IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Base imponible. El artículo 73.B del Tratado CE (actualmente artículo 56 CE) no se opone a una normativa de un Estado miembro, en virtud de la cual la depreciación de participaciones sociales como consecuencia de una distribución de dividendos no afecta a la base imponible de un contribuyente residente, cuando éste adquiere participaciones en una sociedad de capital residente, de un tenedor de participaciones no residente, mientras que, cuando adquiere participaciones de un tenedor residente, tal depreciación disminuye la base imponible del adquirente.

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Deducción del IVA soportado. Interpretación del artículo 17.3.a) de la Directiva 77/388, Sexta Directiva. Un prestador de servicios de telecomunicaciones que se halle establecido en el territorio de un Estado miembro está facultado, para deducir u obtener la devolución, en ese Estado miembro, del IVA soportado por los servicios de telecomunicaciones que se hayan prestado a una empresa que tenga su domicilio en otro Estado miembro, mientras que tal prestador se habría beneficiado de ese derecho si los servicios de que se trata se hubiesen prestado en el interior del primer Estado miembro.

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS. Falta de motivación del requisito de culpabilidad. La resolución sancionadora y el acta de inspección se limitan a explicitar la regularización practicada, sin especificar los hechos o circunstancias de los que se infiere que el obligado tributario inspeccionado ha actuado culpablemente.

ITPAJD. No teniendo los particulares otorgantes de la opción de compra la condición de empresarios en el momento de documentar el contrato, la operación no podía estar sometida al IVA, sino al ITP.

AJD. La cesión de un derecho de crédito puramente personal (derecho a cobrar el precio de la compraventa), sin trascendencia real alguna y sin que a ello obste el que el contrato originario de compraventa tuviese por objeto un bien inmueble, no está sujeto al Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados.

IRPF. Base imponible. Incrementos de patrimonio no justificados. Al no probar la existencia de medios de financiación previos a las inversiones y a los ingresos controvertidos se confirma la existencia de un incremento no justificado de patrimonio.

IS. Correcta la imputación de ingresos realizada por la Inspección, con anterioridad a que el producto se haya entregado, atendiendo al principio del devengo y de correlación entre ingresos y gastos. Tratándose de un contrato de cuyo objeto es la prestación de un servicio de fabricación bajo pedido, los ingresos deben reconocerse a medida que el servicio vaya prestándose, esto es, a medida que se desarrolla la actividad de fabricación de acuerdo con las especificaciones realizadas por la matriz. Subcapitalización. Existe un endeudamiento indirecto suficientemente probado, dándose las condiciones previstas en la LIS para la aplicación de la norma de subcapitalización. La aplicación de esta norma no resulta contraria al principio de no discriminación del Convenio de Doble Imposición suscrito entre España y el país de la empresa matriz, toda vez que el Estado español está autorizado para corregir los beneficios determinados por empresas asociadas en aquellos casos en que concurran las circunstancias que prevé el Convenio. INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS. Es correcta la sanción impuesta. La conducta del obligado tributario fue culpable, pues los ingresos no declarados estaban expresamente pactados por él con la empresa matriz.

IRPF. Hecho imponible. Incrementos de patrimonio. Cesión de derechos de suscripción preferente. La fecha de otorgamiento de la escritura pública de ampliación de capital, y con ella la publicidad que de por sí conlleva dicho documento y su inscripción, fija el momento en que se entiende producido el aumento de capital, y con él la efectiva cesión de los derechos de suscripción preferente.