STS de 1 de marzo de 2016, rec. 3959/2014. Procedimiento de inspección. Interrupciones y dilaciones. Inexistencia de entorpecimiento a las actuaciones inspectoras por la no aportación de documentación requerida. Cabe hablar de dilación tanto cuando el contribuyente pide una prórroga para el cumplimiento de un trámite y le es concedida, como cuando, simple y llanamente, lo posterga, situaciones ambas que requieren la existencia de un previo plazo o término, expresa o tácitamente fijado, para atender el requerimiento o la solicitud de información. En el análisis de las dilaciones hay que huir de criterios automáticos, ya que no todo retraso constituye per se una «dilación» imputable al sujeto inspeccionado. En el supuesto de autos, no cabe hablar de entorpecimiento achacable al contribuyente más que por el reducido tiempo en que solicitó los aplazamientos, puesto que presentada la documentación el 4 de junio de 2003 nada dijo la Inspección sobre su insuficiencia, haciéndolo el 13 de mayo de 2014, y cuando estaba pendiente la recepción de la información interesada a las autoridades de otros países, no siendo posible compartir la fundamentación de la Sala de instancia, pues dejando a un lado la explicación que ofrece sobre por qué la Inspección no realizó la advertencia de que faltaba documentación, no cabe desplazar al obligado tributario la carga de acreditar que la información solicitada fuera relevante para el desarrollo de las actuaciones.

STS de 3 de febrero de 2016, rec. 4140/2014. INSPECCIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA. Actuaciones de comprobación e inspección Procedimiento relativo al Impuesto sobre Sucesiones, ejercicio 2003. Imposibilidad de la Inspección de regularizar elementos tributarios que ya habían sido previamente comprobados por la Administración Tributaria. Doctrina reiterada. Imposibilidad de efectuar una nueva regularización en relación con el objeto comprobado salvo que en un procedimiento de comprobación limitada o inspección posterior se descubran nuevos hechos o circunstancias que resulten de actuaciones distintas de las realizadas y especificadas en dicha resolución

STS de 16 de febrero de 2016, rec. 1615/2014. Universidad de Salamanca. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Deducción de cuotas. Adquisición de bienes para investigación. Porcentaje de las cuotas del IVA soportado en los proyectos de investigación básica, que puede ser deducido. Distinción entre dos labores del sector de investigación: 1 - investigación aplicada (trabajos originales encargados por particulares, que se financia con contraprestaciones satisfechas por quienes encomiendan el proyecto) y 2- investigación básica (trabajos teóricos que se cubre con aportaciones de la propia Universidad y con subvenciones públicas). Distinción entre ambos sectores de investigación. Confirmación del derecho de deducción del 100 % de las cuotas por la adquisición de bienes y servicios destinados a investigación básica, sin que pueda establecerse automáticamente, ni presumirse la vinculación que apreció la Administración tributaria entre investigación aplicada y enseñanza.

STS de 26 de enero de 2016, rec. 43/2015. DOMICILIO FISCAL. TERRITORIO COMÚN O FORAL . Confirmación de la resolución adoptada por la Junta Arbitral del Convenio Económico de Navarra en conflicto relativo a cambio de domicilio fiscal de una entidad mercantil. Determinación del domicilio social en Navarra. El criterio preferente, es el del domicilio social, condicionado a que en el mismo esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de los negocios, hasta el punto de que el domicilio fiscal se reputará ubicado en Navarra si dichas gestión y dirección se realizan en su territorio, aunque el domicilio social esté en otro lugar. El criterio subsidiario, es el lugar donde radique el mayor valor del inmovilizado. Reitera doctrina.

STSJ de Madrid de 27 de enero de 2016. Procedimiento tributario. Comprobación de valores. Anulación de la primera liquidación por falta de motivación y nueva liquidación provisional. Plazo para ejecutar la resolución del TEAR que anula y ordena la retroacción. Cuando se ordena la retroacción de actuaciones, la Administración gestora, tras anular la primera liquidación, deberá seguir el procedimiento adecuado para dar cumplimiento al pronunciamiento de retroacción, en este caso, el de comprobación de valores, por lo que estará sometida al plazo de caducidad de 6 meses. Nulidad de la segunda liquidación por haberse dictado en un procedimiento caducado, dado que se excedió del plazo de 6 meses. Ello determina la prescripción del derecho a liquidar por pérdida del efecto interruptivo de la prescripción.

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Operaciones inmobiliarias. Gastos deducibles. Confirmación de la liquidación e imposición de sanción girados al obligado respecto de los ejercicios 2004 y 2005. Acreditación de la existencia de sobreprecios -cantidades abonadas no reflejadas en las escrituras de compraventa- que deben incrementar la base imponible del impuesto. Apreciación conjunta de las circunstancias concurrentes. Examen de deducibilidad de gastos en concepto de amortización y aplicación al caso concreto. No deducibilidad de los importes contabilizados como dietas, gastos de viaje y hoteles percibidos por los socios de la entidad, gastos de lujo, electrodomésticos y otros. Tampoco resultan deducibles los gastos por intereses de demora derivados de actas de Inspección, pues el gasto no nace hasta que se dicta la liquidación, y el acta es una "propuesta" de liquidación; si el acta fija un importe de intereses de demora y la liquidación determina uno menor, la diferencia nunca ha llegado a devengarse y tener la consideración de gasto. La parte de la dotación a la provisión correspondiente al exceso de intereses de demora del acta con respecto a la liquidación, no es deducible, siendo en este sentido también conforme a Derecho el acto impugnado. Carece de sentido que se permitiera aminorar la necesaria compensación indemnizatoria derivada de la obligación de pagar en plazo la cuota tributaria, con la deducción como gasto. Criterio reiterado. El TEAC desestima el recurso de alzada interpuesto contra resolución del TEAR Castilla y León, relativa a liquidaciones tributaria y sancionadora del Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2004 y 2005, confirmando la resolución impugnada y los actos administrativos de los que trae causa.

STS de 9 de febrero de 2016, rec. 325/2015. IRPF. Ganancias y pérdidas patrimoniales. En cuanto a la naturaleza de la apartación gallega, no estamos ante dos negocios uno inter vivos y otro mortis causa, sino ante un solo negocio en el que existe una única voluntad y finalidad común, sin que sea procedente descomponer su contenido económico para, desvirtuando su naturaleza jurídica y su funcionalidad, otorgarle un tratamiento tributario en función del impuesto a aplicar; la aportación gallega es un pacto sucesorio, y su tratamiento fiscal es el que se deriva de esta condición cualquiera que sea el impuesto del que se trate, cuando, como es el caso, no existe un tratamiento tributario específico en la regulación de uno u otro impuesto.” Para el Tribunal Supremo la apartación gallega, como pacto sucesorio, es una transmisión lucrativa por causa de muerte del contribuyente, comprendida dentro del art. 33.3.b) de la LIRPF; lo que supone que esta figura no pondrá de manifiesto en el apartante o transmitente ganancia patrimonial alguna por la diferencia entre el valor de adquisición y el valor de transmisión del bien. 

RTEAC de 18 de febrero de 2016. Infracciones y sanciones. Culpabilidad. Motivación. Ejemplo de utilización de fórmula generalizada o estereotipada que no es motivación suficiente de la culpabilidad. Rechazo del automatismo en las sanciones. La utilización de la expresión “analizadas las circunstancias concurrentes la conducta del obligado tributario ha sido negligente sin que se aprecie ninguna causa de exoneración de la responsabilidad” no supone motivar suficientemente el elemento subjetivo de la culpabilidad en una resolución sancionadora; bien al contrario, resulta una fórmula generalizada y estereotipada que no es motivación suficiente para apreciar la culpabilidad del presunto infractor.

STS de 18 de febrero de 2016, rec. 12/2015 (En el mismo sentido STS de 18/02/2016, rec. 194/2015). RESPONSABILIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. Estado legislador. Céntimo sanitario. Indemnización por daños derivados de la aplicación del Impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos. Relación de causalidad directa entre la actuación del legislador que crea un impuesto contrario al Derecho comunitario y el daño sufrido por la mercantil que pagó dicho impuesto. Existencia de un daño antijurídico, que no tiene el deber de soportar, derivado de una actuación de los poderes públicos, que se concreta en la aplicación de una norma contraria al Derecho de la UE. La vulneración de la norma constituye una "violación suficientemente caracterizada", pues las autoridades españolas eran conscientes de que dicho impuesto no se ajustaba a la normativa comunitaria. Las insistentes comunicaciones de las instituciones comunitarias a las españolas, ponen de manifiesto dicha infracción. Indemnización por la cantidad reclamada, descontando las cantidades ya abonadas por los ejercicios reclamados y por devolución de ingresos indebidos o por las devoluciones del tramo autonómico respecto del gasóleo profesional respecto de tal impuesto. Abono de los intereses legales de la cantidad reclamada, una vez restadas las cantidades recibidas. VOTO PARTICULAR.

RTEAC de 25 de febrero de 2016, RG. 6006/2015. Procedimiento tributario. Notificaciones. Notificación por comparecencia de las sanciones tributarias y providencias de apremio de las mismas. Tratamiento específico del supuesto de notificaciones a no residentes, y en particular, a los residentes sin establecimiento permanente. Requisitos exigidos por nuestra jurisprudencia. La normativa tributaria no establece ninguna cautela especial para la notificación por comparencia de las sanciones o de las providencias de apremio de las mismas, distintas de las reglas establecidas con carácter general para notificar cualquier otra acto administrativo por comparecencia en los términos del artículo 112 de la Ley General Tributaria. Tratándose del caso específico de los no residentes, nada obsta para que, cumplidos los requisitos para la práctica de las notificaciones por parte de la Administración y no siendo posible llevarla a cabo, pueda acudirse a la notificación por comparecencia. Ahora bien, en el caso de no residentes, y en particular de los no residentes sin establecimiento permanente, se considera que, teniendo en cuenta los requisitos exigidos por nuestra jurisprudencia para acudir válidamente por la Administración a la notificación por comparecencia y la existencia de una normativa específica como los son las normas de asistencia mutua -en particular, el artículo 177 sexies de la Ley General Tributaria- y los Convenios de doble imposición suscritos por España, la Administración no sólo está obligada a intentar las notificaciones en los inmuebles o domicilios que le consten en territorio español, sino que también está obligada, antes de proceder a la notificación edictal, a acudir a los medios de cooperación internacional previstos, con el fin de realizar las notificaciones de forma eficaz para asegurarse de la efectividad del conocimiento de sus actos.