INFRACCIONES Y SANCIONES. CULPABILIDAD. Cantidad de omisiones en relación con el volumen total de operaciones de la entidad. Se estima la concurrencia de culpabilidad en la conducta del sujeto pasivo, que alega que los errores cometidos son mínimos en relación con el volumen total de operaciones de la entidad, lo que excluiría el elemento subjetivo o culpabilidad. El grado de los errores, mínimos o grandes, no ha de servir para apreciar la culpa, sino para calificar en su caso la infracción como leve, grave o muy grave y para aplicar los criterios de graduación.

IS. Exención por reinversión en activos fijos. No es de aplicación la exención por no constar en modo alguno que las fincas enajenadas estuvieran afectas a la actividad empresarial de la sociedad demandante, argumentando que nada ha probado ésta sobre la realidad de dicha afección.

Libertad de establecimiento. Negativa, por parte de la Administración tributaria neerlandesa, de autorizar a la sociedad de capital establecida en los Países Bajos, la posibilidad de formar una unidad fiscal con una filial no residente. Los artículos 43 CE y 48 CE no se oponen a la normativa de un Estado miembro que permite a una sociedad matriz constituir una unidad fiscal con su filial residente, pero no permite la constitución de dicha unidad fiscal con una filial no residente si los beneficios de esta última no están sometidos a la legislación fiscal de dicho Estado miembro.

IVA. Devoluciones. El art. 18.4 de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, Sexta Directiva del IVA, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el asunto principal, que establece un plazo de prescripción de tres años para la presentación de una solicitud de devolución del excedente del IVA percibido indebidamente por la administración tributaria de dicho Estado.

IVA. Exenciones. Exenciones en el interior del país. Clases dadas a título particular por docentes y que se relacionen con la enseñanza escolar o universitaria. Las prestaciones efectuadas en calidad de docente en un centro de formación, en favor de participantes en cursos de formación profesional que ya cuentan, al menos, con una titulación universitaria o de escuela técnica superior o con una formación equivalente, pueden constituir clases que se relacionen con la enseñanza escolar o universitaria.

Impuestos sobre los beneficios de las sociedades. El art. 43 del Tratado CE, en relación con el art. 48 del citado texto normativo (actuales 49 y 54 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea), debe interpretarse, en el sentido de que, en principio, no se opone a una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el procedimiento principal, en virtud de la cual las ventajas anormales o benévolas se gravan como beneficios de la sociedad residente cuando han sido concedidas a una sociedad domiciliada en otro Estado miembro con la que mantiene vínculos directos o indirectos de interdependencia, mientras que una sociedad residente no queda gravada por tal ventaja cuando ésta se ha concedido a otra sociedad residente con la que mantiene tales vínculos.

Responsabilidad de las Administraciones Públicas. Principios del Derecho Comunitario. Principio de equivalencia. El Derecho de la Unión se opone a la aplicación de una regla de un Estado miembro en virtud de la cual una reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado basada en una infracción de dicho Derecho por una ley nacional declarada mediante sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dictada con arreglo al art. 226 del Tratado CE (actual art. 258 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea) sólo puede estimarse si el demandante ha agotado previamente todas las vías de recurso internas dirigidas a impugnar la validez del acto administrativo lesivo dictado sobre la base de dicha ley, mientras que tal regla no es de aplicación a una reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado fundamentada en la infracción de la Constitución por la misma ley declarada por el órgano jurisdiccional competente. Esta única circunstancia, a falta de otros elementos que permitan declarar la existencia de otras diferencias entre las reclamaciones, no basta para establecer una distinción entre ellas a la luz del principio de equivalencia.

IVA. Hecho imponible. Entregas de bienes. Prestación de servicios. Actividad de reprografía. La actividad de reprografía responde a las características de una entrega de bienes en la medida en que se limita a una mera operación de reproducción de documentos en soportes. No obstante, tal actividad debe calificarse como «prestación de servicios» en el sentido del art. 6.º 1 de la citada Directiva cuando se manifiesta que dicha actividad está acompañada de prestaciones de servicios complementarios que, habida cuenta de la importancia que tienen ésas para su destinatario, pueden tener un carácter predominante en, de modo que constituyan una finalidad en sí para su destinatario.

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS. La mera cita de los preceptos legales que tipifican la infracción apreciada y establecen la sanción impuesta no es suficiente para garantizar las exigencias que derivan de los derechos a la presunción de inocencia y a la defensa del sancionado. Falta de motivación del acuerdo sancionador. Sanción improcedente.

PRESCRIPCIÓN. No puede considerarse prescrita la acción de la Administración para dictar el acto de declaración de responsabilidad solidaria impugnado, ya que este acto es el primero que se dirige contra la sociedad aquí recurrente y el plazo de prescripción no debe contarse, en virtud del principio de la actio nata, antes de que la acción pueda ser ejercitada contra ella, salvo que la prescripción se hubiera consumado respecto de la deuda principal, que no es el caso. Derivación de responsabilidad procedente.