CONSIDERACIÓN PREVIA El presente trabajo contempla únicamente las operaciones en las que las partes intervinientes son residentes en territorio español, tanto desde la perspectiva de la normativa foral de los Territorios Históricos del País Vasco, como de la de Territorio Común, ya que no tiene afán de ser un estudio en profundidad sobre el tema sino, más bien, un esquema eminentemente práctico sobre el mismo.

Jornadas Regionales, Agaete, 8 y 9 de febrero de 2001 Para las Jornadas Regionales que celebramos los miembros de la zona 9ª de la A.E.D.A.F. el 17 y 18 de Febrero de 2000 en el valle de Agaete había preparado una ponencia sobre las discrepancias que manteníamos los asesores con la Administración respecto a la Reserva para Inversiones en Canarias. Un año antes, en Marzo de 1999, en una conferencia pronunciada en el marco de las II Jornadas Tributarias Canarias organizadas por la Dirección General de Tributos del Gobierno de Canarias y la Cámara de Comercio de Las Palmas bajo el lema "Un REF para el S. XXI" había dejado clara constancia de los aspectos que había que cambiar en la norma para que el incentivo fuese eficaz y de que era muy diferente la interpretación que se hacía desde la Administración respecto de una serie de aspectos puntuales relacionados con las inversiones efectuadas por las empresas: Terrenos, bienes adquiridos en régimen de leasing, bienes destinados al alquiler, plazos para realizar la materialización, imposibilidad de renovación de los activos en que se había materializado la Reserva, imposibilidad de invertir anticipadamente, la inaplicación de la RIC a profesionales y por último, la inadmisibilidad de la materialización en deuda pública si no se realizaba conjuntamente con inversión en activos fijos. El catálogo posiblemente no fuese exhaustivo, pero sí recogía las principales dificultades con la que tropezábamos los profesionales en aquel año, una vez comenzadas las inspecciones tributarias de la RIC.

1.- Introducción. La Ley 1 / 1.998, de Derechos y Garantías del Contribuyente ( en adelante LDGC ) es una norma, a mi juicio, innecesaria como tal: para conseguir los fines que se propone no hubiera sido necesario articular un cuerpo legal autónomo e independiente, con el trabajo y los problemas que ello conlleva ; hubiera bastado, entiendo, retocar algunos artículos de la Ley General Tributaria y declarar expresamente aplicables en Derecho Tributario los Principios Generales de Derecho Administrativo y las normas substantivas recogidas en la Ley 30 / 1.992. La normativa derivada, en su caso, hubiera venido después. Todo mucho más sencillo. Mas los problemas toman cuerpo porque la norma es, además de innecesaria, técnicamente defectuosa, con lo que llegamos a la paradoja de que su aplicación puede plantear problemas que tienen , en sí mismos, más entidad que aquellos que trata de resolver. En estas líneas vamos a abordar una cuestión jurídica que plantea la LDGC y que, como tendremos ocasión de ver, por una imprevisión lamentable de la propia LDGC, no se resuelve con claridad : en particular la de la retroactividad o no del nuevo plazo de prescripción que, como es sabido, se ha reducido de cinco a cuatro años. . En nuestro estudio señalaremos, en primer lugar, las normas que regulan el Derecho Intertemporal en la LDGC Posteriormente abordaremos la posición actual de los órganos económico administrativos contraria a la aplicación retroactiva del plazo prescriptorio. Curiosamente, esta posición discrepa con la sostenida hasta la fecha por la DGT en contestaciones a consultas, lo que añade más inseguridad al tema .

I. Naturaleza de estos entes.- Según el artículo 392 del Código civil, hay comunidad cuando la propiedad de una cosa o de un derecho pertenece pro indiviso a varias personas. La comunidad de bienes se rige, a falta de contratos o de disposiciones especiales, por las prescripciones del Título III del Libro Segundo de dicho Código (artículos 392 a 406). Por su parte, la sociedad es un contrato por el cual dos o más personas se obligan a poner en común dinero, bienes o industria, con ánimo de partir entre sí las ganancias (artículo 1.665 Cc). De una simple lectura de estos precepto, se deducen algunas diferencias entre una y otra figura, puestas de manifiesto por la doctrina y la jurisprudencia civilistas . En primer lugar, por razón del origen: La sociedad civil requiere siempre la existencia de un contrato. La comunidad, por el contrario no requiere la existencia de tal, ya que puede surgir por la mera adquisición en común de la cosa o el derecho por parte de una pluralidad de sujetos, lo cual cabe que ocurra incluso por causas extrañas a la voluntad de las partes, dando lugar a lo que la doctrina llama una comunidad incidental, como la que existe entre coherederos. En segundo lugar, por razón del fin u objeto: el de la comunidad es conservar y favorecer el aprovechamiento y la conservación de la cosa común; el de la sociedad, obtener lucro. Sin embargo, nada impide en la práctica que una comunidad de bienes se dirija a la obtención de lucro, puesto que el conjunto de bienes y derechos que integran una empresa o negocio, puede perfectamente ser objeto de comunidad sin más

1.- SUPLIDOS: Inclusión o no en el modelo. El RD 2027/95 establece cuál es el contenido de la declaración anual de operaciones con terceras personas, modelo 347. Deberá incluirse en la declaración el importe total, individualizado y expresado en Ptas., de las operaciones realizadas durante el año natural que en su conjunto, respecto de otra persona o entidad, excedan de 500.000 Ptas. Deberán registrarse tanto las operaciones sujetas como aquellas que, según la Ley del IVA, estén exentas o no sujetas. En cuanto a los suplidos, la Ley del IVA los define como aquellas sumas pagadas en nombre y por cuenta del cliente en virtud de mandato expreso del mismo. Tres son los requisitos para poder hablar de un suplido: que se pague en nombre y por cuenta del cliente. que exista mandato expreso. que se haga constar en factura su naturaleza de “suplido” o “suma pagada en nombre y por cuenta del cliente”. Si se dan estos requisitos, la Ley del IVA establece que el importe de estas sumas no se integrará en la base imponible del Impuesto. Del tenor literal de la ley, caben dos interpretaciones: 1. Los suplidos son operaciones exentas o no sujetas. Sin embargo no es posible sostener esta afirmación ya que tanto las exenciones como las operaciones no sujetas, deben estar previstas en la ley (Art. 23.3 LGT), y en ningún caso se menciona a los suplidos entre las mismas.

ÍNDICE GENERAL EL INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES Y LA INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA EN EL DERECHO FINANCIERO, por Juan José Rubio Guerrero. DERECHO FISCAL EUROPEO Y DERECHO COMUNITARIO.A PROPÓSITO DE LAS SEGUNDAS JORNADAS DE DERECHO CONSTITUCIONAL TRIBUTARIO EUROPEO, por Domingo Carbajo Vasco. PRESENTACIÓN, por Miguel Ángel Collado Yurrita.

1. INTRODUCCIÓN 2. NATURALEZA JURIDICA Y DELIMITACIÓN DE FIGURAS AFINES 2.1. Consultas tributarias y derecho de petición 2.2. Consultas tributarias y Órdenes interpretativas del artículo 18 de la Ley General Tributaria 3. SUJETOS LEGITIMADOS PARA FORMULAR CONSULTAS 4. MATERIAS SOBRE LAS QUE PUEDEN VERSAR LAS CONSULTAS 5. ÓRGANOS COMPETENTES PARA CONTESTAR LAS CONSULTAS TRIBUTARIAS 6. EFECTOS DE LAS CONTESTACIONES A CONSULTAS 6. 1. Efectos de las contestaciones para la Administración 6.1.1. Regla general: el carácter meramente informativo de las contestaciones 6.1.2. Excepciones a la regla general: las contestaciones con eficacia vinculante 6.1.2.1. Consultas vinculantes por razón de la materia 6.1.2.2. Consultas vinculantes por razón del consultante y de la materia 6.2. Efectos de las contestaciones para el consultante: la exención de responsabilidad por infracciones 6.2.1. Requisitos para que la consulta dé lugar al efecto exoneratorio de responsabilidad 6.2.2. Alcance de la exención de responsabilidad 7. REQUISITOS FORMALES QUE DEBE CUMPLIR EL ESCRITO DE SOLICITUD 8. PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LAS CONSULTAS 9. PLAZO PARA CONTESTAR LAS CONSULTAS 10. LAS CONSULTAS TRIBUTARIAS EN DERECHO COMPARADO 10.1. Introducción 10.2. Australia 10.3. Canadá

Las materias que dan título al presente informe -reguladas en el art. 21 del Estatuto de los Trabajadores (E.T.)- tienen actualmente una especial importancia. Al respecto, es curioso observar cómo la escasa jurisprudencia sobre las mismas de hace algunos años es hoy, por el contrario, muy abundante. Sin duda alguna, la tecnología y la especialización tanto de las empresas como de los profesionales contratados por éstas así como la cada vez más acusada -y, a veces, feroz- competencia, ha dado lugar a un incremento realmente espectacular de supuestos relacionados con determinadas figuras laborales -como las que vamos a tratar- prácticamente en desuso hasta el momento. I. EL PACTO DE NO COMPETENCIA 1. Alcance y concepto La obligación del trabajador -en la más amplia acepción del término- de no colaborar con otra entidad que se dedique a la misma o similar actividad que la empresa a la que presta sus servicios -o no realizar por su cuenta esa actividad- nace de una doble fuente normativa. En primer lugar, como una obligación específica que emana del principio, siempre exigible, de la buena fe laboral. Es por ello que el propio art. 5 del E.T. señala, como uno de los deberes básicos del empleado -apartado d)-, el "no concurrir con la actividad de la empresa". En este sentido, tal obligación debe considerarse implícita en la propia relación laboral y mientras ésta subsista. En segundo, como obligación libremente aceptada por el empleado que se extiende más allá de la vigencia del propio contrato de trabajo, manteniéndose después de la terminación de éste. Esta segunda figura es la que vamos a exponer a continuación. Dicho lo cual, podemos ya definir el pacto de no concurrencia entendiéndolo como el compromiso adquirido por el trabajador de no prestar sus servicios, una vez finalizado su contrato de trabajo y durante un tiempo, a cualquier otra empresa de la competencia ni a efectuar ésta por su propia cuenta

I. INTRODUCCIÓN II. PRINCIPIO DE GENERALIDAD III. PRINCIPIO DE IGUALDAD IV. LOS PRINCIPIOS DE CAPACIDAD ECONÓMICA, PROGRESIVIDAD Y NO CONFISCATORIEDAD V. PRINCIPIO DE SUFICIENCIA VI. PRINCIPIO DE EFICIENCIA VII. CONCLUSIONES

PRESENTACIÓN CAPÍTULO UNO: ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS Y ADUANERAS. SITUACIÓN ACTUAL II. Introducción II Análisis detallado de la situación actual en los países iberoamericanos II A) Administraciones Tributarias con un alto grado de Integración o Cooordinación entre las Áreas II A) de Tributos Internos y Aduanas: 1) Argentina 2) Brasil 3) Colombia 4) Venezuela 5) España 6) México 7) Guatemala 8) Honduras II B) Administraciones Tributarias con separación entre Tributos Internos y Aduanas 11) Bolivia 12) Costa Rica 13) Cuba 14) Chile 15) Ecuador