Desde la entrada en vigor de la vigente Ley 40/1998, de 9 de diciembre hasta el momento presente han sido varios los “retoques” que la misma ha experimentado, sobre todo a través de las diversas Leyes de Acompañamiento – así, la última, Ley 24/2001 introduce, entre otras, novedades relativas a los límites en las deducciones de aportaciones a Planes y Fondos de Pensiones o la llamada “compensación” entre cónyuges -, a lo que hay que unir otras disposiciones con rango de ley que en los últimos años han introducido importantes novedades, como las incorporadas por el Real Decreto-Ley 3/2000, de medidas fiscales urgentes de estímulo al ahorro familiar y a la pequeña y mediana empresa ( reducción a un año del plazo de generación de ganancias patrimoniales que pasan a tributar al tipo fijo del 18 %, elevación de límites de aportación a planes de pensiones ) o por el Real Decreto-Ley 12/2001, de 29 de junio, por el que se aprueban medidas fiscales urgentes en materia de retenciones e ingresos a cuenta... En suma, la hasta ahora corta vida de la Ley de IRPF de 1998 no se ha caracterizado precisamente por su estabilidad, como, en general, no ha sido estable la regulación de la imposición sobre la renta en los últimos años en nuestro país, lo que se pone de manifiesto en un total de siete reformas totales o parciales. Y lo que es peor, se trata de una inestabilidad provocada por el “parcheo” que no ha servido para solucionar algunas de las deficiencias que se detectan en el impuesto, y que por el contrario, ha generado una creciente inseguridad jurídica. Ante la constitución por Resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda de 2002 de la Comisión para una próxima reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la Asociación Española de Asesores Fiscales ( AEDAF ) quiere recordar que la aprobación de la Ley 40/1998, ahora objeto de reforma nos mereció en general una valoración positiva. En su momento destacamos como aspectos favorables de la nueva Ley la dimensión que adquiría la capacidad económica en su sentido subjetivo, al introducir el concepto de “renta disponible”, articulado en torno al mínimo personal y familiar. También valoramos como aspectos positivos un mejor tratamiento de las rentas del trabajo, así como la simplificación que se introducía respecto al régimen de rentas irregulares y de las ganancias y pérdidas de patrimonio. Sin embargo, por aquel entonces, la AEDAF ya puso de manifiesto algunos defectos importantes, que en su mayoría siguen subsistiendo en la actualidad. Al mismo tiempo, algunas de las ventajas que entonces destacamos, no merecen, con el paso del tiempo, una valoración tan positiva como la formulada a priori.

Introducción. CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN. PRINCIPIOS Y NORMAS TRIBUTARIOS. EL AMBITO DE APLICACIÓN DE LA LGT: ESTADO, COMUNIDADES AUTONOMAS, TERRITORIOS FORALES Y ENTIDADES LOCALES...

I. INTRODUCCIÓN Con motivo de unas conferencias organizadas por el "Consell dels Il•lustres Col•legis d'Advocats de Catalunya" sobre la intermediación inmobiliaria, preparé estas notas que tratan de los aspectos fiscales de las transmisiones de inmuebles en los impuestos sobre el valor añadido sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, cuyo objetivo es destacar las cuestiones más significativas de los mismos que afectan a los negocios inmobiliarios. II. SUMARIO 1.Impuesto sobre el Valor Añadido. 1.1 La sujeción de las transmisiones inmobiliarias. 1.2 Puntos de conexión entre el ITP-AJD y el IVA. 1.3 El sujeto pasivo. 1.4 Las exenciones inmobiliarias. 1.5 La renuncia a las exenciones inmobiliarias. 1.6 El devengo. 1.7 La base imponible. 1.8 Tipos impositivos. 2.El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 2.1 Aspectos generales. 2.2 Transmisiones patrimoniales. 2.2.1 Hecho imponible. 2.2.2 El sujeto pasivo. 2.2.3 Las exenciones. 2.2.4 La base imponible. 2.2.5 La cuota tributaria. 2.2.6 La transmisión de valores de una sociedad inmobiliaria. El caso particular del art. 108 de la Ley del Mercado de Valores. 2.3 Operaciones societarias. 2.3.1 Hecho imponible. 2.3.2 El sujeto pasivo. 2.3.3 Las exenciones. 2.3.4 La base imponible. 2.2.5 La cuota tributaria. 2.4 Actos Jurídicos Documentados - Documentos notariales. 3.El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) 3.1 Consideraciones generales. 3.2 Hecho imponible. 3.3 El sujeto pasivo. 3.4 Las exenciones. 3.5 La base imponible. 3.6 La cuota tributaria y devengo. III. EXPOSICIÓN

Índice 1.- Introducción 2.- La sentencia del Tribunal Supremo de 10 de octubre de 2001 3.- Análisis y crítica de la STS de 10-10-2001 4.- La sentencia del Tribunal Supremo de 30 de octubre de 2001 5.- Análisis critico de la STS de 30-10-2001 6.- La resurrección de la deuda tributaria por la vía de la responsabilidad civil 7.- Conclusión 1.- Introducción Las recientes sentencias del Tribunal Supremo de 10 de octubre y 30 de octubre de 2001 han hecho renacer la polémica en torno a las relaciones entre prescripción tributaria y prescripción penal que surgieron como consecuencia de la modificación introducida por la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, (en adelante LDGC), en el artículo 64 de la Ley General Tributaria, reduciendo el plazo de prescripción de 5 a 4 años

I.- EXPOSICIÓN DEL SUPUESTO INFORMADO.- Últimamente han sido muy frecuentes, en nuestro despacho, últimamente las consultas formuladas sobre la cuestión que da título a este Informe. Al respecto, como quiera que la temática tiene, sin duda, un interés generalizado, hemos creído oportuno su exposición en estas páginas. El interés a que hemos aludido lo es en relación a las diversas clases de empresas de estructura societaria, sin excepción, ya que en todas estas puede darse el supuesto de hecho que vamos a estudiar. Sin embargo, y sin duda, resulta especialmente importante y trascendente en las sociedades familiares, en sus diversas modalidades, y en las pequeñas y medianas empresas. De ahí que esa materia deba quedar suficientemente clara desde un punto de vista legal y normativo. El supuesto de hecho, pues, al que vamos a referirnos es muy amplio y variado, sin duda, si bien su tratamiento -y sus consecuencias-, a efectos de la materia tratada, son exactamente los mismos: una persona, vinculada a una determinada empresa, decide solicitar la pensión de jubilación de la Seguridad Social, bien proceda del Régimen General o del Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. La vinculación a la empresa puede ser de muy diversas formas o modalidades: con un contrato de trabajo ordinario, habitualmente cualificado; a través de un contrato laboral especial de alto cargo directivo; mediante un contrato de naturaleza mercantil, no laboral -ni especial ni ordinario- (administrador; consejero delegado; presidente ejecutivo; etc...). Por lo que respecta a la Seguridad Social, la persona que pretende jubilarse puede estar adscrita, indistintamente, bien al citado Régimen Especial de Trabajadores Autónomos -cuando esa persona sea titular, directo o indirecto, de determinado porcentaje del capital social de la entidad- bien en el Régimen General -como trabajador por cuenta ajena o como asimilado cuando no posea aquel porcentaje-. Finalmente, y en relación al órgano de administración de la sociedad, puede o no, indistintamente, pertenecer al mismo en el momento de solicitar su jubilación.

. Introducción. El art. 157 de la Constitución (en adelante, CE) establece las líneas maestras del régimen de financiación de nuestras Comunidades Autónomas (en adelante CCAA). El núm. 3 del precepto establece que, mediante Ley orgánica, se regularía el ejercicio de sus competencias financieras, las normas para resolver los conflictos que puedan surgir y las posibles formas de colaboración financiera entre las CCAA y el Estado. Fruto del mismo fue la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las CCAA (en adelante, LOFCA), además de las correspondientes Leyes de cesión de tributos de las que nos ocuparemos más adelante. El Consejo de Política Fiscal y Financiera de las CCAA, en reunión de 27 de julio de 2001, aprobó un nuevo sistema de financiación autonómica para las CCAA de régimen común sustituyendo al anterior vigente para el quinquenio 1997-2001. Las bases contenidas en el acuerdo del Consejo han requerido un desarrollo normativo, que se ha plasmado en varias normas, unas con rango orgánico y otras no. En primer lugar, la Ley Orgánica 7/2001, de 27 de diciembre, de Modificación de la LOFCA, ha dado nueva redacción sus arts. 2.1.e) (principio de lealtad institucional), 10 (normas generales aplicables a los tributos cedidos), 4.2 (recursos), 11 (tributos susceptibles de cesión), 12 (recargos sobre los tributos del Estado), 13 (Fondo de Suficiencia), 15 (asignaciones de nivelación), 16 (Fondo de Compensación Interterritorial), 19 (gestión, liquidaciones de recaudación e inspección, tanto de tributos propios como cedidos), 20 (reclamaciones y recursos), 23 (junta arbitral) y 24 (composición de la junta arbitral).

Documento de adhesión al Convenio de colaboración entre el Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia y la Asociación Española de Asesores Fiscales.

El supuesto que analiza la consulta que ha motivado este informe, de 5 de julio de 2001, es el siguiente: Un grupo familiar integrado por una serie de hermanos posee, cumpliendo todos los requisitos establecidos por la Ley 19/1991, las acciones de una empresa, logrando con ello la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio. En un momento dado, fallece uno de ellos transmitiendo sus acciones a la viuda que pasa a ejercer funciones directivas en la entidad anualmente. Según esta consulta, si bien es cierto que antes del fallecimiento se cumplían todos los requisitos para la exención en el Impuesto de Patrimonio, al producirse el fallecimiento y pasar todas las acciones del fallecido a ser propiedad de su viuda, nos encontraríamos con un pariente en concepto de afinidad; y así como, siempre según la consulta, el parentesco por consanguinidad subsiste hasta el fallecimiento de cualquiera de los dos elementos personales que se computan, en el caso de la afinidad, el elemento importante a tomar es el parentesco que surge con los consanguíneos del consorte y ello, "por definición, exige la subsistencia de esa persona que sirve de nexo o enlace para establecer el parentesco y cuya desaparición implica la inmediata desaparición jurídica del parentesco". Es decir, en definitiva y de la misma manera concluye la propia consulta, tratándose de colaterales por afinidad, se es cuñado o cuñada respecto de alguien hasta el momento de que los elementos personales que se toman en cuenta se desvinculan del otro por cualquier causa, incluido el fallecimiento del cónyuge, que sería como elemento causante del vínculo entre terceros.

En mi informe publicado en octubre de 2000 con el número 50 analicé los artículos 106.1.a) de la Ley de Haciendas Locales y 45.1.B.3 de la Ley del I.T.P y A.J.D. Indicaba que, en mi opinión, podían ser utilizados en algún supuesto de planificación fiscal al declarar exentos de I.I.V.T.N.U. y de I.T.P. y A.J.D. las aportaciones de bienes y derechos por los cónyuges a la sociedad conyugal. También explicaba allí que en esta materia se había producido un cruce de regulaciones, pues las normas fiscales se hicieron pensando en la dote y los bienes parafernales que el Código civil suprimió en 1981, dando entrada, sin embargo, en la misma reforma a interesantes novedades: en el artículo 1355 la de que los cónyuges puedan atribuir la condición de gananciales a bienes adquiridos a título oneroso durante el matrimonio y en el artículo 1323 la de que los cónyuges pueden transmitirse bienes y derechos por cualquier título. Por eso, terminaba manifestando el deseo de que supiéramos sacar partido del juego de las normas civiles actuales con las fiscales elaboradas para otro Derecho patrimonial familiar. Naturalmente, ya otros habían intentado recorrer ese camino y, como era de esperar, habían topado con la Administración que no suele ser partidaria de interpretaciones que puedan mermar la recaudación.

1. Introducción. El presente Informe tiene por objeto determinar cuáles son las consecuencias que, a efectos de Impuesto sobre el Valor Añadido (en adelante, IVA), provoca la realización de transferencias presupuestarias, efectuadas por los Ayuntamientos a favor de determinados organismos autónomos integrados en los mismos (Gerencia Municipal de Urbanismo, Instituto Municipal de la Vivienda, etc.). Los problemas que pueden suscitarse son varios. En primer lugar, debemos examinar si puede considerarse, de algún modo, que la percepción de estas cantidades constituye la contraprestación de un servicio que realicen estos organimos a favor del Ayuntamiento. En caso y de ser así, estaríamos ante una operación sujeta al impuesto y que debería dar lugar a la repercusión del mismo. En segundo lugar, también hay que analizar si estas transferencias pueden calificarse como subvenciones vinculadas directamente al precio, en cuyo caso también formarían parte de la base imponible del impuesto. Por último, debemos determinar si dichos importes constituyen una subvención que pueda dar lugar a la aplicación de la regla de prorrata.