1. PLANTEAMIENTO El objeto de las siguientes páginas es formular algunas reflexiones a propósito de la regulación de los plazos que los ciudadanos tienen para impetrar la tutela judicial cuando la Administración permanece inactiva en los procedimientos tributarios iniciados a instancia de parte. No es necesario decir que, para proteger al interesado frente a la indefensión que puede irrogarle ese tipo de situaciones, el ordenamiento contempla la técnica del silencio administrativo. Ésta se manifiesta bajo dos modalidades de perfiles jurídicos muy desiguales. De un lado, el silencio positivo, que origina un acto presunto –o tácito- estimatorio.De otro, el silencio negativo, cuyo efecto principal es permitir al interesado obtener la tutela judicial sin que medie respuesta administrativa previa. Ambas manifestaciones del silencio plantean problemas jurídicos muy diferentes, que permiten su contemplación por separado sin que el resultado ofrezca la apariencia de un análisis parcial e incompleto. Por nuestra parte, nos limitaremos en el presente comentario a formular ciertas consideraciones acerca del silencio negativo.

La Ley 51/2002, de 28 de diciembre, de Reforma de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante, LRHL), que entró en vigor el 1 de enero de 2003, ha introducido una modificación en el apartado 1 del artículo 24 LRHL, por la que –según se señala en su Exposición de Motivos– “Se extiende la actual tasa del 1,5 por 100 (de los ingresos brutos de facturación) a las entidades que emplean redes ajenas para efectuar sus suministros, aclarando, expresamente, que no se incluyen en este régimen los servicios de telefonía móvil”. En definitiva, la reforma operada tiene por objeto, en el sector de las telecomunicaciones, extender la aplicación de la tasa del 1,5% por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público municipal a las empresas que para prestar sus servicios se sirven de derechos de uso, acceso o interconexión a las redes, contratados con las empresas titulares, propietarias, de dichas infraestructuras, así como a las empresas distribuidoras y comercializadoras (“revendedores”) de tales servicios.

UNA PREVIA DE RECIBO Y A GUISA DE PRESENTACIÓN ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Imagino que sí, que bien, que muy bien o más que bien o, al menos, esto es lo que quiero suponer. Usted estará ahora más o menos como yo en esta época veraniega -antesala del período de reposo reparador que se avecina y sirve para recargar nuestras baterías a la vez que para darnos cuenta que en este mundo no todo se circunscribe única y exclusivamente a nuestro territorio tributario, a veces auténticamente comanche- en la que nuestra profesión se caracteriza por un gran empujón final, un denodado esfuerzo al límite de nuestras posibilidades, cuando las declaraciones y muchos otros menesteres profesionales con sus consiguientes compromisos laborales se agolpan como nunca. Quien más quien menos, muy probablemente, estaría dispuesto a pagar una tasa –¿legal o no legal, ecológica o no ecológica, medioambiental o no, eco sí, eco no ...?– por dar un pequeño pero enorme salto y plantarse ya a comienzos de agosto. ¡Qué descanso, Santo Cielo! Aunque, entre nos, si esto es la guerra, ¡que me encadenen! Sólo hace falta ver, para saber valorar en su justa medida lo que tenemos, el telediario del mediodía, justo después de “corazones” o “corazón, corazón” con la encantadora Anne, para darme cuenta de que soy un privilegiado en toda regla. ¡Jolín con las desgracias que sufre nuestro mundo!

Índice. I. El origen y consolidación de la imposición sobre el patrimonio en España. II. Justificación de la imposición sobre el patrimonio. III. La conversión del impuesto sobre el Patrimonio en un impuesto cedido. Realidades y paradojas. IV. Razones par

Índice. I. Introducción. La reciente evolución del ISD. II. Argumentos a favor de la existencia del ISD. III. Conclusiones. ¿Reforma o supresión del ISD?.

SUMARIO. I. PRESENTACIÓN. II. DATOS PRINCIPALES DE LA GESTIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO. 1. INTRODUCCIÓN. 2. QUEJAS RECIBIDAS EN 2002. 3. ESTADO DE TRAMITACIÓN DE LAS QUEJAS. 4. QUEJAS PROCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES, ABIERTAS O REABIERTAS EN EL AÑO 20

SUMARIO. I. PRESENTACIÓN. II. DATOS PRINCIPALES DE LA GESTIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO. 1. INTRODUCCIÓN. 2. QUEJAS RECIBIDAS EN 2002. 3. ESTADO DE TRAMITACIÓN DE LAS QUEJAS. 4. QUEJAS PROCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES, ABIERTAS O REABIERTAS EN EL AÑO 2002. 5. RECOMENDACIONES, SUGERENCIAS, RECORDATORIOS DE DEBERES LEGALES Y ADVERTENCIAS. 6. INFORMACIÓN AL CIUDADANO. III. ADMINISTRACIONES QUE HAN INCUMPLIDO LA OBLIGACIÓN DE COLABORAR CON EL DEFENSOR DEL PUEBLO.

Contenido del anteproyecto. El anteproyecto sometido a consulta se inicia con una exposición de motivos en la que se hace referencia, en primer término, al decisivo papel que, en el marco del ordenamiento tributario español, ha desempeñado la vigente Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, y a las principales reformas que se han ido introduciendo en dicha Ley, comenzando por la reforma de la Ley 10/1985, de 26 de abril, y terminando con la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes. A continuación se subraya la necesidad de llevar a cabo una revisión en profundidad de la Ley por las siguientes razones: carácter preconstitucional del texto vigente; adecuación de las normas procedimentales a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre; adaptación a las nuevas tecnologías; y reducción de la conflictividad en materia tributaria. En este marco se constituyó una comisión para el estudio y propuesta de medidas para la reforma de la Ley General Tributaria que dio lugar a un informe sobre las líneas maestras de la reforma y sobre el modo en que debían concretarse en un futuro texto legal en el que se ha inspirado el anteproyecto y con el que se persiguen los siguientes objetivos: reforzar las garantías de los contribuyentes y la seguridad jurídica; impulsar la unificación de criterios en la actuación administrativa; posibilitar la utilización de las nuevas tecnologías y modernizar los procedimientos tributarios; establecer mecanismos que refuercen la lucha contra el fraude, el control tributario y el cobro de las deudas tributarias; y disminuir los niveles actuales de litigiosidad en materia tributaria. Finalmente, se examina el contenido del texto proyectado con especial referencia: - a la nueva estructura de la Ley, que pasa a ordenarse en cinco títulos: disposiciones generales del ordenamiento tributario (título I); los tributos (título II); la aplicación de los tributos (título III); la potestad sancionadora (título IV); y la revisión en vía administrativa (título V). - a su “ánimo codificador”: en el anteproyecto se incorpora el contenido de la Ley 1/1998 y de la Ley 39/1980, de 5 de julio, de Bases sobre Procedimiento Económico-Administrativo, así como determinados preceptos reglamentarios considerados de gran calado en materia de procedimiento de inspección, recaudación, procedimiento sancionador, recurso de reposición, etc. - y al contenido del anteproyecto: se examina el contenido de cada título, con especial mención de las novedades más relevantes que se introducen. En último lugar se incluye un índice de artículos que permite la rápida localización y ubicación sistemática de los preceptos de la Ley. La parte dispositiva del anteproyecto está integrada por doscientos cuarenta y nueve artículos (agrupados en títulos, capítulos, secciones y subsecciones), trece disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y cinco disposiciones finales. Al hilo del examen del contenido sustantivo del anteproyecto se hará una breve referencia a las principales innovaciones que introduce.

Contenido del anteproyecto. El anteproyecto sometido a consulta se inicia con una exposición de motivos en la que se hace referencia, en primer término, al decisivo papel que, en el marco del ordenamiento tributario español, ha desempeñado la vigente Ley