I. El sistema de compensación en la ejecución del planeamiento urbanístico Por el sistema de compensación1, los propietarios de los terrenos comprendidos en una unidad de ejecución se constituyen en Junta de Compensación, la cual, una vez aprobados sus Estatutos y Bases de actuación por la Administración actuante, tiene personalidad jurídica propia, de naturaleza administrativa. Sin embargo, la incorporación de los propietarios a la Junta no presupone, salvo que los Estatutos dispongan otra cosa, la transmisión a la misma de los inmuebles afectados, sino que aquélla actuará como fiduciaria, con pleno poder dispositivo sobre las fincas pertenecientes a sus miembros, ocupándose de realizar la urbanización a costa de ellos, así como de la adjudicación a dichos propietarios de los terrenos ya urbanizados. En el caso de que, por disposición expresa de los Estatutos, sí se produjese transmisión de los terrenos como consecuencia de la constitución de la Junta, dicha transmisión, así como la que se llevara a cabo para redistribuirlos una vez realizada la urbanización, como tales transmisiones de inmuebles, no tendrían más especialidades desde el punto de vista fiscal que las derivadas de la exención en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y AJD y la no sujeción al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los terrenos de Naturaleza Urbana, previstas en la propia Ley del Suelo2 , y de la exención en el Impuesto sobre el Valor Añadido3.

1. INTRODUCCIÓN 2. MEDIDAS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN INTERNACIONAL 2.1. Sociedades filiales 2.1.1. Dividendos-método de imputación limitada 2.1.2. Dividendos y plusvalías por enajenación de acciones. Método de exen- 2.1.2. ción, mediante deducción en cuota 2.1.3. Método de exención integral 2.2. Establecimientos permanentes en el extranjero 2.2.1. Método de imputación limitada 2.2.2. Método de exención (mediante deducción en cuota) 2.2.3. Método de exención integral 2.3. Entidades de tenencia de valores extranjeros 2.3.1. Primera etapa 2.3.1.1. Tratamiento de las rentas que llegan a la entidad de tenencia 2.3.1.1. de valores extranjeros 2.3.1.2. Tratamiento de las rentas que salen de la entidad de tenencia 2.3.1.1. de valores extranjeros 2.3.2. Segunda etapa 2.3.2.1. Tratamiento de las rentas que llegan a la entidad de tenencia 2.3.1.1. de valores extranjeros

ÍNDICE GENERAL EL INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES Y LA INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA EN EL DERECHO FINANCIERO, por Juan José Rubio Guerrero. DERECHO FISCAL EUROPEO Y DERECHO COMUNITARIO.A PROPÓSITO DE LAS SEGUNDAS JORNADAS DE DERECHO CONSTITUCIONAL TRIBUTARIO EUROPEO, por Domingo Carbajo Vasco. PRESENTACIÓN, por Miguel Ángel Collado Yurrita.

El Tribunal de Luxemburgo, en la STJCE Gabalfrisa, S.L. y otros, de 21 de marzo de 2000 (asuntos acumulados C-110/98 a C-147/98) se plantea el hecho de que los Tribunales Económico-Administrativos puedan plantear cuestiones prejudiciales. No es esta la primera vez que el Tribunal de Justicia resuelve una cuestión prejudicial de un órgano económico-administrativo español. Es el caso de la formulada por el Tribunal Económico-Administrativo Central y que dió lugar a la STJCE Diversinte, S.A. e Iberlata, S.A., de 1 de abril de 1993 (Asuntos acumulados 260/91 y 261/91), aunque, en ésta, el Tribunal de Luxemburgo no se planteó su admisibilidad. Para responder a la cuestión de si el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña, que es quien planteó la cuestión prejudicial, es un órgano jurisdiccional en el sentido del articulo 177 del Tratado (hoy art. 234), el Tribunal de Justicia tiene en cuenta seis elementos, según una consolidada doctrina jurisprudencial. Estos "son el origen legal del órgano, su permanencia, el carácter obligatorio de su jurisdicción, el carácter contradictorio del procedimiento, la aplicación por parte del órgano de normas jurídicas, así como su independencia". Veamos como son aplicados al presente caso por parte del Tribunal de Luxemburgo.

I. CONVENIOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS I. SOBRE LA RENTA Y EL PATRIMONIO I.1. Introducción I.2. Ámbito de aplicación y definiciones I.3. Distribución de la potestad tributaria entre los estados en función de la clase de I.3. renta. Imposición de las rentas y el patrimonio I.4. Otras disposiciones contenidas en los convenios de doble imposición sobre la I.4. renta y el patrimonio I.5. Aplicación de los convenios en materia de impuestos sobre el patrimonio II. OTROS CONVENIOS

1. INTRODUCCIÓN 2. LOS REGÍMENES SIMPLIFICADOS DENTRO DE UNA ESTRATEGIA DE SEGMENTACIÓN 2. DE CONTRIBUYENTES 3. UN ENFOQUE DIFERENTE: ESTIMACIÓN OBJETIVA EN ESPAÑA, REGÍMENES SIMPLIFI 2. CADOS EN IBEROAMÉRICA. EL PESO DE LA ECONOMÍA INFORMAL 4. ¿UN RÉGIMEN DE TRANSICIÓN? 5. MOTIVOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ESTOS REGÍMENES 6. RIESGOS Y DESVENTAJAS 7. CONCEPTO DE PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. SUJETOS INCLUIDOS. DELIMITACIÓN 2. DE LOS SECTORES QUE PUEDEN ACOGERSE A ESTOS SISTEMAS 8. UNA RECAPITULACIÓN: ELEMENTOS PRINCIPALES QUE CARACTERIZAN A ESTOS RE 2. GÍMENES EN AMÉRICA LATINA 9. INCLUSIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 10. LOS REGÍMENES SIMPLIFICADOS Y LOS PROCESOS DE DESCENTRALIZACIÓN TERRI 10. TORIAL 11. DISMINUCIÓN DE COSTES DE CUMPLIMENTACIÓN. UNA CUANTIFICACIÓN 12. LA CONSTRUCCIÓN LEGAL DEL SISTEMA 10. 12.1. Aspectos generales 10. 12.2. Diseño normativo. Los principios de la imposición 10. 12.3. Regímenes simplificados y principios de la imposición: su examen en la jurisprudencia 10. 12.3. española 10. 12.4. Contenido normativo 10. 12.4. 12.4.1 Tributos que comprende 10. 12.4. 12.4.2. Ámbito subjetivo de aplicación 10. 12.4. 12.4.3. Ámbito objetivo de aplicación 10. 12.4. 12.4.4. Inclusión y renuncia de los contribuyentes en el sistema 10. 12.4. 12.4.5. Regulación de las obligaciones formales

I. PANORAMA DE STATA II. EMPEZANDO Y TERMINANDO SESIONES. USO DE MEMORIA III. ESTRUCTURA BÁSICA DE COMANDOS IV. LEER DATOS DESDE FICHEROS ASCII V. OPERACIONES BÁSICAS CON DATOS V.1. Creando variables nuevas V.2. Procedimientos estadísticos básicos V.3. Ordenación de datos y combinación de ficheros V.4. Manipulación avanzada de variables VI. CONTROL DE FLUJOS, BUCLES Y PROGRAMS VII. GRÁFICOS Y RESULTADOS VIII. COMANDOS DE ESTIMACIÓN IX. MÁXIMA VEROSIMILITUD X. ADO FILES

1. INTRODUCCIÓN 2. ANTECEDENTES 3. POSICIÓN DE EE.UU. CON LA NUEVA ADMINISTRACIÓN "BUSH" 4. CONSECUENCIAS DE LA NUEVA POSICIÓN DE EE.UU. 5. CRITERIO DE ESTANQUEIDAD 5. — Concepto de régimen fiscal estanco 5. — Aplicación de este criterio a los paraísos fiscales 5. — Consecuencias, en la práctica, de la supresión del criterio de estanqueidad 6. POSICIÓN DE LA OCDE EN RELACIÓN CON LA NUEVA POSTURA DE LOS EE.UU. 5. — Eliminación del criterio de estanqueidad 5. — Las medidas defensivas de carácter coordinado no deberían aplicarse a los "paraísos 5. — fiscales no cooperativos", antes de 1-4-2003 5. — La lista de paraísos fiscales no debe revestir la forma de "lista negra" 5. — Extensión del plazo para establecer un calendario de reformas 5. — Conclusión: nueva reorientación del trabajo de la OCDE sobre paraísos fiscales 7. VALORACIÓN DEL CRITERIO DE ESTANQUEIDAD Y DE SU SUPRESIÓN 8. IMPORTANCIA DEL EFECTIVO INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN A OTROS PAÍSES

Legislación aplicable La legislación reguladora del Impuesto sobre sociedades, fundamentalmente la Ley 43/95 y el RD 537/1997, no contiene ninguna alusión expresa a esta materia, de modo que, a tenor del principio general establecido en el artículo 10.3 de la citada Ley, es obligado entender que asume íntegramente la normativa contable. Dicha normativa viene a ser la siguiente: • El artículo 39.2 del Código de Comercio, según el cual se efectuarán las correcciones valorativas necesarias con el fin de atribuir a los elementos del circulante le valor de mercado o cualquier otro valor inferior que les corresponda, en virtud de circunstancias especiales, en la fecha de cierre del balance. • El artículo 187 de la Ley de Sociedades Anónimas1, que, bajo la rúbrica Correcciones de valor, señala: «Las correcciones de valor comprenderán todas las destinadas a tener en cuenta la depreciación, sea o no definitiva, de los elementos del patrimonio que haya tenido lugar a la fecha de cierre del balance». • A estos efectos, la norma de valoración XIII, apartado 4, del Plan General de Contabilidad señala la necesidad de efectuar las correcciones valorativas que correspondan cuando el valor de mercado de los bienes que figuren en el inventario de existencias sea inferior al de adquisición, dotando a tal efecto la pertinente provisión cuando la depreciación sea reversible, o directamente al valorar las existencias si la depreciación fuera irreversible. Añadiendo que se entenderá por valor de mercado, para mercaderías, su valor de realización, deducidos los gastos de comercialización.

I.Motivo de esta aportación 1.Cuando tuve el honor de ser invitado a participar en las I Jornadas Internacionales sobre responsabilidad civil, organizadas por el Departamento de Derecho civil de la Universidad de Alicante, y movido por el deseo de no entrar en concurrencia con el objeto de otras intervenciones ya programadas, sugerí que la mía versase sobre la materia que anuncia el epígrafe. Propuesta que el profesor Moreno Martínez aceptó amablemente. El presente texto, escrito bastante tiempo después para su publicación, pretende corresponder a tantas atenciones como las que recibí. 2.La responsabilidad en que se puede incurrir por dar a otro —o en su caso por no dar— informaciones que luego causan algún «perjuicio» a quien las recibe, es una cuestión que me empezó a intrigar cuando leí la excelente monografía de Jorge Ferreira Sinde Monteiro titulada Responsabilidade por conselhos, recomendações ou informações (Coimbra, 1989). Luego acrecentó mi interés el no menos notable trabajo de Fernando Pantaleón Prieto, La responsabilidad civil de los auditores: extensión, limitación, prescripción (Madrid, 1996). Y, desde luego, la posible causa de responsabilidad de que hablo se encontraba implícita en un campo de reflexión que siempre me ha atraído, cual es el de la responsabilidad civil de los profesionales; sobre todo, cuando informar es parte de la prestación de hacer característica de ciertas profesiones. Me estimulaba, asimismo, la circunstancia de que en nuestra doctrina, salvo la excepción que enseguida diré, no existen trabajos específicamente orientados al análisis de la pregunta que es clave en la materia que me ocupa: la de si quien suministra información a otro puede incurrir en responsabilidad cuando el receptor alega que, por haber actuado o tomado una decisión con base en esa información, ha experimentado un daño1.