IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Exenciones. Inversiones inmobiliarias. Sociedades de inversión en las que se acumula capital para la adquisición, tenencia, gestión y enajenación de inmuebles para obtener un beneficio que se distribuye entre los partícipes en forma de dividendos. Determinación de si puede considerarse como un «fondo común de inversión». Interpretación del artículo 13. B d) de la Directiva 77/388/CEE en el sentido de que una sociedad de inversión como las sociedades controvertidas, sí puede considerarse un «fondo común de inversión» a efectos del citado precepto, siempre y cuando el Estado miembro de que se trate haya sometido tales sociedades a una supervisión estatal específica. Por otra parte, concepto de «gestión» que figura en dicho precepto no contempla la explotación efectiva de los bienes inmuebles de un fondo común de inversiónResumen de antecedentes y Sentido del fallo

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES. Dividendos pagados por sociedad española a entidad holandesa. Interpretación del art. 10 y su Protocolo del Convenio para evitar la doble imposición internacional con los Países Bajos, 1971. Procedencia de la devolución de lo ingresado en exceso. Procedencia de la rebaja porcentual hasta el 5% del tipo impositivo sobre el importe bruto de lo pagado. Para su aplicación sólo se requiere que el dividendo satisfecho en España, esté exento del Impuesto sobre Sociedades en Holanda, sin que sea necesario una mayor o menor participación en el capital de la sociedad española. Reitera doctrina.Resumen de antecedentes y Sentido del fallo

El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado, contra sentencia de la Audiencia Nacional relativa a anulación de liquidación girada en concepto de Impuesto sobre la Renta de No Residentes y confirma la resolución judicial impugnada. 

ACTUACIONES INSPECTORAS. Plazo máximo en que deben concluirse los procedimientos de Inspección. Retroacción de las actuaciones ordenada por una resolución judicial o económico-administrativa. Prescripción del derecho a liquidar como consecuencia del incumplimiento del plazo máximo de duración de las actuaciones inspectoras previsto en el artículo 150 de la Ley General Tributaria. Interpretación del alcance del apartado 5 del artículo citado. Doctrina reiterada. Los supuestos de anulación por razones de fondo o sustantivas no son técnicamente de retroacción de actuaciones, pero no existen motivos suficientes para no tratarlos como si lo fueran a los efectos de prescripción controvertidos.

El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado contra la sentencia de la Audiencia Nacional recaída en recurso deducido contra la resolución del TEAC, relativa a liquidación por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicios 1988 y 1989, en ejecución de sentencia, confirmando la resolución judicial impugnada.

Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2015-12-22. PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. Suspensión de ejecución de sanción anulada en vía contencioso-administrativa con sujeción a la prestación de garantía. PRESCRIPCIÓN. Impugnación de la liquidación girada por levantamiento de la suspensión de la ejecución. Sentencia firme declarativa de la prescripción del derecho a liquidar por parte de la Administración Tributaria. RECURSO DE CASACIÓN. COSA JUZGADA. Vinculación del Tribunal Supremo con la declaración de prescripción realizada con anterioridad.Resumen de antecedentes y Sentido del fallo

El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado, contra la sentencia de la Audiencia Nacional, recaída en recurso contencioso-administrativo relativo a sanción impuesta por el concepto de IRPF, -retenciones a cuenta-, de los ejercicios 1990 a 1993.

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. Acción social de responsabilidad entablada por la sociedad demandante frente al administrador demandado. Se condena a éste a la devolución de las retribuciones percibidas por ser gratuito el cargo de administrador. Los estatutos de la sociedad no preveían contraprestación alguna. Que la junta consintiera y conociera su retribución por constar en las cuentas anuales no convalida las ilegalmente percibidas. La aprobación de las cuentas anuales no impide el ejercicio de la acción social de responsabilidad. No existe ningún acuerdo anterior a la junta en la que se aprobó unas retribuciones para cierto ejercicio, aun sin modificar los estatutos. Ello pudo generar en el demandado la confianza de percibir remuneraciones a partir de entonces, pero no en ejercicios anteriores. Se confirman las demás actuaciones denunciadas y apreciadas en la sentencia recurrida, no pudiendo el demandado introducir hechos nuevos y alterar su defensa.

Ayudas de Estado — Construcción naval — Disposiciones fiscales aplicables a determinados acuerdos destinados a la financiación y adquisición de buques — Decisión por la que se declara la ayuda parcialmente incompatible con el mercado interior y se ordena su recuperación parcial — Recurso de anulación — Afectación individual — Admisibilidad — Ventaja — Carácter selectivo — Afectación de los intercambios comerciales entre Estados miembros — Perjuicio para la competencia — Obligación de motivación

IMPUESTO SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS. Hecho imponible. Escritura de ratificación y elevación a público de documento privado de crédito hipotecario con condición suspensiva. Examen del hecho imponible del impuesto, constituido por la mera formalización notarial de actos económicamente evaluables, inscribibles en los Registros Públicos y no sujetos a las modalidades de Transmisiones Patrimoniales Onerosas u Operaciones Societarias. Conformidad a derecho de la liquidación impugnada en la medida en que incluye toda la operación compleja, incluida la parte condicionada. El hecho imponible, por tanto, lo constituye el propio documento. DEVENGO. Diferencias entre el devengo del impuesto y otra su exigibilidad. El documento que sirve de soporte a la operación, existe y es eficaz desde que se formaliza, aun cuando el acto o contrato que se documente esté sometido a condición.

LGT. Procedimiento Económico Administrativo. Recurso en unificación de criterio contra una resolución de Tribunal Económico-Administrativo Regional que falla siguiendo el criterio de consultas vinculantes de la Dirección General de Tributos. El acto de liquidación que es recurrido ante el TEAR, nunca debió dictarse pues existían en el momento de dictarse la liquidación contestaciones a consultas vinculantes de la Dirección General de Tributos. Así pues, la resolución del TEAR- la cual estima debido a la existencia precisamente de contestaciones vinculantes sin perjuicio de que además formule otros pronunciamientos a modo de obiter dicta-, debe confirmarse que el pronunciamiento del TEAR es ajustado a Derecho, por lo que se desestima el presente recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio. Asimismo, debe subrayarse que si en un supuesto como el presente, con motivo de la formulación de este recurso extraordinario alzada para la unificación de criterio este Tribunal Central entrase a conocer sobre el fondo del asunto, se estaría permitiendo a los órganos de aplicación de los tributos la vulneración del carácter vinculante para ellos de las contestaciones a las consultas de la Dirección General de Tributos que fueran favorables para los obligados tributarios, pues bastaría con que en un caso concreto no se siguiese el criterio de la contestación dada a la consulta para que, a resultas de una ulterior impugnación por parte del contribuyente y estimación por un TEAR en única instancia, se acabara residenciando en este Tribunal Central una discusión que nunca debió llegarle. Cuestión distinta sería que a pesar de las contestaciones a las consultas de la Dirección General de Tributos, no se apreciara por la Inspección entre el supuesto planteado en la consulta y el regularizado identidad sustancial; o que existiera una doctrina distinta del Tribunal Central, que es la que prevalecería sobre la de las consultas; o que ante este Tribunal Central estuvieran ya planteadas resoluciones en las que se discutiera el criterio procedente y que con posterioridad al momento en que se dictaron esos actos sometidos a revisión, la Dirección General de Tributos sentase un criterio favorable al contribuyente, distinto del utilizado por los órganos de aplicación de los tributos. En casos como los descritos, este Tribunal Central sí podría entrar en el fondo del asunto y acabar sentando un criterio distinto a de las consultas, por el carácter predominante que a su doctrina atribuye la Ley General Tributaria. Pero ninguna de las descritas es la situación que aquí se plantea.

IP. Aplicación de la exención del articulo 4.8.Dos de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio. Requisitos. Participación conjunta, dentro del mismo grupo familiar, en el capital social superior al 20%. Tanto el artículo 4.8.Dos.b) de la Ley 19/1991, de 6 de junio , como el artículo 5.1.c) del Real Decreto 1704/1999 , de noviembre, hacen referencia a la participación del sujeto pasivo en el capital de la entidad sin distinguir entre participación directa e indirecta, distinción que tampoco hacen ni la Ley ni el Reglamento cuando la participación sea conjunta con alguna o algunas de las personas del mismo grupo familiar y por tanto no hay razón para excluir la participación indirecta como la Administración pretende.

RESPONSABILIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. Estado legislador. Impugnan los fondos de inversión de nacionalidad estadounidense por los perjuicios que la legislación en materia de IRPF No Residentes les ha ocasionado, por la aplicación de un tipo de retención superior en 14 puntos al que deben afrontar los residentes en idéntica situación. Esa norma ha sido declarada posteriormente disconforme al Derecho de la Unión. Extemporaneidad de la acción, que se ejercita 5 años después del pago de las retenciones. No puede aceptarse como fecha de inicio del plazo de prescripción, el de la publicación de la STS 17 Dic. 2010 que declaró que la norma aplicable al supuesto era contraria al Derecho comunitario. La diferencia de trato entre Residentes y No Residentes radica, no en la retención, sino en la tributación, al someterse a las Instituciones de Inversión Colectiva al Impuesto sobre Sociedades cuyo tipo de gravamen es del 1%. No se aprecia que la violación del Derecho de la Unión sea suficientemente caracterizada, a efectos de la exigencia de responsabilidad patrimonial.