El supuesto que se plantea en la resolución citada en el encabezamiento (referencia 1632 de la revista JT) es el siguiente: una comunidad de bienes sujeta a IVA aportó todo su patrimonio a una sociedad mercantil. La cuestión controvertida es si la sociedad mercantil tiene derecho a la deducción del IVA soportado por la comunidad de bienes. El Tribunal, estimando el recurso, resuelve la cuestión en sentido afirmativo. El argumento único es el siguiente: «Cuando existe una sucesión en el patrimonio empresarial, lo que lleva aparejado el que la continuadora ejerza los derechos de las diferentes partidas del activo adquirido, y en virtud de la interpretación a contrario sensu del artículo 72 de la Ley General Tributaria, que establece la exigibilidad de las deudas y responsabilidades tributarias derivadas del ejercicio de explotaciones y actividades económicas por personas físicas, sociedades y entidades jurídicas a quienes sucedan por cualquier concepto en la respectiva titularidad, de suerte que, si la sucesión en la titularidad de una explotación económica determina (como sucede en este caso) para la sociedad adquirente la responsabilidad en las posibles deudas tributarias de la comunidad transmitente, del mismo modo ha de implicar la sucesión en la titularidad de los créditos fiscales a favor del mismo».

NOTAS SOBRE EL RÉGIMEN LEGAL DE LA PERENCIÓN DE LOS EXPEDIENTES TRIBUTARIOS DE INSPECCIÓN* 1. Introducción Hace algunos meses se suscitó una importante polémica, revestida de matices políticos que ahora no vienen al caso, al anunciar el Gobierno la prescripción de un importante número de deudas tributarias a causa de la paralización de los correspondientes expedientes de inspección. Una polémica cuyo interés jurídico se concreta en saber, efectivamente, si y cuándo puede haber tenido lugar la referida prescripción de las deudas. Una incógnita que guarda relación con el estado o situación de cada uno de los expedientes administrativos de inspección y, más concretamente, con su posible perención o caducidad a causa del injustificado retraso o paralización en su tramitación. Porque es esta eventual caducidad o perención de los expedientes la que puede determinar que la prescripción de las deudas correspondientes pueda producirse en un momento u otro. En efecto, aunque prescripción y perención son instituciones diversas, los efectos de ésta pueden incidir sobre aquélla. La prescripción se refiere a la adquisición o extinción de derechos por el paso del tiempo. Éste determina la modificación de situaciones jurídicas sustantivas. La perención, en cambio, no se refiere a situaciones jurídicas sustantivas sino adjetivas. No se refiere a los derechos u obligaciones sino a los procedimientos mediante los cuales se hacen valer o satisfacen dichos derechos y obligaciones. Por el paso del tiempo, la perención determina la extinción o terminación de los expedientes paralizados y el archivo de las actuaciones. Los procedimientos detenidos perimen o mueren, caduca la instancia, al pasar un plazo de tiempo determinado. Una paralización del expediente que puede ser imputable al interesado o a la Administración. En el primer caso hablaremos de perención particular, que es lo que tradicionalmente se ha denominado caducidad del expediente. En el segundo caso, hablaremos de perención administrativa, la cual sólo desde hace unos años cuenta con reconocimiento normativo expreso

La disposición arriba desarrollada regula el régimen aplicable a las consultas cuya contestación deba tener carácter vinculante para la Administración Tributaria, desarrollando, en este aspecto, el artículo 107, apartados 4. y 5 LGT. En el preámbulo se precisa que la regulación se limita a las consultas vinculantes, «sin que se haya considerado necesario desarrollar reglamentariamente el procedimiento general para la resolución de las consultas tributarias contempladas en el citado artículo 107, dado que la amplia tradición administrativa al respecto existente hace innecesario el sometimiento de la contestación a estas consultas a formalidades especiales». Pues, hombre, es verdad que existe una amplia tradición administrativa de contestar a las consultas no vinculantes tarde y, a veces, mal. Pero, por ello mismo, podría haberse aprovechado la ocasión para regular algún aspecto, como, por ejemplo, el plazo de contestación. El decreto se divide en cuatro capítulos, que regulan, respectivamente: 1) El ámbito de aplicación, que como hemos dicho, es exclusivamente el de las consultas vinculantes. 2) La delimitación, subjetiva y objetiva, de los supuestos que habilitan para la presentación de consultas vinculantes. 3) El procedimiento. 4) Los efectos vinculantes de la contestación. Las disposiciones adicionales se refieren a la contestación a preguntas sin efecto vinculante y a la posibilidad de aplicar el régimen de consultas vinculantes a otras Administraciones territoriales.

La disposición transitoria primera de la Ley 25/1995, de 20 de julio, de modificación parcial de la Ley General Tributaria nos dice: «1. La nueva normativa será de aplicación a las infracciones tributarias tipificadas en esta Ley cometidas con anterioridad a la entrada en vigor de la misma, siempre que su aplicación resulte más favorable para el sujeto infractor y la sanción no haya adquirido firmeza. 2. La revisión de las sanciones no firmes y la aplicación de la nueva normativa se realizará por los órganos administrativos o jurisdiccionales que estén conociendo las correspondientes reclamaciones o recursos, previos los informes u otros actos de instrucción necesarios; en su caso se concederá audiencia al interesado.»

1. Introducción Quién analice con un cierto grado de detenimiento el recién aprobado Reglamento del Impuesto sobre Sociedades en materia de retenciones e ingresos a cuenta descubrirá que son realmente pocas las novedades que incorpora en relación con la normativa hasta ahora en vigor. En efecto, el nuevo cuerpo normativo se dedica básicamente a recoger y refundir el hasta hoy disperso desarrollo de la legislación básica sobre esta cuestión. Por ello, su estudio se ha convertido en la mayor parte de los casos en una simple búsqueda del origen derogado de cada nuevo contenido reglamentario; y en un análisis comparativo, gramatical en muchos casos, del citado origen en relación con su nueva plasmación normativa. Basaré por tanto mi exposición en esta idea: recordaré en primer lugar de forma muy breve el contenido de la Ley del Impuesto en relación con las retenciones e ingresos a cuenta. Y estudiaré después el desarrollo que de la propia Ley hace la norma reglamentaria, recordando los antecedentes y comparándolos con la nueva regulación en vigor.

Podemos comenzar indicando que la base de la bonificación en las transmisiones de Empresas o participaciones en Entidades está contenida en un artículo de la Ley 19, 1991 del Impuesto sobre el Patrimonio. La Ley reguladora del referido impuesto sobre el patrimonio en su artículo 4, número 8 introduce la exención en el mismo para entre otros, los bienes y derechos de las Personas Físicas, necesarios para el desarrollo de su actividad empresarial; siempre que ésta se ejerza de forma habitual, personal y directa y constituya su principal fuente de Renta. Asimismo y en el apartado Dos introduce la exención para «Las Participaciones en entidades, siempre que concurran unos requisitos que en síntesis son los siguientes: a) Que la entidad no tenga por actividad la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario. b) Que cuando la entidad sea una sociedad no concurran los supuestos del artículo 52, de la Ley 18/1991-I.R.P.F (Sociedades Transparentes (Mera Tenencia, Profesionales y Artísticas). c) Que el porcentaje de participación del Sujeto Pasivo sea Superior al 15%. d) Que el Sujeto Pasivo Ejerza, efectivamente funciones de dirección recibiendo una remuneración que represente más del 50% del total de sus rendimientos empresariales, profesionales y del trabajo personal.» Los Artículos 2, 3, y 4 del Real Decreto 2.481/1994 han desarrollado reglamentariamente los requisitos para la aplicación de la Exención en los Bienes Empresariales y de las Participaciones en Entidades. Esta Normativa sólo produce la exención de Tributación en el Impuesto sobre el Patrimonio.

NOTA INTRODUCTORIA.- La creciente masificación de las relaciones jurídico-tributarias ha puesto en primer plano de actualidad un tema en apariencia menor, pero de gran trascendencia práctica: el de la validez de las notificaciones. En el trabajo que hoy ofrecemos a nuestros asociados, se combinan en rigor, la claridad, y un acertado acopio de doctrina y jurisprudencia. Campea en él, además, un talante ecuánime e imparcial, como corresponde a la doble condición de su autor, abogado y técnico de la Administración municipal. Agradecemos a Juan Ignacio Gomar Sánchez y a la revista Impuestos la autorización para su publicación.

1. Apología del derecho a recurrir El proyecto de ley de defensa de los derechos y garantías de los contribuyentes dedica su capítulo VIII a los recursos y reclamaciones. Su contenido se reduce a dos artículos, el 36 y el 37, bajo las rúbricas respectivas de «Derecho a recurrir» y «Reclamaciones económico-administrativas». El artículo 36, el intitulado «Derecho a recurrir» declara, como su rótulo promete, el derecho de los contribuyentes, en los términos legalmente previstos, a interponer, en la vía administrativa, los recursos y reclamaciones que procedan contra los actos dictados por la Administración tributaria. La noticia me llena de júbilo, porque debo confesar que, en toda mi ya no corta vida, ni se me había pasado por la imaginación la idea de que los actos de la Administración tributaria se pudiesen recurrir. ¿Se agota con esta solemne declaración el contenido del artículo 36?. No, no se agota. A continuación, nos dice el precepto que los contribuyentes tienen derecho a que en la notificación de los actos administrativos se indique el recurso procedente, el plazo para su interposición y el órgano ante el que debe formularse. Fijémonos en que la norma no dice «puede formularse», sino «debe formularse». Luego el de recurrir es un derecho, sí, pero también un deber, como el de servir a la Patria con las armas.

El autor de estos informes viene manteniendo de antiguo una actitud crítica, en relación con la tradicional norma de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones —norma que arranca del predecesor de uno y otro impuestos, el Impuesto de Derechos Reales— según la cual se atribuye al presentador del documento el carácter de mandatario del sujeto pasivo y, como consecuencia de ello, se confiere validez a las notificaciones practicadas en la persona de dicho presentador, como si hubiesen sido realizadas al sujeto pasivo. Entiendo que la presunción legal de mandato en que se fundamenta esta norma es harto arriesgada, ya que tanto en el terreno del tráfico jurídico patrimonial inter vivos como en el de las sucesiones, no cuesta mucho trabajo imaginar supuestos en los que una persona puede presentar un documento a liquidación, no ya sin tener relación de mandato con el sujeto pasivo, sino teniendo intereses contrapuestos con los de éste y con ánimo de hacerle la puñeta.

1. Planteamiento Una de las cuestiones más controvertidas en la doctrina y la jurisprudencia tributarias es el de la unicidad o estanqueidad en la comprobación administrativa de valores. Se oponen en este terreno dos posiciones contrapuestas. Para los partidarios de la unicidad, las valoraciones fiscales practicadas por una Administración a efectos de un determinado impuesto, vinculan a otros órganos de la misma Administración e incluso a otras Administraciones, aun cuando se trate de la aplicación de impuestos diferentes. Para los partidarios de la estanqueidad, cada Administración, y aun cada órgano de la Administración, gozan de una autonomía funcional, que les permite aplicar valoraciones diferentes, máxime cuando se trate de tributos diversos. En la práctica, la cuestión se ha venido planteando sobre todo en relación con el IRPF y el impuesto sobre sociedades, cuando, a efectos de la determinación de un incremento patrimonial, la Administración estatal pretendía aplicar un valor de enajenación diferente del que había aplicado la Administración autonómica a efectos del impuesto sobre transmisiones patrimoniales