RECURSO CAMERAL. Recurso de amparo promovido contra providencias de apremio relativas a liquidaciones por el recurso cameral permanente. Se desestima. TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. Derecho a un proceso con todas las garantías. Inexistencia de vulneración. Interpretación de la legalidad ordinaria y la jurisprudencia por la sentencia impugnada que no puede tacharse de arbitraria o irrazonable sobre la imposibilidad de hacer valer frente a la providencia de apremio vicios que no son de nulidad de pleno derecho que pudieran afectar a la liquidación de la que trae causa. Inexistencia de indefensión constitucionalmente relevante por la carencia del título ejecutivo en el expediente administrativo. PRINCIPIO DE IGUALDAD. En la aplicación de la ley por los órganos judiciales. No se vulnera. No se aporta un término válido de comparación entre la sentencia aportada y la recurrida. Fueron las circunstancias concurrentes en cada caso las que determinaron la aplicación de una u otra línea argumental. Existencia de diferencias sustanciales que dieron lugar a respuesta distinta, debidamente justificada. DERECHO DE PROPIEDAD. No puede ser objeto del proceso, pues no se encuentra entre los que pueden ser protegidos por vía excepcional y subsidiaria del recurso de amparo. Función hermenéutica de los tratados y acuerdos internacionales a los que hace referencia el artículo 10.2 CE que no convierten a los mismos en canon autónomo de validez de las normas y actos de los poderes públicos desde la perspectiva de los derechos fundamentales.

CUESTIÓN INTERNA DE INCONSTITUCIONALIDAD. RECARGOS TRIBUTARIOS. Declaración de inconstitucional y nulo el párrafo 2º del artículo 61.2 de la LGT 1963 en su redacción dada por la L 18/1991 que establece un recargo tributario del 100% para declaraciones, liquidaciones o autoliquidaciones realizadas fuera de plazo sin requerimiento previo. PRINCIPIO DE LEGALIDAD SANCIONADORA. En el ámbito tributario. Derecho a un proceso con todas las garantías. Vulneración. Carácter sancionador del recargo establecido en el párrafo controvertido, suponiendo su regulación la vulneración de las garantías procesales aplicables a las sanciones que se derivan del 24.2 CE. No solo no se califica a la medida retributiva como sanción, ni por ende, se remite al capítulo VI de la LGT sobre infracciones y sanciones, ni tampoco a la norma que regula el procedimiento tributario sancionador. EFECTOS. RETROACTIVIDAD. En el supuesto enjuiciado en el que está en juego la exclusión de una sanción administrativa, la sentencia tiene efectos incluso sobre las situaciones jurídicas declaradas por sentencia con fuerza de cosa juzgada. El artículo 40.1 LOTC permite la revisión de los recargos del 100% exigidos en su día al amparo del precepto anulado incluso en los casos en los que su imposición hubiera sido conformado mediante sentencia firme.

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y AJD. Transmisiones patrimoniales. Base imponible. Concesión administrativa. Está determinada en función de los cánones a satisfacer y el valor neto contable que se prevea que tendrán los activos revertibles en el momento de la reversión, aplicándose las tablas de amortización aprobadas a efectos del Impuesto sobre Sociedades.

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Base imponible. Arras entregadas con ocasión de la formalización de un compromiso de compraventa futura de un solar. Incumplimiento del contrato. La entrega de las arras, en su condición de pago a cuenta del precio de la operación, constituye un pago anticipado, y el impuesto correspondiente al mismo resulta exigible cuando se abona. En caso de posterior incumplimiento por cualquiera de las partes de su compromiso, las arras responden a la finalidad de indemnizar a la otra parte del perjuicio causado y no constituyen retribución de una prestación ni forman parte de la base imponible. PERMUTA. De solar por edificación futura. Devengo del impuesto. La entrega inicial del terreno supone el devengo del IVA correspondiente a dicha entrega en el momento en que se pone a disposición del adquirente. La entrega del terreno en pago de las futuras edificaciones constituye un pago anticipado a la entrega de dichas edificaciones, hecho imponible que se producirá en el futuro. No deducibilidad de facturas que no amparan servicios reales.

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS. Base de la sanción. Teniendo en cuenta que se ha declarado la nulidad del ajuste en la base imponible practicado por la Inspección ello lleva consigo la nulidad de la sanción impuesta. Con respecto a la ocultación, no puede proyectarse sobre los gastos declarados, por no ser típica la aparición de esa circunstancia cualificadora, en la medida en que los gastos necesariamente se declaran, aun cuando sean improcedentes, para obtener la eficacia de la deducción misma que se propone en la declaración, razón por la que no puede producirse, respecto a estos, ocultación de clase alguna, pues antes que ocultación habría una declaración excesiva o indebida de lo que debió ocultarse.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Retenciones e ingresos a cuenta. Rendimientos del trabajo percibidos por los empleados socios de la entidad por los servicios de consultoría prestados a entidades vinculadas no residentes. Carga de la prueba. Aplicación de la exención relativa a los rendimientos del trabajo realizados en el extranjero. Cálculo de la exención en función de los días laborales.

PROCEDIMIENTO CONCURSAL. Calificación como concursal del crédito a favor de la Hacienda Pública como consecuencia de la expedición de facturas rectificativas del IVA. El nacimiento de la obligación tributaria tiene lugar cuando se produce el hecho imponible del impuesto (devengo); momento que, cuando de IVA se trata, acontece al realizarse la operación mercantil sujeta a gravamen, lo que en el caso de autos ocurrió con anterioridad a la declaración del concurso. La rectificación de las deducciones por IVA por el concursado tras la rectificación de las facturas por el acreedor a consecuencia del concurso, no origina un nuevo crédito tributario a favor de la Hacienda Pública, pues el crédito que se transmite a la Hacienda Pública es el mismo crédito que tenía el acreedor inicial.

INTERESES TRIBUTARIOS DE DEMORA. Liquidación de impuestos. Impugnación del acto liquidatorio y estimación parcial de la reclamación por no estar determinada válidamente la deuda. Cálculo de los intereses. Dies a quo. Si la Administración es la causante del retraso en el pago, por haber cometido errores, es ella quien debe hacerse única responsable del mismo, sin que pueda trasladarse dicha responsabilidad al deudor, por lo que la nueva liquidación, en la fecha en que se practique, es la única que debe tomarse en cuenta a la hora de calcular los intereses de demora. No es aplicable la doctrina contenida en la TS S 3.ª 28 Nov. 1997, dictada en interés de ley, que en la determinación del dies a quo toma en consideración la liquidación originaria, pues dicha resolución se refiere a otra modalidad de gestión, cual es la autoliquidación.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Unificación de doctrina. Aplicación de la exención prevista para las indemnizaciones por despido o cese del trabajador. Debe admitirse la prueba en contrario de la existencia de previa vinculación del trabajador con la nueva empresa en supuestos en los que se extingue un contrato para dar lugar al nacimiento de otra relación laboral bien con la misma empresa o con otra vinculada. Se reconoce al contribuyente el derecho a la devolución de ingresos indebidos.

PROCEDIMIENTO ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO. Interesados. Representación. Solicitud de devolución de las cuotas soportadas por determinados empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del Impuesto. Efectos de la falta de acreditación de la representación. La solicitud se tendrá por no realizada. Al declararse la caducidad del procedimiento y el archivo de actuaciones, se ha terminado un procedimiento que en realidad no se había iniciado. Procede la retroacción de actuaciones.