El artículo 8º de la Ley 19/1989 de 25 de julio de reforma parcial y adaptación de la legislación mercantil a las Directivas de la Comunidad Económica Europea en materia de sociedades, y la disposición final segunda del Real Decreto 1564/1989, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, autorizan al Ministerio de Economía y Hacienda para que, a propuesta del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y mediante Orden, apruebe las adaptaciones sectoriales del Plan General de Contabilidad, cuando la naturaleza de la actividad de tales sectores exija un cambio en la estructura, nomenclatura y terminología de las partidas del Balance y de las Cuentas de Pérdidas y Ganancias. Asimismo, la disposición final primera del Real Decreto 1643/1990 por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, prevé la aprobación por el Ministerio de Economía y Hacienda a propuesta del ICAC y mediante Orden, de las adaptaciones sectoriales del Plan General de Contabilidad añadiendo además, que tales adaptaciones sectoriales se elaborarán tomando en consideración las características y naturaleza de las actividades del sector concreto que se trate, adecuándose al mismo, tanto las normas y criterios de valoración, como la estructura, nomenclatura y terminología de las cuentas anuales. NORMAS DE ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD A LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS El artículo 8º de la Ley 19/1989 de 25 de julio de reforma parcial y adaptación de la legislación mercantil a las Directivas de la Comunidad Económica Europea en materia de sociedades, y la disposición final segunda del Real Decreto 1564/1989, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, autorizan al Ministerio de Economía y Hacienda para que, a propuesta del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y mediante Orden, apruebe las adaptaciones sectoriales del Plan General de Contabilidad, cuando la naturaleza de la actividad de tales sectores exija un cambio en la estructura, nomenclatura y terminología de las partidas del Balance y de las Cuentas de Pérdidas y Ganancias. Asimismo, la disposición final primera del Real Decreto 1643/1990 por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, prevé la aprobación por el Ministerio de Economía y Hacienda a propuesta del ICAC y mediante Orden, de las adaptaciones sectoriales del Plan General de Contabilidad añadiendo además, que tales adaptaciones sectoriales se elaborarán tomando en consideración las características y naturaleza de las actividades del sector concreto que se trate, adecuándose al mismo, tanto las normas y criterios de valoración, como la estructura, nomenclatura y terminología de las cuentas anuales.

Introducción En la Exposición de Motivos de la Ley 43/1995, del Impuesto sobre Sociedades, se enuncian las causas que han motivado la reforma de este Impuesto y que, entre otras, han sido: - La apertura de nuestra economía a los flujos transfronterizos de capitales. - La dispersión normativa que hasta ahora venía padeciendo el Impuesto sobre Sociedades. - La evolución de la teoría hacendística, jurídico-financiera y de los sistemas tributarios de nuestro entorno en relación a este Impuesto. Por lo que se refiere a la apertura de nuestra economía a los flujos transfronterizos de capitales, ha de observarse que la Ley 61/1978, del Impuesto sobre Sociedades, estaba concebida sobre una economía cerrada, cuando en realidad, y en los últimos años, nuestra economía se ha abierto a los movimientos internacionales de capital. Probablemente sea esta la causa que con mayor intensidad demandaba una reforma del Impuesto sobre Sociedades que, en buena parte, había sido anticipada por la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, que modificó el artículo 24 de la Ley 61/1978, del Impuesto sobre Sociedades, en lo relativo a la deducción por doble imposición internacional. En el mismo sentido, la citada Ley 42/1994 incorpora la denominada transparencia fiscal internacional, cuyo objetivo era y es someter a tributación a las personas o entidades residentes en España, por las rentas pasivas obtenidas a través de entidades no residentes que disfrutan de un régimen fiscal privilegiado.

La multipropiedad inmobiliaria supone, sin profundizar en aspectos jurídicos, la venta de porciones de uso temporal de un mismo inmueble a diferentes personas, que lo utilizan por turnos en períodos de tiempo establecidos con anterioridad. Las ventajas para la empresa inmobiliaria son importantes, ya que, al vender un inmueble por cuotas, obtiene una rentabilidad superior a la que cabría esperar de una venta ordinaria. Además, se puede reservar la administración futura del inmueble. Para el comprador, también supone ventajas importantes, ya que sólo adquiere el tiempo que realmente va a utilizar la vivienda en vacaciones. Las diferentes modalidades son: inmobiliaria, hotelera, accionarial, time sharing o lease back. Problemática contable de las operaciones relacionadas con la multipropiedad o time sharing desde la vertiente de la empresa promotora inmobiliaria: Esta problemática contable, la vamos a centrar en la siguiente casuística: A) Construcción (promoción) de edificaciones para su venta en multipropiedad. B) Compra de edificaciones para su posterior venta en multipropiedad. C) Cesión temporal de uso y disfrute de edificaciones propiedad de la empresa promotora inmobiliaria (modalidad hotelera). D) Prestación de servicios de mantenimiento y administración de edificaciones en régimen de multipropiedad o time sharing.

La sentencia del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 1996 (ponente Sr. Pujalte) ha venido a confirmar el criterio que, en relación con los efectos de la interrupción de las actuaciones inspectoras con posterioridad a la extensión de las actas, vinieron sosteniendo, primero los beneméritos tribunales Económico-Administrativo y Superior de Justicia de Valencia; y más adelante, rectificando su inicial criterio, la Audiencia Nacional. La que pudiéramos llamar fase decisoria del procedimiento de comprobación e investigación tributaria, es decir, el período que transcurre entre la extensión de las actas y el acuerdo de liquidación, forma parte de la actuación inspectora. Por lo tanto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 31, números 3º y 4º del RGI, la interrupción no justificada de las actuaciones por más de seis meses, produce el efecto de que no se considera interrumpida la prescripción por la iniciación de las actuaciones inspectoras. Hay que aclarar que el alcance de la sentencia es el que arriba queda expresado y no más. Si en el momento en que se notifique la resolución del inspector jefe, ha transcurrido más de cinco años desde el vencimiento de la obligación de declarar en cuanto a alguno de los ejercicios incluidos en la liquidación, este ejercicio ha prescrito. Pero la resolución no deja de producir sus efectos en cuanto a los ejercicios no prescritos. Contra lo que pudiera deducirse de alguna información de prensa apresuradamente redactada, no se trata de que el procedimiento quede anulado.

1. Planteamiento El artículo 45-I-B-3 del TR del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados establece la siguiente exención: «Las aportaciones de bienes y derechos verificados por el cónyuge a la sociedad conyugal, las adjudicaciones que a su favor y en pago de las mismas se verifique a su disolución y las transmisiones que por tal causa se hagan a los cónyuges en pago de su haber de gananciales.» En el nº 139 de Gaceta Fiscal, enero de 1996, se publica una resolución de la DGT de 21 de marzo de 1995 en la que se llega a la conclusión de que esta exención no es aplicable a las aportaciones que un cónyuge realice de sus bienes propios a la sociedad de gananciales con el resultado de que los bienes aportados se conviertan en bienes gananciales de la sociedad conyugal. Según la misma resolución este criterio se «ha venido manteniendo de manera reiterada por el Centro Directivo». Nuestro compañero de Cantabria Ezequiel Gómez Trueba solicita del Gabinete de Estudios un comentario sobre esta resolución. 2. Extracto del razonamiento de la DGT Dada la extensión de los argumentos que desarrolla la DGT, que ocupa seis páginas de Gaceta Fiscal, nos permitimos extractarlos. Nuestro criterio es diferente al de la resolución. Pero, precisamente por ello, procuraremos ser fieles en el extracto, para no caer en el pecado del predicador que se inventaba un maniqueo tonto de fácil refutación. Quien quiera juzgar por sí mismo puede consultar el texto íntegro en la revista citada. 1) La resolución parte de los criterios interpretativos enunciados en el artículo 3-1 del Código civil: «Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas. atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas». 2) En relación con el criterio literal, el intérprete indaga si la utilización por el legislador de los términos «aportación» y «sociedad» no debe conducirnos a entender que el ámbito de la exención se enmarca dentro del terreno de la modalidad del impuesto que grava las «operaciones societarias». Pero descarta esta interpretación, ya que la sociedad conyugal no puede quedar equiparada a una comunidad de bienes que realice actividades empresariales.

Por Real Decreto 80/1996, de 26 de enero, se han introducido determinadas modificaciones en el reglamento del IVA y en el real decreto 2452/1985, de 18 de diciembre, por el que se regula el deber de expedir y entregar factura que incumbe a los profesionales. Aunque ni unas ni otras son excesivamente importantes, creemos prestar un pequeño servicio a los asociados al reseñarlas detalladamente. Con ello les ahorraremos, por lo menos, el siempre engorroso cotejo del texto antiguo con el nuevo y la evacuación de las remisiones. 1. Modificaciones del reglamento del IVA El preámbulo del real decreto justifica estas modificaciones, por una parte, en la necesidad de desarrollar el real decreto-ley 80/1996, de 26 de enero; y, por otra, en la conveniencia de «seguir introduciendo en la normativa del impuesto medidas de simplificación para facilitar su aplicación y reducir los costes de las empresas». ¡Qué buenos son los hermanos salesianos! Exenciones en las entregas en régimen de viajeros (art. 9-1-2º B)

El artículo 81-1 del reglamento de procedimiento en las reclamaciones económico-administrativas dispone: «La ejecución del acto administrativo impugnado se suspenderá a instancia del interesado si en el momento de interponerse la reclamación se garantiza, en la forma en que previene el presente artículo, el importe de la deuda tributaria.» El tenor literal del precepto parece indicar que es requisito inexcusable para que proceda la suspensión que la garantía se presente, precisamente, en el momento de la interposición. Sin embargo, en un primer momento, que el informante vivió como vocal de los tribunales económico-administrativos, se interpretó que la falta de aportación de la garantía simultáneamente a la presentación del escrito de interposición, era un defecto formal subsanable, a cuyo efecto, había de concederse al interesado un plazo de diez días. Más tarde, bajo el imperio del terror borrelliano, la práctica de los tribunales evolucionó hacia la aplicación literal del precepto. Si la garantía no se acompañaba al escrito de interposición, la solicitud de suspensión se desestimaba sin más. Últimamente, algunos tribunales han vuelto a evolucionar hacia una práctica más flexible. Pero no nos consta que haya uniformidad de criterio. Por ello creemos de interés divulgar la interesante sentencia del TSJ de Madrid reseñada en el encabezamiento y publicada en la revista Jurisprudencia Tributaria de Aranzadi, ra 1228, según la cual procede la suspensión siempre que el aval se aporte antes de que el Tribunal haya resuelto sobre aquélla. He aquí los fundamentos de la sentencia:

En nuestro informe 5/95 denunciábamos un caso de norma tributaria emboscada en la ley de arrendamientos urbanos. Otro caso similar, detectado como el anterior por nuestro compañero Emilio Echeverría, es el del artículo 50 de la LODE, ley orgánica 8/85, el 3 de julio, de regulación del derecho a la educación, que dispone: «Los centros concertados se considerarán asimilados a las fundaciones benéfico-docentes a efectos de aplicación a los mismos de los beneficios fiscales y no fiscales que estén reconocidos a las citadas entidades, con independencia de cuantos otros pudieran corresponderles en atención a la actividad educativa que desarrollen.»

El diario barcelonés El Periódico, en su edición de 5 de febrero pasado, se hizo amplio eco de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, fechada el 11 de octubre de 1995, que bien podríamos calificar de ejemplar. Los hechos, sucintamente expuestos, son los siguientes: En junio de 1985, un pensionista alicantino presentó declaración de IRPF, en la que practicaba deducción proporcional por la parte del año durante la que vivió un hijo suyo minusválido fallecido en el curso del período impositivo. En 1986, la oficina gestora practicó liquidación paralela, por importe de 25.000 ptas. a que ascendía la deducción más 2.994 ptas. de intereses de demora. Tras un recurso de reposición -que sólo tardó cuatro años en resolverse- y el obligado paso por el TEAR -tres años más, y ya estamos en 1993- el ciudadano contribuyente, que obtuvo el beneficio de pobreza para litigar, entabló recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. El Tribunal estima el recurso.

En el número 239 de la revista Carta Tributaria, se incluye, bajo la referencia 5755 una interesantísima sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, seguida de un atinado comentario que podemos apostar, sin arriesgarnos a perder dinero, que se debe a la pluma de Alfonso Mantero, siempre certero seleccionador y fino catador de jurisprudencia. El interés de la sentencia comentada radica no sólo en su propia doctrina, que aborda con no usual profundidad diversas cuestiones relacionadas con los efectos de la prestación de conformidad en actas de inspección, sino a la muy acertada selección de doctrina de otros tribunales que inserta al hilo de sus razonamientos. 1. El plazo de un mes siguiente a la extensión del acta puede ser utilizado por el ciudadano contribuyente para solicitar que se completen las actuaciones inspectoras Es este el aspecto que destaca el comentario de Carta Tributaria, aunque no agota, ni mucho menos, el contenido doctrinal de la sugerente sentencia. En el caso que resuelve la sentencia, el interesado, dentro del plazo de un mes siguiente a la extensión del acta, solicitó, al amparo del artículo 60.2 de RGI, que se dejara ésta sin efecto y se ordenase completar las actuaciones practicadas durante un plazo no superior a tres meses.