RTEAC de 18 de febrero de 2016. Infracciones y sanciones. Culpabilidad. Motivación. Ejemplo de utilización de fórmula generalizada o estereotipada que no es motivación suficiente de la culpabilidad. Rechazo del automatismo en las sanciones. La utilización de la expresión “analizadas las circunstancias concurrentes la conducta del obligado tributario ha sido negligente sin que se aprecie ninguna causa de exoneración de la responsabilidad” no supone motivar suficientemente el elemento subjetivo de la culpabilidad en una resolución sancionadora; bien al contrario, resulta una fórmula generalizada y estereotipada que no es motivación suficiente para apreciar la culpabilidad del presunto infractor.

STS de 18 de febrero de 2016, rec. 12/2015 (En el mismo sentido STS de 18/02/2016, rec. 194/2015). RESPONSABILIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. Estado legislador. Céntimo sanitario. Indemnización por daños derivados de la aplicación del Impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos. Relación de causalidad directa entre la actuación del legislador que crea un impuesto contrario al Derecho comunitario y el daño sufrido por la mercantil que pagó dicho impuesto. Existencia de un daño antijurídico, que no tiene el deber de soportar, derivado de una actuación de los poderes públicos, que se concreta en la aplicación de una norma contraria al Derecho de la UE. La vulneración de la norma constituye una "violación suficientemente caracterizada", pues las autoridades españolas eran conscientes de que dicho impuesto no se ajustaba a la normativa comunitaria. Las insistentes comunicaciones de las instituciones comunitarias a las españolas, ponen de manifiesto dicha infracción. Indemnización por la cantidad reclamada, descontando las cantidades ya abonadas por los ejercicios reclamados y por devolución de ingresos indebidos o por las devoluciones del tramo autonómico respecto del gasóleo profesional respecto de tal impuesto. Abono de los intereses legales de la cantidad reclamada, una vez restadas las cantidades recibidas. VOTO PARTICULAR.

RTEAC de 25 de febrero de 2016, RG. 6006/2015. Procedimiento tributario. Notificaciones. Notificación por comparecencia de las sanciones tributarias y providencias de apremio de las mismas. Tratamiento específico del supuesto de notificaciones a no residentes, y en particular, a los residentes sin establecimiento permanente. Requisitos exigidos por nuestra jurisprudencia. La normativa tributaria no establece ninguna cautela especial para la notificación por comparencia de las sanciones o de las providencias de apremio de las mismas, distintas de las reglas establecidas con carácter general para notificar cualquier otra acto administrativo por comparecencia en los términos del artículo 112 de la Ley General Tributaria. Tratándose del caso específico de los no residentes, nada obsta para que, cumplidos los requisitos para la práctica de las notificaciones por parte de la Administración y no siendo posible llevarla a cabo, pueda acudirse a la notificación por comparecencia. Ahora bien, en el caso de no residentes, y en particular de los no residentes sin establecimiento permanente, se considera que, teniendo en cuenta los requisitos exigidos por nuestra jurisprudencia para acudir válidamente por la Administración a la notificación por comparecencia y la existencia de una normativa específica como los son las normas de asistencia mutua -en particular, el artículo 177 sexies de la Ley General Tributaria- y los Convenios de doble imposición suscritos por España, la Administración no sólo está obligada a intentar las notificaciones en los inmuebles o domicilios que le consten en territorio español, sino que también está obligada, antes de proceder a la notificación edictal, a acudir a los medios de cooperación internacional previstos, con el fin de realizar las notificaciones de forma eficaz para asegurarse de la efectividad del conocimiento de sus actos.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Ganancias y pérdidas patrimoniales. Excepciones de gravamen previstas en el artículo 33.3 b) de la Ley reguladora del IRPF. Naturaleza jurídica de la institución jurídica de la apartación del Derecho civil de Galicia. Por la apartación quien tenga la condición de legitimario si se abriera la sucesión en el momento en que se formaliza el pacto queda excluido de modo irrevocable, por sí y su linaje, de la condición de heredero forzoso en la herencia del apartante, a cambio de los bienes concretos que le sean adjudicados. La apartación gallega es un pacto sucesorio en vida, y su tratamiento fiscal es el que se deriva de esta condición cualquiera que sea el impuesto del que se trate. Inexistencia de ganancia o pérdida patrimonial. Dada la naturaleza jurídica de pacto sucesorio de la apartación debe entenderse comprendida entre los supuestos del art. 33.3.b) de la LIRPF de inexistencia de ganancia o pérdida patrimonial

Sentencia que anula parcialmente el artículo 19 del RD 1073/2014, que desarrolla el procedimiento relativo al diferimiento de IVA a la importación, por considerarlo discriminatorio para aquellos contribuyentes que tributan en Territorio Foral.

STSJ de la Comunidad Valencia de 15 de febrero de 2016, rec. 277/2015. ITP y AJD. Comprobación de valores. La comprobación del valor tiene que atender al caso concreto, al concreto y específico bien inmueble a valorar, sin embargo en el caso de autos, aplicando la metodología prevista por el artículo 57.1.b LGT, en los términos en que ha sido desarrollado por la Orden 4/2014, hemos de concluir que se ha omitido la valoración individual, que lleve del coeficiente medio al del bien concreto transmitido, por lo que ni la metodología (equiparación de valor medio con valor individual) es idónea, ni satisface la determinación del valor comprobado en los términos que exige al jurisprudencia. Y dicho valor “real” individualizado no puede ser fijado como consecuencia de la mera asunción de unos “valores estimativos” a que alude el artículo 57.1.b LGT, tal y como se ha desarrollado en la Orden 4/2014, pues ello implica exigir un tributo en base a valores genéricos, que no atienden a las circunstancias físicas y económicas de cada inmueble. Esa exigencia de individualización de la valoración inmobiliaria, implica atender al estado real del inmueble, a sus circunstancias físicas y económicas, a su estado de conservación, a su antigüedad y a los demás condicionantes de su valor en ese momento, y no limitarse a aplicar unos coeficientes o parámetros genéricos, válidos para cualquier inmueble situado en un mismo término municipal. Por lo expuesto deberemos concluir que el método utilizado por el órgano administrativo, amparado en la Orden 4/2014, no puede servir para cuestionar válidamente la declaración o autoliquidación presentada por el sujeto pasivo, pues la Orden incurre en los defectos que conducen, a la declaración de nulidad de la misma, y por tanto a su expulsión del ordenamiento jurídico.

STS de 3 de febrero de 2016, rec. 4066/2014. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Ejercicio 2006. Ganancias patrimoniales. Actividad empresarial de cría de caballos. Rechazo de la calificación de actividad económica por la AEAT ratificada en Instancia por considerar totalmente insólito mantener durante años una actividad supuestamente empresarial que no sólo no produce resultados positivos, sino que comporta pérdidas continuadas superiores a los cien mil euros anuales, y en algunos años muy por encima de esa cantidad. RECURSO DE CASACIÓN PARA LA UNIFICACIÓN DE DOCTRINA. Identidad esencial de los supuestos de contraste. Las actividades cuestionadas, «hípica» y «forestal» no producen beneficios inicialmente, lo que justificaría las pérdidas de los ejercicios iniciales. La existencia de beneficios no es un presupuesto de la actividad económica, su falta de concurrencia no excluye la calificación de «actividad económica». PRESUNCIÓN DE RACIONALIDAD. Ni la Administración ni la Instancia han justificado ni han probado mediante un razonamiento completo y acabado la concurrencia de irracionalidad en el ejercicio y desarrollo de la actividad económica examinada.

RTEAC de 21 de enero de 2016, rec. 3005/2013. INSPECCIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA. Duración de las actuaciones inspectoras. Interrupción de las actuaciones. Petición de datos e informes a un Ayuntamiento sobre el régimen urbanístico de unas parcelas y solicitud de información a la oficina de valoraciones. No toda petición de informes constituye una interrupción justificada de las actuaciones, sino solamente aquéllas que impidan continuar con la tarea inspectora. En este caso la Inspección, pese a la solicitud, no detuvo su investigación; le correspondía acreditar que no pudo finalizar las actuaciones en el plazo de 12 meses por tratarse de una auténtica interrupción justificada de las actuaciones, lo que no acontece. Al no haberse acreditado ni motivado por la Administración la necesidad de excluir del cómputo del plazo los periodos en los que se solicitaron estas informaciones, resulta improcedente excluirlo del cómputo, por lo que debe entenderse prescrito el derecho de la Administración tributaria para liquidar el período regularizado. Reitera criterio.