STS de 2 de marzo de 2016, rec. 1857/2014. ABOGADOS. RETA. Tras la nueva redacción de la Disp. Ad. 15ª de la Ley de Ordenación de los Seguros Privados, vigente desde 1995, no cabe la baja en el RETA del letrado que pretende compatibilizar el cobro de una pensión de jubilación del Régimen General con el ejercicio de la profesión, cuando su inclusión en el Régimen Especial de Autónomos lo fue por haber optado voluntariamente a su incorporación, pese a pertenecer a la Mutualidad de la Abogacía. Sólo puede causar baja en el mismo si cesa en la actividad laboral por cuenta propia.

STS de 16 de febrero de 2016, rec. 2248/2014. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Devolución a no establecidos. Supuesto en que la mercantil no establecida en España presenta el modelo 361 en tiempo y forma, obtiene la devolución y posteriormente intenta incluir en su solicitud cantidades de IVA que no se incluyeron por error. Actuación conforme a derecho de la Administración tributaria cuando deniega dicha devolución, pues la solicitud de rectificación se trata en realidad de una ampliación de la solicitud inicial presentada ya extemporáneamente. Lo anterior, sin embargo debe entenderse, como indica la sentencia recurrida, sin perjuicio de que siguiendo el procedimiento legalmente establecido pueda la entidad obtener la devolución de las cantidades, bien como ingreso indebido, bien como crédito a su favor a fin de evitar un enriquecimiento injusto de la Administración. Se rechaza la pretendida incongruencia de la sentencia impugnada, alegada por la Administración impugnante.

STSJ de Galicia de 9 de diciembre de 2015, rec. 15055/2015. Procedimiento tributario. Notificaciones. Notificaciones electrónicas. El recurrente alega falta de notificación legalmente válida ya que la Ley 11/2007 no habilita para establecer la obligatoriedad de las notificaciones electrónicas que fueron las que se intentaron practicar infructuosamente por imposibilidad técnica o material de acceso.  No cabe ampararse en esta circunstancia, de difícil acreditación para el interesado y de imposible refutación para la AEAT para colocarse en una situación que el Tribunal Económico- Administrativo Regional de Galicia, con acierto, define como limbo jurídico , en virtud del cual deviene inaccesible al sistema de notificación quedando al arbitrio del interesado el juego y efectos del sistema de notificaciones en relación al contenido de los actos con trascendencia tributaria y quedando inmune a los efectos derivados del incumplimiento de los plazos para recurrir las resoluciones administrativas . En este sentido es necesario, en virtud del carácter bidireccional del principio de confianza legítima, que el contribuyente se apreste a comunicar a la administración tributaria la contingencia de la avería informática, habilitando una nueva dirección vinculada a un equipo de funcionamiento correcto o bien solicitando que en tanto no se solucione la contingencia las notificaciones se realicen por correo ordinario u otro medio de igual constancia.

STJUE de 1 de octubre de 2015, as. C201/14. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. Obligación de las Administraciones nacionales de comunicar a los interesados la transmisión de sus datos personales a otras Administraciones públicas. Esa comunicación debe contener la información relativa a la identidad del responsable del tratamiento, los fines de ese tratamiento y cualquier otra información necesaria para garantizar un tratamiento leal de los datos. En el supuesto enjuiciado, se ha producido una vulneración del derecho de la Unión, al transmitir la Agencia tributaria de un Estado miembro los datos de las personas que obtienen ingresos de actividades por cuenta propia a la Administración competente en materia de seguros de enfermedad para que pudieran reclamar los pagos de los atrasos de las cotizaciones a dicho sistema.

STJUE de 17 de marzo de 2016, as. C-40/2015. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Exenciones. Servicios de tramitación y liquidación de siniestros prestados por una entidad en nombre y por cuenta de una empresa de seguros. Interpretación de la Directiva 2006/112/CE «Directiva IVA». Interpretación del artículo 135.1 a) de la Directiva en el sentido de que las prestaciones de servicios como en este caso, efectuadas por un tercero para una empresa de seguros en nombre y por cuenta de ésta sin que dicho tercer tenga relación jurídica alguna con el asegurado, no entran dentro del ámbito de aplicación de la exención prevista en dicha disposición.

RTEAC de 17 de marzo de 2016, rec. 3868/2013. IVA. Resolución de contrato. Rectificación. Art 89.Cinco, letra b) LIVA. No consideración de ingreso indebido. Plazo de prescripción para la rectificación. Tras sentencia del Tribunal Supremo en la que se confirma la resolución de un contrato de compraventa, la entidad interesada solicita la rectificación de la autoliquidación y la Administración la deniega por considerar que ha prescrito el derecho a obtener la devolución de ingresos indebidos (4 años desde la fecha límite de la autoliquidación) . No puede ser así en cuanto el derecho a la rectificación surge con la circunstancia que determina la modificación de la base imponible, sin que pueda considerarse que el plazo de rectificación en los casos del artículo surja desde el momento del devengo inicial de la operación que posteriormente se modifica. La minoración de las cuotas repercutidas no da lugar a un ingreso indebido (no tiene esa consideración) cuando procede de una modificación sobrevenida de la base imponible (resolución de contrato en este caso). La devolución procedente es la derivada de la normativa del tributo, no de un ingreso indebido. Por otro lado, la ausencia de calificación correcta por parte de la Administración tributaria y la dicción del Art. 89.Cinco, impiden trasladar a la entidad los efectos perniciosos que ello conllevaría, y dado que ha existido controversia sobre la forma de proceder a rectificar, la entidad tendrá derecho a efectuarla emitiendo factura rectificativa a partir del momento en que la resolución del TEAC sea firme.

STS de 17 de febrero de 2016, rec. 1170/2014. IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES. Supuestos de no sujeción. Cambio de criterio. Actividades de generación y comercialización de energía eléctrica. Autorización administrativa concedida a una mercantil para instalaciones de generación de energía eólica. Determinación de si se está ante un servicio público sujeto a relación y control administrativo que daba ser equiparado a una concesión administrativa a efectos de sujeción del impuesto. Examen de la figura controvertida, así como de la trascendencia social y económica del suministro eléctrico, que justifica una intensa intervención administrativa, pero que no permite por sí mismo la existencia de un derecho originario de titularidad pública que es transmitido o cedido a un particular; no se otorgan a la entidad prestadora del servicio facultades de gestión de servicio público ni se origina un desplazamiento patrimonial a favor de la empresa autorizada para la actividad de generación de energía eléctrica, lo que supone que NO se da el hecho imponible del ITP. Cambio de criterio respecto del mantenido en SSTS 7 Feb. y 23 Sep. 2013.

STSJ de Madrid de 18 de diciembre de 2015, rec. 949/2013. Procedimiento económico-administrativo. Ejecución de la resolución. La resolución del TEAR a ejecutar, tras resolver sobre el fondo, anulaba la sanción con devolución del expediente al órgano de Inspección, para que proceda practicar una nueva liquidación de la sanción por no haber discriminado en la graduación de las infracción tipificada en el artículo 191.1, por un lado, la parte de la base de la sanción correspondiente a la infracción calificada como muy grave, al utilizar medios fraudulentos -facturas falsas-, y, por otro lado, la parte correspondiente a los restantes motivos de regularización en los que no concurre la circunstancia agravante. Por lo tanto no se inicia un nuevo procedimiento sancionador sino que se ejecuta la decisión del TEAR al amparo del artículo 66 citado pues anula parcialmente el acto impugnado y con ello se conservan los actos y trámites no afectados por la causa de anulación, con mantenimiento íntegro de su contenido lo que impide atender el computo de plazos que se realiza en demanda. La anulación de la resolución en su día recurrida lo es por no haber discriminado en la graduación de las infracción tipificada en el artículo 191.1, por un lado, la parte de la base de la sanción correspondiente a la infracción calificada como muy grave, al utilizar medios fraudulentos - facturas falsas-, y, por otro lado, la parte correspondiente a los restantes motivos de regularización en los que no concurre la circunstancia agravante. Estamos pues ante efectos formales o procedimentales por lo que procede la retroacción de actuaciones, prevista cuando se produzca el presupuesto legal relativo a defecto formal con disminución de las posibilidades de defensa del reclamante.

SAN de 15 de febrero de 2016, rec. 221/2014. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Deducciones y devoluciones. Cuando el plazo para poder optar por la aplicación de la prorrata especial obliga a optar sin conocer todos los datos, su incumplimiento supone para que el sujeto pasivo que se vea privado del derecho a la devolución, lo que vulnera el principio de neutralidad impositiva del IVA al verse reducido de manera sustantiva el derecho sustantivo a la deducción por el mero incumplimiento formal de un plazo. La Audiencia Nacional estima recurso contencioso-administrativo interpuesto contra resolución del TEAC, anulando la liquidación girada por el concepto del IVA y reconociendo el derecho del interesado a la rectificación de la autoliquidación girada en relación con el IVA.

RTEAC de 2 de marzo de 2016, rec. 7498/2015. Impuesto sobre Sociedades. Obligaciones formales. Cómputo del plazo establecido para presentar declaraciones. Período impositivo quebrado. Cuando el período impositivo del Impuesto sobre Sociedades concluya el 30 de junio, el plazo de 6 meses se computa de fecha a fecha y, por tanto, concluye el 30 de diciembre siguiente. En consecuencia, los 25 días para presentar la declaración empiezan a computar el 31 de diciembre y concluyen el día 24 de enero siguiente. La misma regla deberá regir siempre que el período impositivo termine el último día de un mes que no tenga 31 días.