ÚS DE COOKIES

Aquesta pàgina web utilitza cookies tant pròpies com de tercers per proporcionar-li una millor experiència de navegació a través del nostre web i avaluar l'ús i activitat general de la mateixa. La base legal és el consentiment de l'usuari, excepte en el cas de les cookies tècniques, que són imprescindibles per navegar per aquesta web.

El titular del web, responsable de l'tractament de les cookies, i les seves dades de contacte són accessibles en l'Avís Legal

Si us plau, feu clic a "ACCEPTAR I SEGUIR" si voleu admetre totes les cookies. Si voleu decidir els cookies admetre o rebutjar-les totes, feu clic a "OPCIONS DE COOKIES". Podeu obtenir més informació sobre l'ús de cookies en aquesta web fent clic tant pròpies com de tercers aquí.

 

FUNCIONALITATS BÀSIQUES

Cookies bàsiques i imprescindibles.- Resulten necessàries per a navegar per aquest web i rebre el servei ofert a través d'ella, de manera que no requereixen consentiment. Es tracta de cookies destinades a permetre, únicament, la comunicació entre l'equip de l'usuari i la xarxa o prestar un servei que hagi estat sol·licitat per l'usuari.

FUNCIONALITATS AVANÇADES destinades a permetre, únicament, la comunicació entre l'equip de l'usuari i la xarxa o prestar un servei que hagi estat sol·licitat per l'usuari.

Cookies de análisis.- Permeten quantificar el nombre d'usuaris i examinar la seva navegació, podent així mesurar i analitzar estadísticament la utilització que es fa del web, per tal de millorar els continguts i el servei a través d'ella. Poden ser cookies pròpies o de tercers. Si no accepten, simplement no es durà a terme l'anàlisi indicat. Per navegar per les pàgines de Gabinet d'Estudis, per raons tècniques cal tenir activada aquesta opció.

Cookies de xarxes socials.- Permeten estar en contacte amb la seva xarxa social, compartir continguts, enviar i divulgar comentaris. Si no accepten, no serà possible la connexió amb les xarxes socials des d'aquesta pàgina web.

A l'prémer el botó "Desar Preferències i seguir navegant", es guardarà la selecció de cookies que hagi realitzat. Si no ha seleccionat cap opció, prémer aquest botó equivaldrà a rebutjar totes les cookies.

Vida Associativa

Blog de l'AEDAF , amb l'actualitat més social de la nostra associació.

Indice

Imágenes de las Jornadas en flickr

 

Boletín Vida Asociativa

Pinchando sobre la imagen podreis acceder
a la edición impresa vigente hasta diciembre de 2014.

Boletín Vida Asociativa

 

La Fundación Impuestos y Competitividad ha presentado este martes un trabajo colectivo que concluye que es necesaria una modificación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en España para mejorar la competitividad española. 

Según concluye el libro, en el marco de la vigente directiva europea y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es "posible y deseable" la revisión del régimen en vigor del IVA en España para introducir modificaciones que pueden contribuir a mejorar la competitividad de la economía y aliviar la carga formal que la aplicación de este impuesto supone para los empresarios. 

El proyecto tiene como objetivo conmemorar los 30 años de vigencia del IVA y reconocer el avance técnico que esta figura supuso en contraposición con los impuestos sobre el consumo vigentes hasta entonces. 

A la presentación han asistido el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, la presidenta de la Comisión Fiscal de CEOE, Pilar González de Frutos, y los presidentes de la Fundación Impuestos y Competitividad, Luis Briones, y de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), José Ignacio Alemany.

Fotografía: Inés Amado

Ver todas las imágenes

AEDAF Canarias. Inauguración Sede

El pasado 25 de mayo tras la jornada “Un paseo por los orígenes del REF” a cargo de Salvador Miranda, tuvo lugar la inauguración de la nueva sede de la Demarcación Territorial de Canarias, en el que personalidades y asociados compartieron un agradable cóctel.

Al acto asistieron entre otros: José Ignacio Alemany, Presidente de la AEDAF, Pedro Alonso, Director Gerente de la AEDAF, Doña Estrella Martín Domínguez, Delegada de la D.T. de Canarias, Doña Carmen Guillén Prieto, Delegada en Canarias de la Agencia Tributaria, Ildefonso Socorro Quevedo, Viceconsejero de Economía y Asuntos Económicos del Gobierno de Canarias, D. Juan A. García González, Concejal Delegado de Recursos Humanos de la Alcaldía de Las Palmas y Presidente del Colegio de Economistas, Doña Beatriz Barrera Vera, Presidenta del Consorcio Zona Especial de Canarias (ZEC), así como Profesores y Catedráticos de la ULPGC.

 

Jornada de Tasas

 

El día 12 de mayo de 2016, la Sección de Derechos y garantías y práctica tributaria organizó, en la Sede de AEDAF, en Madrid, una Jornada sobre las consecuencias fiscales de la Sentencia del Tribunal Supremo, de 23 de noviembre de 2015, que considera que la contraprestación económica que los usuarios abonan por recibir determinados servicios públicos, como el servicio municipal de abastecimiento de aguas potables por parte de una empresa concesionaria es una tasa, y no un tarifa o precio privado. Las consecuencias jurídicas de tal calificación son enormes, pues deben cumplir con los principios constitucionales que rigen los tributos; su cuantía no puede exceder el coste de la prestación del servicio como máximo –sin que tenga que intervenir la Comisión de Precios de las comunidades autónomas y sin que pueda incluirse entre ese coste el beneficio industrial del concesionario–; en caso de impago, la recaudación se debe realizar por el ayuntamiento mediante el procedimiento de apremio, sin que puedan dejar de prestar el servicio con el corte del suministro, por ejemplo.

En la Jornada intervinieron el magistrado del Tribunal Supremo D. Joaquín Huelin Martínez de Velasco, el letrado del Tribunal Constitucional D. Juan Ignacio Moreno Fernández, y el profesor titular de Derecho Financiero y Tributario y Of Counsel de Martín Queralt Abogados, D. Alberto García Moreno. 

El presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), José Ignacio Alemany Bellido, junto con José Francisco Alfonso Palop, vocal responsable de Estudio e Investigación, y Pedro Alonso Fernández, nuevo director gerente, han visitado este jueves la sede de la editorial.

Debido a la estrecha relación que mantienen ambas instituciones, este jueves una representación de la Asociación ha recorrido las instalaciones, y ha mantenido una reunión con el consejero delegado de la editorial jurídica, Juan Pujol y con el director de colectivos Antonio Hurtado de Mendoza. En la visita se han abordado temas de mutuo interés, que con total seguridad estreche los lazos entre amabas corporaciones. Lefebvre - El Derecho y AEDAF seguirán trabajando conjuntamente y darán continuidad a la excelente relación que mantienen ambas entidades.

En la imagen de izquierda a derecha: Juan Pujol, José Ignacio Alemany y Antonio Hurtado.

El pasado 11 de mayo se ha incorporado el nuevo Director Gerente de la AEDAF, Pedro Alonso.

Pedro Alonso es abogado, trabajó en sus primeros años como asesor fiscal y después orientó su carrera a la gestión de asociaciones y corporaciones. Su último trabajo ha sido el de Gerente del Colegio de Abogados de Oviedo, donde ha modernizado la gestión y creado su Centro de Estudios.

Como sabéis, el motivo de esta incorporación obedece a la voluntad de la Comisión Directiva de consolidar la estructura, las funciones y los componentes de los Departamentos de la Sede Central, dotándoles de competencia profesional y estabilidad.

Solo nos queda darle la bienvenida al nuevo Director Gerente y transmitirle nuestro apoyo y confianza en esta nueva etapa en la AEDAF.

José Ignacio Alemany y Pedro Alonso
 

 

El pasado 6 de mayo de 2016 se clausuró la XII edición del Congreso Tributario que anualmente celebran conjuntamente el Consejo General  del Poder Judicial y la Asociación Española de Asesores Fiscales, siendo Valladolid la ciudad elegida para ello. Cabe resaltar la elevada participación de congresistas en esta edición.

 

Ver noticia en pdf     Documentación   Imágenes     Ver dossier de presa

XII Congreso Tributario

Durante estos tres días de intensas jornadas técnicas magistrados, miembros de la Administración, profesores de universidad y asesores fiscales han tenido ocasión de debatir sobre temas tan interesantes como la declaración de bienes en el extranjero, la ejecución de sentencias anulatorias en materia tributaria, la aplicación de los derechos fundamentales en el ámbito tributario, o las facultades de comprobación de la Inspección.

Respecto a la declaración de bienes en el extranjero, régimen sancionador e imprescriptibilidad de las ganancias patrimoniales no justificadas, han intervenido como ponentes Gonzalo Martínez Micó, Magistrado del Tribunal Supremo, Esaú Alarcón García, abogado y profesor de Derecho Financiero de la Universidad Abat Oliba CEU y miembro de la AEDAF, y Carmen Seguí Belda, Presidenta Sala Desconcentrada de Alicante - TEAR Comunidad Valenciana.

Durante la ponencia se ha analizado el duro y desproporcionado régimen sancionador previsto para los casos en que un obligado tributario no declare los bienes y derechos que tiene en el extranjero, lo haga de forma incorrecta o inexacta o incluso lo declare fuera de plazo. Según Carmen Seguí las sanciones no pueden, en ningún caso, imponerse de forma automática, debiendo buscar siempre el elemento subjetivo en la conducta del obligado tributario. Tras el análisis de las infracciones tipificadas en la Ley, también se cuestiona si debe ser sancionado de la misma manera el obligado tributario que no presenta el modelo 720 que aquel que si lo presenta aunque de forma incorrecta o inexacta. Esau Alarcon afirma que el régimen sancionador está mal construido ya que las sanciones no deberían fijarse en función de los datos o conjunto de datos omitidos sino en base al valor del patrimonio en el extranjero, pues de lo contrario, y como se está demostrando en la práctica, el importe de las sanciones puede alcanzar al valor del patrimonio e incluso superarlo. Gonzalo Martínez Mico señaló que con esta normativa se introduce por primera vez en nuestro Ordenamiento Jurídico la imprescriptibilidad de las rentas y centró su exposición en la imputación como ganancia patrimonial no justificada que prevé la norma en caso de cumplir con la obligación de informar en plazo. Según el magistrado, en base a la doctrina del Tribunal Constitucional esta regulación tiene claros visos de inconstitucionalidad.

Joaquín Huelin Martínez de Velasco, magistrado del Tribunal Supremo, Juan Martín Queralt, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Valencia y miembro de la AEDAF y Diego Loma-Osorio Lerena, Director del Servicio Jurídico de la AEAT, han analizado la problemática derivada de la ejecución de sentencias anulatorias en el ámbito tributario. Muchas son las cuestiones que se han planteado en torno a este asunto, como las vías de impugnación en caso de que la Administración dicte una nueva liquidación, abriéndose la vía al incidente de ejecución, cuál es el plazo que tiene la administración para dictar la nueva liquidación tras la reforma del art. 150 de la LGT y hasta qué momento deben exigirse intereses de demora, ya que la nueva redacción del art. 150.7 de la LGT establece que se devengarán intereses de demora hasta la fecha en que se dicte la nueva liquidación. Igualmente, se han analizado en que supuestos puede la Administración reiterar sanciones tributarias a la luz de la última jurisprudencia del Tribunal Supremo, que únicamente ha admitido tal posibilidad cuando la anulación de la primera sanción trae causa en la anulación parcial de la liquidación.

En la ponencia dedicada a la aplicación de los derechos fundamentales en el ámbito tributaria a través del análisis del derecho comparado: el caso alemán, han intervenido como ponentes  José Díaz Delgado, magistrado del Tribunal Supremo, Torsten Ehmcke, Profesor en la Universidad de Münster y Ex-Magistrado y Presidente del Finanzgerich alemán y Emilio Pujalte Méndez-Leite, Presidente del TEAC.

El profesor Torsten Ehmcke ha hecho una exposición sobre el sistema alemán de revisión de actos tributarios, en el que no existe la vía económico-administrativa sino únicamente un recurso extrajudicial similar al recurso de reposición como requisito previo al recurso judicial, el cual puede empeorar la situación inicial del recurrente.  En vía judicial llama la atención que el plazo de resolución de los asuntos sea de 16 meses y que los contribuyentes tengan derecho a una indemnización por daños y perjuicios por procesos judiciales con dilaciones indebidas, además, existen dos instancias, vista oral y posibilidad de resolución arbitral del conflicto. Emilio Pujalte se ha referido a los derechos fundamentales más afectados en la vía económico-administrativa, como el principio de igualdad ante la ley y el de tutela judicial efectiva. Sobre la necesidad o no de que los TEA se pronuncien sobre todas las cuestiones planteadas en el recurso, ha afirmado que el criterio del TEAC en supuestos de retroacción de actuaciones es el de no pronunciarse sobre el fondo del asunto y que esto se hace para evitar que el ciudadano tenga que emprender dos vías de reclamación, una contra la resolución del fondo y otra contra la ejecución.

La última de las sesiones técnicas se ha centrado en las facultades de comprobación de la Inspección: alcance y prescripción, en la que se han analizado las últimas modificaciones en la LGT que se establece la posibilidad de la Administración de comprobar e investigar los elementos de la obligación tributaria referente a periodos ya prescritos, cuando los mismos produzcan efectos en ejercicios no prescritos, limitando esta facultad a 10 años cuando se trate de créditos fiscales. Además, se reconoce el derecho de la Administración para calificar hechos con origen en periodos ya prescritos pero que surten efectos en periodos no prescritos sin limitación temporal.

Sobre esta cuestión han debatido Santos Gandarillas Martos, magistrado de la Audiencia Nacional, Abelardo Delgado Pacheco, abogado y miembro de AEDAF, y Luis María Sánchez González, Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la AEAT.

Santos Gandarillas ha querido aclarar que el plazo de prescripción para determinar la deuda tributaria no se ha modificado, sigue siendo de 4 años y que el nuevo art. 66 bis no significa ampliación del plazo de comprobación e investigación, pues la Administración no puede abrir un procedimiento de comprobación e investigación más allá de esos 4 años. Añade que este sistema de revisión permanente de créditos fiscales se podría haber solventado sustituyendo el actual sistema de autoliquidación por un sistema de declaración en el que el obligado tributario declarase el crédito fiscal y la Administración procediese a liquidar.

En relación con el nuevo art. 66 bis, y concretamente, sobre el plazo de 10 años para comprobar créditos fiscales, Abelardo Delgado ha precisado tres cuestiones: (i) parece que este plazo no está sujeto a interrupción de la prescripción, (ii) Parece que solo es posible ejercitar la facultad de comprobación en un procedimiento de Inspección y (iii) solo cabe ejercitar esta facultad una vez. Por su parte, Luis María Sánchez discrepa en el sentido de considerar que dicha facultad puede ejercitarse también en un procedimiento de comprobación limitada.

Tras finalizar la ponencia, ha tenido lugar la clausura del Congreso, acto en el que han intervenido José Luís Concepción Rodríguez, Presidente del TSJ de Castilla Y León, Santiago Menéndez Menéndez, Director General de la AEAT , Manuel José Baeza Diaz-Portález, Magistrado del TSJ de la Comunidad Valenciana y Director del Congreso, José Ignacio Alemany, Presidente de la AEDAF y Juan Carlos Suárez-Quiñones y Fernández, Consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, quien mostró su agradecimiento al CGPJ y a la AEDAF por la elección de la ciudad de Valladolid como sede del XII Congreso Tributario. Todos los intervinientes en el acto coincidieron en la necesidad de seguir fomentando este tipo de encuentros con la finalidad de favorecer el intercambio de conocimientos y experiencias entre magistrados, asesores fiscales y miembros de la Administración Tributaria.

Congreso Tributario 2016

Enllaç adjunt

 

La Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) celebró el lunes 25 de abril una de prensa en la que ha dado a conocer su posicionamiento institucional respecto a la polémica sobre la deducibilidad fiscal de los intereses de demora surgida en los últimos meses.

Ver documento      Ver nota de prensa   Ver informe de cobertura 


La Asociación ha hecho público el documento que lleva por título “Sobre la deducibilidad en el Impuesto sobre Sociedades de los intereses de demora tributarios”, con cuya publicación, en palabras de Carlos Hernández, coordinador de la Sección del Impuesto sobre Sociedades, se persiguen cuatro objetivos: i) sentar doctrina sobre la materia; ii) fijar el posicionamiento de la AEDAF respecto a la indiscutible deducibilidad fiscal de los intereses de demora; iii) denunciar ante la opinión pública la actual situación de inseguridad jurídica provocada por las discrepancias de criterio entre distintos órganos de la propia Administración tributaria; y iv) servir de ayuda a los contribuyentes ante la actuación administrativa. 
 

 

 


El documento relata cómo, durante dos décadas y desde que con la entrada en vigor de la Ley 43/1995 se suprimiera el concepto de “gasto necesario”, la deducibilidad de los intereses de demora ha sido una cuestión pacífica, hasta que el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha modificado su criterio, negando la naturaleza de fiscalmente deducible a estos gastos y provocando la inmediata respuesta del Departamento de Inspección de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), que se ha  posicionado en el mismo sentido.

Por el contrario, la Dirección General de Tributos (DGT) mantienen su criterio anterior, pronunciándose de forma inequívoca a favor de la deducibilidad de los intereses de demora.

La AEAT declara que su criterio es consecuencia de la doctrina del TEAC y éste, por su parte, dice obedecer a una supuesta jurisprudencial del Tribunal Supremo. La AEDAF considera que el Departamento de Inspección de la AEAT y el TEAC yerran al negar la deducibilidad del gasto, porque se basan en una jurisprudencia sólo aplicable a la Ley 61/1978, derogada en 1995.

En su Resolución de 4 de abril de 2016, la DGT, que dice intervenir para “garantizar la seguridad jurídica”, establece que vigente la Ley 27/2014 los intereses de demora tributarios son gastos fiscalmente deducibles, ya que no están contemplados entre los excluidos por la norma.

En opinión de la AEDAF y de acuerdo con la correcta interpretación legal y la reiterada doctrina de los tribunales de justicia, el criterio de la DGT es el correcto. Además, la Asociación entiende que este criterio debe extenderse a todos los supuestos desde 1996, dado que la Ley 27/2014 no ha introducido cambios relevantes que permitan una interpretación distinta a la resultante de las leyes vigentes desde 1996 a 2015 (Ley 43/95 y RDL 4/04).

Y esto es así porque los intereses de demora son auténticos gastos económicos y contables, cuya deducibilidad desde 1996 no ha estado restringida por la ley, por voluntad clara del legislador, que al redactar el Proyecto de Ley los excluyó de la lista de gastos no deducibles y rechazó dos enmiendas a la Ley 43/95 que proponían su inclusión. Por otra parte y al contrario de lo considerado por el TEAC y la AEAT, no existe jurisprudencia aplicable que permita negar la deducibilidad de los intereses de demora, porque las dos sentencias del TS en las que se basan se refieren, la primera, a la Norma Foral de Vizcaya y la segunda a la Ley 61/1978, todavía vigente el concepto de “gasto necesario”.

Por otra parte, la única doctrina respecto a la nueva Ley 27/2014 es la de la DGT, que se ha pronunciado admitiendo de forma inequívoca la deducibilidad de los intereses de demora a partir de 2015, aunque, evitando la controversia con el TEAC y la AEAT, no lo ha hecho respecto a los ejercicios anteriores, aunque la AEDAF entiende que los planteamiento de Tributos son perfectamente aplicables aplicable a la interpretación y aplicación de la normativa anterior, porque la Ley 27/2014 presenta una perfecta analogía con la normativa preferente.

La AEAT, como órgano encargado de la aplicación de los Tributos, está vinculada por la doctrina de la DGT, que debe de aplicar salvo cambio en la jurisprudencia o la ley, lo que hasta el momento no se ha producido, como el propio Informe de la AEAT reconoce.

También los TEA deberían quedar vinculados por la doctrina de la DGT, ya que, aunque no se desprende directamente del artículo 89 de la LGT, es la única solución posible para garantizar los derechos que la doctrina vinculante reconoce. Así parece admitirlo el propio TEAC en sus resoluciones ofreciendo una eficaz solución procesal: la Administración tributaria debe aplicar los criterios contenidos en contestaciones vinculantes de la DGT y, en caso de reclamación económico-administrativa, los TEAs, sin entrar en el fondo del asunto, deben anular las liquidaciones por ser contrarias a Derecho.

La DGT ha fijado claramente doctrina favorable a la deducibilidad de los intereses de demora, con argumentos jurídicos contundentes que probablemente también serán respetados por los Tribunales de Justicia, porque, además negar la deducibilidad de los intereses de demora tributarios podría tener trascendencia constitucional, por vulneración del principio de capacidad económica, y constituir una violación del principio non bis in ídem.

Si la doctrina correcta sobre la deducibilidad de intereses de demora es la de la DGT, si la normativa vigente desde 1995 se ha mantenido sin modificaciones sustanciales en lo que afecta a su deducibilidad, si no existe doctrina jurisprudencial aplicable a la Ley 43/1995 y posteriores, ¿por qué empecinarse en mantener un criterio contrario a la deducibilidad que solo provocará litigiosidad e incertidumbre?

La AEDAF reclama que por parte de Hacienda se reconozca la deducibilidad fiscal de los intereses de demora tanto antes como después de la Ley 27/2014, en línea con la doctrina de la Dirección General de Tributos. De no ser así se producirá un aumento de la litigiosidad, al verse los contribuyentes obligados a acudir a los Tribunales para que se reconozcan sus derechos.

La controversia en esta materia tradicionalmente pacífica es sólo una muestra más de la inseguridad jurídica generada por las repetidas discrepancias de criterio, por lo que, en evitación de mayores conflictos y polémicas a los que inevitablemente conduce la situación actual, debería de acabarse con las discrepancias de criterio entre los distintos estamentos de la Administración tributaria (DGT-AEAT-TEAC) que no generan más que inseguridad jurídica y perjuicios a los contribuyentes. Bastaría para ello con que el TEAC rectificase su doctrina o que el propio Ministro de Hacienda dictase una disposición interpretativa o aclaratoria. El respeto a los derechos de los contribuyentes y a los principios constitucionales de actuación administrativa lo demandan. 

El pasado 7 de abril, la Delegación Territorial de Valencia-Castellón, celebró una jornada bajo el título: Las Obligaciones Tributarias Conexas: Manual de uso y consumo, con Javier Gómez Taboada como ponente.

Tras la conferencia los asistentes se reunieron para cenar en el  restaurante “Q. Tomas?” donde Javier Iranzo Molinero (Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Generalitat Valenciana y anterior Subdirector de Tributos de la Generalitat Valenciana) entregó los diplomas a los nuevos asociados y Paco Serantes recibió de su hijo Francisco Serantes Peña (actual delegado de la Demarcación) la placa de los 25 años.  Paco contó varias anécdotas para el disfrute de los compañeros.

 

 

Imprimir noticia

 

El pasado miércoles, 16 de marzo, tuvo lugar la votación y fallo de la XX edición del Premio AEDAF.

Han sido miembros del jurado: D. Antonio Cayón Galiardo (Presidente), D. José Francisco Alfonso Palop (Secretario), D. José Ignacio Alemany Bellido, Dña. Caridad Gómez Mourelo, Dña. Ana Maria Juan Lozano, D. Francisco Adame Martínez, Dña. Amparo Grau Ruiz, D. Abelardo Delgado Pacheco y Dña. Blanca Usón Vegas.

En esta edición el jurado ha acordado no conceder el Primer Premio, dado que ninguno de los trabajos presentados cuenta con la calidad, profundidad y originalidad exigidos para ser merecedores de un Primer Premio.

El Segundo Premio, con una dotación de 2.500€, ha sido concedido al trabajo “Activos por impuesto diferido (DTA) exigibles a la Administración Tributaria e imputables a la base imponible. Aplicación de los artículos 39.2, 130, DA 13ª y DT 33ª de la LIS”, presentado bajo el lema “Guerrero” por Dña. Rocío Lasarte López. Doctora en Derecho Financiero y Tributario por la Universidad de Sevilla y D. Sergio Manuel Jiménez Cardoso. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla.

Además se ha acordado conceder los siguientes Accésit con una dotación de mil (1.000 €), a los trabajos:

  • “La tributación familiar en el IRPF” presentado bajo el lema “Goya” por Dña. Irene Rovira Ferrer. Doctora en Derecho por la Universidad Oberta de Cataluña.

  • “Perspectiva dogmática y constitucional de las actas con acuerdo” presentado bajo el lema “Acneuc” por D. Luís María Romero Flor. Doctor en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha.

  • “La ablación de la acción de responsabilidad patrimonial por actos legislativos tributarios. (Análisis de su posible inconstitucionalidad e incompatibilidad con el Derecho de la Unión Europea)” presentado bajo el lema “Yo no soy Papiniano” por D. Isaac Ibáñez García. Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y Abogado.

El Jurado transmite a todos los premiados su más sincera felicitación. 

El acto de presentación ha tenido lugar en el marco de las II Jornadas de Empresa Familiar en Canarias, celebradas los días 31 de marzo y 1 de abril en Lanzarote.

La transmisión de la propiedad de la empresa a la siguiente generación es un reto que debe afrontarse por todas empresas familiares mediante una adecuada planificación que permita incrementar significativamente las posibilidades de éxito y la continuidad empresarial. En este sentido la AEDAF ha presentado esta tarde “El testamento del Empresario”, una  completa guía que ofrece el análisis de la problemática sucesoria desde una doble perspectiva, tributaria y civil.

La presentación ha estado a cargo del economista y coordinador de la Sección Empresa Familiar de la AEDAF, Orlando Luján Mascareño, quien ha señalado que “Una sucesión ordenada, debe permitir conciliar la voluntad del testador con una  adecuada planificación, facilitando la optimización del coste tributario, de forma que no tengan  que soportarse excesivas cargas que dificulten la continuidad empresarial con los perniciosos efectos que ello acarrea”

A través de esta publicación la Sección de Empresa Familiar de la AEDAF pretende contribuir a facilitar la compleja tarea de la sucesión empresarial planteando una serie de propuestas eminentemente prácticas, ofreciendo al lector respuestas a las múltiples implicaciones tributarias del proceso sucesorio y a los aspectos civiles del testamento. El libro trata la cuestión sucesoria, abordando figuras como la legítima, la renuncia, el fideicomiso, los usufructos, la colación, la partición y pone a disposición numerosos modelos de cláusulas testamentarias.

Tanto los profesionales como los empresarios encontrarán en este libro una guía multidisciplinar que les facilitará la ardua tarea de preparar un testamento facilitador del relevo generacional.

El acto de presentación ha tenido lugar en el marco de las II Jornadas de Empresa Familiar en Canarias, celebradas en el hotel Costa Calero de Lanzarote durante hoy y mañana. En estas jornadas se han tratado temas como los aspectos conflictivos en la aplicacióń del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y cuestiones tributarias conexas, aspectos civiles del testamento y de la partición, contenido y cláusulas del testamento empresarial y el seguro de vida en las transmisiones mortis-causa.

Ver informe de cobertura de prensa

Mostrant 81 a 90 de 166