La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia es una Sala de vanguardia o de arte y ensayo. Con relativa frecuencia, sus sentencias producen, sobre todo entre las filas de la Administración, perplejidades muy acusadas, sorpresas descomunales, a veces, ataques de histeria. Los directores de departamento de la Agencia montan en cólera, los jefes de las dependencias de inspección corren a esconderse debajo de la cama, los simples funcionarios tiemblan como la hoja en el árbol o lloran a escondidas, como unas magdalenas. El secreto de este benemérito Tribunal es el mismo secreto de todas las vanguardias que en el mundo han sido: contemplar el arte y la vida ?en este caso, la vida jurídico-tributaria? con ojos nuevos y libres de prejuicios, como si viviésemos en un país normal, que no hubiese pasado por cuarenta años de dictadura política ni por otros diez o doce años de Terror borrelliano, que nos han deformado la mirada y el modo de ver las cosas. Como si los litigios entre los ciudadanos y la Administración fuesen litigios entre partes iguales ante la Ley.

La Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) en el XXII Congreso celebrado los días 22 a 26 de octubre de 1997, bajo el lema “El ciudadano ante la Hacienda Pública. Presente y futuro”, como fruto de las ponencias presentadas y de los debates sobre las mismas, ha llegado a las siguientes conclusiones: Primera. El deterioro de las relaciones entre la Administración Tributaria y el ciudadano, producido desde 1985, manifiesto en un excepcional régimen sancionador, en una constante modificación normativa y en un incremento de la presión fiscal directa e indirecta, no sólo ha ido en detrimento de los legítimos intereses y derechos del contribuyente, sino que ha perjudicado el proceso administrativo de aplicación de los tributos provocando una proliferación de reclamaciones y recursos que, por su número, han sido resueltos tardíamente sin lograr plena satisfacción a las pretensiones y demandas de justicia planteadas Segunda. La situación anteriormente descrita tiene que buscar vías de solución por medio de una mayor estabilidad y claridad en las normas, y en un cambio de actitud de la Administración que se manifieste en el dialogo y la cooperación con los ciudadanos a la hora de la aplicación del sistema tributario

Hasta los más pequeños de entre los párvulos saben que algunas de las exenciones del IVA no son de automática aplicación, sino que deben ser solicitadas por los sujetos pasivos y expresamente otorgadas por la benévola Administración tributaria de que disfrutamos. Refiriéndonos a la ley actualmente vigente, estas exenciones son: - La de los servicios prestados directamente a sus miembros por uniones, agrupaciones o entidades autónomas, incluidas las Agrupaciones de Interés Económico, constituidas exclusivamente por personas que ejerzan esencialmente una actividad exenta o no sujeta al impuesto (art. 20-uno-6º). - La de las prestaciones de servicios por entidades no lucrativas cuyos objetivos sean exclusivamente de naturaleza política, sindical, religiosa, patriótica, filantrópica o cívica. Entre los destinatarios de esta exención se incluyen los Colegios profesionales, las Cámaras Oficiales y las Organizaciones Patronales. (art. 20-uno-12º). Existen, por otra parte, tres supuestos de exención en que ésta viene condicionada por la circunstancia de que la entidad prestadora de los servicios sea de «carácter social». En estos casos, lo que ha de ser objeto de solicitud es el reconocimiento por parte de la Administración tributaria del carácter social de la entidad. Estos supuestos son:

La actual fragmentación de la gestión tributaria entre diversas Administraciones Públicas, puede plantear ?y plantea de hecho en la práctica? problemas tales como el de los efectos de una autoliquidación presentada ante Administración incompetente. Dada la complejidad de las normas reguladoras de la competencia para liquidar en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y, en ciertos casos, en el de Sucesiones y Donaciones, la situación se produce con cierta frecuencia entre Comunidades autónomas de régimen común. Un sujeto pasivo autoliquida e ingresa en una comunidad determinada una deuda tributaria que, de acuerdo con los puntos de conexión establecidos por la ley de cesión de tributos, corresponde a otra Comunidad. ¿Qué efectos tiene esta actuación? Pero también puede producirse entre Comunidades autónomas de régimen común y Comunidades de régimen foral, e incluso entre diversas Administraciones de régimen foral. Y ello no sólo en el ámbito de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y sobre Sucesiones y Donaciones sino en el ámbito de la imposición directa.

La interesante sentencia citada en el encabezamiento (ponente Sr. Vives de la Cortada Ferrer-Calbetó), aparece publicada en la revista JT, rª 617. Los hechos, en síntesis, son los siguientes: La Administración tributaria denuncia ante el juez a una determinada persona física —llamémosle H— por posible fraude en la confección y distribución de facturas falsas del IVA. El juez decreta la entrada y registro en el domicilio de H. En el curso del registro es intervenida una importante cantidad de documentación, gran parte de la cual se refiere a la sociedad anónima X, de la cual H, el denunciado, era administrador. El registro ordenado por la autoridad judicial había sido practicado, como es sólito en estos casos, por inspectores de la Agencia Tributaria. Una vez en posesión de la documentación, que, naturalmente, formaba parte del sumario seguido contra H. y debía estar, por lo tanto, a disposición del juez, la Agencia Tributaria dispone de ella con el mayor desparpajo para emprender una actuación investigadora cerca de la sociedad X, actuación que culmina con la extensión de sendas actas de disconformidad.

Una de las cuestiones que vienen suscitando últimamente frecuentes controversias en la práctica administrativa es la del alcance de la conformidad a prestar como condición para gozar del derecho a la reducción de la sanción en un 30%, según la vigente redacción del artículo 82-3 LGT, o en un 50% según la normativa anterior a la vigencia de la ley 25/1995. De acuerdo con el tenor literal del precepto, el objeto de la conformidad que condiciona la reducción es «la propuesta de regularización» que se formule. Está fuera de duda que la propuesta de regularización no comprende sólo los hechos, sino el resultado de aplicar a estos hechos las correspondientes normas jurídicas. Quien reconociese los hechos que se le atribuyen, pero discrepase de las

La disposición citada en el encabezamiento introduce una serie de modificaciones, que el Gobierno ha considerado «de extraordinaria y urgente necesidad» en la legislación del IVA. El presente trabajo tiene la modesta pretensión, más informativa que doctrinal, de darlas a conocer. Seguir en la exposición el orden del articulado nos pondría en riesgo de contagiarnos del hermetismo del legislador. Nos atenemos al orden de la exposición de motivos, bastante más esclarecedora. 1. Criterios de localización de los servicios de telecomunicación Hasta el presente, los servicios de telecomunicación tributaban en el lugar donde radicaba la sede del prestador. Como se expone en la exposición de motivos del real decreto-ley, los avances de la tecnología permiten actualmente prestar estos servicios desde cualquier lugar para cualquier destino. Como consecuencia de ello, se había producido una disminución de la recaudación en la Comunidad Europea, ya que las empresas de telecomunicación tendían a trasladar sus sedes hacia territorios de baja tributación. Por esta razón el Consejo de la Comunidad Europea, con fecha 11 de marzo de 1997, adoptó una decisión por la que autorizaba a los Estados miembros a aplicar una excepción al artículo 9 de la Sexta directiva, en el sentido de que los servicios de telecomunicación se puedan localizar a efectos del IVA en el lugar donde radique la sede o establecimiento del destinatario (obviamente, se entiende el destinatario del servicio, es decir, quien lo requiere, no el destinatario del mensaje transmitido). El real decreto-ley hace uso de esta autorización. La instrumentación técnica de la medida es la siguiente:

1. Introducción 2. Regulación hasta el 31.12.96. 3. Normativa vigente desde el 1.01.97 4. Derecho transitorio. Anexos. Abreviaturas.

La rutina suele ser mala con

En un breve comentario de jurisprudencia publicado hace ya algunos años (Retraso culpable e intereses de demora, Tecnos, Madrid, 1992, pág. 21) afirmaba que, si bien a partir de la Ley 10/1985, los intereses de demora son en principio exigibles aunque no exista retraso culpable, sin embargo «hay base para sostener que se trata simplemente de un criterio general susceptible de excepciones» y ponía como ejemplo de ello el supuesto —no infrecuente— de resolución desestimatoria de una reclamación económico-administrativa que se hubiera prolongado más de un año. En tal caso, entendía y entiendo que la liquidación de intereses no debía abarcar todo el tiempo que durase la suspensión, sino subordinarse a la duración máxima del procedimiento (un año), al ser el retraso adicional imputable a la propia Administración acreedora.