STSJ de Madrid de 30 de enero de 2017, rec. 498/2015. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Regularización de los ejercicio 2010 y 2011. Partidas reducibles de la base imponible general. Aplicación a las cantidades incluidas en una cuenta corriente del régimen de anualidades por alimentos en favor de los hijos. Custodia compartida en la que cada progenitor sufragaba los gastos cuando "los hijos están bajo su compañía". Interpretación del art. 75 LIRPF. La mención a las anualidades por alimentos del precepto indicado constituye un concepto jurídico que se ha de interpretar atendiendo al tenor literal del convenio aprobado judicialmente mediante sentencia de separación, y al sentido que las partes quisieron atribuir a sus cláusulas. Obligación legal. El concepto de "alimentos" que utiliza el convenio y a cuyo amparo se abonan 350 euros mensuales en una cuenta común incluye todos los gastos que el artículo 142 del Código Civil indica, a excepción de la manutención. El beneficio practicado es procedente.

Cuestión de inconstitucionalidad núm. 4864-2016 planteada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 1 de Jerez de la Frontera, en el recurso contencioso-administrativo núm. 174/2015

Cuestiones de inconstitucionalidad admitidas a trámite

Cuestiones de inconstitucionalidad admitidas a trámite

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STC de 16 de febrero de 2016, rec. 1012/2015. CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS. Guipúzcoa. Impugnación de los arts. 1, 4 y 7.4, de la Norma Foral 16/1989 del Territorio Histórico. CAPACIDAD ECONÓMICA. El principio constitucional no autoriza al legislador a gravar riquezas ficticias e inexpresivas de capacidad económica. Los preceptos cuestionados fingen, sin admitir prueba en contrario, que por el solo hecho de haber sido titular de un terreno de naturaleza urbana durante un determinado período temporal -entre uno y veinte años-, se revela un incremento de valor y una capacidad económica susceptible de imposición, impidiendo al ciudadano cumplir con su obligación de contribuir, no de cualquier manera, sino exclusivamente de acuerdo con su capacidad económica. Nulidad de los preceptos impugnados.únicamente en la medida en que someten a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica e impideb a los sujetos pasivos poder acreditar esta circunstancia. Inadmisibilidad de la cuestión planteada contr los arts. 107 y 110.4 del TRLHL por no ser aplicables al proceso.

STJUE de 9 de febrero de 2017, as. C-21/2016. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Exenciones. Entregas intracomunitarias. Denegación del beneficio fiscal reclamado por no estar el adquiriente dado de alta en el Registro de operadores intracomunitarios en España ni registrado en el sistema VIES en el momento en que se efectuaron las ventas. Interpretación de los arts. 131 y 138 de la Directiva 2006/112/CE. Ni la obtención por parte del adquirente de un número de identificación a efectos del IVA válido para la realización de operaciones intracomunitarias ni su registro en el sistema VIES constituyen requisitos materiales para la exención del IVA de una entrega intracomunitaria. Los requisitos formales, no pueden poner en tela de juicio el derecho del vendedor a la exención del IVA si éste cumplen con los requisitos materiales de una entrega intracomunitaria.

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales y nulos los artículos 4.1, 4.2 a) y 7.4 de la Norma Foral de 16/1989, de 5 de julio del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana del Territorio Histórico de Gipuzkoa, aunque únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor. Resulta interesante que el  Tribunal no haya delimitado los efectos temporales de este pronunciamiento.

STSJ de Madrid de 21 de diciembre de 2016, rec. 462/2015. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Deducción por adquisición de vivienda habitual. Aplicabilidad de la deducción correspondiente a la vivienda adquirida privativamente por la esposa, en la que reside junto al hijo del matrimonio, pese a que su marido, del que se encuentra separado legalmente y con el que presenta de manera conjunta su autoliquidación, resida en otra vivienda sita en otra Comunidad Autónoma. En los supuestos de tributación conjunta no puede limitarse la deducción a la vivienda que constituya el domicilio conyugal, pues aunque la convivencia de los cónyuges sea lo más frecuente, existen determinadas circunstancias que rompen tal presunción. Los cónyuges no tienen obligación de justificar ante la AEAT la separación legal.

STJUE de 27 de enero de 2017, as. C-421/2014. CONSUMIDORES Y USUARIOS. Ejecución hipotecaria. Cláusulas abusivas. CUESTIONES PREJUDICIALES. Los arts. 6 y 7 de la Directiva 93/13 se oponen a la disposición transitoria cuarta de la Ley 1/2013, que establece el plazo preclusivo de un mes, desde su entrada en vigor, para que los consumidores se opongan a la ejecución por el carácter supuestamente abusivo de cláusulas contractuales. Cosa jugada. El juez no puede examinar de oficio el carácter abusivo de las cláusulas de un contrato cuando ya existe un pronunciamiento con fuerza de cosa juzgada sobre la legalidad del conjunto de las cláusulas de ese contrato. Pero está obligado a apreciar el eventual carácter abusivo de las cláusulas no examinadas en un anterior control judicial del contrato controvertido. Criterios para determinar el carácter abusivo de las cláusulas de intereses ordinarios y vencimiento anticipado. El juez que ha constatado el carácter abusivo de la cláusula de vencimiento anticipado debe declarar su nulidad y dejarla sin aplicar, aunque el banco no haya hecho uso de ella, sino que ha observado los requisitos establecidos legalmente.

STS de 22 de diciembre de 2016, rec. 348/2016. IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. Se anula la sanción impuesta al actor por no declarar un depósito constituido a favor de la Audiencia Provincial de Madrid para poder atender diversas responsabilidades derivadas de un litigio. Reconocida por la actuaria la duda razonable en la interpretación de la norma, no puede deducirse, como hace el acuerdo sancionador, la culpa del sujeto pasivo por el hecho de que éste reconociera los hechos y suscribiera el acta de conformidad. Tampoco puede deducirse una conducta dolosa del sujeto pasivo que cuente con cierta experiencia o disponga de suficientes medios y asistencia profesional. RECURSO DE CASACIÓN PARA UNIFICACIÓN DE DOCTRINA. Es indiferente, a estos efectos, que los sancionados en la sentencia recurrida y la de contraste no coincidan, siendo en un caso, una persona física y en otro, persona jurídica.