Como es sabido, el artículo 142.2 de la Ley General Tributaria atribuye a los órganos de la Inspección de los tributos la facultad de acceso o entrada no sólo a los locales de negocio y demás establecimientos o lugares en los que se desarrollan actividades económicas sometidas a gravamen, sino también al domicilio constitucionalmente protegido de los obligados tributarios. De este modo, y en lo que respecta a las entradas domiciliarias, el citado precepto no viene sino a especificar la previsión ya recogida en el artículo 113 de la referida Ley -al cual aquél se remite1- y en cuya virtud: “Cuando en los procedimientos de aplicación de los tributos sea necesario entrar en el domicilio constitucionalmente protegido de un obligado tributario o efectuar registros en el mismo, la Administración tributaria deberá obtener el consentimiento de aquél o la oportuna autorización judicial”2.

Una de las novedades introducidas por la Ley 58/2003, General Tributaria, cuya regulación se completa con la reciente publicación del Reglamento General de Recaudación, ha sido la institución de un supuesto de responsabilidad subsidiaria que alcanza a quienes contraten o subcontraten la ejecución de obras o la prestación de servicios correspondientes a su actividad económica principal. Esta misma figura ha sido introducida en los regímenes forales de Álava y Guipúzcoa mientras que tanto la Norma Foral 2/2005 General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, como la Ley Foral General Tributaria de Navarra, no contemplan este supuesto de responsabilidad1. El interés que ha suscitado este supuesto de responsabilidad subsidiaria, se manifiesta no solo en el desarrollo interpretativo que ha requerido (Consultas2; Resolución 2/2004 , de 16 de julio, de la DGT; RGR) sino en la rapidez con que la doctrina se ha ocupado del tema proporcionándonos algunos trabajos de gran riqueza argumental. Aunque ya hemos de advertir que, del examen de toda esta información, se deduce que esta figura, que ha tomado su causa de la existente en el derecho del trabajo, va a vivir estrechamente vinculada a ella, a pesar de que la regulación positiva de ambas no sea equiparable, pero, insistimos, a nuestro juicio van a pesar más los elementos comunes que las necesarias diferencias derivadas de sus diversos regímenes jurídicos.

SUMARIO

1. Introducción. El Concepto de Fraude en el Anteproyecto de Ley de Prevención
2. Disposiciones relativas a paraísos fiscales y Areas de Nula Tributación.
3. Criterios de residencia.
4. Tratamiento de las operaciones vinculadas en el Anteproyecto de Ley de Prevención del Fraude. Referencia a las sociedades de profesionales.
5. Principales novedades relativas a las operaciones vinculadas en el Anteproyecto de Ley de Prevención del Fraude.
6. Medidas relativas a los establecimientos permanentes.
7. Medidas relativas al Impuesto sobre el Valor Añadido. El nuevo supuesto de responsabilidad en los "fraudes en cadena".
8. Medidas en relación con los impuestos especiales.
9. Modificaciones relativas a la Ley General Tributaria. La responabilidad subsidiaria por levantamiento del velo.
10. Modificación de las condiciones de aplicación de la audiencia previa en los procedimientos por delito fiscal.
11.Aspectos relacionados con el uso del Número de Identificación Fiscal (NIF), referencia catastral y los medios de pago empleados. Reforzamiento del cierre registral.
12. Modificación del art. 108 de la Ley de Mercado de Valores.
13. Medidas para los empresarios en régimen de estimación objetiva.

En el Boletín Oficial del Estado de 30 de noviembre de 2006 se ha publicado la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal1, en cuyo artículo tercero se introducen determinadas modificaciones en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, en vigor a partir del 1 de diciembre de 2006 (salvo en lo que respecta al régimen especial de Grupo de Entidades), que por su importancia pasamos a comentar.