Anulación de la valoración catastral individual de los inmuebles No ha quedado acreditado que se haya respetado la limitación legal establecida entre el valor de mercado y el valor catastral. CARGA DE LA PRUEBA. Presunción de certeza de la Ponencia de Valores desatendida por la Instancia.

DERIVACIÓN DE RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA. Impugnación de acuerdos de declaración de responsabilidad cuando concurren o se acumulan 2 supuestos de hecho distintos tipificados de forma independiente. Examen de los dos supuestos de responsabilidad subsidiaria de loa administradores de las personas jurídicas que regula el artículo 43 LGT. Doctrina del TEAC sobre la aplicación retroactiva de la norma más favorable en supuestos de declaración de responsabilidad, en cuyo alcance se incluyan las sanciones impuestas al deudor principal, y de la Audiencia Nacional en relación con el criterio del TEAC y la aplicación retroactiva del artículo 41.4 LGT en los acuerdo de declaración de responsabilidad que no han adquirido firmeza y en cuyo alcance se comprendan las sanciones. FIJACIÓN DE CRITERIO. Cuando se impugne un único acuerdo de declaración de responsabilidad y en el mismo concurran o se acumulen dos supuestos de hecho distintos y tipificados de forma independiente en la LGT a efectos de la derivación de responsabilidades, debe examinarse la procedencia de cada supuesto de forma individual, a efectos de acordar bien la retroacción de actuaciones al amparo del artículo 41.4 de la Ley General Tributaria, bien su anulación, bien su procedencia con arreglo a Derecho.

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA. Determinación del inicio del periodo ejecutivo y dictado de la providencia de apremio. Supuesto en que se impugna el acuerdo de denegación de fraccionamiento o aplazamiento de pago. FIJACIÓN DE CRITERIO. La eficacia del acuerdo por el que la Administración Tributaria resuelve una solicitud de aplazamiento/fraccionamiento no queda demorada hasta que sea firme, sin que en base exclusivamente a esa falta de firmeza puedan ser anulados los actos subsiguientes del procedimiento ejecutivo.

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Sujeto pasivo. Actividades económicas ejercidas por un organismo de derecho público municipal, cuyos gastos se cubren directamente por el presupuesto del municipio, y sus ingresos revierten a éste. Interpretación de la Directiva IVA en el sentido de que los organismos de derecho público, como las entidades integradas en el presupuesto municipal a las que se refiere el asunto principal, No pueden ser calificados como sujetos pasivos del IVA dado que no se ajustan al criterio de independencia previsto en el artículo 9.1 de la Directiva.

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Servicios a título oneroso. Operaciones exentas. Intercambio de divisas tradicionales por la divisa virtual «bitcoin» y viceversa. La divisa virtual «bitcoin» no tiene ninguna finalidad distinta de la de ser un medio de pago y que ciertos operadores la aceptan como tal. La exención del artículo 135, apartado 1, letra e), Directiva 2006/11, no puede interpretarse referida únicamente a las operaciones relativas a las divisas tradicionales pues ello sería equiparable a privarla de una parte de sus efectos.

El Tribunal de Justicia resuelve la cuestión prejudicial planteada interpretando la Directiva 2006/11, Directiva del IVA en el marco de un litigio sobre la sujeción al impuesto del valor añadido de las operaciones de cambio de divisas tradicionales por la divisa virtual «bitcoin», o viceversa.

APLAZAMIENTO DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS. EMPRESAS CONCURSADAS. Indebida denegación de la solicitud de aplazamiento en el pago del 4T IVA por la entidad obligada al pago debido a dificultades de tesorería. Examen de las características sobre el aplazamiento y fraccionamiento de las deudas tributarias en nuestro ordenamiento, caracterizado por ser una excepción a la forma ordinaria de pago y un derecho del contribuyente siempre que se den las circunstancias y se cumplan los requisitos a lo que el legislador condiciona su concesión, además de la necesidad de que la decisión de no concederlas esté suficientemente motivada. En este caso, la denegación se basa exclusivamente en que la empresa había sido declarada en concurso voluntario de acreedores (que alcanza en el concurso un convenio aprobado por el 96% de los acreedores), lo que no es suficiente para justificar la negativa de la Administración. La declaración de concurso voluntario no supone necesariamente que el deudor esté impedido permanentemente para hacer frente a sus compromisos. Falta de motivación del acto de denegación. Retroacción de las actuaciones para que la Administración se pronuncie motivadamente sobre la solicitud de aplazamiento.

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA. No legitimación activa de la sociedad dominante para impugnar la providencia de apremio notificada a una sociedad dominada e incumplidora del pago en período voluntario de una deuda tributaria relativa al IRPF-Retenciones. FIJA CRITERIO. El hecho de que una sociedad tribute en el Impuesto sobre Sociedades en el régimen especial de consolidación fiscal, no atribuye a la sociedad dominante del grupo legitimación activa para impugnar las actuaciones administrativas derivadas de la aplicación de otros tributos distintos al IS respecto a los que la sociedad dominada sea obligado tributario.

DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. Elementos del tipo. Absolución. No ha quedado acreditado que el acusado utilizara sociedades interpuestas para la prestación de servicios jurídicos y así obtener un beneficio fiscal, no ascendiendo el importe que en concepto de IRPF habría dejado de ingresar a la Hacienda Pública a 120.000 €. Distinción entre cuota impagada y cuota defraudada. La conducta típica, por acción u omisión, exige eludir el pago de tributos, entre otros supuestos, siempre que la cuantía de la cuota defraudada, exceda de 120.000 €. Análisis de la normativa de IRPF. Inexistencia de simulación negocial y regulación legal de la misma. Prueba de cargo insuficiente para desvirtuar la presunción de inocencia.