1. ANÁLISIS DEL DERECHO POSITIVO Tras las novedades normativas aparecidas durante el mes de diciembre de 1996 en la fiscalidad española, a algunos inversores extranjeros —individuos y personas jurídicas— se les han planteado dudas razonables acerca de si las plusvalías que obtengan en territorio español disfrutan de los llamados coeficientes de abatimiento (para mayor precisión, los llamaremos coeficientes de reducción, por oposición al otro método de corrección de la depreciación monetaria conocido en nuestro Ordenamiento, los coeficientes de actualización del valor de adquisición). Las modificaciones legislativas acaecidas durante los últimos años en esta materia han propiciado una notable confusión; para superarla, creemos de interés hacer un breve repaso de las últimas disposiciones legales que han incidido en el tema, ordenándolas cronológicamente en cuatro momentos: 1º El art.18.3 de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del IRPF, en su redacción originaria (la única que ha tenido, hasta el momento) dispone que «respecto de las personas físicas sujetas por obligación real sin establecimiento permanente la determinación de los incrementos de patrimonio se realizará aplicando, a cada alteración patrimonial que se produzca, las normas que correspondan de los artículos 44 a 49 de esta Ley, con excepción de lo previsto en el párrafo segundo del apartado uno y en el apartado cuatro del artículo 44». En el momento de la redacción de este precepto, los coeficientes reductores se encuentran en el art.45.2 de la Ley 18/1991, luego es claro que los mismos resultan de aplicación a personas físicas no residentes sin establecimiento permanente.

El artículo 43-2 LGT regula la forma de la representación ante la Administración tributaria, estableciendo que, para la realización de determinados actos —interponer reclamaciones, desistir de ellas en cualquiera de las instancias y renunciar derechos en nombre de un sujeto pasivo— la representación deberá ser acreditada con poder bastante conferido por alguno de estos medios: a) documento público. b) documento privado con firma legitimada notarialmente. c) comparecencia ante el órgano administrativo competente. A renglón seguido, el precepto añade que «para los actos de mero trámite se presumirá concedida la representación».

Como todos sabemos, los ciudadanos contribuyentes que deseen acogerse a la tutela judicial han de pasar antes por las horcas caudinas de los llamados tribunales económico-administrativos, de cuya imparcialidad —con determinadas y muy loables excepciones— cabe casi siempre dudar. Y, si el llamado Estatuto del Contribuyente no lo remedia, podemos temer que así seguirán siendo las cosas. Hasta hace no mucho tiempo, la jurisprudencia «tradicional» venía considerando inexcusable, en todos los casos, el paso por las horcas caudinas. Se declaraba sistemáticamente la inadmisibilidad del recurso contencioso cuando no se había interpuesto la previa reclamación económico-administrativa, e, incluso, cuando, interpuesta ésta, no se había agotado la vía mediante la alzada ante el Central. En tal sentido se pronunció, entre otras, la STS de 4 de febrero de 1985. La sentencia citada en el encabezamiento, publicada en la revista JT, bajo el número de rª 1332 no sólo declara admisible, sino que entra en el fondo del asunto y resuelve en sentido parcialmente estimatorio, un recurso contencioso que no había sido precedido de la preceptiva reclamación económico-administrativa. Una decisión de este tipo no carecía de antecedentes. El propio Tribunal de Canarias cita los precedentes de las sentencias del Tribunal Supremo de 6 de febrero y 9 de noviembre de 1995.

El real decreto 2458/1996, de 2 de diciembre, crea en la Secretaría de Estado de Hacienda y adscrito al Secretario de Estado, el Consejo para la Defensa del Contribuyente. Por la fecha, colijo que el Gobierno ha querido sumarse de esta manera sencilla, pero emotiva, a los actos conmemorativos de mi aniversario. No diré el número. Todavía estoy lejos del centenario. Según el artículo 1 del real decreto, el Consejo tiene «naturaleza asesora, sin perjuicio de las competencias atribuidas a su unidad operativa adscrita». Por resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda de 14 de febrero de 1997 se establece el procedimiento para la formulación, tramitación y contestación de las quejas, reclamaciones y sugerencias dirigidas al Consejo.

1º RÉGIMEN DE LOS PAGOS FRACCIONADOS A CUENTA EN EL I.S. DURANTE LOS EJERCICIOS 1983 A 1995 Vamos a comenzar la ponencia con una breve exposición de la evolución normativa del pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades, desde 1983 hasta 1995. La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1983, fue la primera en la que aparece el pago fraccionado, con la denominación entonces de pago a cuenta, denominación que en la actualidad se utiliza, según el Art. 39 de la Ley 43/1995 del I.S., para agrupar los siguientes conceptos deducibles de la cuota íntegra: las retenciones a cuenta, los ingresos a cuenta, los pagos fraccionados y la cuota pagada por las Sociedades sometidas al régimen de transparencia fiscal. La Ley 61 no preveía en su redacción original los pagos a cuenta en su Art. 32.

1. La no deducibilidad de los intereses en los supuestos de subcapitalización. El art. 20 de la Ley 43/1995 reproduce, con alguna modificaciones, la norma anti-subcapitalización incluida en el art. 16.9 de la Ley anterior, en la redacción dada a este precepto por la Ley 18/1991. Y aparentemente el precepto es aplicable con carácter general cualquiera que sea el país de residencia del prestamista. Sin embargo, una interpretación del precepto en el marco de los convenios de doble imposición puede llevar, como veremos, a excluir su aplicación respecto a los países con convenio, aunque concurran los requisitos de la sucapitalización. E igualmente cabe plantearse, aunque la Ley reguladora del Impuesto sobre Sociedades no lo prevea, la necesidad de reconocer al prestamista español la posibilidad de aplicar las deducciones por doble imposición internacional cuando en el extranjero se aplique una norma anti-subcapitalización. Antes de entrar en estas cuestiones conviene precisar el alcance del citado art. 20, que dista de presentar una redacción absolutamente clara. El supuesto de hecho tipificado como subcapitalización ("thin capitaliza¬tion") se basa en la existencia de endeuda¬miento, directo o indirecto, con una persona no residente y vinculada, siendo el ratio de endeudamiento sobre el capital fiscal superior a 3 (en lugar del 2 vigente bajo la anterior normativa). En cuanto al concepto de endeudamiento, la ley no lo define, por lo que en principio es irrelevante el tipo de operación o contrato que lo origina. Pero no parece que puedan computarse las deudas derivadas de operaciones comerciales, salvo que éstas encubran una financiación a la sociedad.

1. Planteamiento Nuestro compañero y amigo, el ex-presidente de la Asociación Francisco Espinosa, nos ha sugerido como tema de estudio el del alcance de la responsabilidad de los administradores de sociedades, prevista en el artículo 40-1 de la LGT, tras la reforma de ésta operada por la ley 20/1995 de 20 de julio. El citado artículo 40-1, cuya redacción no ha sido modificada por la ley 20/95, establece dos presupuestos de responsabilidad subsidiaria de los administradores de sociedades:

1. El incorrecto entendimiento de la presunción de retenciones establecida en la Ley 18/1991. La Ley 18/1991, reguladora del Impuesto sobre la Renta, establecía en el número dos de su artículo 98, la presunción de que las cantidades efectivamente satisfechas por los sujetos obligados a retener se entienden percibidas en todo caso con deducción del importe de la retención correspon¬diente. Esta norma era práctica¬mente idéntica a la contenida en el art. 36 de la anterior Ley 44/78, con la única diferencia de que la nueva Ley 18/1991 recogía de forma expresa la salvedad antes meramente reglamenta¬ria y ceñida a los rendimien¬tos profesiona¬les según la cual la presunción no se aplica cuando se trata de "retribucio¬nes legalmente establecidas". El alcance de la presunción ha venido planteando numerosos problemas, ofreciendo la práctica administrativa y jurisprudencial las más diversas soluciones a los mismos. Así, tanto el TEAC (Res. 2 de noviembre de 1989) como los Tribunales Superiores de Justicia (STSJ del País Vasco de 3 de febrero de 1990) muy a menudo se han inclinado por considerar que la presunción tiene un carácter iuris tantum, cuando del tenor de la Ley, y en particular del empleo de la expresión "en todo caso", resultaba claramente lo contrario.

1. Normativa. 2. Quiénes pueden acogerse a la actualización. 3. Obligaciones contables. 4. Elementos actualizables (condiciones). 5. Situación contable de los elementos actualizables. 6. Período de actualización. 7. Balance actualizado. 8. Reserva de revalorización. 9. Coeficientes de actualización. 10. Forma general de aplicación de los coeficientes. 11. Aplicaciones especiales de los coeficientes. 12. Correcciones del importe de actualización según la forma de financiación del sujeto pasivo. 13. Contabilización de la actualización. 14. Información en las cuentas anuales. 15. Amortización de los elementos actualizados. 16. Transmisión de elementos actualizados. 17. Disposición de la cuenta "Reserva de revalorización". 18. Comprobación de las operaciones de actualización. 19. Gravamen único de actualización. 20. Presentación del balance actualizado. 21. Ventajas e inconvenientes de la actualización

1. Introducción El método objetivo de Signos, Índices y Módulos (S.I.M.) se rige por lo dispuesto en la Ley General Tributaria (L.G.T.) y en la Ley y el Reglamento del Impuesto sobre la Renta (I.R.P.F.). La L.G.T., como cuerpo normativo de prioritaria aplicación en materia tributaria (artículo 9) recoge los «principios básicos... que constituyen el régimen jurídico del sistema tributario español» (artículo 1) y en tal sentido proclama en su artículo 49 que «El método de estimación objetiva...se utilizará con carácter voluntario». En consecuencia, la voluntad del contribuyente es requisito sine quanom, constitutivo, de la aplicación de este método de estimación objetiva: congruentemente, el modo de manifestar esa voluntad es accesorio, meramente declarativo. Por su parte, el artículo 68 de la L.I.R.P.F., asume también, como no podía ser menos habida cuenta de la prevalencia de la L.G.T. sobre cualquier otro cuerpo normativo ordinario, la voluntariedad de los S.I.M. y, en consecuencia, regula el modo de renunciar a su aplicación. En tal sentido, la interpretación conjunta de este artículo con el precepto reglamentario que lo desarrolla (artículo 28) nos lleva a concluir que la renuncia deberá verificarse mediante la presentación, en los plazos establecidos, de una declaración censal. Por tanto, para optar por el método de S.I.M. bastará con no hacer nada. Sin embargo como ha puesto de relieve la doctrina (la Profesora De Juan Lozano en su monografía «La estimación objetiva por signos, índices y módulos»), este modo de articular la renuncia no es sociológicamente adecuado. Efectivamente, en muchos casos, la «no renuncia» se deberá, no a la voluntad del contribuyente de determinar su rendimiento conforme a la modalidad de S.I.M., sino a su absoluto desconocimiento de que la actividad empresarial que desarrolla se incluye entre las susceptibles de quedar sujetas a tal modalidad.