1.- Soy asesor fiscal y / o abogado especializado en derecho fiscal y mercantil. Mi cliente lleva años acumulando un importante patrimonio en el extranjero (por supuesto que en dinero negro), pero ya empieza a tener una edad avanzada y desea que sus hijos hereden una situación regularizada. Además, tener "negro" en el extranjero está empezando a resultar algo incómodo. El secreto bancario suizo -sobre todo después de las que allí llaman "leyes Clinton", o "la ley americana"- no pasa de ser una leyenda cada vez más desacreditada. Lo mismo hay que decir de casi todos los paraísos fiscales. Por otro lado, las extraordinarias dificultades que mover el dinero desde esos países comporta hace que la posesión del mismo sea de escasa utilidad para el desarrollo de una actividad lícita en el país de mi cliente, que es España. Por supuesto que puede comprarse una villa en Ginebra, junto al lago, o instalarse para siempre en un resort en San Vicente y Granadinas, pero no es eso lo que desea. El encargo profesional es claro. Mi cliente quiere repatriar su dinero y convertir su patrimonio negro en el extranjero en patrimonio blanco en España. Por supuesto que no desea una regularización que implique reconocer ante el fisco la comisión de infinidad de delitos contra la Hacienda Pública (además, aun no han prescrito en España). Ni quiere pagar una cantidad que él entiende confiscatoria; ni quiere ir a la cárcel. Desde luego que si el cliente quisiera tan sólo repatriar y regularizar el supuesto no sería en absoluto problemático.

PRIMERO.- OBJETIVO DE ESTOS COMENTARIOS.- 1.- Es, básicamente, la explicación de las novedades introducidas en la normativa laboral por el Decreto-Ley de referencia. De modo particular -aunque no exclusivo; inmediatamente explicaremos la razón- las que afectan directamente a las empresas. 2.- Aunque la finalidad inmediata del Decreto-Ley que vamos a comentar se centra en el Desempleo y en la denominada "ocupabilidad" de quienes están en situación de paro, contiene una serie de disposiciones que, relacionadas, más o menos de forma directa, con esos dos temas inciden en la normativa de trabajo actualmente vigente, variándola sustancialmente en muchos aspectos. En la práctica estamos claramente, sin duda alguna, ante una importante "reforma laboral". 3.- Tal como hemos dicho antes, no hemos querido limitarnos a comentar sólo las innovaciones que interesan a la empresa. Vamos a extendernos también a las que afectan exclusivamente a los trabajadores. No sólo porque, tratándose de normas de contenido laboral, la dirección de la empresa y sus asesores debe conocerlas sino, sobre todo y de modo particular, porque temas tales como el Desempleo y la "ocupabilidad" -así como sus consecuencias- son cuestiones a tener muy en cuenta en las ocasiones -y son muchas- en que las empresas y los trabajadores llegan a determinados acuerdos laborales en los que incide y afecta -y de qué manera- la normativa que esté vigente sobre aquellas materias.

A la medida ... La recta final del año 2001 trajo consigo, como casi siempre, un pequeño aluvión de novedades en materia fiscal, cuyos efectos son perceptibles en ocasiones retrotrayéndose al mismo 2001 y, en todo caso, a partir del 1 de enero de 2002. En el campo concreto del Impuesto sobre Sociedades hay que reconocer que las buenas nuevas son tales a veces pero, como la dicha nunca es plena, dejan de serlo otras veces y eso es, ni más ni menos, lo que sucede, verbigracia, con la naciente y pomposa figura de la deducción por reinversión que supone tributar a un tipo del 18% sobre las plusvalías de determinados activos fijos previo cumplimiento de unas determinadas condiciones, en detrimento del diferimiento por reinversión de beneficios extraordinarios o, en otro aspecto, la apuesta tajante que se hace por considerar un amplísimo período de amortización fiscal del fondo de comercio haciendo suyos, a la sazón, los preceptos tributarios las posturas que en 1998 se habían introducido en el plano mercantil y, por ende, contable

La lectura del Informe nº 09/02 del compañero Miguel Pérez de Ayala me ha hecho reflexionar e investigar acerca de una figura o institución, en principio estrictamente civil, pero que tiene innumerables efectos en otras muchas áreas jurídicas como la fiscal o la penal: el parentesco por afinidad. En el Derecho Tributario podemos rastrear algunos efectos bastante heterogéneos de este tipo de parentesco: el artículo 22 de la Ley de I.R.P.F. que nos dice cuál es el rendimiento neto de un inmueble si lo tenemos cedido o arrendado, entre otros, a un pariente por afinidad dentro del tercer grado; los artículos 20. 2 a) y 22 de la Ley del I.S.D. que permiten hacer unas ciertas reducciones para calcular la base liquidable, entre otros, a los ascendientes y descendientes por afinidad, o bien discriminar entre los distintos parentescos para calcular la cuota; el artículo 75 de la Ley del I.S. que define el grupo familiar a efectos de considerar a una Sociedad en régimen de transparencia fiscal como el constituido por personas unidas por vínculo de parentesco en línea directa o colateral, consanguínea o por afinidad hasta el cuarto grado inclusive. Por último está el caso del artículo 4.8.dos c de la Ley del I.P. que es el que motivaba el informe al que me he referido: están exentas de este impuesto las participaciones en entidades, con o sin cotización, que cumplan, entre otros, el requisito de participación individual de al menos el 15% o conjunta de al menos el 20% con el cónyuge, ascendientes, descendientes o colaterales de segundo grado, ya sea parentesco por consanguinidad, por afinidad o por adopción.

1. Planteamiento. Las transformaciones experimentadas en la práctica por los contratos de renting. El objeto del presente estudio consiste en determinar si es posible que los sujetos pasivos de los Impuestos sobre Sociedades y sobre la Renta se acojan a las deducciones vinculadas a la realización de inversiones empresariales -reguladas en el Capítulo IV del Título VI de la LIS-, cuando éstas se realizan a través de contratos de renting. En principio, parece que esta posibilidad no debiera, siquiera, plantearse, ya que la naturaleza jurídica del renting es la de un simple arrendamiento, de manera que no constituye un medio apto para adquirir la propiedad de los medios de producción. Así, el renting es un contrato consensual, bilateral, oneroso y conmutativo, por el que una de las partes se obliga a ceder a otra el uso de un bien por tiempo determinado, generalmente corto o muy corto, a cambio del pago de una cuota periódica, siendo de cuenta del arrendador el mantenimiento del bien cedido en perfectas condiciones de uso. Por tanto y en un plano meramente dogmático, se trata de un contrato que no puede confundirse con el leasing financiero. En el renting no existe, en principio, finalidad financiera alguna. Por el contrario, es un contrato de alquiler que pretende dar respuesta a necesidades urgentes y ocasionales de bienes de equipo. Es preciso tener en cuenta que los escasos pronunciamientos judiciales en torno al renting inciden en este aspecto para diferenciarlo del leasing. Así, la SAP de Madrid, de 15 de junio de 1997 (RED 2724) señala que en el renting, ?a diferencia de lo que sucede en el leasing, la entidad arrendadora no realiza función mediadora y financiera, sino que cede temporalmente los equipos, mediante unas cuotas que retribuyen exclusivamente el uso, sin anticipar el precio, pues la finalidad es arrendaticia y no un medio de adquisición de los bienes?.

De virus valorativos, "enronitis", "bebeuveatis", "telefonitis" y cosas similares Vaya por delante que usted, amigo lector, con este trabajo no descubrirá nada nuevo bajo el sol, nada que usted ya no sepa. Se lo puedo garantizar. Por eso, de antemano, mi deber de cortesía me compele a advertirle no sea que tenga usted otro plan más interesante que éste y vaya y lo desprecie. Porque el tema que hoy le propongo es bastante repetitivo y, si me apura, tira hacia tedioso porque, como verá, hablaremos de algo que, a simple vista, parece concreto pero, sin embargo, a menudo deviene en etéreo o mejor sería decir ambiguo; de un asunto, éste de la valoración de empresas, real y vibrante aunque, no obstante, roza con demasiada frecuencia lo subliminal, sobre todo, en etapas de calenturas económicas como las actuales que han servido para hinchar, con ahínco, auténticos globos empresariales como la tozuda realidad se está empeñando en demostrar cuando pensamos en Enron y la "enronitis", en Global Crossing y la "globalitis", en BBVA y la "bebeuveaitis" - esta enfermedad contable es peor porque es casera y sus remedios son caseros, con lo cual alguien acabará, como me pasa a mí en el momento de escribir estos párrafos, con algún virus intestinal - y, si me apura, la "telefonitis" de Telefónica que, en el fondo, igual se enfrenta ahora, por mor del tango argentino y de otros bailes parecidos, a las alegrías precisamente valorativas de las empresas de la nuevas tecnologías y la "nueva economía" con que afrontó una serie de briosas adquisiciones, bajo el mandato de aquel Don Juan que en sus andanzas americanas terminó enrollado con miss mexicana - supongo que con título ganado dignamente y sin apaños -, como Endemol, Terra, Lycos, con el sarao y desaguisado tributario autónomico en que andan liados y a la greña Madrid - precisemos, la Comunidad Autónoma de Madrid - y Cataluña - precisemos, la Generalitat de Cataluña -, incluyendo debates en castellano en el segundo canal autonómico catalán entre sus Consejeros de Hacienda, acerca de la sede fiscal y la liquidación impositiva derivada de la ampliación de capital originada por la absorción de la última por la anterior ...; en fin, enfermedades o virus valorativos porque se valoraron, fechas atrás, pocos años ha o incluso hace escasos meses, a precios estratosféricos lo que eran auténticos petardos económicos o simples empresas de pobre historial pero con más moral que el histórico Alcoyano en unos momentos, como los recientes, que campaba por doquier el entusiasmo económico y las apetencias por los negocios. Por aquello de no ser parcial, destaquemos, hablando de nuestras grandes entidades bancarias, el gusto y las ganas que el BSCH pagó por Patagon.com - en pesetas, unos 91.000 millones -, luego desembolsó 273 millones de euros en una ampliación de capital que tenía por objeto cubrir las pérdidas amasadas por ese banco online e inyectar financiación para sus planes de expansión mas desdichadamente, como está trascendiendo a la vista de la situación actual, el tal Patagon.com, al menos en América, constituye todo un petardopuntopet y, por lo visto, no vale ni un duro de los de antes, o sea, de pesetas, porque con el euro ni duros tenemos ya, planteándose la devolución del engendro en cuestión a su anterior propietario, Wenceslao Casares, quien, por supuesto, exige el correspondiente peaje económico ante tal disyuntiva.

Presentación Posiblemente, el concepto de Fondo de Comercio Financiero como tal es relativamente nuevo y alcanza su máximo auge a raíz de la ola de fusiones, adquisiciones y tomas de participaciones que están afectando, durante estos últimos años, a la economía mundial dentro de lo que se conoce como el efecto de la globalización. Lo cierto es que, hasta hace poco tiempo, la literatura contable y financiera no ha prestado demasiada atención a esa figura a diferencia de lo que sí ha ocurrido con el concepto tradicional de fondo de comercio. Sin embargo, el empuje inversor de las grandes empresas españolas que ha tenido su máximo exponente en su internacionalización, no siempre saldada con signo positivo como se empeña en poner de manifiesto tozudamente la crisis argentina, ha revitalizado la noción de Fondo de Comercio Financiero hasta el extremo de que la Ley 24/2001, que introduce profundas modificaciones en el Impuesto sobre Sociedades con el claro objetivo de beneficiar a los principales conglomerados empresariales del país que a causa de las tensiones económicas argentinas andan con sus cuentas de resultados cabizbajas, reconoce su existencia deparándole un tratamiento muy favorable desde la perspectiva fiscal, no exento de dudas en una doble dimensión: contable y fiscal.. Ahora, entre los objetivos para encarar la reforma del Impuesto sobre Sociedades se insiste, por parte de las autoridades fiscales españolas, en conferir un mejor trato al Fondo de Comercio, en general, y al Fondo de Comercio Financiero, en particular. Es preciso hacer determinadas puntualizaciones porque no siempre lo económicamente deseable es amigo de lo fiscalmente correcto.

El Parlament de Catalunya en uso de las facultades establecidas en la Constitución Española y en el Estatut d'Autonomia de Catalunya promulgó el 31.12.01 sendas leyes para regular los derechos de superficie, servidumbre y adquisición voluntaria o preferente, la cesión de finca o edificabilidad a cambio de construcción futura, la accesión y la ocupación, que serán de aplicación en el ámbito de esta Comunidad Autónoma. Aunque se trate de normas del Derecho Civil hemos creído interesante preparar este resumen o guía para tributaristas, por los efectos que estas instituciones del derecho privado tienen en el mundo de los impuestos. 1. Ley 22/2001, de 31 de diciembre de la Generalitat de Catalunya, de regulación de los Derechos de Superficie, Servidumbre y de Adquisición Voluntaria o Preferente. ‚ CAPITULO I - Del derecho de superficie. El derecho de superficie es el derecho real limitado sobre una finca ajena que atribuye temporalmente la propiedad de las construcciones o plantaciones que estén incluidas en la misma. Se mantiene la separación entre la propiedad de lo que se construye o se planta y la del suelo.

INTRODUCCIÓN La Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos JB contra Suiza de 3 de mayo de 2.001, recurso nº 31827/96, estima que se ha producido violación del derecho a no autoinculparse, contenido en el artículo 6 parágrafo 1 del Convenio Europeo para la protección de los derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, por las sanciones impuestas por parte de la Administración suiza al recurrente, al haber incumplido éste el requerimiento de información en el curso de lo que podríamos traducir como un procedimiento por defraudación tributaria (Steuerhinterziehunsverfahren, llamado por el Tribunal procédure pour soustraction d'impôt, o bien tax evasion proceedings en la versión inglesa de la sentencia). El hecho de que España tenga ratificado dicho Convenio1 , hace que nos planteemos cuál pueda ser la transcendencia práctica de esta reciente sentencia, en relación con las obligaciones de colaboración con la administración tributaria establecidas por la legislación española, reabriendo así una conocida polémica.

Estudié por vez primera el tema de este trabajo en el marco de la labor investigadora del Seminario de Derecho Tributario de la Escuela de Empresariales de la Universidad de Barcelona, al presentar una comunicación el 25 de enero de 1997 titulada, expresivamente, "improcedencia en los aplazamientos de los intereses de demora sobre la parte de deuda tributaria formada por las sanciones". Remití una segunda versión a la Universidad de Oviedo para el Libro-homenaje a un compañero fallecido que, lamentablemente, aún no se ha publicado. Un tercer texto revisado apareció en la colección de Temas Tributarios de Actualidad de la Asociación Española de Asesores Fiscales, con la referencia 39/00, en julio de 2000. Ahora, la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de septiembre de 2001 ha venido a confirmar plenamente la tesis sostenida, lo que me permite reanalizar la cuestión a la luz de la doctrina establecida por el Alto Tribunal1. En el Estado social y democrático de Derecho las importantes funciones atribuidas al Estado para garantizar niveles mínimos de bienestar social a todos los ciudadanos tienen como contrapartida el otorgamiento de una gran relevancia al deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. La articulación y desarrollo de un sistema tributario justo se convierte en uno de los ejes fundamentales de la vida del Estado y en razón a ello, la vulneración del deber de contribuir deviene en una de las conductas socialmente más reprobables, por lo que el legislador debe articular en la sede adecuada la definición de los ilícitos en materia tributaria y la reacción contra los mismos en forma de sanciones administrativas o de penas, pudiendo estas últimas llegar incluso a la privación de libertad en los supuestos más graves.