La solidaridad es uno de los aspectos que normalmente producen mas conflictividad en una relación jurídico tributaria, pues la concurrencia de varias personas físicas o jurídicas en la producción del hecho imponible, determinará siempre la necesidad de determinar el grado de responsabilidad de esos sujetos en la obligación de pago de la deuda tributaria. La Ley General Tributaria ha pretendido resolver el problema con una declaración general, en su artículo 34 que dispone lo siguiente: “La concurrencia de dos o más titulares en el hecho imponible determinará que queden solidariamente obligados frente a la Hacienda Pública, salvo que la Ley propia de cada tributo dispusiere lo contrario.” Aparte de otros supuestos de solidaridad que aparecen reconocidos expresamente en la Ley General Tributaria, lo importante es determinar el alcance de la voluntad legislativa en función de los distintos supuestos que se pueden plantear en la vida diaria. En el ejemplo que será objeto de comentario a continuación, se trata de dos personas que adquieren un bien inmueble por mitad y proindiviso, lo cual no siempre supone que exista un principio de solidaridad entre ellos, a efectos tributarios, aun cuando en el ámbito tributario el principio general sea la solidaridad a diferencia de lo que ocurre en Derecho Civil. Si dos son los adquirentes de dicho bien inmueble, en principio deberán ser dos los sujetos pasivos de la figura tributaria de que se trate, en este caso, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. No puede hablarse, en consecuencia de que exista un solo hecho imponible, sino dos, uno y en consecuencia, las vicisitudes y circunstancias de cada particular relación jurídico tributaria, no pueden ni deben comunicarse a la otra.

Adquisición efectuada en documento privado: efectos de la fecha a efectos tributarios: Ocurre con suma frecuencia en la vida práctica la formalización de un contrato en documento privado, donde constan las cláusulas del mismo, fecha y firma de las partes. Inter partes, la fecha que se hace constar en dicho documento produce efectos jurídicos, sin embargo, respecto de tercero resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 1.227 del Código Civil que dispone lo siguiente: “La fecha de un documento privado no se contará respecto de tercero, sino desde el día en que hubiese sido incorporado o inscrito en un registro público, desde la muerte de cualquiera de los que lo firmaron, o desde el día en que se entregue a un funcionario público por razón de su oficio.” Tal como se ha dicho con anterioridad, entre partes firmantes, la fecha cuenta conforme está consignada en el documento, una vez haya sido legalmente reconocida. La mayor exigencia frente a terceros se fundamenta en la prevención de evitar fraudes que las partes puedan fácilmente concertar para perjudicar a personas extrañas a esa determinada relación jurídica. La fecha cierta de un documento privado oponible “erga omnes” puede ser acreditada por cualquier medio de prueba de suerte que la aplicación de cualquiera de los supuestos que contiene este artículo procede para los casos límite en los que no hay otro modo de probar la fecha. Una vez incorporado o inscrito en un Registro público el documento privado, adquiere autenticidad su fecha e independientemente de la veracidad de su contenido, por la fe pública que el Registro ostenta y para los terceros, la fecha más antigua de este documento será, por lo menos, la del día de su inscripción en el Registro, si otra anterior no hubiera podido ser acreditada, ni tampoco la que contiene el documento y que ha sido indicada por sus otorgantes. Quizás el supuesto mas interesante, a los efectos que ahora nos interesa, sea el referente a la entrega del documento a un funcionario público por razón de su oficio. Esta entrega debe obedecer a un motivo funcionarial concreto, o, de lo contrario, carece del valor que le atribuye esta disposición legal. Debe ser un funcionario competente para la recepción del documento privado y que la entrega esté vinculada de modo directo a algún trámite de naturaleza pública, en virtud del cual tal entrega resulta admisible, o, de lo contrario, los otorgantes de un documento privado utilizarán este impuesto legal para dar fecha cierta a sus documentos al margen de toda tramitación oficial y legalmente procedente.

¿Pueden considerarse las centrales hidroeléctricas objeto de exención en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles por pertenecer al dominio público hidraúlico? Las centrales hidroeléctricas constituyen un bien inmueble de naturaleza urbana, sujeto y no exento, por lo que deben incluirse en tal concepto los edificios, instalaciones y construcciones que conforman la central hidroeléctrica, así como la presa o salto de agua, zonas de servidumbre, protección o seguridad e incluso las que están afectadas por el destino principal de las mencionadas construcciones. Sin embargo, el lecho del embalse y el agua embalsada no pueden forman parte del dominio público hidráulico, por lo que en este aspecto se trata de un supuesto de no sujeción. En definitiva, el objeto de esta exposición es determinar si la liquidación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondiente a un determinado Embalse Hidroeléctrico comprende el salto de agua, es decir, el dique o la presa y todo el complejo estructural industrial que lo integra están suje¬tos al citado Impuesto, excepción hecha de la superficie cubierta por el agua embalsada. Pudiera entenderse a la vista de la legislación vigente que constituye una doctrina errónea la aplicación del mencionado el IBI a la superficie ocupada por el agua de un embalse hidroeléc¬trico, al no encontrarse en ninguno de lo supuestos del artículo 62 de la Ley 39/1988 Haciendas Locales. Los razonamientos que pueden considerarse a favor de la doctrina anteriormente indicada, son los suguientes: A) Aplicación del artículo 62 b).2 de la Ley de Ha¬ciendas Locales: Según dicho precepto, son construcciones de natura¬leza urbana las obras de urbanización y mejora, como las explanaciones y las que se realicen para el uso de espacios descubiertos, considerándose como tales los depósitos al aire libre ... y los espacios anejos a las construcciones

En la fase de recaudación es cuando los derechos y garantías del contribuyente puestos en relación con las necesarias potestades administrativas, alcanzan todo su significado, pues es aquí cuando el órgano de recaudación puede dirigirse contra el patrimonio del contribuyente y realizar el importe de la deuda tributaria, cuando éste no haya abonado el importe de la deuda tributaria. Pero también puede ocurrir a lo largo de la relación jurídico tributaria y de forma mas concreta en la fase de recaudación que el contribuyente no pueda abonar el importe de la deuda, estableciéndose el remedio legal por medio del aplazamiento y fraccionamiento de pago. El aplazamiento de pago consiste en la declaración de voluntad del obligado tributario en virtud de la cual solicita al órgano de recaudación la concesión de un período de tiempo extraordinario en función de las circunstancias excepcionales que concurren, con el fin de poder abonar el importe de la deuda tributaria. Con la solicitud de aplazamiento el deudor está indicando a la Administración tributaria que, no puede pagar por el momento, pero que desea hacerlo y no puede pagar por diversas circunstancias que deben ponerse siempre en conocimiento del órgano de recaudación a fin de que éste las valore debidamente. El artículo 48 del 1684/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, dispone lo siguiente:

APREMIO: nulidad del recargo de apremio: recurso erróneo por indicación de la propia Administración tributaria: efectos jurídicos. Condena en costas. El procedimiento de apremio, por los especiales efectos jurídicos que puede producir en el patrimonio del sujeto pasivo, debe revestir siempre las máximas garantías y respeto a los derechos de los contribuyentes, pues es la vía ejecutiva la que de forma más directa y contundente puede utilizar la Administración tributaria, a través del órgano de recaudación competente para exigir el cumplimiento del pago de la deuda tributaria. Cierto es que la obligación tributaria está configurada de forma que la deuda, que constituye la prestación de dicha obligación, debe abonarse a la Hacienda Pública, bien de forma voluntaria o bien de forma forzosa. En este último caso es cuando nos encontramos con el procedimiento de apremio que supondrá siempre la exigencia del recargo correspondiente. En el presente caso, es obvio que la indicación por parte de la Administración tributaria de la procedencia de un segundo recurso de reposición en lugar de la preceptiva reclamación económico-administrativa, fue el hecho desencadenante del procedimiento de apremio, que produjo consecuencias negativas a los derechos e intereses de la parte interesada, provocando la nulidad de la actividad administrativa derivada de dicha errónea indicación.

El Estatuto de los Trabajadores aprobado por Ley 8/1990, de 10 de marzo, reconoce la movilidad funcional y geográfica, y respecto de esta última modalidad se dice que el traslado de trabajadores que no hayan sido contratados específicamente para prestar sus servicios en empresas con centros de trabajo móviles o itinerantes a un centro de trabajo distinto de la misma empresa que exija cambios de residencia, requerirá la existencia de razones económicas, técnicas, organizativas o de producción que lo justifiquen, o bien contrataciones referidas a la actividad empresarial. Normalmente se entiende que concurren las causas anteriormente indicadas, cuando la adopción del acuerdo de traslado contribuye a mejorar la situación de la empresa a través de una mejor organización de recursos, que pueda favorecer la situación competitiva de la empresa en el sector económico al que pertenezca. Una vez se notifica la decisión del traslado de la empresa al trabajador, éste tiene derecho, por razón del traslado, a percibir una indemnización como compensación por los gastos, o bien, por la extinción del contrato.

El préstamo que concede una persona física a la sociedad mercantil a la que pertenece por su condición de socio, ha tenido una diferente solución a lo largo del tiempo y en función de la legislación aplicable, pues aún en el supuesto de que en el préstamo no se pactara pago alguno de interés, en función posiblemente de la situación de crisis económica por la que atraviesa la empresa, la Administración siempre ha considerado la onerosidad del pacto. Dicha consideración jurídica del préstamo tenía su fundamento en el principio general de que todas las prestaciones de bienes se entendían retribuidas, salvo pacto en contrario. El problema radicaba, entonces, en poder acreditar la falta de onerosidad del préstamo y la dificultad en valorar debidamente la prueba documental aportada por el socio y la sociedad mercantil prestataria a efectos de poder acreditar que el préstamo se había recibido sin pacto alguno de abonar interés.

La complejidad del Derecho Tributario como rama propia dentro del contexto general del Derecho Administrativo, permite una relación constante y fluida con otras ramas del Derecho. Ello suele configurar en el proceso contencioso-administrativo una cuestión prejudicial, en el sentido de que el órgano jurisdiccional debe, con anterioridad a la consideración de la cuestión controvertida principal, resolver un aspecto jurídico que es propio, en este caso, del Derecho Civil, siendo decisiva la resolución de esa cuestión procedente del Derecho Privado, a efectos de resolver una controversia propia del Derecho Público, tal como ocurre en la relación jurídico tributaria. En la Sentencia de 16 de junio de 1.999, se resuelve una cuestión de amplia trascendencia tributaria, acerca de la consideración que fiscalmente merece la unidad familiar en el supuesto de separación de ambos cónyuges.

En el supuesto de transmisión de un cupón, quien recibe el rendimiento del capital mobiliario es siempre el obligacionista y, en consecuencia, será a éste a quien se le debe practicar la retención correspondiente. Se trata de un supuesto frecuente que tiene amplios efectos tributarios, pues la emisión de obligaciones o cupones supone siempre la oferta de un contrato de préstamo que el futuro prestamista, es decir, el obligacionista, aceptará mediante la correspondiente subscripción. En el presente caso, la obligación puede considerarse como una parte alícuota del préstamo conferido a la sociedad mercantil. Pero aparte del obligacionista también hay otras personas que pueden intervenir en la cesión de un cupón, cuya posición jurídica tanto viene determinada por el Código Civil, la Ley de Sociedades Anónimas y la legislación tributaria. Vamos a determinar el tratamiento tributario que corresponde en el Impuesto sobre Sociedades al adquirente de cupones de obligación por la percepción del nominal, lo que requiere una previa delimitación jurídica y económica de la operación realizada y de los ingresos obtenidos en ella, y en segundo lugar el análisis de la normativa tributaria aplicable fin de encajar aquéllos en la categoría de renta que proceda. Para lo primero es conveniente contemplar, como punto de partida lógico, el marco en el que se inserta la operativa aquí planteada: la emisión de obligaciones, bonos, o cualquiera que sea denominación que se dé, supone la oferta de un contrato de préstamo que el futuro prestamista (obligacionista), tal como se ha indicado con anterioridad, acepta mediante la suscripción (en este sentido el artículo 287 de la Ley de Sociedades Anónimas de 22 de diciembre de 1989). De este modo, las obligaciones constituyen, así, valores que incorporan o reconocen, como indica el artículo 282 de ley citada Ley, la deuda que una sociedad contrae con la pluralidad de prestamistas que suscriben la emisión. Ya estén repre¬sentadas por medio de títulos o de anota¬ciones en cuenta, como autoriza el articulo 290 de la misma Ley, es característica de la misma su transferibilidad, es decir, su transmisibilidad que por otra parte, es propia de práctica¬mente todos los derechos y que en el caso de las obligaciones, como de los valores negociables en general, se ha pretendido dotar de mayor agilidad o amplitud. Esta transmisibilidad ha quedado plenamente reconocida en la expresión «negocia¬bilidad», como se reconoce en la Exposición de Motivos de la Ley de Mercado de Valores de 28 de julio de 1988.

El plazo de los procedimientos tributarios ha sido objeto reciente de una discusión doctrinal acerca de si deben conservar o no cierta autonomía respeto de la regulación general que se establece para los procedimientos administrativos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en especial por lo que se refiere a la Disposición Adicional Quinta de la misma, que dispone la aplicación subsidiaria de dicha Ley y en consecuencia de los plazos establecidos en el procedimiento administrativo común, en caso de que el procedimiento tributario de que se trate no establezca un plazo máximo de tramitación del mismo. Es bien sabido como el plazo máximo de duración de un procedimiento, en este caso, de naturaleza jurídico tributaria, afecta no solo a los derechos y garantías del contribuyente, sino también al principio de seguridad jurídica y principio de eficacia en la gestión administrativa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9.3 y 103.1 de la Constitución. Por lo que afecta a los derechos y garantías del contribuyente, la Ley 1/1998, de 26 de febrero, dispone en su artículo 23 que “el plazo máximo de resolución de los procedimientos de gestión tributaria será de seis meses, salvo que la normativa aplicable fije un plazo distinto. Las dilaciones en el procedimiento por causa no imputable a la propia Administración interrumpirán el cómputo del plazo para resolverlo.” Aparte de otros preceptos que se contienen en la misma Ley acerca del plazo de tiempo señalado para el procedimiento, es evidente que un plazo de tramitación excesivamente largo puede producir consecuencias negativas no solo para los intereses del contribuyente, sino también para la propia Administración tributaria, ante la presumible acumulación de expedientes.