IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Derecho a la devolución del impuesto. INTERESES DE DEMORA. A favor del contribuyente. Determinación el dies a quo. Supuesto en que la entidad presenta su declaración-liquidación ante la AEAT a quien consideraba competente para su exacción, siendo sin embargo la competente la Diputación foral de Bizkaia, al concluirse que era allí donde se encontraba el domicilio fiscal de la sociedad. La sentencia impugnada estimó que los 6 meses a los que aluden los artículos 115.3 LIVA y NF 7/1994, deben computarse a partir del momento en que se recibe el expediente por la Diputación Foral, y no cuando se presentó la declaración ante el órgano incompetente y que ello no afectaba a la neutralidad del impuesto. Sin embargo no puede cargarse al sujeto pasivo del IVA con las consecuencias financieras desfavorables del debate entre el Estado o la Hacienda foral sobre quien es el obligado a la devolución. El pago de intereses de demora en supuestos de devolución del exceso de cuotas soportadas es una herramienta al servicio de la neutralidad en el IVA. Se concluye que el derecho al percibo de los intereses en la devolución del IVA deben computarse en este caso una vez transcurridos 6 meses desde la fecha en que la declaración se presentó ante la AEAT.

PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. Legitimación. Cualquiera que sea la entidad demandante, ésta ha de aportar, bien el documento independiente acreditativo de haberse adoptado el acuerdo de interponer el recurso por el órgano a quien en cada caso competa, o bien el documento que, además de ser acreditativo de la representación con que actúa el compareciente, incorpore o inserte en lo pertinente la justificación de dicho acuerdo. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Gestión del impuesto. Los asientos, registros y papeles privados sólo hacen prueba contra el que los ha escrito en todo lo que conste claramente, pero el que quiera aprovecharse de ellos, habrá de aceptarlos en la parte que le perjudiquen. Por lo que, dichos asientos, registros y papeles que se formen y conserven por un particular y no destinados a otros, no tienen fuerza probatoria en un litigio sino hasta donde determinen los órganos jurisdiccionales.

PROCEDIMIENTO INSPECTOR. PRESCRIPCIÓN. Acuerdo de ampliación del plazo de las actuaciones inspectoras. CAMBIO DE CRITERIO. Para verificar si el procedimiento inspector se adoptó dentro del plazo máximo de 12 meses no deben descontarse interrupciones injustificadas ni dilaciones imputables al contribuyente. Se abandona el mantenido en anteriores resoluciones del TEAC atendiendo a la jurisprudencia más reciente del TS. En el caso las actuaciones inspectora se iniciaron el 28 feb. 22008 y el acuerdo de ampliación se notificó el 30 abr. 2009, por lo que adoptado una vez excedido el plazo de 12 meses (sin computar las dilaciones imputadas al contribuyente), se aprecia la prescripción del derecho de la Administración a liquidar el periodo controvertido.

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, modalidad donaciones. Transmisión inter vivos de participaciones sociales. Reducción del 99% de la base imponible. Ejercicio de funciones de dirección y percepción por el ejercicio de tales funciones de una remuneración que representa más del 50% de la totalidad de los rendimientos empresariales, profesionales y de trabajo personal. La Administración fundamenta la no aplicación de la reducción en que las remuneraciones satisfechas por la entidad al señor X no lo eran en virtud de su función de dirección, por lo que no se cumplía el requisito del artículo 4 de Ley del Impuesto sobre el Patrimonio). Además insiste, en que sii las funciones de administración social que realizaba el señor X eran gratuitas, y éstas no se incluyen en el concepto de relación laboral, no se daba la condición prevista por la Ley del Impuesto de Patrimonio. El TS considera que sí ejercía las funciones de dirección al intervenir de manera decisiva en el desarrollo normal de la empresa. Por tanto, se cumplían los requisitos necesarios para que la Administración recurrente accediera a la petición formulada y reconociera el derecho a beneficiarse de la reducción del 99% del valor de adquisición de las participaciones sociales recibidas de su padre.

IMPUESTO SOBRE SUCESIONES. Transmisión de negocio familiar. Aplicación de reducciones de la base imponible. Es incorrecta la aplicación de la reducción realizada por la recurrente dado que no se cumplen los requisitos establecidos legalmente para ello, a saber, la actividad desarrollada por el causante no puede constituir la principal fuente de renta del mismo pues durante el año anterior a su fallecimiento la actividad produjo pérdidas y no resulta acreditado que el causante percibiera una remuneración que represente más del 50% de la totalidad de sus rendimientos del trabajo y de actividades económicas.

Deducciones por eventos de especial interés público. Costes de adquisición de envases y embalajes en los que consta el logotipo de promoción de los diferentes eventos. Los obligados tributarios que pretenden acogerse a la deducción deben acreditar haber incurrido en gastos de publicidad, que en el ámbito del IS son los susceptibles de ser registrados en la cuenta 627 del PGC (gastos cuya finalidad es dar a conocer los productos, o en este concreto supuesto, los acontecimientos promocionados). Necesidad de cumplimiento de los requisitos formales contenidos en el RD 1270/2003. El obligado tributario únicamente ha conseguido vincular con la publicidad y propaganda de los acontecimientos promocionados, unos determinados costes correspondientes a servicios de adaptación de imágenes y textos a las especificaciones productivas de los envases, siendo éstos los únicos que deben ser considerados base de deducción por este concepto. INSPECCIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA. Competencia de los órganos de inspección para determinar la base de la deducción y comprobar los requisitos para aplicar los beneficios fiscales, pudiendo modificar la calificación de esencial efectuada por el Consorcio en virtud del artículo10.2 e) del citado RD 1270/2003.

Cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con el art. 46.1, segundo inciso, de la LJCA, que establece el plazo de 6 meses para interponer recurso contencioso-administrativo contra actos presuntos, por entender que el mismo vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva. Fallo desestimatorio del Tribunal por entender que tras la reforma de la Ley 30/1992 por la Ley 4/1999, se da una nueva regulación al silencio administrativo, y ya no tienen encaje en el concepto de ?acto presunto?, los supuestos en los que el ordenamiento jurídica determina el efecto desestimatorio de la solicitud formulada, pues en tales supuestos, el ordenamiento excluye expresamente la constitución ipso iure de un acta administrativo de contenido denegatorio. Por ello, entiende el TC que a la luz de la reforma de 1999 de la Ley 30/1992, la impugnación jurisdiccional de las desestimaciones por silencio no está sujeta al plazo de caducidad previsto en el art. 46.1 LJCA.

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Prescripción. Expropiación forzosa y fecha del devengo del impuesto. La imputación del incremento patrimonial como consecuencia de la expropiación forzosa, en un supuesto de expropiación urbanística por el procedimiento ordinario, debe fijarse en el momento en que se produce la transmisión de la propiedad y en las eventuales variaciones del patrimonio del expropiado que tienen lugar por la concurrencia del título y el modo; una vez pagado o consignado el justiprecio, se ocupa la finca, sin perjuicio de que la cuantía del mismo pueda después variar si hubiere pendencia al respecto. No es pertinente fijar el devengo en la fecha del cobro del justiprecio definitivo.

LIBERTAD DE ESTABLECIMIENTO. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Consolidación fiscal, grupos de sociedades y consorcios. Interpretación de los artículos 49 y 54 TFUE. Se oponen a una normativa de un Estado miembro que admita la posibilidad de que se transfieran a una sociedad residente perteneciente a un grupo, pérdidas sufridas por otra entidad residente que pertenece a un consorcio cuando una sociedad «enlace», perteneciente a ambos (consorcio y grupo) también resida en ese Estado (al margen de la residencia de las entidades titulares por sí mismas o a través de sociedades intermedias del capital de la sociedad de enlace y de las demás sociedades afectadas por la transferencia de pérdidas), mientras que excluye tal posibilidad cuando la sociedad de enlace está establecida en otro Estado miembro.