INTERESES TRIBUTARIOS DE DEMORA. No existe ninguna razón constitucionalmente relevante para justificar un tratamiento distinto, según que el condenado al pago de una cantidad sea un particular o una Administración Pública. El devengo de los intereses de demora comienza desde que se le notifica la resolución judicial que la condena en primera instancia al pago de cantidad líquida, sin perjuicio de que momento de la exigibilidad de dichos intereses sea el de firmeza de la Sentencia.

IVA. Deducción de cuotas soportadas. Improcedencia de la deducción de las cuotas soportadas por la interesada en la adquisición de artículos de regalo destinados a los clientes obtenidos por compras realizadas en los establecimientos de la entidad, y que se tratan de bienes de naturaleza distinta a los productos que comercializa.

RECURSO DE REVISIÓN. Inexistencia de nuevas pruebas que acrediten elementos del hecho imponible integrante ignorados por la Administración al dictar el acto objeto de revisión. Los documentos aportados en vía de revisión, eran conocidos o estaban a disposición de las interesadas cuando se liquidó el Impuesto.

ISD. Comprobación de valores. No resulta suficiente con enunciar las fuentes de obtención de los valores e incluso poner a disposición del interesado los estudios de mercado a partir de los cuales se han obtenido los parámetros aplicables a la valoración realizada, sino que los motivos y circunstancias en que se basa la Administración para incrementar el valor estimado por el interesado, han de constar en el expediente administrativo y en la propia notificación que se hace al contribuyente.

RESPONSABILIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. Denegación de indemnización en concepto de gastos de asistencia jurídica retribuidos para obtener la revocación de liquidaciones tributarias en vía económico-administrativa.

IS. Los intereses de demora por la presentación tardía de los pagos fraccionados se exigirán hasta el momento de la liquidación administrativa, y no hasta que el contribuyente presentó la declaración anual.

IRPF. Los intereses moratorios percibidos por el retraso en percibir el justiprecio en una expropiación forzosa, no deben computarse como incremento patrimonial, pues éstos compensan el daño causado por la no disposición del justiprecio, siendo la indemnización igual al daño causado.

La AEAT no está vinculada por la comprobación de la operación de permuta previamente practicada por la Administración Tributaria Autonómica a efectos del ITPAJD, y por ello, se ajusta a derecho la valoración realizada por la AEAT.

Procedimiento sancionador. Únicamente una actuación dirigida a sancionar posee capacidad interruptiva del cómputo del plazo de prescripción de dicha acción sancionadora, no pudiendo otorgarse tal capacidad a cualquier actuación administrativa.

La AN con fecha 4 de febrero de 2010 ha establecido que tras la entrada en vigor de la Ley 1/98, no resulta admisible que unas actuaciones ajenas al expediente sancionador puedan interrumpir la prescripción de unas ulteriores sanciones