I N D I C E PÁGINA 0. CONSIDERACIÓN PREVIA 2 1. LEGISLACIÓN Y DISPOSICIONES BÁSICAS DE INTERÉS 2/3 2. NECESIDAD DE LA REFORMA 3 3. NATURALEZA DE LOS IMPUESTOS ESPECIALES 3 4. CLASIFICACIÓN DE LOS II.EE. DE FABRICACIÓN 3/4 5. OTROS ASPECTOS DE INTERÉS 4 5.1 Ámbito Territorial 4 5.2 Conceptos definidos en la Ley 4/5/6 5.3 Hecho Imponible 6 5.4 Devengo 6/7 5.5 Sujetos pasivos y responsables 7 5.6 Devolución de los impuestos satisfechos 7/8 5.7 Circulación intracomunitaria 8 5.8 Repercusión del Impuesto 8 6. DECLARACIONES A REALIZAR POR LOS CONTRIBUYENTES 9 7. LOS IMPUESTOS ESPECIALES Y EL IVA

En nuestro informe 3/94 comentábamos la sentencia del TSJ de Cataluña de 11 de mayo de 1993, que anuló una sanción por infracción grave impuesta como consecuencia de un acta de inspección porque el acta se limitaba a indicar el precepto de la LGT supuestamente aplicable y el porcentaje correspondiente, sin indicar los hechos que justificaban la imposición de la sanción ni su valoración a efectos de poder aplicar el principio de proporcionalidad. Un mal entendido sentido de la eficacia hace que algunos inspectores —por fortuna no todos y queremos creer que tampoco la mayoría— tiendan a reducir la redacción de las actas a términos tan sintéticos que privan a los sujetos pasivos, al órgano decisorio y, eventualmente, a los tribunales administrativos o de justicia, de los elementos de juicio mínimos para fundamentar respectivamente, su defensa, la decisión administrativa o el juicio revisor.

El pasado día 13 de abril se celebró en Bruselas el Forum anual de la Confederación Fiscal Europea, bajo la presidencia, en la sesión matinal, de nuestro hombre-silla, Josep Santacana. Tras una breve alocución del presidente, la primera parte de la sesión matinal fue dedicada a la ponencia presentada por el Sr. Robert Boon, asesor fiscal de Amsterdam, bajo el hamletiano título de «Retener o no retener, he aquí la cuestión».

La resolución que hoy comentamos, publicada en Impuestos nº 6/94, pg. 50, tiene interés, no sólo por la cuestión de procedimiento que destacamos en el título, sino también por la cuestión de fondo que se resuelve, y que se refiere a la prueba por parte de la Inspección de haberse producido supuestos incrementos patrimoniales no justificados imputables al sujeto pasivo. En reiteradas ocasiones hemos tenido ocasión de comentar que algunos inspectores tienden a ver incrementos patrimoniales fantasmales o imaginarios, desprovistos de realidad en el mundo de los fenómenos, con bases tan precarias como abonos en cuenta corriente que provocan saldos transitorios, o la titularidad aparente de activos financieros u otros bienes adquiridos a través de negocios fiduciarios.

Una de las modificaciones que ha pasado más inadvertidas de entre las contenidas en la última ley de presupuestos ha sido la del apartado c) del artículo 70--uno-5º de la LIVA. Sin embargo, como a continuación veremos, no deja de tener una cierta transcendencia práctica.

En nuestro informe 8/93, respondiendo a una sugerencia que nos fue dirigida desde la delegación de Andalucía Oriental, sostuvimos la tesis de que el «recargo único» establecido por la disposición adicional 14ª-dos de la ley 18/91, no era aplicable a los hechos imponibles devengados hasta 31 de diciembre de 1991, aunque la declaración complementaria extemporánea se hubiese producido con posterioridad a dicha fecha. Basábamos nuestra tesis en los siguientes preceptos: a) Artículo 9-3 de la Constitución, que garantiza la irretroactividad de las normas sancionadoras no favorables. b) Artículo 25-1 de la Constitución, que prohíbe sancionar las acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyeran delito, falta u infracción administrativa. c) Artículo 2-3 del Código civil que consagra el principio de irretroactividad de las leyes, en general, salvo que dispusieran lo contrario. d) Disposición final 2ª de la ley 18/91, que estableció como fecha de entrada en vigor de dicha ley —salvo las excepciones que señalaba el apartado tres, (entre las que no figuraba la disposición adicional 14ª-dos)— la de 1 de enero de 1992.

En un reciente artículo de Julio Banacloche se atribuye al actual director general de Tributos, Eduardo Abril, un propósito que le honra: el de «lograr la pacificación fiscal». Estas palabras encierran, al mismo tiempo, un programa plausible y un diagnóstico inquietante. Porque significan que, por el momento, vivimos en estado de guerra. Desde mi modestísimo observatorio, me adhiero sinceramente al programa y ratifico el diagnóstico. A lo largo de los últimos años, las relaciones entre la Administración tributaria y los ciudadanos, así como la conciencia ética fiscal se han deteriorado alarmantemente. En los años 1977-1978, coincidiendo con la transición política, se perdió una ocasión de oro para haber instaurado en España un nuevo estilo en la actitud de los contribuyentes frente al Fisco y en la de los administradores frente a los administra¬dos, bajo el impulso regeneracionista de la reforma impulsada por Francisco Fernández Ordóñez. Fernández Ordóñez, como todos los hombres buenos, era un rousseauniano, creía en la bondad natural del hombre. Aspiraba a usar como instrumento de gobierno la razón y la apelación a la ética antes que el miedo. Quienes vivimos aquel momento, desde las filas de la Administra¬ción o desde las de la profesión, podemos atestiguar que una gran parte de los ciudadanos se lo creyeron, nos lo creímos.

La resolución que se cita en el encabezamiento, publicada en el nº 40 de Tribuna Fiscal aborda el tratamiento frente al IVA de una operación frecuentísima en el tráfico inmobiliario: la permuta de un terreno por determinados locales o viviendas de la edificación a construir sobre el mismo. He aquí la parte resolutiva de la contestación: «4. En consecuencia con los indicados preceptos, este Centro Directivo considera ajustada a Derecho la siguiente contestación a la consulta formulada: Primero.-En la permuta de un solar por una parte de un edificio a construir sobre el mismo, la entrega del referido solar produce el devengo del Impuesto sobre el Valor Añadido por dicha operación y, además, constituye el pago anticipado de la totalidad de la contraprestación correspondiente a la entrega del inmueble que la consultante recibe a cambio del solar. Por tanto, será en ese mismo momento (el de la entrega del solar) en el que se producirá el devengo del Impuesto sobre el Valor Añadido referente a la entrega del local comercial, viviendas y plazas de aparcamiento a construir sobre el solar permutado. Segundo.-La entrega que la consultante realiza del local comercial recibido del promotor en la permuta tiene por objeto el edificio terminado, aun cuando la operación se convenga estando éste aún en fase de construcción. Por tanto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20, apartado uno, número 22o de la Ley del Impuesto, dicha transmisión tendrá la consideración de segunda entrega de edificaciones estando, por consiguiente, exenta del Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo que el consultante renuncie a la aplicación de dicha exención si concurrieran los requisitos establecidos por el precitado artículo 20.»

MÁS SOBRE LOS ADMINISTRADORES

1. Planteamiento Por el presidente de la Asociación se nos sugiere la conveniencia de dedicar un informe aunque sea a nivel de ideas generales, a las infracciones de contrabando ya que, como indica acertada¬mente, es materia que debe estar incorporada a la cultura fiscal del asesor. Por otra parte, el tema no carece de interés profesional práctico, porque, aunque sea materia marginal al campo normal de actuación del asesor fiscal, no cabe excluir la posibilidad de que el cliente ocasional¬mente acusado de una infracción de contrabando solicite asistencia de su asesor fiscal. La ley general tributaria en su artículo 77-2 excluye las infracciones de contrabando del tratamiento general de las infracciones tributarias: «Las infracciones y sanciones en materia de contrabando se regiran por su legislación específica.». La normativa específica reguladora de las infracciones de contrabando está constituida por: - Ley Orgánica 7/1982 de 14 de julio, parcialmente modificada por ley orgánica 3/1992, de 30 de abril, que establece supuestos de contrabando en materia de exportación de material de defensa o de doble uso.