INSPECCIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA. Actuaciones inspectoras. Plazo. Existencia de dilaciones imputables al contribuyente. Ausencia de prescripción. Consta acreditada la simulación declarada por la Inspección. Existencia de presunciones en virtud de las cuales se deduce la existencia de simulación. Procedente aplicación del régimen de estimación indirecta. La ausencia del informe "ad hoc" al que se refiere el artículo 51 de la LGT sólo tiene efecto invalidante si produce indefensión material al contribuyente. Ausencia de indefensión. Liquidación procedente. INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS. Procedimiento sancionador. Plazo. Nulidad de la sanción impuesta, relativa a los ejercicios 1997 y 1998, ya que despejada la incógnita relativa a la aplicabilidad al caso de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, habría transcurrido el plazo de 4 años desde la comisión de la infracción, en fecha coincidente con el vencimiento de la obligación de presentar la declaración-liquidación por el concepto fiscal y ejercicios que aquí se examinan, y el día en que se notificó el inicio del expediente sancionador.

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Imputación temporal de ingresos y gastos. Convenio entre una compañía distribuidora de cine con su matriz holandesa por el que ésta asume el importe de la tasa de doblaje para el caso de que la primera no pudiera recuperar su importe de la Hacienda Pública española, cosa que finalmente ocurrió. Se trata de una condición suspensiva, supeditándose el nacimiento del crédito a la circunstancia de que la pretensión de reintegro fuera desestimada, lo que ocurrió en el año 2000, ejercicio en el que la matriz holandesa transfirió a la interesada el saldo que constaba en la cuenta especial abierta al efecto.

IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES. Base liquidable. Transmisión por causa de muerte a la que había precedido una previa transmisión inter vivos -donación-. El tratamiento unitario de ambas transmisiones es procedente. Reducción del 95 % del valor de las participaciones en entidades a las que sea de aplicación la exención regulada en el art. 4.8 de la LIP/1991. Titular de participaciones en varias entidades. Proporción relativa a la remuneración por funciones de dirección ejercidas en cada entidad respecto de la totalidad de los rendimientos del trabajo Para la determinación del porcentaje no se incluirán los rendimientos derivados de las funciones de dirección en otras entidades.

Impuesto sobre Sociedades. Gastos deducibles. No deducibilidad de las retribuciones satisfechas por la entidad al administrador. Dado que en los estatutos se establece que el cargo de administrador es gratuito, las cantidades satisfechas en tal concepto tienen la consideración de liberalidad y, por tanto, no son deducibles según el art. 14 de la Ley 43/1995, y sin que frente a ello se pueda oponer que, en virtud de la participación que éste ostenta en la sociedad (97%), en cualquier momento se podrían modificar los estatutos según su criterio, pues lo cierto es que en el momento de producirse los hechos la modificación no ha tenido lugar.

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Deducciones en la cuota. Reinversión de beneficios extraordinarios. Aplicación procedente. Venta de terrenos sin edificar por mercantil cuya actividad era de promoción inmobiliaria, y de arrendamiento de inmuebles. El solar enajenado formaba parte del inmovilizado material, al constituir un bien afecto y necesario para su actividad empresarial. Aunque en términos estrictos en el momento de la transmisión no se hubiese iniciado su explotación, al no haberse concluido la edificación que habría de ser objeto de arrendamiento, el dato real del despliegue de una actividad dirigida a obtener aquel objetivo permite admitir que el bien estaba afecto a la actividad empresarial de la sociedad titular del mismo y de que no se adquirió con la finalidad de proceder a su venta.

INSPECCIÓN DE LOS TRIBUTOS. Regularización de retenciones por IRPF de sociedad pagadora. Calificación como rendimientos de trabajo por la Administración de los pagos efectuados por supuestos servicios de consultoría pactados por las sociedades vinculadas, interpretándolo como doble ingreso a favor de aquélla. ENRIQUECIMIENTO INJUSTO. La Administración regulariza el IRPF, no en los sujetos pasivos, -personas físicas-, sino en quien cumple obligaciones accesorias e instrumentales, -sociedad pagadora- como son las retenciones. Doctrina jurisprudencial. No es posible regularizar las retenciones por el IRPF en sede de la sociedad si con ello se produce una doble imposición. El cumplimiento de la obligación principal determina la imposibilidad de exigir la cuota correspondiente a la retención. Si el contribuyente ha pagado la cuota tributaria, no tiene sentido que la Administración despliegue la pretensión de cobro sobre el retenedor. PRESCRIPCIÓN. Obligación principal prescrita por lo que carecería de sentido jurídico que se exija retención a cuenta. Reclamación improcedente.

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS. Disposiciones comunes. Recargos y sanciones. INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS. Actuaciones sancionables. Falta de ingreso de la deuda tributaria dentro de plazo. PROCEDIMIENTO ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO. Objeto de las reclamaciones. Actos impugnables. Actos de gestión tributaria. TRIBUTOS. Actuaciones y procedimientos tributarios. Liquidaciones tributarias. Autoliquidación.

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Deducciones. Gastos relativos a la adquisición de bienes y prestación de servicios destinados al personal cedidos al sujeto pasivo que alega el derecho a deducir, por otra entidad en la que están empleados. La Directiva 2006/112/CEE se opone a una normativa nacional que deniegue el derecho a la deducción del impuesto por los gastos de servicios de transporte, la vestimenta de trabajo y el equipamiento personal de protección y los viajes de trabajo de estas personas por el hecho de que hayan sido cedidas por otra entidad y que sean empleados de ésta. Cabe considerar que dichos gastos mantienen una relación directa e inmediata con los gastos generales vinculados a la actividad económica de dicho sujeto pasivo en su conjunto. La Directiva se opone igualmente a que un Estado, en el momento de su adhesión a la Unión, introduzca una disposición en su normativa que excluya del derecho a deducción de bienes y servicios destinados a entregas o a prestaciones gratuitas o a actividades ajenas a la actividad económica del sujeto pasivo, si tal exclusión no estaba prevista en la normativa nacional en vigor hasta la fecha de dicha adhesión. Incumbe al órgano jurisdiccional interpretar las disposiciones nacionales controvertidas en el litigio principal, en la medida de lo posible, de conformidad con el Derecho de la Unión, y en el caso de que tal interpretación fuera imposible deberá el órgano nacional dejar sin aplicación dichas disposiciones por ser incompatibles con el artículo 176.2 de la Directiva IVA.

PROCEDIMIENTO CONCURSAL. Alcance de la facultad de deducción del IVA soportado en un periodo anterior a la declaración de concurso de acreedores. En atención a la naturaleza del IVA y, en concreto, a que la deducción del IVA soportado del IVA repercutido por el sujeto pasivo es el mecanismo legalmente establecido para la determinación de la cuota tributaria de este impuesto, al margen del momento en que se haga valer la deducción del IVA soportado en caso de concurso de acreedores, el que surgió con anterioridad a la declaración del concurso, debe deducirse con cargo al IVA devengado en aquel mismo periodo de liquidación.

Cuestión de inconstitucionalidad. La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad de la Ley 10/2012, conocida como “ley de tasas judiciales”, al entender que puede condicionar el acceso de los ciudadanos a la Administración de Justicia por posible quebrantamiento de los artículos 24.1; 14; 9.2 y 31.1 de la Constitución Española. Se señala que la exigencia de una tasa es constitucional, lo que no puede ser constitucional es que el pago de dicha tasa condicione la posibilidad de acceder a la jurisdicción y la posibilidad de obtener la tutela judicial. Los magistrados entienden igualmente que la ley de tasas no tiene en cuenta la proporcionalidad que debe regir entre el fin perseguido, como es la financiación de la Administración de Justicia y los principios de capacidad económica, igualdad, equidad y justicia que debe presidir todo sistema tributario, tal y como señala el artículo 31 de la Constitución.