IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y AJD. Transmisiones patrimoniales. Entidades exentas. Montepío de previsión social. Incumplimiento de los requisitos para aplicar la exención que se postula. La exención del ITP de carácter subjetivo para todos los establecimientos y fundaciones en los que concurren determinadas condiciones necesita, a modo de control previo, en relación a un hecho imponible concreto el que se hubiera solicitado al Mº de Economía y Hacienda el correspondiente acto o declaración que reconociera que se reúnen las condiciones previstas para aplicar la exención. El interesado no acompañó a la autoliquidación del impuesto la documentación justificativa en los términos exigidos por la normativa aplicable, aún cuando acompaña tal certificado con posterioridad.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Base imponible. Ganancias patrimoniales no justificadas. Conforme a derecho la regularización practicada al contribuyente por las cantidades no declaradas, depositadas en una caja de seguridad, con las que pretendió adquirir un boleto de lotería premiado para regularizar su existencia. Concepto de «renta o patrimonio declarados». Presunción de renta gravable en el ejercicio en el que se ponen de manifiesto los bienes o derechos no declarados. Carga de la prueba de acreditar el origen del incremento no justificado de patrimonio para hacer decaer la presunción. Compatibilidad de la sanción impuesta con el sobreseimiento provisional de la causa penal.

Procedimiento de recaudación. Declaraciones de responsabilidad cuyo alcance incluye sanciones. Aplicación retroactiva de las normas reguladoras del régimen de las infracciones y sanciones tributarias, según lo dispuesto en el artículo 10.2 de la Ley 58/2003, General tributaria, tras la inclusión del apartado 4 del artículo 41 de la LGT por la Ley 7/2012, de 29 de octubre, en vigor desde el 31.10.2012. A los acuerdos de declaración de responsabilidad, en cuyo alcance se incluyan las sanciones impuestas al deudor principal, que han sido impugnados y por tanto carecen de firmeza, se les ha de aplicar con carácter retroactivo la norma más favorable (artículo 10.2 de la LGT), de manera que, al contemplarse en el artículo 41.4 de la LGT la posibilidad de obtener por el presunto responsable las reducciones de los artículos 188.1 b) y 188.3 de la LGT, normas que son más favorables para el interesado, es preciso adoptar las medidas oportunas para que su aplicación retroactiva se haga efectiva. En aquellos supuestos en los que el régimen previsto en el artículo 41.4 de la LGT no resultara más favorable para el responsable (supuesto en el que el deudor principal ya prestó su conformidad, en el que el alcance de la declaración incluiría las sanciones ya reducidas; o aquellos casos de sanciones no susceptibles de la reducción por conformidad del 30 por 100, esto es, en esencia, las tipificadas en los artículos 198 a 206 de la LGT) no sería necesario anular el acuerdo de declaración de responsabilidad. En este supuesto, manteniendo el acuerdo de declaración, se ordenará la retroacción al momento del requerimiento de pago, a efectos de que al responsable le pueda ser aplicada la reducción del artículo 188.3 de la LGT, si se cumplen los requisitos establecidos por la norma. La aplicación de las reducciones en los casos expuestos no implicará la modificación del alcance de responsabilidad declarado sino únicamente la minoración del importe exigible para el pago en las cuantías que corresponda.

IRPF. Mínimo por ascendientes y descendientes. Interpretación y alcance de la expresión "rentas anuales". Las rentas anuales a las que se refiere el artículo 59 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, serán el resultado de la suma aritmética de las rentas positivas y negativas del período impositivo, sin tener en consideración, a estos efectos, las reglas de integración y compensación de rentas, y que, a estos efectos, los rendimientos deberán computarse por su importe neto, esto es, una vez deducidos los gastos pero sin aplicación de las reducciones por obtención de rentas irregulares, salvo en el caso de los rendimientos del trabajo, en los que sí se tendrán en consideración las reducciones del artículo 18 -al ser previas a la deducción por gastos-, pero sin tener en consideración la reducción prevista en el artículo 20 de la Ley del IRPF. Este TEAC además advierte de forma expresa que este concepto de "rentas anuales" es utilizado con idéntico sentido en los artículos 58 y 61 de la misma Ley.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES. Ganancias patrimoniales. Cuantificación. En el presente supuesto, la interesada y la Administración discuten si el valor que debía tenerse en cuenta a efectos de calcular la ganancia patrimonial derivada de la adquisición de la finca litigiosa, era el consignado en la escritura de compraventa, como sostiene la Administración tributaria, o era el que calculó la Administración autonómica gallega a la hora de liquidar el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, como defiende la parte actora. Análisis. En ambos impuestos lo que se trata es de conocer el valor real de unos bienes en un determinado momento, de manera que, comprobado ese valor al practicar la liquidación del ITP, no puede ofrecer un resultado diferente con motivo de la liquidación del IRPF, lo que determina que el recurso ha de ser estimado en lo que a este aspecto se refiere.

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Base imponible. Compensación de bases imponibles negativas. La compensación de bases imponibles negativas queda supeditada a la necesaria justificación documental tanto de la procedencia como de la cuantía de las bases que se pretenden compensar, cualquiera que sea el ejercicio en que se originaron. La interpretación de la extensión temporal de los efectos de la modificación establecida por la Ley 40/1998, no lesiona el principio constitucional de irretroactividad, en la medida en no estamos ante un derecho adquirido -derecho a la compensación- sino que se trata de una mera expectativa, categoría a la que la doctrina del Tribunal Constitucional excluye de la aplicación del principio de irretroactividad. Los efectos derivados de la aplicación del régimen especial de fusiones, al que se acogió la entidad, y por el que tributó en 1996, han de ser mantenidos, sin posibilidad de modificación por parte de la Inspección, pues se trata de un ejercicio prescrito, estando impedida la revisión de la aplicación de un régimen fiscal por vía de inspección.

INCIDENTE DE EJECUCIÓN. Impugnación de resolución desestimatoria del TEAR relativa a ejecución de dicho tribunal de liquidación practicada por el IRPF (transparencia fiscal). FUENTES DEL DERECHO. Jurisprudencia. Presentación por el sujeto pasivo de diferentes sentencias cuyo parecer jurídico sostendría la imposibilidad de girar liquidaciones a los socios de sociedad transparente de mediar suspensión en sede de la sociedad transparente. Dicho criterio NO constituye jurisprudencia, pues la argumentación no es razón decisiva del fallo, no es "ratio decidendi" sino un pronunciamiento "obiter dicta", esto es, a mayor abundamiento. No basta por tanto la concurrencia de 2 sentencias de la misma Sala en el mismo sentido, sino que es necesario que el criterio que se califica de jurisprudencia provenga de las razones que han resultado decisivas en el sentido del fallo. ACTO ADMINISTRATIVO. Suspensión. Respeto al principio de presunción de validez de los actos administrativos. La suspensión de la deuda tributaria de la sociedad no alcanza a los procedimientos administrativos que estuvieran instruyéndose o pudieran instruirse en el futuro frente a los socios.

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Cuestión de inconstitucionalidad respecto del art. 12.bis de la Ley 13/1997 de la Comunidad Valenciana por vulneración de los arts. 14, 31.1 y 139.1 CE. El art. 12 bis de la Ley 13/1997, en la redacción dada por la Ley 10/2006, establece una bonificación en la cuota del 99% aplicable a las adquisiciones mortis causa por razón de parentesco de la que se pueden beneficiar únicamente los sujetos pasivos residentes en la Comunidad Valenciana. De modo que este beneficio fiscal no es aplicable a los sujetos pasivos no residentes en dicha comunidad autónoma pese a que la relación de unos y otros con el causante sea la misma y que parte del caudal hereditario que le corresponda pueda ser igual. Entiende el Tribunal que el tratamiento desigual en la bonificación fiscal que deriva del elemento de la residencia, no responde a ningún fin constitucionalmente legítimo, y que por tanto, al introducir tal elemento diferencial en la regulación del beneficio, se vulneran los arts. 14 y 31.1 CE . Del mismo modo, el tratamiento diferencial en la regulación del beneficio fiscal establecido en el art. 12 bis referido, basado exclusivamente en el elemento de la residencia en la Comunidad Autónoma, constituye un trato desigual entre españoles contrario a lo dispuesto en el art. 139.1 CE.

Caso Mahou. IS. Base imponible. No deducibilidad de las remuneraciones satisfechas a los miembros del consejo de administración de una sociedad anónima. La remuneración debe fijarse en los estatutos de la sociedad. Requisitos para que pueda apreciarse que los estatutos establecen dicha retribución «con certeza». (S TS 13112008_2)

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Modificación de la base imponible. Facturas incobrables. Dado que como queda acreditado que la recurrente cumplía con los requisitos expresados en la Ley, pues a la fecha de la rectificación de las facturas habían transcurrido más de dos años desde la fecha del devengo, se han reclamado judicialmente las facturas a través del procedimiento ejecutivo cambiario, y se ha notificado a la Administración dentro de plazo la rectificación de las facturas solicitándose la reducción de la base imponible en las cuotas de IVA impagadas, por ello han de revocarse las resoluciones recurridas por contrarias a derecho y reconocer el derecho de la recurrente a la modificación de la base imponible en el importe del IVA impagado. Se anula la resolución impugnada.