SUMARIO: I. Planteamiento II. ¿Cuáles son los órganos de gestión a los que se aplica el art. 123 de la LGT? III. ¿En qué ámbito o supuestos pueden los órganos de gestión ejercitar las facultades comprobadoras del art. 123 de la LGT? IV. ¿Se han ampliado las facultades comprobadoras de los órganos de gestión con la modificación del art. 123 de la LGT de finales de 2001? V. ¿Pueden los órganos de gestión comprobar las actividades empresariales y profesionales al amparo del art. 123 de la LGT? VI. ¿En qué consiste la comprobación de registros y documentos de los órganos gestores sobre actividades empresariales y profesionales al amparo del art. 123 de la LGT? VII. ¿Pueden los órganos de gestión examinar facturas al amparo del art. 123 de la LGT? I. PLANTEAMIENTO Algunas de las incógnitas de más trascendencia que suscita la normativa reguladora de los procedimientos tributarios y su aplicación en la práctica se sitúan en las actuaciones comprobadoras de los órganos de gestión. Ello encuentra su justificación en dos razones básicas: su cada vez mayor relevancia en la práctica, y su escueta regulación normativa, reducida, prácticamente, por lo que a la normativa de aplicabilidad general se refiere, al art. 123 de la LGT. A intentar resolver o, al menos, clarificar, algunos de aquellos interrogantes se dirigen estas líneas. Concretamente, dentro del elenco de cuestiones existentes, el análisis se centrará en las facultades comprobadoras de los órganos gestores, y dentro de ellas, en aquellas que recaen sobre las actividades empresariales y profesionales. No obstante, antes de entrar en este análisis, deben esclarecerse dos cuestiones previas, de obligada consideración, aunque pudieran parecer a primera vista obvias y, por ello, irrelevantes. La primera de ellas es la propia identificación de los órganos de gestión. La segunda es la relativa al ámbito o supuestos en el que podrían ejercitarse por los órganos gestores las facultades comprobadoras del art. 123 de la LGT.

I.- INTRODUCCIÓN En la Exposición de Motivos de la de Ley de Reforma parcial del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por el que se modifica la Ley del Impuesto sobre Sociedades, se justifica el régimen por la desaparición del régimen de transparencia fiscal, en aras del principio de neutralidad, y para dar tratamiento a las sociedades de cartera y de mera tenencia de bienes, anteriormente en el perímetro de la transparencia fiscal. Se adelanta en esta exposición que el régimen tributario que se inaugura implica la aplicación de la normativa del Impuesto sobre la renta de las personas físicas para la determinación de la base imponible, la cual se dividirá en la parte general, al tipo del 40%, y la parte especial, al tipo del 15%. Se adelanta también la existencia de un régimen transitorio para las sociedades transparentes cuyo régimen se elimina. Consistente, en primer lugar, en la pervivencia del régimen para los períodos de su vigencia, en segundo lugar, en la instauración de un período de tiempo para facilitar su disolución y liquidación. 2.- ELEMENTOS SUBJETIVOS - El trasvase del concepto de Sociedades de cartera y de mera tenencia de bienes en el derogado régimen de transparencia: Con pequeñas correcciones técnicas, y otras de estilo, se traslada, para delimitar el concepto de las sociedades patrimoniales el bagaje conceptual construido para definir lo que en el régimen de transparencia fiscal eran las sociedades de cartera y las sociedades de mera tenencia de bienes

INSTRUCCIÓN Nº:4/2002. (PDF).

1. INTRODUCCIÓN En la Jornada de estudio que celebramos en Santa Cruz de Tenerife el 29 de noviembre pasado expusimos el nuevo concepto histórico en el que encuadrábamos la Reserva para Inversiones como transición entre las tradicionales franquicias fiscales canarias y los incentivos aplicables, en el futuro, a las regiones ultraperiféricas de la Comunidad Europea. Analizamos, también, las enmiendas presentadas por Coalición Canaria a la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado para 2003 y profundizamos en los aspectos formales de este incentivo a la luz de las últimas resoluciones del TEAR. Posteriormente, y después de defender la tesis doctoral en Historia el 13 de diciembre, nos concentramos en la redacción del artículo “Nueves años de aplicación de la RIC: 1994-2002” en el que estudiamos todos los aspectos conflictivos, su evolución y la modificación del Art. 27 en la Ley 53/2002. Esta monografía, de más de 65 páginas, se publicará en el número 3 de la revista hacienda canaria (febrero-marzo 2003) y recoge, entre otras, las materias expuestas en Santa Cruz de Tenerife y en estas Jornadas de Estudio de febrero de 2003.

I.- OBJETIVO DE ESTE INFORME 1.- El Real Decreto-Ley 5/2002, de 24 de mayo -el denominado “decretazo”- ha sido profundamente modificado por la reciente Ley 45/2002, de 12 de diciembre -ya conocida como el “reformazo”-. Al respecto, la intención de este informe es aclarar, desde un punto de vista exclusivamente práctico, las cuestiones más dudosas y conflictivas -que las hay, y muchas- de la nueva disposición legal. Realizado ello, seguirán unos supuestos que procuraremos abarquen la mayor parte de situaciones posibles. 2.- Una puntualización importante: nuestro deseo es que este informe sea interactivo. Queremos decir que es importante que sus lectores nos expongan, por una parte, las dudas que subsistan después de leerla. Por otra, aquellas posibles situaciones que quizá no se hayan tenido en cuenta en los supuestos prácticos que vamos a exponer para resolvérselas. La mejor sistemática es a través del correo electrónico. De esta forma y entre todos lograremos la interpretación correcta de unas normas cuya trascendencia en el ámbito empresarial y personal es más que evidente. 3.- Antes, no obstante, de tratar las diversas cuestiones que conforman esta exposición, dos últimas consideraciones:

Cavilábamos hace unos días en nuestro despacho sobre qué aconsejar a tres herederas que, a pesar del anuncio en los medios de comunicación de que se va a suprimir este Impuesto, al menos en algunas Comunidades Autónomas, se encuentran con la cruda realidad de tener que ingresar una cantidad de dinero en fecha próxima, sin excusa ni pretexto, con la única alternativa, en caso de autoliquidación, de pagarla aplazada, pero con intereses. Sopesábamos pros y contras de la declaración, que tiene, sin duda, dos ventajas importantes: posponer bastante tiempo la obligación de ingresar y, además, no devengar intereses. Esta posibilidad, es muy digna de consideración cuando las valoraciones de los bienes vengan dadas, como es el caso muy habitual de que el patrimonio esté integrado por uno o más pisos, algunos productos financieros, cuentas bancarias y algún vehículo. Además, hay autores y compañeros de profesión muy decididos partidarios. No obstante, adolece, a nuestro juicio, de algunos inconvenientes importantes que voy a analizar por separado: primero respecto de bienes muebles y después respecto de inmuebles.

ÍNDICE. 1. Planteamiento. 2. TÍTULO I. Disposiciones generales del ordenamiento tributario. 2.1. Capítulo I. Principios generales. 2.2. Capítulo II. Normas tributarias. A. Fuentes. C. Interpretación, calificación e integración. 3. TÍTULO II. Los tributos.

ÍNDICE

1. Planteamiento.

2. TÍTULO I. Disposiciones generales del ordenamiento tributario.
2.1. Capítulo I. Principios generales.
2.2. Capítulo II. Normas tributarias.
A. Fuentes.
C. Interpretación, calificación e integración.

3. TÍTULO II. Los tributos.
3.1. Capítulo I. Disposiciones generales.
A. La relación jurídico-tributaria.
B. Las obligaciones tributarias.
C. Obligaciones y deberes de la Administración tributaria.
D. Derechos y garantías de los obligados tributarios.
3.2. Capítulo II. Los obligados tributarios.
A. Clases.
B. Sucesores.
C. Responsables.
D. Capacidad de obrar y domicilio fiscal.
3.3. Capítulo III. Elementos de cuantificación de la obligación tributaria principal y de la obligación de realizar pagos a cuenta.
3.4. Capítulo IV. La deuda tributaria.
A. Concepto.
B. El pago.
C. La prescripción.
D. Otros modos de extinción.
E. Las garantías.

4. TÍTULO III. Aplicación de los tributos.
4.1 Capítulo I. Principios generales.
A. Ambito de aplicación de los tributos.
B. Información y asistencia.
C. Colaboración social en la aplicación de los tributos.
D. Nuevas tecnologías.
4.2. Capítulo II. Normas comunes sobre actuaciones y procedimientos tributarios.
A. Fases de los procedimientos tributarios.
B. Liquidaciones.
C. Deber de resolver y plazos.
D. Prueba.
E. Notificaciones.
F. Otras cuestiones.
4.3. Capítulo III. Actuaciones y procedimiento de gestión tributaria.
A. La gestión tributaria.
B. Procedimiento de gestión.
4.4. Capítulo IV. Actuaciones y procedimiento de inspección.
A. La inspección tributaria.
B. Procedimiento inspector.
4.5. Capítulo V. Actuaciones y procedimiento de recaudación.
A. La recaudación tributaria.
B. Procedimiento de apremio.

5. TÍTULO IV. La potestad sancionadora.
5.1 Observaciones introductorias.
5.2. Capítulo I. Principios de la potestad sancionadora en materia tributaria.
5.3. Capítulo II. Los sujetos infractores.
5.4. Capítulo III. Infracciones y sanciones.
A. Concepto y clases de infracciones tributarias.
B. Infracciones leves, graves y muy graves.
C. Tipos infractores nuevos.
D. Sanciones.
E. Procedimiento sancionador.
F. Régimen transitorio.

6. TÍTULO V. Revisión en vía administrativa.
6.1. Capítulo I. Normas comunes.
6.2. Capítulo II. Procedimientos especiales de revisión.
A. Procedimientos especiales de revisión propiamente dichos.
B. Devolución de ingresos indebidos.
6.3. Capítulo III. Recurso de reposición.
6.4. Capítulo IV. Reclamaciones económico-administrativas.
A. Cuestiones generales.
B. Procedimiento abreviado ante órganos unipersonales.
C. Suspensión del acto administrativo impugnado.
D. Legitimación.
E. Acumulación y cuantía.
F. Recursos.
G. La conciliación previa. Resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda de 1 de octubre de 2002 por la que se constituye la Comisión de expertos para el estudio del borrador del Anteproyecto de la nueva Ley General Tributaria. Resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda de 8 de octubre de 2002 por la que se modifica la Resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda de 1 de octubre de 2002, por la que se constituye la Comisión de expertos para el estudio del borrador del Anteproyecto de la nueva Ley General Tributaria, para ampliar la composición de sus miembros.

1. ON THE SUBJECT OF THE NEW CHALLENGES TO ACCEPT 2. DESIRES AND OBVIOUSNESS 3. A PATH TO ACHIEVE SOME GOALS

Nos encontramos ante el caso de valores de renta variable no negociados en bolsa o representativos de participaciones en sociedades del grupo o asociadas, cuando por haber incurrido la Entidad participada en pérdidas, el reflejo en la matriz de dichas pérdidas mediante la correspondiente provisión por depreciación haya llegado a anular el precio de adquisición de los títulos. La necesidad de la provisión por depreciación de valores negociables, si de las pérdidas en la Sociedad filial deriva un valor de dichos valores inferior a su coste de adquisición por la matriz, viene impuesta, como es sabido, por la legislación mercantil. En concreto: El artículo 39 del código de comercio dispone que cuando se produzca una depreciación duradera en bienes del inmovilizado o del circulante, se efectuarán las correcciones valorativas necesarias para atribuirles el valor inferior que les corresponda a la fecha del balance. Dichas correcciones valorativas figurarán por separado en el balance por medio de las correspondientes provisiones, salvo cuando, por tener dichas correcciones carácter irreversible, constituyan pérdidas realizadas. Los artículos 187, 195 y 196 de la Ley de Sociedades Anónimas1. El primero de ellos define, con carácter general, las correcciones de valor, como todas las destinadas a tener en cuenta la depreciación, sea o no definitiva, de los elementos del patrimonio que haya tenido lugar a la fecha de cierre del balance. El artículo 195 señala, de forma expresa, que las inmovilizaciones financieras deberán ser objeto de correcciones de valor con el fin de darles el valor que se les debe atribuir en la fecha del cierre del balance, dando a continuación las normas acerca de como deben figurar dichas correcciones en las cuentas anuales. El artículo 196 se expresa en términos similares en cuanto a las provisiones de circulante