IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES. Imputación de ingresos y retenciones a cuenta. Embotelladora con permiso temporal para el uso en el mercado español de una marca internacional de especial difusión y prestigio y cuyo uso le supone un volumen de ventas notablemente superior al que obtendría de comercializar los productos bajo una denominación propia. Validez de la calificación otorgada por la Inspección de la parte de las cantidades pagadas que exceda del valor de los "concentrados" adquiridos como cánones. COMPROBACIÓN DE VALORES. Cuantificación del canon. La Inspección imposibilitada de conseguir información derivada de algún acuerdo suscrito por el Grupo cedente con un tercero independiente relativo a cesión de uso de marcas asimilable a la realizada a favor de la cesionaria procede a valorar el "quantum debeatur" de la obligación tributaria mediante datos relativos a empresas que denomina como de "marca blanca" y cuya identidad no le es revelada al contribuyente basándose en la confidencialidad de los datos de terceros. INDEFENSIÓN DEL CONTRIBUYENTE. Anulación de la liquidación practicada por falta de identificación de las empresas utilizadas en el muestreo determinante del valor de mercado que imposibilitó la comprobación por la contribuyente de su posible idoneidad.

PROCEDIMIENTO ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO. Revisión en vía administrativa. Supuestos en que el recurso de reposición contra el acto impugnado fue presentado extemporáneamente pero el órgano administrativo entró a conocer del fondo del asunto. CAMBIO DE CRITERIO. La inadmisión del recurso en tales circunstancias ignora la imposibilidad de modificar los actos propios de las Administraciones públicas declarativos de derechos, agravando la situación del Administrado. Por tanto, la resolución de la reclamación económico-administrativa que se interponga NO puede ya apreciar la extemporaneidad, sino que debe resolver sobre el fondo del asunto. CLASES PASIVAS. Denegación de alta en nómina por el concepto de viudedad. La interesada está percibiendo pensión de jubilación de 2.441 euros, que es el tope de pensión máximo establecido para las pensiones públicas.

DERECHO DE LA UE. DEVOLUCIÓN DE INGRESOS TRIBUTARIOS INDEBIDOS. Interpretación de los principios de efectividad, seguridad jurídica y protección de la confianza legítima. Vías de recurso disponibles para los contribuyentes con objeto de obtener la devolución de cantidades abonadas indebidamente en concepto de impuestos declarados incompatibles con la libertad de establecimiento y la libre circulación de capitales. En el caso de que según la normativa, pueda optar el contribuyente entre 2 vías de recurso posibles y una de ellas goce de un plazo de prescripción más largo, los principios interpretados se oponen a que dicha legislación reduzca el plazo de prescripción sin previo aviso y con carácter retroactivo. Es indiferente a dicha conclusión el hecho de que la disponibilidad de la vía de recurso que ofrecía el plazo de prescripción más prolongado sólo había sido reconocida recientemente por un órgano jurisdiccional inferior y sólo fuera confirmada definitivamente por el órgano jurisdiccional supremo con posterioridad.

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Operaciones de reorganización y reestructuración empresarial. Improcedencia de la liquidación practicada por no aplicar el régimen especial de fusiones del artículo 245.1 TR LSA a la aportación no dineraria de inmueble a tercera entidad mediante aumento de capital de ésta última y posterior separación de la propiedad del inmueble de la gestión y explotación de un gimnasio. Para que el aumento o ampliación de capital surta efectos frente a terceros se exige que el acuerdo se adopte por la Junta General de Accionistas, que se otorgue en escritura pública y se inscriba en el RM. Esta regla sin embargo no puede exigirse respecto a la Administración tributaria porque la entidad notificó la operación y su intención de acogerse al Régimen Fiscal Especial; dejó de ser un 3º de buena fe y por tanto la aportación desplegó efectos desde esa fecha. En consecuencia la operación debe imputarse al año 1999, lo que lleva a apreciar la prescripción.

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA. Ejecución de resoluciones y sentencias. Fecha de inicio del plazo a los efectos previstos en el artículo 150.5 LGT (finalización del plazo cuando una resolución judicial o económico-administrativa ordene la retroacción de las actuaciones inspectoras. UNIFICACIÓN DE CRITERIO. La fecha que ha de tomarse es la de recepción del expediente por el órgano competente para ejecutar la resolución o sentencia, y no la fecha de notificación de la resolución al órgano legitimado para la interponer el recurso de alzada ordinario o el recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Ganancias y pérdidas patrimoniales. Titularidad de los elementos patrimoniales. Régimen matrimonial. Dado que es la propia Administración la que ha iniciado un expediente de gestión relativo al IRPF del mismo ejercicio cuestionado a la esposa del recurrente y admite las transmisiones declaradas por la misma correspondientes a los inmuebles citados aceptando la titularidad compartida con su esposo al 50%, tal y como se puede observar de las declaraciones correspondientes al IRPF del 2005 presentadas por ambos cónyuges, por lo que habiendo admitido la administración el porcentaje del 50% a aplicar a las transmisiones declaradas por la esposa del recurrente, procede la anulación de la liquidación impugnada al marido por los mismos bienes. Se anula la resolución impugnada.

Impuesto sobre Sociedades. Base imponible. Compensación de bases negativas de ejercicios prescritos. El art. 23.5 Ley 43/1995 (Ley IS), impone al obligado tributario la carga legal de acreditar la procedencia y cuantía de las bases imponibles negativas "mediante" la exhibición de la liquidación o autoliquidación, la contabilidad y los oportunos soportes documentales en que se originaron, y ello cualquiera que sea al ejercicio en que se originaron, comprendiendo, por tanto también, los ejercicios prescritos. De esta forma, la carga queda cumplida por parte del obligado con la exhibición de la documentación indicada, y a partir de entonces surge para la Inspección la de demostrar que las bases negativas no se ajustan a la realidad o son contrarias al ordenamiento jurídico, para lo cual hay que reconocer a aquélla facultades de comprobación, que son las mismas que tenía en su momento respecto de los ejercicios prescritos, y que en absoluto afectan a la firmeza del resultado de la autoliquidación no comprobada y firme, pero si a aquél otro ejercicio en el que el derecho eventual o la expectativa de compensación tiene la posibilidad de convertirse en derecho adquirido al surgir bases positivas susceptibles de compensación. Y es que no tendría sentido el citado artículo, en la redacción aquí aplicable, limitado sólo a presentar soportes documentales o autoliquidaciones de los que se derivaran bases imponibles negativas si no se autorizara a la Inspección a llevar a cabo actos de comprobación para constatar que los datos reflejados en unos y otras se ajustaban a la realidad y resultaban conforme con el ordenamiento jurídico.

Impuesto sobre Sociedades. Régimen especial de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores. Amortización de fondo de comercio derivada de fusión entre empresas en la que la sociedad absorbente poseía el 100% de la entidad que desaparece, y esta se había acogido en operación previa de ampliación de capitales al régimen especial de neutralidad fiscal. En los supuestos en los que se cumple la totalidad de los requisitos previstos en el art. 103.3 Ley 43/1995 (Ley IS), no parece posible rechazar la deducción del fondo de comercio bajo el argumento de que se produce una desimposición, en tanto que la tributación por las aportaciones no dinerarias, acogida al régimen especial de diferimiento, se hará efectiva en el momento de la transmisión de las participaciones recibidas de la entidad absorbente.

IVA. Exenciones. Entidades legalmente reconocidas y sin finalidad lucrativa. Cualquier retribución que exceda de las cuotas abonadas con carácter general por los afiliados ha de entenderse como contraprestación de los servicios. Las cantidades que percibe la actora del sindicato con el que está vinculada han sido calificadas por la Administración Tributaria como contraprestaciones por servicios concretos prestados. Las transferencias que nos ocupan no pueden entenderse como aportaciones del sindicato para cubrir costes, desde el momento en que aparecen vinculadas a la prestación de determinados servicios por parte de la fundación. Esta vinculación de las transferencias a los servicios jurídicos prestados, impide declarar la no sujeción y la exención; lo cierto es que la fundación presta servicios jurídicos al sindicato y ésta es la causa de la transferencia.