Procedimiento sancionador. Plazo. Caducidad. Computo del plazo. Estable el TEAC en esta resolución que los plazos contemplados en la LGT que comienzan en la misma fecha de producción de un acto o su notificación y se notifican por meses, finalizan en el día correspondiente al ordinal anterior al inicial del computo, en el mes correspondiente. En este caso, la notificación de inicio del procedimiento sancionador se produjo el 5 de noviembre, por tanto el computo de 6 meses se inicia ese día y finaliza el día 4 de mayo. Al haberse notificado la resolución sancionadora el 5 de mayo, se ha producido la caducidad del procedimiento.

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS. Procedimiento sancionador. Posibilidad de que la Administración tributaria practique nueva liquidación sancionadora cuando previamente se había anulado judicialmente otra anterior con causa en defectos de procedimiento. El principio “non bis in idem” no resulta una base sólida para proscribir la reiteración de procedimientos sancionadores-administrativos en el supuesto planteado. Y no puede calificarse de razonable una interpretación de las normas de ejecución de la sentencia que prima los defectos en la actuación de la Administración que deja sin contenido el derecho a la tutela judicial efectiva. VOTO PARTICULAR.

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Interpretación de la Sexta Directiva IVA. Entrega de bienes y contraprestación. La transmisión material de un bien a un comprador que utiliza fraudulentamente como medio de pago una tarjeta bancaria constituye una «entrega de bienes» en el sentido de los artículos 2.1, 5.1, 2.1 a), 14.1 y 73 de la Directiva, y en el marco de tal transmisión, el pago efectuado por un tercero en aplicación de un convenio que celebró con el proveedor del bien por el que dicho tercero se compromete a pagar al citado proveedor los bienes vendidos por éste a compradores que utilicen esa tarjeta como medio de pago, constituye una «contraprestación» en el sentido de los artículos 11 A. 1 a) y 73 de dicha Norma. Diferenciación de la situación controvertida con un robo de mercancías, dado que este último no tiene como efecto facultar al autor del mismo para disponer de las mercancías en idénticas condiciones que su propietario.

TRIBUTACIÓN CONSOLIDADA DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. DOCTRINA DE LOS ACTOS PROPIOS. Deducción de los gastos financieros derivados de los contratos de préstamo de las empresas del grupo. Admitida por la Administración tal deducción y habiendo accedido a la devolución de ingresos indebidos, no puede luego ir contra sus propios actos alegando estar celebrados en fraude de ley. Habiendo tenido por lícitos esos contratos y por deducibles los gastos financieros derivados de los mismos, a través de actos concluyentes e inequívocos, no puede la Administración, sin cambio alguno de circunstancias, considerar aquellos pactos concluidos en fraude de ley y negar su deducibilidad.

SAN de 30 de octubre de 2013. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Base imponible. Modificación. Plazo. Deudor declarado en concurso. El límite que la LIVA establece para la modificación de la base imponible se fija mediante la remisión al plazo de un mes previsto en la Ley Concursal, pero no por ello el plazo deja de ser un plazo de un procedimiento tributario, si bien en un contexto concursal, con el efecto inherente, en el presente caso, una vez determinado que la rectificación de la base imponible se hizo en tiempo hábil, de trasladar a favor de la Agencia Tributaria el IVA que contenían las facturas rectificadas. En consecuencia, procede la estimación del recurso interpuesto y la anulación de la resolución impugnada.

ITP y AJD. Comprobación de valores. Motivación. A la persona destinataria de la liquidación tributaria se le ha servido como fundamento de ésta "una argumentación expresada, suficiente, racional y de contenido jurídico", situando a dicha persona en las condiciones adecuadas para poder cuestionar la liquidación en los sucesivos recursos, por lo que no se puede concluir que la liquidación impugnada carece de motivación. Métodos de valoración. Dictamen de peritos. El método de comprobación de valores al que la Administración Tributaria Valenciana se acogió, de entre el elenco del art. 57.1 LGT, es el del "dictamen de peritos" (letra e). Lo que la Administración Tributaria Autonómica Valenciana y TEAR denominan dictamen de peritos, en el que se justifica la comprobación de valores, tiene como premisas los datos descriptivos del inmueble consignados en la "ficha catastral" y relativos a superficie, estado, antigüedad, etc., datos que no fueron contrastados in situ por los sedicentes peritos y, sobre la descripción de la finca catastral la Administración Tributaria aplica todos los demás parámetros de cálculo para su comprobación (valores de suelo, de la construcción, coeficientes, etc...). Este sistema genérico y previo de valoración no está amparado por la ley del impuesto y no puede asimilarse al "dictamen de peritos" del art. 57.1 letra e) de la LGT ; más bien, tal sistema vendría a encajar en la figura de la letra b) del dicho precepto legal, "estimación por referencia a los valores que figuren en los registros oficiales de carácter fiscal", motivo por el cual se procede a la anulación de la liquidación practicada.

INTERESES TRIBUTARIOS DE DEMORA. Determinación de la fecha final hasta que deben calcularse. Supuestos en que se dicta resolución estimando en parte (por razones sustantivas o de fondo) un recurso o reclamación, anulando el acto inicialmente impugnado y ordenando que se dicte otro en su sustitución. FIJACIÓN DE CRITERIO. En liquidaciones dictadas en ejecución de resolución administrativa o judicial estimatoria en parte por razones sustantivas que anulan la liquidación y ordenan la práctica de otra, se exigirán intereses de demora, siendo la fecha de inicio la misma que hubiera correspondido a la liquidación anulada y la fecha final el momento en que se haya dictado la nueva liquidación. Deben tenerse en cuenta las limitaciones que operan si se superan -por causas imputables a la Administración- los plazos establecidos para la ejecución de resoluciones y sentencias, excluyendo en su caso el tiempo en que se haya superado el plazo máximo legalmente previsto para resolver los recursos y reclamaciones en vía administrativa.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Rendimientos del trabajo. Compensación económica prevista en el art. 41 del Código de Familia catalán. Supuesto de separación o divorcio de matrimonio en régimen de separación de bienes. Doctrina sobre figuras afines: (pensión compensatoria del art. 84 del Código de familia y del art. 97 CC destinada al mantenimiento del nivel de vida del cónyuge más débil). La compensación económica por razón del trabajo tiene como finalidad resarcir al cónyuge que la percibe por una situación laboral desempeñada para la familia en el pasado. Imposibilidad de calificarla como ganancia patrimonial. Constituye una contraprestación o utilidad derivada del trabajo para la casa o para el otro cónyuge realizado por la esposa desde la fecha de celebración del matrimonio hasta la de separación. Calificación del importe recibido como rendimiento del trabajo pese a que no exista relación laboral o estatutaria con su ex-cónyuge. Equiparación fiscal con las pensiones compensatorias propiamente dichas. Posibilidad de reducir la base imponible del cónyuge pagador al tiempo que aumenta la del cónyuge beneficiario en concepto de rendimiento del trabajo.

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Operaciones vinculadas. Entidad que alquila un inmueble de su propiedad a persona vinculada. Fijación del importe del arrendamiento por la Inspección en función del precio de mercado. Falta de reconocimiento de forma directa y personal por el perito de Hacienda del interior del bien sujeto a tasación, no quedando acreditadas las características de la construcción y conservación del inmueble objeto de valoración ni esas mismas características de los inmuebles seleccionados como muestra -que ni siquiera han quedado identificados-. Dado que tampoco se han aportado elementos ni datos que permitan aceptar los valores asignados, su dictamen carece de la necesaria motivación por lo que la valoración efectuada por la Administración no ampara el incremento de base imponible que contiene la liquidación recurrida.

DERECHO DE LA UE. PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS. Asistencia mutua de las autoridades de los Estados miembros. Interpretación de la Directiva 77/799 examinada a la luz de los derechos fundamentales. Participación del contribuyente y derecho a ser oído. Procedimiento de inspección abierto por la Administración checa a un futbolista profesional sobre la veracidad de ciertos gastos que alega realizados en varios Estados miembros. El Derecho de la Unión relativo a la asistencia mutua de las autoridades competentes de los Estados miembros en el ámbito de los impuestos indirectos y de los impuestos sobre las primas de seguros, NO atribuye al contribuyente de un Estado miembro ni el derecho a ser informado sobre la solicitud de asistencia de un Estado a otro, ni el derecho a participar en la formulación de la solicitud, ni tampoco el derecho a formar parte en el examen de testigos. La Directiva no regula el extremo relativo a determinar en qué condiciones podrá el contribuyente cuestionar la exactitud de la información transmitida por el Estado miembro requerido y no impone ninguna exigencia particular en lo que atañe al contenido de la información transmitida. Incumbe exclusivamente a los Derechos nacionales fijar las correspondientes normas.